Solamente rectificar y asumir una posición consecuente puede impedir la privatización de la ETB

Aparte de los requisitos que deberán llenar los pretendientes, el gobierno distrital divulgó el apretado cronograma  de la privatización: a partir del 7 de julio se abrió la precalificación de los aspirantes; entre el 8 de julio y el 1 de octubre se llevará a cabo la llamada diligencia debida, es decir, el escrutinio detallado de los aspectos financieros, contables, laborales, tributarios, legales, tecnológicos, etc. por parte de los posibles compradores, procedimiento que se realiza siempre que una empresa va a ser vendida o fusionada; en los primeros días de octubre se entregarán los documentos de las respectivas ofertas; a mediados de noviembre se reunirá la asamblea de accionistas y se suscribirá, con base en la documentación aportada, un acuerdo entre éstos; y, a más tardar el 7 de abril de 2010, se efectuará la OPA (Oferta Pública de Adquisición).

Los anteriores anuncios se produjeron apenas una semana después de que una comisión conjunta del Polo Democrático Alternativo, PDA, y Sintrateléfonos, el sindicato de base de la empresa, presidida por el ex asesor de Londoño Hoyos en el Ministerio del Interior, Carlos Bula Camacho, se sentara a manteles en el Club de Ejecutivos con algunos segundones de la gerencia de la ETB con el fin, según informó el PDA, de expresarles a los funcionarios su desacuerdo con la medida y conjuntamente “dilucidar caminos que le permitan afrontar la competencia que otras grandes empresas de comunicaciones ejercen a nivel nacional”. Al final se convocó “a una nueva reunión en donde se adoptarán por parte del PDA posiciones más concretas sobre el tema.”

Estamos, entonces, ante el colmo de la estulticia o de la traición. Los directivos del Polo, entre vianda y vianda, ofrecen contribuir a “dilucidar caminos” y prometen “adoptar posiciones más concretas”, mientras tanto el alcalde de su Partido y el gerente de la compañía, sabedores de que en materia de negocios cada minuto cuenta, aceleran la ronda de mercadeo con las ávidas multinacionales.

Los hechos señalados compendian un panorama que infortunadamente augura que la batalla necesaria para defender este valioso patrimonio público no sólo parece perdida sino, lo que es peor, que ella ni siquiera intentará librarse. Algunos otros elementos contribuyen a darnos la razón.

Los órganos y voceros principales del Partido que llevó a la cabeza de la Administración Distrital al señor Moreno Rojas y que, además, son los mentores de los líderes del sindicato, han eludido pronunciarse sobre la privatización, y a manera de hoja de parra le han delegado semejante responsabilidad a organismos políticos y gremiales secundarios que, antes que expresar una posición enhiesta, han recurrido a una zalamería empalagosa con el Alcalde, más propia de aduladores de oficio que de dignos defensores de una causa justa.

Varias semanas después de la asamblea de accionistas del 27 de marzo, en la que se tomó la medida neoliberal, se pronunciaron, en su orden, la subdirectiva de la CUT de Bogotá y Cundinamarca y la Mesa de Coordinación del Comité Ejecutivo Distrital del PDA.^[1] Sus observaciones fueron del siguiente talante: los miembros de la mesa capitalina del Polo le expresan al burgomaestre que las “solidaridades partidarias” con su gestión “han sido ciertas y no escasearán” pero que, con el fin de que no crezcan hierbas en el camino compartido, se ven obligados a expresarle su desacuerdo con lo decidido; le informan, también, que están, al igual que el sindicato, comprensiblemente desencantados con el incumplimiento de las promesas electorales y que les carcome que sectores que se oponen al gobierno nacional comparen a Samuel con Peñalosa; para finalizar, se muestran esperanzados en que, de acuerdo con “su comprobado carácter democrático”, se replanteará la malhadada decisión. Esta jerigonza relamida que seguramente despierta sorna en el palacio Liévano más parece una constancia para la galería, eso sí, lo menos comprometedora posible, que al final le sirve de patente de corso al dilapidador. Se impone mencionar que la “comprobada” administración democrática por esos días esgrimía contra los trabajadores de la ETB un contrapliego como respuesta al petitorio presentado a finales del año anterior, cuestión que citan los remisores de la misiva, pero que no consideran óbice para darle el calificativo de demócrata al destinatario.

La CUT no se quedó atrás, como que los inspiradores son los mismos. Le expresa que no entienden las razones de la decisión; tratan de tocarle el amor propio al alcalde: esto “afectaría el buen suceso de su gestión gubernativa”, le dicen, y le imploran “entablar un diálogo” y, naturalmente, le reiteran su “compromiso con sus ejecutorias sociales y su Programa “Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor”.

No deja tampoco de preocupar el comportamiento de la dirección de Sintrateléfonos. El 20 de noviembre del año pasado se reunió la asamblea extraordinaria, la cual aprobó presentarle, el 25 del mismo mes, un pliego de peticiones a la ETB. La asamblea acordó centrar la negociación en dos aspectos: la defensa de los derechos adquiridos, particularmente la estabilidad laboral, y el sostenimiento de la empresa como patrimonio “de todos los bogotanos”. Llama la atención que, dado que por esas fechas ya Samuel Moreno había contratado a Santander Investment, el sindicato no hubiera actuado con mayor determinación y se haya circunscrito a recordarle a Samuel su militancia polista y a llamar a “la sociedad en general para que esté alerta con la defensa del patrimonio público; a mantenerse atentos y a ejercer las acciones de control fiscal y político pertinentes sobre la contratación y las próximas «recomendaciones» que hará la banca de inversión”.

Desde luego que los jefes sindicales directamente involucrados en el conflicto deben recabar el apoyo de los afiliados y la solidaridad del resto del movimiento obrero y de la ciudadanía, pero es obvio que éstos se obtendrán, y con creces, si quienes por fuerza de las circunstancias deben encabezar el movimiento demuestran que están dispuestos a empeñarse en la batalla. Pero esos vagos llamados no logran explicar la magnitud de lo que está en juego y mucho menos movilizar con vigor a los afectados para rechazar la medida. Para ser francos, suena a felonía que reconocidos voceros del sindicato pretendan disculpar sus vacilaciones cargando con el pecado a la ciudadanía: “El anuncio de la banca de inversión era de conocimiento público ya que desde el 8 de septiembre de 2008, el Presidente de ETB, hizo público los términos de invitación a las empresas que querían participar en la realización de los estudios. Lastimosamente la confianza en la palabra empeñada por el Alcalde no permitió la inmediata movilización ciudadana para enfrentar esta propuesta y otras que son heredadas por otras administraciones en particular la de Enrique Peñalosa”, tal como lo afirmaron Rodrigo Acosta y Rafael Galvis, representantes del sindicato en la asamblea de accionistas.^[2]

Finalmente, la lucha por el patrimonio público y por la convención colectiva terminó por centrarse en la segunda, es decir, en las justísimas reivindicaciones económicas de los empleados. Sorpresivamente, luego de las manifestaciones contra la privatización, en la que los trabajadores portaban carteles que expresaban indignación contra el Alcalde, la Administración retiró el contrapliego y se avino a firmar, teniendo como testigos de ocasión a Carlos Gaviria y Carlos Bula,  una convención a cuatro años en la que, de acuerdo con Sintrateléfonos, quedaron salvaguardados los derechos laborales.

Que la rúbrica de algunos derechos económicos dejó de lado la lucha contra la privatización lo atestigua el balance hecho por la jefatura sindical. El presidente de Sintrateléfonos, Carlos William Camino, afirmó: “No nos importaba tanto lo salarial pero sí fueron importantes los nuevos compromisos de la administración con el sindicato para capacitar a los trabajadores, para dar mejor rendimiento y lógicamente mejores ingresos a la empresa. Lo fundamental fue la estabilidad y el respeto a los derechos adquiridos. Fue algo que le manifestamos en todo momento al Alcalde, así como el rechazo a la privatización de la empresa. Ahora sigue la segunda pelea que es el rechazo a la negociación, para eso contratamos un estudio económico para demostrarles que no es necesario el socio estratégico.” Es difícil escoger qué es más denigrante en esta declaración, si los compromisos con la productividad, con los mejores rendimientos y las ganancias de la empresa, es decir, con la súper explotación de los asalariados, o la lánguida decisión, ante la inminente subasta, de contratar un estudio para que los privatizadores puedan entender el mal que están causando. Y que no se diga, con la intención de eludir el debate, que despreciamos la investigación y el estudio; por el contrario, nos declaramos sus fervientes defensores, pero momento tienen las cosas y, después de dos décadas de privatizaciones y de análisis de las mismas y ante la inminencia del atraco del alcalde al estimado bien público, no parece éste el tiempo más adecuado para cambiar la acción decidida por enervantes ejercicios academicistas. 

Jorge Gamboa, miembro del Comité Ejecutivo de la CUT y ex presidente de la USO señaló: “Una de las cosas más importante que se logró es la capacitación de los trabajadores en nuevas tecnologías, para competir en el mercado con las transnacionales. Asimismo, el inicio de un escalafón donde se tendrán grupos salariales, donde habrá la homologación de las funciones como de los cargos, lo que permitirá un reordenamiento de la empresa y cualificación de los trabajadores. Se logró que haya portales en diferentes partes de la ciudad para los estratos bajos, es algo para resaltar. El núcleo de ciencia y tecnología que se conformará y que inicia en un centro de investigación, es una buena oportunidad para la academia y los trabajadores. La negociación es un ejemplo porque exigió derecho a la negociación en un país donde la clase empresarial y política están negando libertades sindicales”. Intencional o no, lo cierto es que cifrar la competencia contra las trasnacionales en la capacitación tecnológica de los operarios sin anteponer la cuestión de la propiedad de la telefónica, pone a quien lo plantea más cerca de los privatizadores de toda laya que del interés colectivo. Lo mismo podemos decir de los pactos sobre portales para estratos bajos, teleasistencia al adulto mayor, formaciones en derechos humanos, que tienen un tufillo a la misma “política social” ignominiosa impulsada por el uribismo y copiada por las últimas administraciones distritales cuyo logro más destacado es el de repartir algunos mercadillos para “combatir la pobreza”, o más bien para aplacar a los pobres, mientras la riqueza y el verdadero poder se concentran en una minoría voraz.

¿Por qué razón en ninguno de los pronunciamientos del PDA, de Sintrateléfonos, de la CUT, aparece planteada la realización de la huelga, si el alcalde polista no desiste de su plan antinacional? ¿Consideran o no el Polo, la CUT y Sintrateléfonos que la decisión del alcalde hace ineludible la batalla? ¿Acaso sinceramente creen los encumbrados líderes políticos y sindicales que alguna reivindicación laboral podrá estar segura sin antes garantizar que la empresa no se enajene? ¿Piensan que es posible parar la privatización haciéndole reiteradas antesalas al alcalde, enviándole cartas adulonas, mientras él y el gerente de la empresa continúan impasibles la subasta? ¿Reviste alguna seriedad y consecuencia “enfrentar” la privatización con llamados al control fiscal y político, a la movilización social? ¿Un atentado de tamañas dimensiones se puede detener recurriendo a los refinamientos inanes del parlamentarismo burgués como el control político? ¿Ha desechado el “sector clasista” del sindicalismo la huelga como el instrumento de lucha por excelencia de la clase obrera? ¿No ha recapacitado el compañero Gamboa sobre el alto costo que para todo el movimiento obrero y la nación significó que los jefes de la USO no hubieran dado la orden inmediata de batalla en junio de 2003, cuando se conocieron los borradores de los decretos que le quitaban a Ecopetrol el monopolio de la política de hidrocarburos y se lo trasladaban a la Agencia Nacional de Energía, una criatura de las multinacionales petroleras?  ¿No tienen ya vigencia las enseñanzas de los huelguistas de Telecom en 1992 a quienes poco empeño les merecieron las migajas ofrecidas ante los máximos intereses de la nación, como lo dijera el desaparecido líder proletario Francisco Mosquera?

Puesta en marcha la venta, insistimos en que los jerarcas del Polo demuestren si en verdad están contra todas las privatizaciones. El actual jefe de ese partido, Jaime Dussán, en entrevista concedida a El Tiempo, el 14 de julio, cuando le preguntaron por la gestión del burgomaestre, expresó con fruición, seguro más pendiente de sus retozos con la nómina que de la realidad: “Veo a los maestros contentos, la salud la veo bien, van a crear la EPS Distrital, veo una inversión muy grande en las vías. He estado pendiente ahora del tema de la ETB”. Insinúa que en esto también apoya a Moreno, pero abre la hendija para deslizarse. Puras avilanteces. Y los Gaviria y los Robledo, los portavoces del “sector radical”, copatrocinadores de la elección del hijo de la Capitana, por qué de una vez por todas no dicen francamente si es que los intereses burocráticos y electorales están primero que los de la patria, ya que tanta proclama y tanto “ideario” contra el libre comercio y el neoliberalismo no pasan de ser mera charlatanería si se acolita el asalto al patrimonio estatal por las multinacionales y sus agentes.

La última prueba del comportamiento de la bancada polista frente a la trama del nieto de Rojas Pinilla la acaba de dar el senador Alexander López en la sesión inaugural del Congreso, cuando anunció un debate contra la superintendente de Servicios Públicos, a quien acusa de que, en contubernio con el alcalde de Cali y el BBVA, pretende privatizar el área de telecomunicaciones de Emcali, intentona que obviamente debe ser rechazada con energía. En su intervención, y siendo que se trata de algo casi igual pero de mayor gravedad, habida cuenta de las proporciones, omitió referirse a los sucesos de Bogotá. Una de dos: o el senador López sólo considera su deber oponerse a las alcaldadas de la provincia de la cual obtiene su caudal electoral, lo que hablaría mal de sus alcances, o actúa premeditada y alevosamente encubriendo las bellaquerías de sus amigos, lo que lo pondría en el campo de los iscariotes.

No queda salida distinta a la de que las bases políticas y sindicales, que deben estar indignadas con este espectáculo de vacilación e inconsecuencia, y los cuadros a los que aún los inspiren sinceros objetivos de transformación de éste régimen oprobioso, se rebelen y exijan un inmediato viraje que anteponga la lucha por los intereses nacionales a los mezquinos objetivos de facción.

Adenda. Ya escrito el presente artículo, a comienzo de la presente semana apareció en la página de internet del Polo una carta del Comité Ejecutivo Nacional fechada el 16 de julio, suscrita por su presidente, Jaime Dussán, y el secretario general, Carlos Bula. Es éste el primer pronunciamiento escrito al respecto de la alta instancia directiva. En él se le solicita a Moreno Rojas “información detallada”, “precisión” sobre lo decidido, dadas las “interpretaciones diversas y controversias” que el hecho ha suscitado entre diferentes instancias sociales, políticas, sindicales y aún gubernamentales (¿Será poca precisión el cronograma puntual de la subasta?).

Le recuerdan también al alcalde que en el Ideario de Unidad y en el programa de gobierno del PDA existe el compromiso expreso de rechazar las privatizaciones por lo que “mal podríamos entonces aceptar y apoyar una providencia contraria”. Sin embargo, y a pesar de reconocer que hay “la impresión de que existen acuerdos previos con empresas multinacionales”, lo único que plantean como medida práctica para oponerse es que se programen, con la Junta Directiva de la compañía, “seminarios, talleres, reuniones y otros mecanismos de debate” para que ésta pueda tomar una decisión acorde con el programa polista. ¡Pero señores, si el programa de venta ya está andando!

Faltaríamos a la verdad si no decimos que también ofrecen convocar manifestaciones callejeras, claro, para apoyar y seguir apoyando el Programa de gobierno de Samuel Alcalde, como lo señalan en la comedida esquela.

© Se permite la reproducción de este escrito sin fines de lucro y divulgando el nombre del autor (Alejandro Torres) y la fuente: www.notasobreras.net 

[1] Véase http://www.rodrigoacosta.com/index.php/telecomunicaciones/28-carta-de-la-cut-al-alcalde-de-boggota-sobre-la-decision-de-la-asamblea-de-accionistas-de-la-ernpresa-de-telecomunicaciones-de-bogota  y  http://www.polodemocratico.net/Carta-del-Comite-Ejecutivo,6992

[2] Los autores culminan dicho escrito llamando a que “las organizaciones y movimientos sociales y los sectores políticos progresistas levantemos nuestra voz de protesta y los trabajadores de ETB sin distingo alguno adelantemos las acciones de movilización social que nos permita detener la privatización de E.T.B.” (todos los resaltados son nuestros)