Asesinar a civiles y alterar la escena del crimen para presentarlos como alzados muertos en combate es una vieja práctica de las fuerzas armadas, pero fue bajo el gobierno de la seguridad democrática que se convirtió en algo sistemático y de proporciones monstruosas
Dos asuntos a tratar: Uribe y Santos deben pagar por los falsos positivos. Y por otro lado, los monopolios amenazan con apagón eléctrico.
Con sus escenas de tragedia y de comedia, los hechos se han venido sucediendo de manera vertiginosa en Colombia.
El pasado lunes 26 de septiembre se firmó en Cartagena el acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC, y el próximo domingo dos de octubre los colombianos están convocados a votar si aprueban o no lo pactado.
Notas Obreras, no sobra insistir, celebra que se llegue a los acuerdos de paz y que se desmovilicen las fuerzas guerrilleras, que a sus miembros se les respete la vida y se les garanticen los derechos. A la vez, llama a enfrentar con decisión la acometida ideológica con la que los esclavistas y sus marionetas han recubierto el proceso de paz y que reforzarán en el postacuerdo.
Urge ejercer la soberanía, no la “regulación” de las diferentes áreas que componen el sector eléctrico, nacionalizarlas y planificar centralizadamente su desarrollo.
Repugna el espectáculo de la reyerta entre estos personajes de la picaresca política local, ambos tan ajenos a las angustias de los colombianos. Pero en la virulencia de su trifulca revelan verdades que nunca debemos olvidar acerca de la naturaleza de nuestras instituciones. Además, si la gresca sirviera para que se juzgue a otros cuantos delitos de los mandamases o se inhabilite a algunos de los ministros de Santos responsables del desfalco de Reficar o de la hambruna de los niños en la Guajira, bienvenida sea.
Se necesita ser demasiado intonso, o asaz artero, para endosar que el mismo ente que exige perentoriamente arrasar con los salarios, las pensiones y toda clase de garantía legal y extralegal obtenida por los descamisados de Colombia en más de una centuria de abnegadas batallas, a su vez se vaya a hacer cargo de acabar con la subcontratación y los pactos colectivos y a entibar los sindicatos, la negociación colectiva y hasta la huelga, quitándole las limitaciones hoy existentes, éstas últimas, herramientas por excelencia del proletariado para su lucha económica contra el capital, es decir, su palanca para vender en mejores condiciones la fuerza de trabajo.
El país ve con asombro cómo la peor ratería y criminalidad ha invadido a las capas dominantes, que medran orondas en la más absoluta impunidad, regla que excepcionalmente se rompe en medio de las batallas políticas por el control del aparato estatal o cuando estallan los conflictos por el reparto del botín.
La verdad es que desde su creación, al convertir la salud en un negocio, el sistema de la Ley 100 le puso a la codicia privada el más grande y perverso de los incentivos: una torta que hoy suma 30 billones de pesos y de la cual las EPS han querido sacar la mayor tajada posible.