Gran negociado en la EEB

El viernes 24 de enero en la noche, v contra la protesta que durante el día mantuvieron los trabajadores, la asamblea general de accionistas ratificó la decisión de la junta directiva de partir la compañía en tres pedazos: una casa matriz, una subsidiaria de generación, y otra de comercialización y distribución: quedando pendiente decidir si la transmisión se mantendrá en la casa matriz o la convertirán en otro negocio independiente.

Es el primer paso de un cronograma establecido por el consorcio de intermediarios integrado por Coopers & Lybrand. N M Rothschild Ltd. y White & Case, en su informe “Reestructuración y vinculación de capital privado a la empresa de energía de Bogotá S.A. E.S.P.” Sus “recomendaciones” parten de dos premisas fundamentales, -en primer lugar, que la empresa tiene que romper su estructura de integración vertical, y, segundo, que los acreedores refinanciarán la deuda sólo si se privatiza en favor de uno o más inversionistas internacionales. En otras palabras, que la deuda de 1.650 millones de dólares debe cancelarse regalándole al capital financiero internacional los negocios rentables de la empresa, como se hizo en diciembre del año pasado con Chivor y Betania.

Vienen tras de dos apetecibles bocados: los activos de generación de la empresa que suman 2.500 megavatios y un mercado de 2 millones de usuarios, entre los cuales están los más grandes de la industria y el comercio del país, mercado que crece anualmente a una tasa promedio de 7%. Según cálculos hechos por Asieb, organización que agrupa a los ingenieros que laboran en la empresa, la construcción de plantas de generación eléctrica de la capacidad de las que tiene instaladas la EEB costaría 5 mil millones de dólares. No obstante, el grupo “consultor” valoró la totalidad de la compañía incluyendo transmisión, comercialización y distribución en menos de 3 mil millones de dólares sin contar la deuda. Ni siquiera el costo que tuvo construir la hidroeléctrica del Guavio.

El contrato firmado con la entidad consultora, escogida por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. PNUD, establece una “cláusula de éxito”, conforme a la cual los “asesores” podrán alzarse con una suma de entre 10 y 20 millones de dólares por tramitar la subasta de nuestra riqueza. Como si fuera poco, el informe del grupo liderado por Coopers & Lybrand se ufana de haber representado a los monopolios adquirentes. En él se sostiene: “E1 consorcio mismo cuenta con experiencia importante en cuanto al entendimiento de los requerimientos de los inversionistas estratégicos, dado que ha trabajado con varios de ellos, o la mayoría, en otras transacciones alrededor del mundo desde el lado del comprador”.

Para rematar, la EEB se viene esgrimiendo el argumento de que no es viable desde el punto de vista financiero dado su nivel de endeudamiento. La verdad es que hasta 1995 los informes sobre sus finanzas, si bien reconocían el peso de la deuda externa, cuyo mayor monto se originó en la construcción del Guavio, también afirmaban que la empresa se enrumbaría relativamente pronto hacia un panorama más despejado. Con la puesta en funcionamiento de la hidroeléctrica, la EEB redujo sus compras de energía de 38 mil millones de pesos en 1992 a 5 mil millones en 1993. Los informes oficiales consideraban que la relación entre ventas de energía y servicio de la deuda empezaría a mostrar una tendencia favorable a partir de 1997. Los cálculos más pesimistas daban el año 2003 como el del fin de la penuria financiera. Quedándole entonces al proyecto por lo menos cuarenta años de vida útil. En realidad las dificultades del Guavio fueron fundamentalmente por los asfixiantes costos financieros impuestos por la banca multilateral encabezada por el Banco Mundial y el BID, la paralización por varios años de las obras por orden de estas mismas entidades, y por medidas como la devaluación ordenada por el FMI, durante la monitoría impuesta a las finanzas nacionales en el cuatrienio de Belisario Betancur. En el preciso momento en que Bogotá y el país podían finalmente comenzar a resarcirse de la onerosa carga que les significó el célebre proyecto, los apátridas gobernantes hicieron causa común para feriarlo.

La venta en diciembre pasado de las hidroeléctricas de Chivor y Betania nos ilustra sobre quién se quedará con el fruto de años de trabajo de los colombianos. Estas empresas fueron compradas por el capital financiero norteamericano por intermedio de dos empresas chilenas que les sirven de calanchines. Chivor, fue adquirida por Chilgener en 643 millones de dólares, para lo cual obtuvo un préstamo del Bank of America por más de US $ 400 millones, el cual ni siquiera se giró a la empresa chilena, sino a Chivor S.A. La compañía sureña no necesitó respaldar con activos suyos semejante negocio. Entretanto, de los 300 millones de dólares que pagó Endesa por Betania, US $ 230 millones provinieron de una emisión de bonos por US $ 650 millones liderada por el Chase Manhattan Bank, en últimas el verdadero comprador de la hidroeléctrica opita. Con los precios de venta de estos activos como referencia, el consorcio consultor de la EEB y el grupo directivo de esta, han hecho saber que venderán el Guavio en unos 900 millones de dólares. Dineros que junto con los demás que se obtengan en la subasta irán directamente a pagar deuda externa.

A ese ritmo, a mediados del presente año, más de la mitad de este estratégico sector, ligado indefectiblemente a la necesidad del desarrollo económico independiente y soberano, habrá pasado a precio de ganga a manos de las multinacionales. Éstas disfrutarán de las ventajas de las leyes 142 y 143 que disponen la supresión de los subsidios, la negociación directa sin ninguna cortapisa con los grandes consumidores, y de las resoluciones a su favor de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, que ha ido moldeando el marco normativo del sector al acomodo de los monopolios. Así lo demuestra, por ejemplo, la expedición en diciembre pasado de la resolución 128, que modifica una anterior, la 83, que se había dictado para impedirle a la EEB o a las Empresas municipales de Medellín y Cali la posibilidad de ser dueñas individualmente de más de 20% de los activos totales de generación del sistema interconectado. La CREG, por medio de la determinación tomada en diciembre subió a 25% ese margen para que las trasnacionales puedan convertir en una sola compañía todo el paquete de generación de la EEB.

El columnista de La República, Jairo Londoño Arango, señaló que mientras el gobierno ponía en venta los activos, lo cual es bastante atractivo para los inversionistas extranjeros, quiso hacerle creer al país que estos invertirían US $ 930 millones en proyectos nuevos dentro del plan de expansión, cuando obviamente al sector privado le resulta más rentable comprar en baratillo empresas ya hechas que correr el riesgo de construirlas.

Como lo dijo Alberto J. Sabadell, director de la oficina de energía de la AID, en un seminario sobre privatización efectuado en Cartagena en 1991: “El agente privado adquiere una unidad generadora y puede reducir los riesgos asociados a la construcción y los retrasos de la puesta en marcha”. Y un ex gerente general de Endesa, en el mismo conciliábulo, aclaró que el primer paso hacia la privatización debía ser la desintegración de las empresas, pues las de gran tamaño, en las que unas áreas deben subsidiar a otras, no resultan atractivas en el mercado de capitales. Por otra parte. los grandes conglomerados han pretendido entrampar a los trabajadores en adquirir acciones de las empresas que aquéllos compran. Su real interés consiste en poder “liberar hacia el mercado de capitales las provisiones que las empresas mantenían para el pago de indemnizaciones por años de servicios”. Es decir, poner a disposición de las multinacionales el dinero de las cesantías de los trabajadores, mientras confunden a los incautos con el embuste de la “democratización” de la propiedad.

Los administradores de la EEB han deslizado amenazas sobre el futuro de los empleados. Inicialmente sería despedido 20% del personal. El gerente en entrevista con La República dijo que todo nuevo cargo se proveerá con base en la eficiencia y desempeño del candidato, y que las remuneraciones dependerán de la capacidad, lo mismo que la ubicación estará determinada por los conocimientos. Estas afirmaciones anuncian de manera inequívoca el fin de la contratación colectiva y un recrudecimiento de la explotación de los obreros con los tan alabados sistemas de la productividad y la eficiencia.

Ante la amenaza descrita, la asamblea de trabajadores de la EEB, afiliados a Sintraelecol, aprobó el pasado 11 de diciembre el paro general. La declaratoria de la hora cero quedó en manos de la juta directiva del sindicato. El Moir brindará todo su apoyo a los huelguistas.

^[*] Publicado en Tribuna Roja Nº 69, febrero 6 de 1997.