La educación superior exige un cambio de rumbo

El proceso turbio mediante el cual el Consejo Superior de la Universidad Nacional designó a Ismael Peña, el candidato continuista, como rector para el período 2024-2027, tiene indignados a estudiantes, profesores, exalumnos y trabajadores, cuyos pronunciamientos exigen que se respete la voluntad mayoritaria de la comunidad académica que votó por abrumadora mayoría al profesor Leopoldo Múnera y reclaman democracia y autonomía para corregir el rumbo mercantilista que ha tomado el principal centro de educación superior del país. La masiva asamblea triestamentaria realizada el 3 de abril aprobó entrar en paro indefinido y convocó movilizaciones para el 11 y el 18 de abril, así como un encuentro de las nueve sedes del país en Bogotá los días 25, 26 y 27 de este mes.

El debate que se está extendiendo a otros centros de educación superior no puede ser más oportuno, pues de allí debe surgir un programa de lucha que exija cambiar la podrida institucionalidad tejida a partir de la Ley 30 de 1992, creada para favorecer la proliferación de universidades privadas, al tiempo que congeló el presupuesto de las públicas forzándolas a ampliar la cobertura a costa de rebajar el contenido del pregrado —que es el que se les ofrece a los hijos del pueblo— y generar hacinamiento, de una parte, y de otra, las obligó al autosostenimiento mediante el negocio con los posgrados, los programas de extensión y la venta al menudeo de la investigación.

La universidad empresa es contraria a la democracia y a la autonomía

Las relaciones que caracterizan el mundo empresarial capitalista son verticales, de subordinación y no admiten el menor asomo de democracia. La metamorfosis de las universidades públicas sufrida en los últimos 30 años de neoliberalismo volvió su gestión empresarial, y con ello, la democracia y la autonomía se vaciaron de todo contenido y quedó reducida a un simple formalismo. Como bien lo expresa el comunicado de la representación profesoral, “las directivas se apropiaron de la Autonomía Universitaria y terminaron por imponer sus decisiones sin escuchar a las comunidades académicas que son siempre convocadas de modo meramente formal a pensar, a analizar y a votar pero luego sus argumentos y propuestas son ignorados”. Fue lo que, en buena hora, hizo crisis con la elección del rector en la UN.

En sus pronunciamientos es claro que la comunidad académica y los trabajadores exigen que la consulta para la designación del rector sea vinculante y también un cambio en la representación ante los órganos de gobierno del alma mater que les permita una incidencia real en sus decisiones. En el mismo sentido los estudiantes de posgrado piden presencia en el Consejo Superior. El profesor Múnera, quien coincide con estos reclamos, se declaró en desobediencia civil y llamó a trabajar por una “constituyente universitaria que permita transformar las universidades públicas del país e impedir que las oligarquías académicas sigan orientando el rumbo de la educación superior colombiana”. La bandera de cambios de fondo en las estructuras de poder existentes no es nueva, pero levantarla hoy es más urgente que nunca y su conquista requiere la fuerza de un portentoso movimiento.

En lo que respecta a una constituyente es importante hacer algunas precisiones.

En primer lugar, debe aclararse qué se entiende por constituyente universitaria, porque se trata de no repetir experiencias que han demostrado ser un desgaste sin sentido. Debe recordarse que el paro estudiantil de 2011, después de derrotar el proyecto de reforma a la ley 30 presentado por Santos, fue desmontado por las organizaciones políticas que dirigieron la MANE cuando aún se encontraba en pleno auge y tenía energías suficientes para arrancar al gobierno mayor presupuesto, por ejemplo, todo con el embeleco de que se construiría “el proyecto de ley para la universidad que soñamos”, proceso que se diluyó sin ningún efecto concreto. Un desenlace similar han tenido los procesos participativos en la Universidad Distrital, que han pasado por el Congreso Universitario (2002-2003), la Asamblea Consultiva Universitaria (2008- 2009) y la Constituyente Universitaria cuyo ejercicio lleva ya diez años en los que se presentan propuestas de estatuto general que las bases estudiantiles desconocen y por tanto se carece de la fuerza que obligue a su aprobación por el Consejo Superior. El debate que se inicia debe conducir, más bien, a acordar un programa de lucha que recoja las principales reivindicaciones del movimiento estudiantil cuyas propuestas esbozamos al final.

La lucha por la democracia en la universidad es incompleta si no contempla la organización de consejos estudiantiles a partir de la elección desde las bases de representaciones por curso, carrera, facultad, sedes y universidades, hasta constituir una federación nacional, de la que se adolece desde cuando Carlos Lleras Restrepo liquidó la Federación Universitaria Nacional, FUN, en 1968. El movimiento estudiantil no puede ser visto simplemente como una cantera de cuadros para las organizaciones políticas, las cuales tienen todo el derecho a tener presencia en él, pero estas no pueden usurpar su representación como lo han hecho hasta ahora. La organización debe ser amplia, representativa y democrática; dar cabida a todos sin distingos de ninguna índole. Las representaciones a los órganos de gobierno deberían obedecer a los consejos estudiantiles, ante ellos rendir cuentas y poder ser removidas cuando no respondan a sus mandatos, para que no actúen a su arbitrio, como sucedió en la espuria designación del rector en la UN.

Las reformas que se emprenden constituyen retrocesos

Desde hace más de 20 años se impulsan en las universidades públicas reformas académicas para que los programas curriculares sean pertinentes, flexibles y multidisciplinarios y se ofrecen el bilingüismo, la doble titulación y la internacionalización, todo lo cual suena muy atractivo, pero cuando se examina lo que ese lenguaje significa en la realidad, nos encontramos con que todo ello obedece a políticas dictadas desde los organismos internacionales —el Banco Mundial, la OCDE y la Unesco— a los países como Colombia, condenados a un papel de proveedores de materias primas en la división internacional del trabajo y a vivir bajo la ley de hierro del servilismo de la deuda, según la cual, ninguna necesidad o derecho de la población está por encima del pago cumplido de los empréstitos y sus intereses, ley que en la institucionalidad del país se conoce como la regla fiscal. Allí hay que buscar la causa del déficit presupuestal provocado por un aumento constante de la matricula aparejado a una congelación del presupuesto asignado por la nación. De allí que para suplir la falta de recursos las universidades se convirtieran en una especie de supermercado en el que se venden una amplia gama de titulaciones en el posgrado; la investigación se ofrece al mejor postor; la extensión es un mercado de cursos y diplomados, y en todo cabe la posibilidad de alianzas público privadas. Esa universidad empresa, como la calificó el comunicado del Comité de Representantes del Profesorado de la Universidad Nacional, acabó con el bienestar estudiantil y ha sido incapaz de resolver el deterioro de muchas edificaciones que amenazan con desplomarse, y menos, de asumir la ampliación de la planta física, presentándose situaciones como la de la sede de Tumaco de la UN, en donde los estudiantes están recibiendo clases en contenedores.

Las limitaciones al presupuesto impuestas por la regla fiscal afectan a toda la educación tanto en la cobertura como en la calidad. En 2022 la enseñanza media registró tasas promedio de matrícula de 84,3 % pero las de permanencia fueron de apenas 76,8 %, cifras en las que hay grandes desigualdades entre el centro y la periferia y entre la ciudad y el campo. Las pruebas del ICFES revelan también enormes desigualdades en la preparación en contra de los colegios públicos frente a los privados. De otra parte, el país no ha salido de los últimos lugares en las pruebas internacionales que miden el nivel de conocimientos y habilidades de los estudiantes en lectoescritura, matemáticas y ciencias. Todo ello repercute sobre la educación superior. En la medida en que la universidad se masifica se reforma el contenido de sus programas académicos e incluso se diseñan cursos de nivelación para resolver las deficiencias con las que llegan los estudiantes de la educación media. La pertinencia puesta en boga por el Banco Mundial es una suerte de llamado a la resignación, pues los más elevados conocimientos de la ciencia y la tecnología se reservan para los países desarrollados, mientras los países con escaso desarrollo y alta informalidad deben conformarse con rudimentos del saber en el pregrado. Como lo señala el profesor Andrés Felipe Mora refiriéndose al proyecto de reforma a la Ley 30 —pero aplicable a lo que ya vine sucediendo—, los pregrados son apenas “un ‘momento más’ dentro de lo que, desde distintas organizaciones internacionales y en el Sistema Nacional de Cualificaciones, se ha denominado ‘la educación a lo largo de la vida’” y en la que caben toda clase de titulaciones técnicas, tecnológicas, universitarias y certificaciones de formación para el trabajo. Así, llegamos al negocio de los posgrados, en donde las especializaciones se conciben como actualizaciones y las maestrías como profundizaciones, pero sin lugar a la investigación, la cual queda reservada para el doctorado, como afirma el profesor Mora.

Notas Obreras saluda el debate que ha originado la designación del rector en la Universidad Nacional e insiste en la necesidad de acordar un programa que contemple por lo menos los siguientes aspectos básicos:

• Independencia frente al gobierno y el Ministerio de Educación Nacional. No renunciar a su posición crítica y abogar por una educación que sirva al progreso autónomo de la nación, interés que debe prevalecer sobre agendas particulares.
• Es importante que en los encuentros estudiantiles se afiancen las banderas de lucha históricas del movimiento estudiantil, dentro de las que se encuentran la autonomía; la financiación adecuada; el establecimiento de una educación que se apropie de lo más avanzado del conocimiento científico y técnico, así como de la cultura universal y que esté al servicio del pueblo; ampliar la representación de estudiantes, profesores y trabajadores en los organismos de poder, que corresponda a su papel como estamentos básicos de la universidad; servicios de bienestar estudiantil como medios para garantizar la permanencia. Rechazar la mercantilización de la universidad, y la injerencia en ella de organismos como la OCDE, el Banco Mundial, así como de los monopolios nacionales y extranjeros.
• Se debe profundizar en la organización y movilización del estudiantado, por lo que llamamos a la construcción de consejos estudiantiles representativos, democráticos e independientes del gobierno, que busquen la unidad de todos los estudiantes a nivel nacional, para orientar la movilización por las banderas mencionadas.