Por Francisco Cabrera*
El gobierno de Uribe Vélez le ha puesto un cuchillo en la garganta al magisterio colombiano al revivir, mediante proyecto de ley, la eliminación de los regímenes especiales de pensiones, que había sido derrotada en el referendo, y al disponer que maestros y directivos puedan ser trasladados o removidos a discreción de acuerdo con “las necesidades del servicio”, según lo estableció el artículo 38 de la Ley 715, aplicado a través de las directivas ministeriales 020 de 2003 y 03 de 2004. La pandilla de tecnócratas del uribismo también le anunció al país que hará una reforma para recortar nuevamente las transferencias para salud y educación. El profesorado está abocado a una pelea decisiva: debe superar todas las dificultades para levantarse y librar la batalla sin la cual no será posible echar abajo las pretensiones oficiales. El Paro Nacional Indefinido aprobado por unanimidad en la Junta Nacional de Fecode del 2 de marzo es la decisión que corresponde a las circunstancias. Ahora, la cuestión es cómo se va a pasar de las palabras a los hechos. Los docentes están obligados a asimilar la experiencia de los últimos años, no sólo de sus propias filas, sino del conjunto del movimiento obrero, si no quieren sufrir otro fracaso y quedar sumidos en la postración.
Por Alfonso Hernández[*]
En días pasados se dieron a conocer los documentos de la Misión Alesina, sobre las reformas que requiere Colombia para reducir de manera expedita el gasto público y destinar una mayor porción del presupuesto y la riqueza nacional al pago de la deuda externa. Los escritos abarcan los temas de la educación pública, la descentralización, el Banco de la República, las Cortes, el Parlamento y las elecciones, entre otros.
Por Francisco Cabrera[*]
Antanas Mockus llegó con el garrote contra los trabajadores del Distrito. Tras anunciar la liquidación de cinco mil puestos de trabajo de diferentes dependencias, procedió al despido de 2.837 empleados de celaduría y servicios generales adscritos a la planta de la Secretaría de Educación. Con su despotismo envuelto en zalamerías y payasadas dijo a los medios de comunicación que solo estaba cumpliendo con el mandato de la Ley 617 de ajuste fiscal, y que la medida le representa a la ciudad un ahorro de $23.200 millones. Como sucede con este tipo de disposiciones atrabiliarias, su defensa la enmascaran argumentando las conveniencias para la ciudad.
La democracia participativa
Por Alejandro Torres
Desde hace más de una década el país asiste al auge de la llamada democracia participativa; en su nombre se revocan mandatos, se impulsan referendos, se efectúan plebiscitos, se hacen privatizaciones, se viola la ley, se aupa el federalismo. El invento, que corre parejo con la apertura, va contra el interés nacional, e integra la superestructura ideológica, jurídica y política de la recolonización de Colombia.
Por Alejandro Torres y Guillermo Alberto Arévalo[*] Recorrer los escombros de los pujantes municipios y veredas del departamento del Quindío arruga el corazón. Hay tantas fachadas de viviendas sostenidas por palos de guadua, al lado de las que se derrumbaron definitivamente, de las que medio sostuvieron un precario tejado, de las que aplastaron vidas. La […]
Por Francisco Cabrera[*]
Los millones de toneladas de acero devorados por la hoguera de la Segunda Guerra Mundial, primero, y las ingentes cantidades de mineral que demandó posteriormente la reconstrucción de la porción del globo arrasada por la conflagración, generaron tal escasez, que el Estado colombiano tuvo que enfrentar el montaje de una industria siderúrgica propia. En 1947 el Congreso de la República dictó la ley 45, mediante la cual se creó la Empresa Siderúrgica Nacional de Paz del Río. Hoy, 50 años después, el presidente de la compañía, y representante del llamado Sindicato Antioqueño, Néstor Fernández de Soto, anuncia su liquidación. Que la empresa “nació muerta” y “no es viable financieramente” dice, bajo el influjo del economismo en boga, ajeno por completo a los intereses nacionales. Pasaremos de tener la industria madre, una siderúrgica integrada, a no tenerla, feriando nuestros recursos mineros al mejor postor en el mercado mundial. Lo que el conglomerado urde es estafar a la nación traspasándole el pasivo pensional y arrebatar a los obreros los ahorros de sus cesantías. De contera se condena a la ruina al resto de la industria del acero y al departamento de Boyacá. ¿Lo permitiremos?
Estados Unidos, so pretexto del combate al narcotráfico, ha venido aceitando toda su maquinaría intervencionista. Sus imposiciones se agigantan y cubren los más disímiles campos
Por Esperanza Lozano Castillo[*]
En cumplimiento de la agenda Frechette, la Comisión Primera del Senado acaba de aprobar la extradición de colombianos para ser juzgados en el exterior, de hecho en los Estados Unidos. Los señores Samper y Serpa, dejando a un lado las actitudes remolonas, apremian al parlamento a obedecer las órdenes imperiales. El ministro del Interior, antes de dejar el cargo para lanzarse a la campaña presidencial, se afana por mostrarle al gobierno norteamericano que tiene en él a otro obsecuente servidor. Ya lo había demostrado cuando llamó al Congreso a dejar de lado todo escrúpulo jurídico para aprobar la ley de extinción de dominio. Desde luego, el proyecto se discute en medio de la vocinglería de los grupos monopolistas que claman porque se apruebe lo que sea con tal de satisfacer al Tío Sam.
Por Esperanza Lozano Castillo[*]
Con el pretexto de combatir la delincuencia organizada, los tres últimos gobiernos han venido barriendo de nuestra legislación hasta los vestigios del derecho democrático burgués. Ante los apremios de los Estados Unidos y las borrascas de prensa, se ha trastocado toda la normatividad jurídica existente por una moralizante, hecha adhoc.
Por Francisco Cabrera[*]
La capital se surte principalmente de Chingaza y del río Bogotá, a través de los embalses de Tominé, Sisga y Neusa, cuyas aguas son tratadas en la planta de Tibitoc. Con el sistema de los ríos Tunjuelo y San Cristóbal y las plantas de Vitelma, San Diego y La Laguna, se completa la red de abastecimiento de la ciudad.
Por Francisco Cabrera[*]
El 24 de enero, el paso de agua del sistema Chingaza a la planta de tratamiento Wiesner quedó interrumpido por un enorme derrumbe en el túnel entre Ventana y Simaya. Después de engañosos anuncios tranquilizadores por parte del gerente de la Empresa de Acueducto, Alejandro Deeb, se terminó por reconocer que el tiempo requerido para la reparación de los daños hacía inevitable el racionamiento. Desde entonces Mockus y Deeb se han dedicado a una amenazante campaña “educativa”, cuyo objetivo es hacer aparecer a la ciudadanía como responsable del problema causado por el desgreño oficial. Veamos.