Bogotá

En el mes de mayo de 2016, las autoridades bogotanas –tanto civiles como policiales– adelantaron un operativo de gran escala cuyo publicitado objetivo era recuperar El Bronx, como se le conoce a una deprimida zona del centro de la capital. Más allá de lo que los medios de comunicación han calificado como hallazgos macabros –escenarios de tortura y homicidio, drogadicción, tráfico de drogas, trata de personas–, la intervención de este céntrico espacio ha puesto de manifiesto la manera en la que la administración distrital y el capital inmobiliario entienden el espacio urbano.

Los famélicos se enfrentan a dos caras del régimen: la del garrote y los gases, la prisión y la “limpieza social” y la de los togados, magnánimos, que recitando doctrinas, parágrafos e incisos, les prometen permitirles hundirse democráticamente en la degradación.

El alcalde Enrique Peñalosa y sus mayorías del Concejo de Bogotá quedaron con el camino totalmente despejado para la aprobación de su nefasto Plan de Desarrollo gracias al mercenario del Polo Democrático Venus Albeiro Silva, uno de los tres ponentes, quien tenía en sus manos la posibilidad de obligar a la Administración a sacarlo por decreto, lo que hubiera dejado por fuera asuntos cruciales que sólo pueden ser aprobados por el Cabildo, tales como la venta de la ETB y cobros abusivos de valorización, de alumbrado público y peajes urbanos, entre otros.

La tesis latosa de que venden las empresas públicas de los sectores económicos estratégicos para resolver acuciantes problemas, no por repetida deja de ser incongruente; ya que siendo aquellas imprescindibles para el desarrollo económico y el bienestar de las gentes tienen garantizada, en términos generales, la generación de excedentes que permiten, por una parte, llevar sus bienes a los sectores sociales y regiones marginados, y, por otra, aportarle fondos al Estado para la mejora de las condiciones de vida del conjunto de la población.

De manera que Peñalosa, el burgomaestre, recibió casi el 70% de los dineros de su campaña de los agiotistas y de los constructores. Ahora se entiende con toda claridad el porqué de su empecinamiento por arrasar la reserva Thomas van der Hammen y todo aquello que se oponga a que sus patrocinadores logren las utilidades que les corresponden por sus inversiones electorales.

Mientras llenaba de tanquetas y de gases lacrimógenos los barrios de Patio Bonito y trataba de terroristas a los ciudadanos inconformes y desesperados que claman por una real solución al problema del transporte en Bogotá, el agente de la Volvo y Scania ofreció ¡más buses, más buses, más buses! Porque para él este atiborrado y caótico medio de transporte representa “la democracia en acción”.

El Señor Kevin Whitaker, nominado por Obama como nuevo embajador de los Estados Unidos en Colombia, durante su audiencia de confirmación ante el Comité de Relaciones Internacionales del Senado de ese país, se permitió la licencia de lanzar una andanada sobre dos aspectos que hoy ocupan la atención de los colombianos: el proceso de paz de La Habana y la destitución del alcalde Gustavo Petro por el Procurador.

Una despótica medida del todopoderoso procurador, Alejandro Ordoñez, acaba de destituir e inhabilitar por 15 años al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

El pasado 21 de noviembre el país fue sorprendido cuando el Alcalde de Bogotá, acompañado de un grupo de recicladores y de empleados de las empresas de Teléfonos y del Acueducto se tomaron las instalaciones de esta última con el supuesto fin de defenderla frente a una conspiración de la que hacían parte el Gobierno Nacional y los empresarios que monopolizan la recolección de basuras en el Distrito.

Notas Obreras respalda irrestrictamente la lucha del pueblo bogotano para que Transmilenio sea propiedad pública, se declaren nulos los contratos con los pulpos privados que lo controlan, se rebajen las tarifas y se aumenten la flota y las frecuencias de los buses.