Un hombre y un plan para vender a Bogotá

Formar la “ciudad coqueta”

Tras un habilidoso enfrentamiento con el Concejo y en lo que fue catalogado como un “fujimorazo”, Mockus expidió el Plan de Desarrollo Formar Ciudadmediante el Decreto 295 de 1995. El alcalde se negó a aceptar algunos artículos que buscaban un control de los recursos del programa Cultura Ciudadanapor parte de la corporación, montó en cólera, y, parapetado en la leguleyada de que aquella aprobó el Plan por fuera de los límites de tiempo permitidos, dictó el suyo propio. Con esta medida dictatorial, afianzó su imagen de reformador “anti político”, valiéndose del desprestigio del Cabildo al que presentó como encarnación de la corruptela de los partidos tradicionales.

La estructura del Plan gira alrededor de seis prioridades fuertemente relacionadas, de las cuales Cultura Ciudadana, sin ser la de mayores recursos, juega un papel líder. Contiene, además, seis megaproyectos estratégicos, cuya realización, a largo plazo, supera los límites de la actual adminis­tración. La financiación de ellos se asegura con severas medidas fiscalistas y mayor endeudamiento del sector central.

Los recursos del Plan para los tres años suman $5,1 billones (Gráfico N°1, y Cuadro N°1)^[1] de los cuales el renglón que concentra el mayor porcentaje es el programa Productividad Urbana, con 32.5%, destinados al “mejoramiento de las condiciones necesarias para esti­mular las nuevas inversiones y facilitar el progreso de los agentes económi­cos”^[2] . Para entender lo que esto signi­fica, es necesario referirnos a la Zona Franca privada del occidente de la ciu­dad, que comenzó a proponerse desde 1992 por la Misión Siglo XXI, cuyo Plan Estratégico busca llevar la ciudad ha­cia la internacionalización.

Gráfico Nº 1
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS SEGÚN PERÍODO

Jaime Castro definió así el Plan Estratégico: “Es (…) la oportunidad para que la Administración y los sectores privados y cívicos piensen y construyan el proyecto futuro de la urbe que desean; para que la clase dirigente y empresarial creen en la capital de la República las condiciones que requie­ren para competir (…) teniendo en cuenta los cambios nacionales e inter­nacionales que ha generado la globali­zación de la economía, donde las ciu­dades juegan un papel cada vez más decisivo”^[3] .

Cuadro N° 1
FORMAR CIUDAD
INVERSIÓN SEGÚN PRIORIDAD
Miles de millones de pesos de 1995

Eduardo Sarmiento y otros críticos de la apertura demuestran hasta la saciedad cómo en los últimos cinco años se han deteriorado los sectores productivos que lideran el crecimiento económico, mientras crece la industria de ensamblaje, que viene a ser un eslabón en la cadena de producción de las transnacionales. En Bogotá las últimas administraciones han cedido al acoso del Banco Mundial para poner la ciudad al servicio del modelo en boga. La Zona Franca, los parques industriales, un puerto seco de contenedores y un centro internacional de negocios, entre otros proyectos que se adelantan en el occidente bogotano, están concebidos para facilitar la instalación de maquiladoras y el impulso a las importaciones, cuyo requisito y consecuencia es la ruina de la producción nacional. Explicando las supuestas “ventajas” que traerá la Zona Franca bajo la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA) Jaime Castro señaló: “El valor agregado nacional al produc­to debe ser tan sólo del 35 por ciento v puede bajar al 20 por ciento si se utili­zan materias primas de los Estados Unidos. Además, se consideran nacio­nales los insumos provenientes de los países beneficiarios del ATPA y de la cuenca del Caribe.” ^[4]

La experiencia demuestra que, al contrario de lo que dice la propaganda neoliberal, las Zonas Francas no representan palancas del progreso. Un informe de la Confederación Internacional de Sindicatos Libres (CIOLS), titulado “El infierno de los nuevos paraísos fiscales” y difundido mundialmente sostiene:

“Las maquiladoras no tienen ningún efecto real de palanca sobre el resto la economía” y son “recintos cerrados respecto a otras actividades de la economía nacional. (…) Este modelo industrial obligó a los países centroamericanos a una ruinosa competencia para atraer a las empresas multinacionales, al costo de un endeudamiento público que fue a menudo más elevado que el aumento de los ingresos logrados por las exportaciones”

(…) Las multinacionales que eligen otros sitios geográficos para obtener ventajas fiscales y mano de obra más barata desaparecen después de haber obtenido los beneficios ofrecidos. (…) L as zonas francas de exportación se extendieron como forma de desarrollo de los países pobres pero se convirtie­ron en un infierno para millones de trabajadores. Para demostrarlo el informe enumera un catalogo sorprendente de abusos cometidos en la mayoría de los 70 países que emplean a unos 20 millones de trabajadores y trabajadoras en estas zonas francas”; dentro de los que se cuentan “asesinatos de sindicalistas, trabajo de menores, uso de anfetaminas para mejorar la capacidad de producción de una mano de obra en condiciones parecidas a la esclavitud y a cambio de salarios de miseria.”^[5]

Como veremos, en Bogotá también estamos en una desenfrenada competencia para atraer a las multinacionales, construyendo costosas obras de infraestructura financiadas con deuda e impuestos.

Continuismo

El Plan de Desarrollo de Mockus, excepción hecha de Cultura Ciudadana, no aporta nada a la estrategia para la ciudad que comenzó a moldearse desde 1990 y cuyos principales proyectos se iniciaron bajo la administración de Jaime Castro, tomando el occidente de la capital como eje de su desarrollo urbanístico e industrial. Después de la discusión de la versión preliminar del Plan presentada al Consejo Territorial de Planeación y de los intercambios entre la alcaldía, la Consejería Especial para Bogotá y Planeación Nacional, a aquel le fueron incorporados seis Megaproyectos que absorben el 78% de los recursos. Cuatro de ellos se refieren a grandes obras de infraestructura, y todos están íntimamente relacionados con la construcción de la Zona Franca privada: 1) Plan Integrado de Transporte; 2) Recuperación del Río Bogotá; 3) Desarrollo del Borde Occidental de la Ciudad; 4) Infraestructura Metropolitana – Santa Fe I; 5) Plan de Acción Social en Salud, Educación y Empleo y 6) Seguridad Ciudadana.

Dentro del Plan Integrado de Transporte se encuentran dos obras de gran envergadura del Plan Vial, que atraviesan la ciudad de extremo a extremo y bordean el occidente: la Avenida Ciudad de Cali y la Longitudinal, compuesta por la Perimetral del Norte y la Cundinamarca. La primera tiene un costo cercano a los $180.000 mil millones y se construirá por el sistema de valorización por beneficio local, afectando 400.000 predios. Esta obra y sus complementarias representan el 58% de todos los recaudos por valorización local en obras viales de la administración Mockus. La segunda, una vía rápida para transporte pesado, con peajes para el cobro de su uso, 100 metros de ancho y seis calzadas, tiene un costo aproximado de $400.000 millones. Pese a que su construcción está programada por el sistema de concesión, no se descarta que también se haga por valorización, y ya Mockus y la administración Samper le han asignado $60.000 y $97.000 millones en sus respectivos Planes de Desarrollo. En la actualidad se adelantan las negociaciones para la compra de los predios, cuyo costo se acerca a los $200.000 millones. La Avenida Longitudinal resolverá el problema del acceso de transporte de carga desde cualquiera de los cuatro puntos cardinales a la Zona Franca, y la Avenida Ciudad de Cali el desplazamiento de la mano de obra.

El megaproyecto de recuperación del río Bogotá viene también de la administración anterior, quien le otorgó al consorcio francés Degremont y Lyonaise des Eaux, en un presuroso y discutido proceso licitatorio, el contrato de concesión para construir una planta de tratamiento en la desembocadura del río Juan Amarillo. El contrato no recibió el aval de Planeación Nacional, lo que trajo como consecuencia que el consorcio planteara cambios en sus términos, obligando al distrito a pignorar en un 100% los in­gresos del impuesto predial y a cubrir sobrecostos de 7% originados en modificaciones en la estrategia de financiación de los franceses.

La construcción de la primera fase, que se concluirá tres años después de otorgada la licencia ambiental, consiste en remover por sedimentación el 40% de la materia orgánica y el 60% de los sólidos en suspensión en el río. La segunda fase, que permite el tratamiento biológico, durará dos años más, después de los cuales el concesionario se compromete a entregar agua descontaminada en un 95%. Inmediatamente termine la primera fase, el Distrito está obligado a pagar al consorcio una tarifa calculada en US$ 0,90 centavos por metro cúbico de agua descontaminada, que se cobrará a toda la población mediante facturación especial.

Las críticas al proyecto han sido muchas y de diversa índole. Por las anomalías en el proceso de licitación y en el contrato, Jaime Castro se encuentra demandado penalmente. El costo total de construcción de las tres plantas puede llegar, según los expertos, a US$ 2.000 millones, cantidad equivalente a lo que se necesitaría para construir el Metro. Por eso se optó por la instalación de las plantas una por una, en un proceso de largo plazo, lo que significa que, mientras no se instalen todas, la plata que se pague por la descontaminación del Juan Amarillo se pierde unos metros más adelante, cuando el río Bogotá recibe la mayor carga de contaminación proveniente del río Fucha. Lo único que explica semejante absurdo es el interés porque a su paso por la Zona Franca, los parques industriales y, en general, por la nueva zona de negocios en los alrededores del aeropuerto Eldorado, el río esté descontaminado. Toda la ciudad subsidiará por varios años un proyecto cuyos beneficiarios inmediatos serán un puñado de inversionistas extranjeros y nacionales, pues la recuperación del río producirá el más fabuloso efecto de valorización de que se tenga noticia. Mientras tanto, al amparo del Acuerdo 06 de 1.990, creado para “regular el ordenamiento físico de la urbe”, a las familias que habitan los barrios de la ribera se las está sometiendo a una permanente hostilidad que terminará en el desalojo. Así, la defensa del medio ambiente y un loable objetivo como es la recuperación del río Bogotá se transforman en instrumentos de despojo, por un lado, y de concentración de riqueza, por el otro.

El megaproyecto de Desarrollo del Borde Occidental tiene que ver, principalmente, con el compromiso del gobierno distrital de adelantar las obras de infraestructura que faciliten grandes planes urbanísticos como Tintal, en Kennedy, con 40.000 viviendas y agrológicas III, en Bosa, con 20.000. Uno de los obstáculos es la existencia de extensas áreas de tugurios. Una parte, como lo señalamos en el punto anterior, será desalojada y otra, obligada a vender, pues, curiosamente, el trazado para la construcción de las Avenidas Cundinamarca, Ciudad de Cali y otras previstas en el suroccidente como la Tintal y la Santafé los afecta precisamente a ellos. A quienes se resistan se les aplicará la expropiación por vía administrativa, contemplada en el artículo 58 de la Constitución de 1991.

Las inversiones del megaproyecto Infraestructura Metropolitana Especial: Santafé I se orientan a dotar de servicios de agua y alcantarillado a la Zona Franca y los proyectos urbanísticos de las grandes constructoras sobre el borde occidental. Está compuesto por los siguientes subprogramas: reducción de la vulnerabilidad del sistema para atender la nueva demanda mediante la construcción de un túnel alterno en Usaquén, así como la rehabilitación de la planta de tratamiento de Tibitoc y de la tubería que transporta el agua hasta el tanque de almacenamiento en el sudoeste; construcción de redes matrices de acueducto, redes troncales de alcantarillado, estaciones de bombeo y tanques de almacenamiento; instalación de redes secundarias y acometidas de acueducto y alcantarillado y, finalmente, un “componente ambiental” consistente en la protección de humedales y chucuas y los “reasentamientos humanos”, o más claramente, los desalojos producidos por las obras y por la recuperación de las rondas de los recursos hídricos. Su costo total se acerca a los US $ 700 millones. Durante la pasada administración el Concejo aprobó, mediante el Acuerdo 05 de 1993, solicitar para el proyecto un crédito de US$ 200 millones con el Banco Mundial. Cumpliendo una exigencia del Banco, el artículo 8° plantea que una tercera parte de la deuda se pagará con el recaudo de valorización por beneficio local.

Hasta aquí los llamados Megaproyectos del Plan Formar Ciudad, relacionados directamente con el despegue de la zona industrial y de negocios del occidente bogotano. Hay otros proyectos menores a cargo de las empresas de Energía y Teléfonos, como el montaje de dos subestaciones, una de 10 megavatios para la Zona Franca y otra de 115 para los parques industriales, una red telefónica de fibra óptica y otra de gas. Sólo nos basta mencionar otra obra de grandes dimensiones cuya realización depende de la Aerocivil, que es una entidad del orden nacional: la segunda pista del ae­ropuerto Eldorado. El proyecto consis­te en la construcción de una nueva pista de 3.800 Mts., igual a la existente, lo que implicará modificar el curso del río Bogotá y una inversión aproximada de $100 mil millones. Esta ampliación de la capacidad de Eldorado, ubicado a dos kilómetros de la Zona Franca, y las nuevas vías acercan el propósito de convertir a Bogotá en un puerto seco competitivo frente a las ciudades costeras del resto del continente y atractivo para las inversiones de capital extranjero.

Cuadro N° 2
MEGAPROYECTOS SEGÚN FUENTE
DE INVERSIÓN
Miles de millones de pesos de 1995

Todas estas obras son presentadas como vitales para el progreso de la capital del país, lo que constituye un tremendo engaño. Ni las maquiladoras ni la industria de la construcción han demostrado ser sectores que contribuyan a sacar del atraso a las naciones en desarrollo; por el contrario, lo perpetúan. Los únicos beneficiarios de modelos basados en tales sectores son las multinacionales y los capitales especulativos y parasitarios.

Más neoliberalismo

No es nuestra intención analizar todos y cada uno de los aspectos del Plan de Mockus. Nos interesa sí, destacar aquellos que permiten desmitificar una obra de gobierno de la cual los medios de comunicación muestran únicamente la superficie, impidiendo que el gran público cale a quién le sirve la gestión del ex rector de la Universidad Nacional. Todos los proyectos mencionados hacen parte de alguna de las prioridades que aparecen en el cuadro N° 1. Las vías y la infraestructura de servicios, por ejemplo, hacen pate de las prioridades Productividad Urbana y Espacio Público; la recuperación del río Bogotá es el centro de la prioridad del Medio Ambiente. Veamos ahora en qué consisten las prioridades Legitimidad Institucional^[6] y Progreso Social^[7].

La primera se ajusta al criterio neoliberal de reducir el tamaño del Estado e introducir en su administración las nociones de productividad propias del sector privado, al tiempo que se privatizan no sólo la seguridad social y la prestación de los servicios públicos, sino otra gran cantidad de funciones estatales con el fin de “reducir su capacidad ejecutora”. Mockus ha iniciado la poda y anunciado el despido de cerca de 20.000 trabajadores de la administración distrital. Recientemente liquidó la Caja de Previsión Social.

La segunda, sobre Progreso Social, lo mismo que el Megaproyecto Plan de Acción en Educación, Salud y Empleo, se encaminan a garantizar la reproducción de la mano de obra para una economía que se quiere poner al servicio de la nueva división internacional del trabajo impuesta a los países pobres. En nuestro caso, la preocupación que los círculos dominantes muestran por la “calidad de la educación” no es más que el cumplimiento de las metas trazadas por el Banco Mundial en el sentido de lograr la mayor cobertura al menor costo. En coordinación con el Plan de Desarrollo de Samper, el Plan de Mockus concentra casi todos los recursos para educación en la universalización de la educación preescolar y básica y en preparación en las llamadas tecnologías transversales que califican por lo bajo una mano de obra capaz de desempeñarse en diferentes tareas. En cuanto a la cobertura de 100% en el preescolar, se piensa alcanzar con el más infame y bárbaro de los programas oficiales: las madres comunitarias. El interés por la universidad no aparece por ninguna parte.

La salud, la vivienda y el empleo son, como en toda política neoliberal que se respete, el medio para ponerle el ropaje “social” a la expoliación y tratar de evitar los estallidos de inconformidad utilizando “subsidios a la demanda, temporales y focalizados”^[8] y promoviendo la microempresa. En resumen, todo queda determinado y corrompido por la ley suprema de la rentabilidad, según la relación de costo-beneficio.

La cultura de la fuerza

El toque personal del Plan de Desarrollo lo pone la Cultura Ciudadana. Mockus la define como su columna vertebral^[9] y le asignó la no despreciable suma de $172.574 millones. El debate que se ha dado, y la experiencia de un año largo de gobierno, permiten resumir sus aspectos esenciales.

Antes de su muerte, siendo presidente de la Comisión del Plan del Concejo de Bogotá, Jorge Child definió la “estrategia líder” de la Cultura Ciudadana como “voluntarista” y advirtió que “puede ser la antesala de un neofascismo en el momento crítico de su fracaso”^[10] . La comisión accidental del Cabildo que rindió la ponencia sobre la mencionada prioridad, plantea que la pretensión de Mockus de “domesticar” la ciudad “por la fuerza de la cultura “se traducirá en la “cultura de la fuerza ” y concluyen:

“Consideramos que para que se pueda pensar en lograr cambios positivos y sólidos en el comportamiento de la ciudadanía, se requieren, en primer lugar, cambios substanciales en sus condiciones de vida, cambios que tienen que ver con un verdadero desarrollo de nuestro sector productivo y una auténtica preocupación por la superación de la pobreza que no puede ser mediante limosnas “focalizadas “para mitigar efectos sin atacar las causas.(..) Creemos que los verdaderos cambios culturales de cualquier orden, no van a ser producto de costosas campañas pedagógicas o publicitarias de urbanidad, por ingeniosas que sean. Creemos con elmaestro Rafael Puyana que una verdadera cultura parte del ‘acceso a aquello que cultiva y mejora al ser humano: una educación de base,(..) haciendo participe de la civilización a nuestro abandonado pueblo; combinando, eso sí, el saber práctico con los valores de la espiritualidad y la estética. Ningún gobernante lo ha hecho, por ser trabajo largo, costoso y a corto plazo ingrato e infructuoso electoralmente.’ Para realizar la propuesta del maestro Puyana se necesitan de inversiones significativas que introduzcan mejoras de fondo a nuestro sistema educativo procurando la elevación de su nivel, no sólo vinculándola con la producción, la ciencia y la técnica, sino alcanzando la más ambiciosa formación universal^[11].”

Ahora pasemos a los hechos, que son más elocuentes que las palabras. La Cultura Ciudadana en lo que tiene que ver con el espacio público se ha manifestado en brutales campañas de desalojo de los vendedores ambulantes. Los neoliberales que ayer nos pin­taron las reaccionarias teorías del peruano De Soto sobre los informales y la microempresa como el ejemplo que debían seguir los países de América Latina, ahora alaban y siguen los pasos de Fujimori, que a palo desaloja de las calles de Lima a los mismos informales que la víspera promovieron como paradigma de originalidad criolla en la búsqueda del desarrollo.

Medidas como la prohibición de la tradición cultural de la pólvora, planteada dentro del llamado “diciembre zanahorio”, con el argumento de proteger a los niños, son el asomo de la peligrosa tendencia neofascista sobre la que advertía Jorge Child. Mockus llevó su arbitrariedad hasta el extremo de impedir que en el reciente festival de teatro se presentara un espectáculo pirotécnico preparado por un grupo artístico español especializado y de reconocido prestigio internacional.

Mientras el alcalde habla de “sentido de pertenencia” y de “identidad cultural”, el Instituto Distrital de Cultura y Turismo tiene languideciendo los museos y a punto de extinguirse instituciones que de alguna forma han contribuido a cimentar una cultura nacional, como la Banda Sinfónica de Bogotá y la Academia Luis A. Calvo.

El derroche de los recursos en esa entidad fue denunciado en un debate promovido por la concejal María Consuelo Castro Caicedo el pasado 9 de abril. Allí salieron a relucir toda suerte de irregularidades en cerca de mil contratos que suman $16.000 millones, realizados en su mayoría en los dos meses finales de 1995, y muchos de ellos entregados a amigos del equipo del alcalde. En los contratos hay de todo, desde cuentachistes de bus, hasta enrevesados estudios realizados por profesionales de la medicina sobre regulación del tráfico capitalino. El mismo Mockus reconoció el fracaso de un plan para convertir la Calle 80 en vía modelo, en el que se dilapidaron $400 millones. Para no hablar de los inocuos efectos culturales de los mimos, las tarjetas y el circo, cuyos únicos efectos han sido la promoción de la imagen del alcalde y de sus manifiestas aspiraciones presidenciales. Por obra de los medios los últimos sondeos de opinión colocan a este pintoresco personaje en el primer lugar de las preferencias de los electores para los próximos comicios. Y no es extraño el maridaje entre los medios de comunicación y un alcalde que tiene destinada una suma equivalente a los recaudos de la sobretasa a la gasolina por tres años, al derroche en un espectáculo para complacer la frivolidad de las capas medias. Mockus en persona ha aparecido en comerciales de televisión y ya son frecuentes las páginas enteras en los grandes diarios mostrando las realizaciones de la administración y sus contrastes con la vieja política.

En el caso de la privatización de la Empresa de Teléfonos de Bogotá, para desconocer la valerosa decisión del Concejo, Mockus está procediendo de manera idéntica a como lo hizo cuando adoptó su Plan de desarrollo por decreto. Ya objetó el acuerdo por ilegalidad e inconveniencia, lo que implica que ante la eventualidad de la intervención de la empresa por la Superintendencia de Servicios Públicos, por no haberse transformado esta en el plazo fijado por la Ley, él pueda privatizarla por decreto. Para cada una de sus alcaldadas Mockus se respalda en el Estatuto Orgánico que, en efecto, permite legitimar la dictadura del ejecutivo.

Gráfico N° 2
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO
DISTRITAL 1996

Todos ponen ¿Quiénes toman?

Queda claro que preparar la ciudad para la internacionalización cuesta mucha plata. Uno de los aspectos más discutidos del Plan de Mockus fue el de su financiación. Por un lado, Castro había logrado, entre 1993 y 1994, duplicar los recaudos (se incrementaron en 117%) sometiendo a los contribuyentes a una sobrecarga tributaria^[12] , mediante el empleo a fondo de nuevas herramientas que él mismo introdujo en el Estatuto Orgánico: el doble cobro del impuesto de industria y comercio, la valorización por beneficio general y el autoavalúo. Por el otro, el endeudamiento de la ciudad había desbordado todos los límites permitidos en esta materia a los entes territoriales^[13] . Quedaba la posibilidad de una mayor participación del gobierno nacional en la solución de los problemas financieros del Distrito, pero esto va en contravía de la tendencia al federalismo fiscal impuesta por el Fondo Monetario Internacional y su banco y consagrada por la Constitución de 1991, tendencia de la que Mockus y su equipo económico son fervorosos devotos.

El cuadro Nº 3 muestra las diferentes fuentes de financiación de Formar Ciudad y el porcentaje que aportan. En la práctica la esperada participación del sector privado no se ha visto por ninguna parte. Según los últimos sucesos, Mockus tenía previsto cubrir esta parte de la financiación de su Plan con la venta de la Empresa de Teléfonos, objetivo que se frustró gracias a la batalla librada por los trabajadores y a la valerosa determinación del Concejo capitalino que votó, por abrumadora mayoría, un rotundo no a la privatización. Esto significa una disminución de cerca de un billón de pesos en la financiación de un Plan de Desarrollo hecho con el deseo y no, como se ha querido hacer creer, con “profundo rigor científico y técnico”. El profesor de lituanos ancestros se lanzó desesperadamente a desconocer la determinación del Cabildo, repitiendo los mismos argumentos autocráticos que se le conocieron cuando decretó su Plan de Desarrollo.” ^[14]

Transcurrida más de la tercera parte del período de la actual administración, su obsesión fiscalista queda demostrada con la aprobación de la sobretasa a la gasolina del 13%, una nueva reforma tributaria y el cobro de $320.000 millones en valorización por beneficio local para 40 obras. De otra parte, Carmenza Saldías, Secretaria de Hacienda, ha defendido en múltiples ocasiones los nuevos tributos y el aumento de los existentes como “factor de apalancamiento” del crédito^[15] “. Mockus ya desbordó el endeudamiento contemplado en su Plan, pues las acreencias contratadas solamente por la administración central el año pasado, más el cupo solicitado para el presente, sobrepasan los $400.000 millones^[16] . Como se aprecia en el gráfico N° 2 en la distribución del presupuesto para 1996 el 27% de todos sus recursos se destinarán a pago del servicio de la deuda.

Todo está previsto para que la ciu­dad continúe entrampada por la banca internacional y su destino en manos del Banco Mundial^[17] . En el pasado el mayor crecimiento de la deuda corrió por cuenta de las empresas de servicios y ahora lo será por la administra­ción central. Desde 1986 Bogotá se convirtió en exportadora de capital, pues es mayor lo que paga anualmente como servicio de la deuda que los cré­ditos que percibe, generándose el pro­blema estructural que desangra sus finanzas.
En los dos últimos años el Distrito exportó $290.000 millones^[18] .

Como siempre que se habla de Mockus se menciona su “transparencia”, no podemos dejar de mencionar ciertos hechos, también muy elocuentes. Con el entronizamiento del neoliberalismo es común el funcionamiento de mesas de dinero en diferentes entidades del Distrito, comenzando por la Secretaría de Hacienda. En los balances vienen ocupando lugar importante los “Rendimientos Financieros”. Simultáneamente se aprecia una significativa caída en los niveles de inversión. Transcurridos los primeros ocho meses de la Administración Mockus, comenzaron a hacerse críticas a la baja ejecución, que para entonces era de tan sólo el 35%; el alcalde respondió siempre que su equipo estaba concentrado en la planificación. Mientras tanto, cerca de $250.000 millones se encontraban en depósitos a término y títulos valores. En los dos meses finales de 1995 la contratación se precipitó en forma desenfrenada.

En su informe preliminar sobre la ejecución presupuestal del año anterior rendido ante la comisión de presupuesto el 19 de enero, Carmenza Saldías presentó, como gran logro, rendimientos financieros por la suma de $52.000 mil millones obtenidos por la Administración Central en sus maniobras especulativas. Durante el mismo período, la ciudad contrató nuevos créditos por $422.720 millones, su deuda total se incrementó en $404.870 millones por concepto de ajustes por devaluación y por las UPAC, y se pagaron $431.503 millones por amortizaciones y $464.725 millones por intereses ^[19].

1996 pinta aún peor, a pesar de que Mockus anunció que ahora sí comen­zarían las obras. En el informe de eje­cución presupuestal a abril 30 presen­tado por Francisco Pareja, presidente de la Comisión del Plan, se muestra que a la misma fecha, en 1995, la ejecu­ción era del 23%, en tanto que este año es de apenas 15%. En el informe se denuncia que el 63% de los ingresos del Distrito, cerca de $300.000 millo­nes, se encuentran en títulos valores. En los últimos días la Contraloría de Bogotá denunció ante la Fiscalía, la Procuraduría, la Bolsa de la ciudad y la Superintendencia de Valores a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado y a su gerente por irregularidades en las inversiones financieras de la entidad. Se encontró, por ejemplo, que en 1995 la empresa invirtió en el mercado financiero $245.000 millones y que poniendo en grave riesgo su patrimonio, $16.000 millones fueron ilegalmente transados con comisionistas por fuera de la Bolsa. La Contraloría ya advirtió sobre la dificultad para poner bajo control las mesas de dinero y su feria de comisiones.

En conclusión, entre los juegos a Wall Street de su equipo de masteres, el profesor Mockus destina el grueso de la inversión de su Plan de Desarrollo a subsidiar a los grandes consorcios extranjeros construyendo la infraestructura para facilitar sus negocios. Mientras tanto, desmintiendo la propaganda que repica sobre las bondades de la apertura como el único modelo posible para alcanzar el desarrollo, la producción nacional se arruina, la población se empobrece y la ciudad continúa su desmesurado y caótico crecimiento.

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