En defensa de la salud, los decretos de la Emergencia Social deben ser derogados
Considerando antecedentes, la postura presidencial no sorprende. Proviene de quien como senador en 1993 rindió ponencia favorable del proyecto de ley 100, bajo el paradigma de que la incursión del capital financiero en la salud minimizaría costos y optimizaría la inversión en salud.
Múltiples sectores de la opinión no gubernamental han considerado regresivos los recientes decretos que modifican el Sistema de Salud del país, reducen derechos de los usuarios y traslada a sus bolsillos los gastos de atención. El gobierno, en contraste con lo expresado por diversas agremiaciones del sector como las juiciosas reflexiones del presidente de Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales (“Los decretos condenan a muerte a víctimas de enfermedades graves que no tienen recursos para atender su emergencia.”), ha manifestado a los medios en cabeza del presidente Uribe su “férrea defensa de los decretos que reforman el sistema de salud” Considerando antecedentes, la postura presidencial no sorprende. Proviene de quien como senador en 1993 rindió ponencia favorable del proyecto de ley 100, bajo el paradigma de que la incursión del capital financiero en la salud minimizaría costos y optimizaría la inversión en salud.
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