Dividir para reinar

De las desastrosas secuelas del hegemonismo norteamericano sobre la América pobre, ninguna de tan hondas repercusiones como el socavamiento de la integridad nacional. Primero, la apertura arranca al Estado nacional su razón de ser, cual es la de propiciar las condiciones más favorables para la consolidación del mercado interior, indispensable para el desarrollo de una producción industrial y agrícola propia. Y segundo, ya llevamos varios años de una sistemática labor para barrer “las fuerzas o baluartes que posean algún arraigo o entronque con la nación o con su historia “; a lo cual se suma la basura teórica sobre la obsolescencia de la soberanía. El ordenamiento territorial planteado en la Carta gavirista y cuya reglamentación se encuentra en trámite ante el Congreso “dividirá a Colombia en territorios autónomos después de 170 años de república unitaria, significó entregar desmembrado el país al águila imperial. O sea el complemento de la táctica de la Casa Blanca, que consiste, internacionalmente, en convenir por separado con cada nación latinoamericana, fraccionarlas en Emiratos Árabes sin ninguna capacidad de réplica”, según lo advirtiera Francisco Mosquera en 1991.

Internacionalización y regionalización, dos caras de la misma moneda La pregonada internacionalización corresponde al apetito de las trasnacionales, desbocado luego de la tergiversación del socialismo y la caída del socialimperialismo ruso. Estados Unidos, convertido en superpotencia hegemónica, coludido con los otros imperialismos, se lanza a la recolonización de los países pobres, a la vez que disputa con aquéllos el control de los mercados. El neoliberalismo es su doctrina, y el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional sus instrumentos principales.

El poder de los monopolios es tal que de los 190 miembros de la ONU, sólo 24 tienen más presupuesto anual que la Exxon, y 600 corporaciones que expanden sus tentáculos por el globo representan el 20 por ciento del valor agregado mundial, agrícola e industrial.

Esta concentración sin precedentes de la riqueza mundial se ve multiplicada con las especulaciones financieras, las privatizaciones, la apertura de mercados, y los sorprendentes avances en las comunicaciones. Satélites ubicados en los espacios estratosféricos y redes de fibra óptica salvan todas las distancias. Los prodigios de la computación se colocan al servicio de los amos del capital. Por eso la centralización de las operaciones de las multinacionales cuyas instalaciones se hallan por el mundo exige atomizar a las naciones. Caen todas las barreras a la libre circulación de mercancías y capital. Mientras la propiedad de los recursos naturales, industrias y servicios de los países sojuzgados se transfiere en masa a los trusts, a los gobiernos se les impone el abandono de la soberanía, la descentralización, la autonomía regional y hasta el regreso al tribalismo. Todo lo anterior exige ajustes en la política colonialista. Ésta, en América Latina, se parece cada vez más al colonialismo de viejo cuño.

Aquello de que las trasnacionales no tienen “ni territorio, ni bandera, ni himno”, como lo arguye Alvin Toffler, es una falacia. Lo demuestran las pugnas comerciales entre las potencias, cuyos Estados son los agentes políticos y militares de sus poderosas burguesías. O entonces ¿por qué el gobierno de Estados Unidos, en provecho de sus monopolios obliga a mismos japoneses y europeos, y a quien se le antoje, a abrir sus mercados en las industrias automotriz, fílmica, eléctrica o cualquiera que sea de su interés?

Al tiempo que se demuelen los pilares de la unidad nacional, se impone la división de los países en regiones. Para ello crean organizaciones como el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, Ilpes, cuyo teórico de moda, el chileno Sergio Boisier, defiende el “microcosmos regional” y “la vuelta al terruño” como el necesario complemento de la internacionalización, bazofia con la que se relamen entidades como el Cider, de la Universidad de los Andes. El ámbito local es el nuevo escenario en el que los monopolios realizarán la exportación de capitales, explotarán los recursos, mercadearán sus productos y esquilmarán la mano de obra.

La región, la ciudad, la localidad, deben hacer esfuerzos para equiparse de la infraestructura de comunicaciones y servicios y preparar la fuerza de trabajo para atraer la inversión extranjera. Para lograrlo están forzadas a endeudarse y a someter al pueblo a agobiantes sobrecargas tributarias. Las zonas francas y la maquila son el mejor ejemplo de lo que nos espera.

La maquila es la forma que mejor se ajusta a los propósitos colonialistas del imperialismo. Suelen operar en las zonas francas, en donde no se aplica la ley nacional. Producen para exportar y no para el mercado interno. No pagan aranceles por la maquinaria y las materias primas importadas. Realizan procesos parciales que pueden ser suplidos fácilmente, y no procesos completos de elaboración de mercancías, articulados al resto del aparato productivo nacional. Hacen uso del trabajo a domicilio y de la subcontratación de pequeños talleres o microempresas en condiciones extremas de explotación. En las zonas francas las utilidades se remiten al país de origen de la trasnacional sin pago de impuestos.

Una ley contra la unidad nacional En la Constitución de 1991, el artículo 1° establece la democracia participativa, la autonomía y la descentralización de los entes territoriales como principios rectores de la organización del Estado; el 287 les da derecho a gobernarse por autoridades propias, administrar sus recursos y establecer tributos; el 295 los autoriza para emitir títulos y bonos de deuda pública y contratar crédito externo, y el 360 deja abierta la posibilidad de que puedan disponer de los recursos naturales. La soberanía ya no reside en la nación sino en el pueblo, según el artículo 3o. El proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial está encaminado a garantizar el cumplimiento de estos mandatos constitucionales y a trastocar la organización político-administrativa del país. Es, después de la apertura de mercados, el más peligroso atentado contra los ligamentos de la unidad nacional.

Lo que se propone el proyecto es culminar el proceso descentralista iniciado a comienzos de los ochentas con la misión BirdWiesner, orientado a descargar las responsabilidades de la nación en los entes territoriales, con el fin de liberar recursos del Gobierno Central destinados al pago de la deuda externa y a inversiones en infraestructura. En 1983 la Ley 14 buscó fortalecer las finanzas municipales y departamentales; la 12 de 1986 modificó la distribución del IVA a los municipios y consagró la doctrina del “esfuerzo fiscal propio”; el Acto Legislativo No. 1 del mismo año dispuso la elección popular de alcaldes; se crearon los Corpes; la Ley 59 de 1989 creó el Findeter y las leyes 29 del 89 y 10 del 90 marcaron el comienzo de la descentralización en educación y salud.

El proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial arguye que su finalidad es “robustecer la unidad de la República”, mediante el “reconocimiento de la autonomía”, la “democracia participativa” y el “pluralismo social”, cuando en la práctica, todos éstos son los cuchillos para desmembrarla.

Imponen la fementida “autonomía” valiéndose de los reclamos de las regiones olvidadas, que quedan indefensas frente a la omnipotencia de los truts. Si hoy la British Petroleum, con sólo un gesto de disgusto, logra que se cambie la Constitución de Colombia, ¿qué se puede esperar para una región, ciudad o municipio?

La entelequia de la “democracia participativa” fomenta la estrechez de miras, que el pueblo se ocupe del barrio mientras se trafica con su porvenir. El imperialismo se vale hábilmente de los anhelos democráticos para alejar a las masas de los problemas claves, de los que depende su futuro y el de la nación. Se adueña de la lucha contra la corrupción y la utiliza para acabar con los partidos y fuerzas de envergadura nacional, y propone su reemplazo por movimientos cívicos, antipolíticos y localistas. Se crean así todas las condiciones para acentuar la colonización política.

En lugar de cultura nacional, cultura regional El proyecto de ley pone énfasis en el respeto al “pluralismo”, a la “diferencia” y a la “diversidad étnica y cultural”. No nos oponemos al respeto que merecen las comunidades indígenas. Pero el proyecto resalta no los aspectos que posibilitan la unidad nacional, sino aquellos que la disgregan.

La ley crea las Entidades Territoriales Indígenas y entrega a éstas facultades en la gestión del medio ambiente y la atribución de contratar crédito externo y establecer tributos, dejándolas expuestas a caer de manera directa bajo el control del capital financiero internacional y como fácil instrumento de las multinacionales de la biotecnología, que ya husmean en nuestra región amazónica y en las selvas del pacífico, en donde es similar la situación en la que quedan las comunidades negras.

Boisier sostiene que sociedades con una “’modernidad incompleta”, estarían mejor equipadas para la competencia internacional” y afirma que para “generar un proyecto socialmente concertado de región ” se requiere de “un proyecto cultural que genere o refuerce la identidad de la comunidad con su propio hábitat regional”. En buen romance se trata de la arremetida ideológica para antagonizar las diferencias regionales y cuando el proceso haya madurado, fomentar el separatismo, a la manera de lo acaecido en Yugoslavia y en el Cáucaso. Boisier presenta como ejemplos de regiones que poseen “cultura, identidad y flexibilidad” a la provincia de Valdivia en Chile, y los departamentos de Antioquia en Colombia, Santa Cruz en Bolivia y Arequipa en Perú.

Curiosamente, lo que es válido en el ámbito regional no lo es para la nación, en cuyo caso se atacan todas las instituciones que puedan proporcionarle alguna fortaleza, empezando por calificar de jurásico el concepto de soberanía. Las diferencias regionales se ponen al servicio de la colonización ideológica.

El poder de la tecnocracia Los vientos de la internacionalización vienen acompañados del predominio de una casta tecnocrática en los asuntos públicos. Dos buenos ejemplos de ello son el Banco de la República y Planeación, entidades cuyo inmenso poder deviene de su papel de agencias directas del Banco Mundial y el FMI. Tanto el control de la moneda como la planeación, en lugar de alentar nuestra producción la asfixian, impidiendo el progreso independiente del país.

El federalismo entroniza el poder de los tecnócratas en los entes administrativos y de planificación. El departamento aparece como una pesada carga condenada a desaparecer. La región, la provincia, el municipio y las áreas metropolitanas, dotados de “flexibilidad”, son las bases del nuevo ordenamiento. En ellos los técnicos son los llamados a tornar las decisiones claves y a hacer del plan de desarrollo un instrumento de la dictadura de los monopolios. “El desarrollo de los acontecimientos en el mundo empresarial avala la proposición de considerar a las regiones corno cuasiempresas”, dice Boisier. De ahí que para gobernar no sean necesarios ya los políticos sino hombres con sentido “gerencial”.

La “flexibilidad” consiste en que los municipios pueden asociarse en provincias, los departamentos en regiones y las grandes ciudades en áreas metropolitanas.

Sin fronteras La Ley 191 o de Fronteras creó las Zonas de Integración para la planeación y la acción conjunta con los países vecinos, y las Unidades Especiales de Desarrollo destinadas a propiciar “condiciones especiales” para “el establecimiento de las actividades productivas, el intercambio de bienes y servicios, v la libre circulación de personas y vehículos”.

Las actividades productivas de las que se habla quedan claras en el artículo 20: “Se promoverá la construcción de parques industriales nacionales y de exportación, y proceso de maquila”.

El artículo 54 faculta al Ministerio de Comercio Exterior para “autorizar el funcionamiento de Zonas Francas Transitorias especiales”. La Ley dedica un capítulo a “aspectos educativos” en el que se destaca el interés por “armonizar los programas de estudio”. Tales programas estarán sujetos a la “vocación” que las multinacionales le impongan a cada zona.

Se ahondarán todas las desigualdades Como ya viene sucediendo con la descentralización, el nuevo ordenamiento territorial traerá consigo el ahondamiento de todas las desigualdades. La tendencia es a la pauperización cada vez mayor de la sociedad. Las zonas que favorezcan las inversiones de las trasnacionales, principalmente los grandes centros urbanos, las dos costas, las regiones ricas en recursos naturales y las zonas de frontera, se dotarán de la infraestructura que aquéllas demanden, al tiempo que los municipios más pobres se hundirán en el atraso o desaparecerán, y crecerá el abismo entre la ciudad y el campo.

Cada día que pase cobrarán más vigencia estas frases de Francisco Mosquera en Omnia consuniata sunt:

“La internacionalización del capital acabará entrelazando al mundo en tal forma que la división del trabajo propia de las grandes factorías se efectuará a través de países y de continentes y no ya bajo un sólo techo. Unos producirán las partes o los componentes de los productos y otros los acabarán o ensamblarán, ahondándose las desigualdades entre la porción desarrollada del mundo y la indigente. Las contradicciones entre los bloques económicos tampoco conocerán límites; la crisis se extenderá con todos sus estragos, y la clase obrera se hará sentir en grande.

Contraria contrariis curantur. Las cosas se curan por medio de las contrarias”.

^[*] Publicado en Tribuna RojaNº 68, noviembre 13 de 1966.