Corrupción: política de gobierno en Colombia

Por: Arturo Stevenson

En un reciente informe de la ONG Transparencia por Colombia, organización patrocinada por empresas privadas, nacionales y extranjeras, se evalúan la meritocracia, la transparencia y la institucionalidad de 158 entidades del Estado colombiano.

En esta medición, sin entrar a juzgar sus intereses, su metodología investigativa ni la objetividad de los resultados obtenidos, se evidencia que sobre estas variables las instituciones y empresas públicas colombianas, están en mayor o menor grado impregnadas por la corrupción; los resultados del estudio son desastrosos para el gobierno, ya que en un 56 (por ciento) las entidades evaluadas no toman acciones que mitiguen o prevengan este fenómeno, razón por la cual dejan abierta la puerta para la ratería de quienes las dirigen. Se establece que la valoración se pasó “raspando”, sin embargo, aceptar esta conclusión, sería avalar que miles de millones de pesos del erario, sean sustraídos por estos pícaros.

Asimismo, se expone que el Congreso de la República es una de las instituciones más proclives a la corrupción, hecho que desnuda la mentira de lo que llaman nuestra Democracia Representativa; pues en el “deber ser” de este régimen político, el Congreso tiene el poder de actuar con cierta libertad en nombre de los representados y en procura de interpretar los intereses de ellos, no obstante, aquellos que ostentan tal papel, no pierden oportunidad para sacar provecho en su beneficio particular. Sin lugar a dudas, este ultraje y malversación al presupuesto nacional, es un claro hecho que refuta toda la palabrería de quienes ocupan la Casa de Nariño, los cuales dicen encarnar un diáfano Estado Social de Derecho.

Son muchos los casos que evidencian que el gobierno en vez de contrarrestar la corrupción, la ha promovido a través de prácticas como el clientelismo y la imposición paramilitar, que aseguran que los mismos políticos se establezcan por varios periodos en sus escaños. Apoyado en esta misma ralea, fue que Uribe cometió el delito de cohecho, ofreciendo cargos gubernamentales y notarías, para que fuera aprobada la reelección de su mandato. 

Pero esta maquinación corrupta no solo se ha presentado en estos últimos años, pues a diario se conoce de peculados cometidos por senadores, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, directivos y comandantes de policía. El descaro y desmesura en los robos no tiene ni la más mínima conciencia humana, pues se apropian de dinero para la educación de niños de precarios recursos en Chocó, Valle del Cauca, Córdoba y Vichada, de fondos dirigidos a mejorar la prestación de servicios de atención médica, de Universidades públicas, de la inversión de libros para bibliotecas en Boyacá y de obras que beneficiarían a comunidades enteras para mejorar su calidad de vida. Tengamos en cuenta que estos ejemplos han salido a la luz pública, ¿Cuántos otros más nunca los llegaremos conocer? Esta situación es vergonzosa e irritante, pues peculado por apropiación o por uso, es peculado, y es un delito ofensivo para la sociedad, sea cual sea la cuantía.

Recordemos los desfalcos en Dragacol, la Caja Agraria, la Bolsa Nacional de Valores, Foncolpuertos, Cajanal, Superservicios, Fidupacifico, el Instituto de Seguros Sociales, Telecom, entre muchas otras instituciones, las cuales nos muestran que sin duda hemos estado gobernados por aves de rapiña; en la actualidad otras siguen estando presentes, ya que hechos como la contratación sin el cumplimiento de requisitos legales, la compra de terrenos que luego con audacia falaz y usurera incrementan su valor por decretos chuecos, la asignación de puestos, la venta de licitaciones, la vinculación de familiares a contratos innecesarios, en fin, es un largo listado que evidencia la codiciosa formación que poseen los representantes de las entidades nacionales.

Este robo continuado no debe ser admitido por la comunidad, pues unos pocos que se lucran por las malversaciones, causan graves perjuicios al conjunto de la sociedad. Por ello, se hacen necesarios profundos cambios estructurales en las bases económicas, políticas y sociales, para recuperar la noción de lo público y su importancia, con lo cual se haría frente a esta nociva política de gobierno que azota a nuestro país.

El presente articulo se puede reproducir total o parcialmente siempre y cuando se cite la fuente, www.notasobreras.net, y el autor, Arturo Stevenson.