Salud y seguridad social

La verdad es que desde su creación, al convertir la salud en un negocio, el sistema de la Ley 100 le puso a la codicia privada el más grande y perverso de los incentivos: una torta que hoy suma 30 billones de pesos y de la cual las EPS han querido sacar la mayor tajada posible.

La inconformidad nacional contra el modelo de la Ley 100 debe juntarse en un gran frente de lucha capaz de convertir la rebeldía existente en un poderoso movimiento de resistencia civil, el cual debe emprender todas las acciones necesarias para propiciar una reforma que recoja las demandas populares.

La particular concepción de la “equidad” y de la “prevalencia del interés general sobre el particular” se ha vuelto habitual entre los tecnócratas del régimen, sobre todo cuando de despojar a los trabajadores se trata. Ellas sirven de argumento para mantener bajos los salarios, ya que, si éstos suben, los empresarios no crearán nuevos puestos de trabajo, se dice con cinismo.

Cuando los asalariados están enfermos son despedidos sin consideración alguna, en muchos casos a pesar de las restricciones médicas, o estando en el proceso para que su enfermedad sea calificada.

La deuda de la sola nómina asciende a 1.300 millones de pesos, ya que al personal de planta no le han cancelado los salarios correspondientes a los meses de mayo y junio y a los trabajadores enganchados por cooperativa, los meses de abril, mayo y junio.

Artículos y documentos publicados a raíz de la Emergencia Social en el sistema de salud.

Se presentaron informes sobre la grave situación que enfrenta la salud en los municipios que se hicieron presentes. La ponencia principal del encuentro, que aquí se presenta, estuvo a cargo de Patricia García, dirigente de Untraflores y miembro del Comité por la Defensa de la Salud de Zipaquirá.

La estrategia consistente en fortalecer la oferta de genéricos es, sin lugar a dudas, la apropiada para mejorar en el país los niveles de acceso, dado el efecto de reducción de precios que conlleva.

Considerando antecedentes, la postura presidencial no sorprende. Proviene de quien como senador en 1993 rindió ponencia favorable del proyecto de ley 100, bajo el paradigma de que la incursión del capital financiero en la salud minimizaría costos y optimizaría la inversión en salud.

Con los decretos de Emergencia Social, el gobierno busca darles el golpe de gracia a las instituciones públicas prestadoras del servicio de salud, para facilitar un control completo por parte de las EPS.