Como si de suyo no fuese ya suficiente la deshonrosa decisión de instalar siete bases estadounidenses en territorio colombiano, con “sorpresa” e indignación observamos esta semana la noticia de que el burgomaestre del municipio de Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca, Rafael Eduardo Palau, ofrece el Aeropuerto Regional Farfán de esa localidad, para que una de las bases y parte del contingente de soldados norteamericanos se apuesten en este lugar. Esto lo pretende llevar a cabo mediante misivas dirigidas tanto a la embajada de los Estados Unidos como al gobierno colombiano.
Por Ludwig Niccolò Romanovich
Por estos días, y como en cada jornada de reclutamiento que año tras año se realiza, se ha visto frecuentemente cómo soldados del Ejercito Nacional vienen asediando a ciertos jóvenes en puentes peatonales, centros comerciales, dentro y fuera de los portales de Transmilenio, haciendo “batidas” en billares y buses de servicio público, en el Centro de la capital, “citándolos” a los diferentes coliseos y, en general, en todo lugar en donde se presenten grandes aglomeraciones de personas, con el fin de que unos cuantos de ellos “definan su situación militar” y “presten un servicio a la Patria”; esa misma que les ha negado educación, trabajo y oportunidades dignas de existencia.
Por: Arturo Stevenson
En un reciente informe de la ONG Transparencia por Colombia, organización patrocinada por empresas privadas, nacionales y extranjeras, se evalúan la meritocracia, la transparencia y la institucionalidad de 158 entidades del Estado colombiano.
En esta medición, sin entrar a juzgar sus intereses, su metodología investigativa ni la objetividad de los resultados obtenidos, se evidencia que sobre estas variables las instituciones y empresas públicas colombianas, están en mayor o menor grado impregnadas por la corrupción; los resultados del estudio son desastrosos para el gobierno, ya que en un 56 (por ciento) las entidades evaluadas no toman acciones que mitiguen o prevengan este fenómeno, razón por la cual dejan abierta la puerta para la ratería de quienes las dirigen. Se establece que la valoración se pasó “raspando”, sin embargo, aceptar esta conclusión, sería avalar que miles de millones de pesos del erario, sean sustraídos por estos pícaros.
Por Alfonso Hernández
“No grito ‘gringos go home’, ni digo que Estados Unidos esté invadiendo nuestra soberanía[i]“: con esas palabras Carlos Gaviria, precandidato presidencial del Polo Democrático, se sumó a quienes se avienen a convertir el territorio de Colombia en un estacionamiento de tropas del imperialismo, no sólo para ahogar cualquier amago de independencia sino también a fin de establecer una avanzada de espionaje y asalto a las naciones hermanas.
Por Alejandro Torres
El 8 de julio pasado en la página de Internet Samuel Alcalde y en otros medios, apareció la noticia de que la Empresa de Teléfonos de Bogotá le había notificado a la Superintendencia Financiera el inicio del “proceso de búsqueda de un inversionista estratégico, a través de un proceso de capitalización.” En dicha página el Alcalde declaró: “Esto hace parte de la decisión a (sic) finales del mes de marzo de la Asamblea de buscar un inversionista estratégico. El inversionista lo que requiere no solo es capital sino también que conozca el negocio, que tenga experiencia en telecomunicaciones y que la empresa se beneficie para poder competir con las multinacionales, que desarrolle tecnología, que busque nuevos negocios. Un capital fresco que nos permita hacerle frente a la competencia”. En otras palabras, que para que la compañía pueda competir con las multinacionales hay que vendérsela a las trasnacionales. La algarabía se desató. Semana y Dinero señalaron que los más interesados son Telefónica de España y Telmex, del multimillonario Carlos Slim, aunque no descartaron a otros competidores como la OI, del Brasil. Otros, se inclinaron más bien por el grupo Millicom, con sede en Luxemburgo.
Por Alfonso Hernández
Un cierto grado de alucinación parece constituir rasgo común a las alocuciones de los déspotas que llevan años en el ejercicio del mando, pues necesitan convencer a los súbditos de los beneficios indemostrables de su dilatada y onerosa gestión; no obstante, el discurso de Álvaro Uribe en la instalación de las sesiones del Congreso parece haber superado a aquellos de sus pares, ya que el relato de los portentos de la Seguridad Democrática no se arredró ante ninguna evidencia.
Por Alfonso Hernández
En momentos en que el país se dispone a celebrar el segundo centenario de las gestas que hermanaron a los pueblos de la América Latina en la brega contra el avasallamiento ibérico y que condujeron, luego de la derrota de las huestes invasoras encabezadas por el Pacificador Pablo Morillo, al fin de la dominación española sobre nuestra tierra, Álvaro Uribe se apresta a cometer la más alta traición a la soberanía nacional y el ataque más alevoso a la confraternidad y concordia de los pueblos de América: entregará cinco bases militares para que tropas de Estados Unidos operen a sus anchas, no solamente contra los nacionales colombianos, sino también contra cualquier país de América e incluso de África.[1]
Por Fernando Vergara
Ni la liquidación de Cajanal, ejecutada a la sombra de una noche de viernes, que deja en la calle a más de 800 trabajadores y consolida el proceso de entrega de las pensiones y la salud a las garosas entidades particulares; ni los anuncios de privatización de la ETB y EMCALI orquestados por Samuel Moreno y Alvaro Uribe; ni la descabellada propuesta de seguro de desempleo del jefe del estado -calificada como protección para las entidades financieras hasta por la señora Helena Alviar1 (directora de posgrados de Derecho de la Universidad de los Andes)-; ni las perversas travesuras de Tomás y Jerónimo para incrementar su patrimonio al amparo de su condición de delfines de la seguridad democrática: nada de esto mereció comentario alguno para Carlos Gaviria, virtual candidato de las huestes amarillas, en su madrugón a las páginas del diario de los Santos2 a calificar de fantasías inspiradas en un marxismo trasnochado las legítimas aspiraciones de quienes producen la riqueza que él, ungido de la izquierda, administrará mediante “la adopción de un modelo económico que acompase” su crecimiento y su redistribución y “propicie la universalización de los derechos económicos y sociales” mientras deja intactos los privilegios que promociona su “compromiso con el Estado Social de Derecho (es decir, con la Carta del 91)”.
Por Alfonso Hernández
El pasado viernes 29 de mayo The Washington Post publicó una nota editorial[1] en la cual le recomienda a Álvaro Uribe declinar su aspiración a un tercer mandato presidencial. Después de hacerle los elogios debidos a una gestión tan ceñida a los dictados de la gran potencia, el periódico reconoce que el gobierno colombiano se ha debilitado a causa de escándalos tales como los asesinatos de “civiles inocentes”, “el espionaje a periodistas y opositores” y el turbio “enriquecimiento de los hijos del gobernante”. Agrega que el retiro de Uribe fortalecería “las instituciones democráticas colombianas”.
Por Alfonso Hernández
El país ha sido enterado del desgarro que sufre el alma del presidente de la República: movido por sus escrúpulos de demócrata aborrece la idea de perpetuarse en el poder; empero, el amor por la patria le impone mantenerse en el solio por los siglos de los siglos, ya que su modestia no le impide comprender que sólo él puede salvar a Colombia.