Proceso de paz, ventajas y engaños

Según todo parece indicar, está a punto de firmarse el acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, cuyo proceso de discusiones se ha extendido desde el segundo semestre de 2012.

Notas Obreras no duda en afirmar que, de concretarse, esto constituirá un desenvolvimiento positivo de la situación nacional, máxime si al arreglo con las FARC se le suman o le siguen otros con los diferentes grupos guerrilleros. En primer lugar, el acuerdo, y la consecuente dejación de las armas, puede significar una reducción importante de la violencia que azota a Colombia y, de manera particularmente devastadora, a numerosas regiones. Además, les quitará pretextos a las clases dominantes y al imperialismo, —y a las bandas de asesinos a las que con tanta frecuencia han acudido los magnates a lo largo de nuestra historia— para ahogar en sangre hasta los más modestos reclamos populares. El alegato de la “infiltración subversiva” perderá credibilidad y quedará claro que cada acto represivo no tiene sino una razón: la de defender los privilegios tan abusivamente detentados.

Es necesario que la sociedad colombiana exija categóricamente al Estado que a quienes se desmovilicen se les garantice la vida y se les respeten los derechos políticos de manera estricta. Desde la justísima Insurrección de los Comuneros, cuando el arzobispo Antonio Caballero y Góngora bendijo y firmó mañosamente las capitulaciones para luego hacer descuartizar a los amotinados, en Colombia, la norma ha sido que a cada armisticio y entrega de armas le ha seguido la cacería y asesinato sistemático de los que se acogen a la amnistía. En el momento actual no se puede perder de vista que un sector político que cuenta entre sus simpatizantes con gatilleros y gacetilleros, procuradores y despojadores y también con legisladores y chuzadores, ha venido caldeando la opinión para que procederes de este tipo se vean como la salida indispensable ante la supuesta entrega del Estado de derecho al narcoterrorismo. Además, incluso los sectores de la elite partidarios de la paz muy probablemente mostrarán mayor diligencia en alcanzar el pacto que en su cabal cumplimiento una vez logrado el desarme.

Afirmamos que es conveniente la pronta y completa desmovilización de las huestes guerrilleras no porque nos creamos la historieta, divulgada con tanta pasión cuanta ligereza por los opresores y por sus secuaces de la izquierda moderada y de la derecha inmoderada, de que las fuerzas estatales deban mantener para siempre el monopolio de las armas, significando que la hora de las revoluciones populares ha tocado definitivamente a su fin o que hemos entrado en la era global de la concordia y de que por medio de la coerción no se consigue nada. Todo lo contrario, en el mundo de hoy prolifera la violencia y escasea la paz, y los pueblos sometidos a la agresión de las potencias se levantan con las armas y las ideas que tienen a su alcance, para resistir el avasallamiento. Los zarpazos de los Estados Unidos por afianzar su hegemonía desmienten las elucubraciones de los distribuidores de estupefacientes ideológicos: la piratería gringa enciende conflagraciones, siembra cizaña y hostiga en los cinco continentes. Así, amenaza a China, cerca a Rusia, interviene en Ucrania, desata la guerra en Siria, Libia, Yemen, Iraq, Afganistán… obligando a millones de seres a huir de las llamas en que han estallado sus países, solo para morir en las aguas del Mediterráneo o ser víctimas de la humillación, los bastonazos y los gases lacrimógenos en la misericordiosa Europa, cuyos gobiernos son cómplices de la geoestrategia piromaníaca de los Estados Unidos, ese campeón de los derechos humanos, que no ofrece ningún refugio a las víctimas de sus propias aventuras. En cambio, asesina a diario y sin fórmula de juicio en diferentes países a las personas acusadas por los organismos de seguridad de ser “terroristas”.

Los desarrollos de las contiendas sociales también les niegan cualquier validez a las prédicas aletargadoras. Un puñado de entidades financieras y empresas transnacionales que han alcanzado tamaños gigantescos, estadounidenses, principalmente, y europeas y japonesas, en menor medida, se han adueñado del destino de millones y millones de seres; en provecho de tales tiburones trabajan los gobiernos de las metrópolis, los bancos centrales de las mismas y organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE y los Estados vasallos. Por ello, una porción creciente de los recaudos fiscales se destinan a abonar a las casas agiotistas globales, mientras que a los pueblos se les imponen reformas tributarias, laborales, de pensiones, del erario y otras que les implican privaciones sin cuento. Los tratados comerciales ventajistas asfixian la producción agraria e industrial en numerosos países, y la propiedad de la tierra se concentra rápidamente. Ni los Estados Unidos ni las naciones más industrializadas de Europa escapan a esas tribulaciones económicas y sociales, pues en ellas proliferan el hambre y las altas tasas de desempleo; el crecimiento es lánguido o negativo y la inconformidad comienza a salirse de madre. Los partidos que han gobernado por décadas se agrietan, los círculos dominantes riñen con pasión y quienes incitan la xenofobia y el racismo se convierten en protagonistas de primer plano. Los prodigiosos avances de la ciencia y la tecnología, cuyos rendimientos monetarios acapara un puñado, chocan con mayor fuerza que nunca antes con la necesidad de laborar de millones. La crisis económica, política y social es evidente.

Colombia no es ajena, sino por el contrario, víctima entre las primeras de las penurias globales y de los flagelos propios. Mal puede afirmarse, por tanto, que los levantamientos populares, la lucha de clases y las gestas por la independencia hayan caducado históricamente; sólo que los destacamentos del progreso social han sufrido rudos pero temporarios reveses y que muchos de los rebeldes de la víspera se han trepado al carro de los vencedores y participan de la fanfarria. No obstante, las tareas históricas revolucionarias de los pueblos, en vez de ser obsoletas, cobran urgencia; sus faenas serán de mayor extensión global y las transformaciones que acarrearán serán más profundas.

Precisamente por estas razones es que consideramos conveniente que los grupos armados se desmovilicen, ya que su actuar ha sido negativo en conjunto para el desarrollo de la causa popular. A lo largo de varias décadas, los más diversos parajes de la geografía nacional han sido escenario de la acción intrépida de distintos “ejércitos del pueblo”, —en parte, originados en la resistencia campesina contra la violencia terrateniente y estatal, en parte, inspirados en la teoría del “foco”, que proliferó a raíz de la Revolución Cubana— cuyos integrantes calcularon que su sola osadía sería suficiente para que el pueblo colombiano se pusiera en marcha tras los objetivos rebeldes. Como el respaldo popular fue minúsculo para las proporciones de la empresa y las finanzas anémicas para sostener las operaciones, se optó por el secuestro, o retención, y también por el cobro de tributos a toda clase de personas y oficios y a cultivos y laboratorios de estupefacientes —plantaciones y procesos que tuvieron lugar no por decisión de las guerrillas, sino en gran parte contra sus deseos, pero que prosperaron a causa de la miseria de los agricultores y a la mayor rentabilidad de los plantíos de ilícitos—. Lo cierto es que las nuevas fuentes de recursos les permitieron a las diferentes agrupaciones armarse de mejor forma, aumentar sus efectivos y cubrir nuevas áreas. Los avances militares se les subieron a la cabeza a los comandantes que pensaron que, por fin, habían encontrado la fórmula para tomar el poder de manera expedita: obtener crecientes ingresos financieros, no solo mediante los cobros y exacciones mencionados sino a través de la exigencia de contribuciones a más y más capas de la población, incluso a algunas de ingresos bastante modestos. Finanzas y capacidad militar acrecidas se reforzaban en espiral ascendente. A quienes se les opusieran, había que pasarlos por las armas, incluso a militantes de otros partidos de izquierda o de las propias filas. En lo que no repararon los estados mayores insurrectos fue en que los avances militares se lograban con grave desmedro del apoyo político, cual es el elemento más importante de un movimiento insurreccional.

Las hordas paramilitares, alcahueteadas por las Fuerzas Armadas, el Comando Sur del Ejército gringo, —entrenador y director de todas las operaciones contraguerrilleras—, y con el apoyo de los grandes terratenientes, de muchos industriales y de gran parte de la dirigencia política nacional,  procedieron a masacrar a miles y miles de campesinos inermes, de activistas y de militantes de izquierda, acusándolos de auxiliadores de las guerrillas. El movimiento campesino se vio asolado. La motosierra se convirtió en el símbolo siniestro de esa acometida. Por su parte, la gran oligarquía colombiana, la más “civilista” del continente, la que no ha acudido sino a un golpe militar, demostró que no por ello es menos sanguinaria que los Pinochets. Ha sido capaz de mantener con regularidad elecciones y blasonar con todos los demás ornamentos de la democracia representativa —su constitución y sus leyes, sus cortes y su equilibrio de poderes—, mientras azuza o contemporiza con los escuadrones de la muerte, gobierna por largos periodos en estado de excepción o da carta blanca a los chafarotes para proceder sin contemplaciones contra los movimientos populares. Se trata de la clase dominante más cruel y, a la vez, la más artera de América, solo superada por la de los Estados Unidos, maestra y artífice de los peores expolios y degollinas.

No hay duda, sin embargo, de que la “combinación de las formas de lucha” y las actitudes demasiado habilidosas de los comandantes guerrilleros en las negociaciones de paz anteriores también dieron pábulo a la bien orquestada campaña contra las guerrillas de “secuestradores” y “narcoterroristas”, campaña que rindió excelentes frutos políticos al régimen. Mediante el Plan Colombia, el gobierno de los Estados Unidos dotó a las Fuerzas Armadas de la más moderna tecnología e intervino en las operaciones para destruir campamentos y dar de baja a varios de los jefes guerrilleros. El gobierno logró reversar los adelantos militares de los grupos armados mediante un gran despliegue político-militar. Las enseñanzas son claras. Lo principal para el desarrollo de las gestas libertarias del pueblo colombiano consiste en trabajar arduamente, educar, organizar, y no perder la paciencia ni acudir a métodos que no corresponden al momento y al nivel de conciencia de las masas. Las concepciones militaristas y foquistas no han dado frutos, pero —repetimos— eso no condena la lucha por la liberación nacional y el progreso social, sino que nos alecciona sobre la táctica y la estrategia adecuadas. Hace recordar que a camino largo, paso corto.

Se trata, entonces, de esforzarse por desarrollar las lidias políticas y reivindicativas de los trabajadores, campesinos, sectores medios y estudiantes aprovechando la disminución de la violencia que pueda traer el acuerdo de paz. No obstante, los peligros son enormes, porque existe incluso la posibilidad de que algunas de las zonas en las que han operado las FARC sean rápidamente copadas por los paramilitares y que la gente no pueda siquiera disfrutar de una vida un poco más sosegada.

Remarquemos que aparte de amainar en algún grado el desangre, lo cual es de suma importancia, los acuerdos de paz no producirán, no pueden producir, ninguna mejora en las condiciones de vida de la gran mayoría de la población, en la distribución de la propiedad de la tierra o, ni siquiera, en el desarrollo de la economía. Tanto que la propia erradicación de los cultivos ilícitos estará lejos de experimentar un gran impulso, pues los campesinos no van a disponer de otro producto que les permita subsistir; el gobierno no tiene cómo ofrecerles sustitutos rentables, ya que las políticas de apertura económica mantienen abatidos los diferentes renglones agropecuarios no solo a causa de las importaciones, sino también por la carencia de crédito, asistencia técnica, vías.

Juan Manuel Santos dice la verdad cuando afirma que no se va a cambiar el sistema político colombiano o el modelo económico. Al contrario, se van a recrudecer sus rasgos más nefastos. Ya desde hace algunos años se ha venido dando un gran impulso al acaparamiento de la propiedad y usufructo del suelo. Los acuerdos de paz cerrarían parcialmente un periodo de violencia en el que se despojó a los campesinos de unos seis millones y medio de hectáreas; periodo que siguió casi sin solución de continuidad, al conocido como La Violencia de los años cincuenta, en la cual, según algunos cálculos muy conservadores, se les robaron casi cuatrocientos mil hectáreas. No habrá resarcimiento por tales rapiñas. La ley de Víctimas y Restitución de Tierras, con una vigencia de diez años, después de cinco de expedida, exhibe resultados muy magros. De las 87 mil solicitudes elevadas a los jueces especializados, solo se han resuelto 2.943, con un total de 197.927 hectáreas, de los 6,5 millones de ha. robadas. Además, en muchos de los casos que figuran como resueltos, los propietarios legítimos ya habían regresado y solo requerían la formalización. Quienes reclaman que se les restituyan sus predios se enfrentan a una justicia paquidérmica y a las emboscadas tendidas por los despojadores y sus sicarios. De tal manera, que el peso del dominio  económico, político y social se impone de manera inclemente sobre cualquier texto jurídico que, a la postre, solo sirve para aparentar buenas intenciones del Ejecutivo o del Legislativo. Con esta Ley ocurrirá como con las demás que pretenden remediar algunas de las peores aberraciones de nuestra sociedad: simplemente, no se cumplen. Los “reformistas” de la oligarquía colombiana son vacilantes, mezquinos y dan el brazo a torcer ante la menor resistencia de los recalcitrantes, estos sí agresivos y testarudos, dispuestos siempre a derramar la sangre de los supuestos beneficiarios de las leyes “protectoras”. Cada artículo de la Constitución o de una ley que reconoce un derecho está limitado, constreñido, desvirtuado por otro, por un parágrafo, por un inciso. Pronto se promulga la nueva norma que anula la menos retrógrada. A cada Ley como la 200 de 1936, que proclamaba la tan elogiada función social de la propiedad, se le expide una como la 100 de 1944, que apuntaló los latifundios, y cada Ley como la 135, aunque promovida por “la Alianza para el Progreso”, se le atraviesa su Pacto de Chicoral. De ahí que el problema agrario nunca ha tenido solución en nuestro país, lo que singulariza a las castas gobernantes colombianas como unas de las más reaccionarias.

No habrá, pues, tal restitución, sino que se legitimará masivamente el despojo. En cambio, el régimen santista, continuador del de Uribe en esta materia como en tantas otras,  está haciendo todo lo que tiene a su alcance para entregar baldíos de la nación, no a los agricultores, sino a los potentados. Los Sarmiento Angulo, los Francisco Santos, los Eder y otros magnates nacionales y extranjeros se están haciendo a grandes fundos, de decenas de miles de hectáreas, en la Orinoquia colombiana. Para legalizar esa apropiación insaciable, el gobierno de la paz expidió la ley que crea las  Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, ZIDRES, mediante la cual autoriza la entrega en concesión a las grandes empresas y terratenientes de baldíos en extensión muy superior a la Unidad Agrícola Familiar. También les otorga financiación e impulsa las “alianzas” de esos gigantes con los campesinos, lo que implica someter a estos a la servidumbre de los poderosos. Desde luego, la inminencia del acuerdo de paz ha desatado el apetito de los oligopolios, pues consideran que ahora pueden echarles mano a esas tierras sin correr el riesgo de ser secuestrados u hostilizados. En vez de reforma agraria, la paz traerá contrarreforma agraria. La riqueza en el país se concentra por las malas y también por las “buenas”.

Lo expuesto sobre las políticas de tierras es una muestra de lo que ocurre en los demás campos de la actividad nacional: estamos ante la más brutal ofensiva contra los intereses de los trabajadores, los campesinos, las clases medias y los productores pequeños y medianos; ofensiva que favorece descaradamente a los grupos financieros y multinacionales gringas y a un puñado de conglomerados nacionales que actúan en contubernio con el capital extranjero. Además, las nuevas circunstancias se aprovechan para subastar el país, para ofrecérselo a los capitalistas foráneos como un destino seguro y lucrativo.

Por ello Uribe, el procurador, Pastrana, Lafaurie y los demás alborotadores de su laya mienten de manera estrambótica cuando aseveran que Santos va a entregar el país al castro-chavismo y se ha dado un golpe de estado al Estado de derecho. Con esos argumentos mendaces convocan “la resistencia civil” de la más testaruda reacción. Santos y Uribe, hoy contrincantes, vivieron un periodo de intenso amorío y se han identificado en los aspectos más importantes de las directrices económicas y políticas, pero su relación comenzó a deteriorarse cuando el actual mandatario  empezó a demostrar que no le iba a guardar obediencia al expresidente y señor del Ubérrimo, quien montó en cólera porque consideraba que la presidencia era su botín electoral: Santos había sido elegido gracias a los votos del hoy jefe del Centro Democrático. No será la primera vez en nuestra historia que se lanza a la gente a enfrentarse con virulencia en interés de las camarillas que pugnan por acaparar el poder. Para vengarse del “usurpador”, Uribe lanzó una feroz campaña contra el actual mandatario, uno de cuyos elementos claves ha sido el ataque al proceso de paz. A su agitación le hacen eco los despojadores de tierras, que temen que se les obligue a retornar a los campesinos algunas pocas de las hectáreas robadas. Al coro se suman quienes directa o indirectamente colaboraron con las AUC y sus crímenes, entre quienes figuran militares y civiles de distinto rango. Al respecto, Uribe ha vociferado que se pretende igualar en los tribunales a los “defensores de la democracia” —mansas palomas a las cuales se les quiere obligar a confesar crímenes que no cometieron para evitar largas condenas,  y para ellos pide impunidad y condecoraciones—, con los “narcoguerrilleros”, para quienes el cadalso le parece poca cosa. También lo apoyan los que se benefician de las andanzas de las huestes armadas de la derecha y los partidarios de la tierra arrasada y de la revancha. No faltan quienes consideran que la mejor manera de mantener sujetos al campesinado y a los asalariados es el estado de belicosidad. Desde luego, le prestan una mano los incautos que se tragan enteros los disparates del jefe de la oposición. Uno de los alegatos se refiere al manoseo de las normas legales por parte del gobierno. No debería ser necesario aclarar que los manejos que se le han dado a la constitución y a las leyes en el proceso de paz son los acostumbrados: la manipulación; así se procede para la paz o para la guerra, y para satisfacer cualquier apetito de los potentados. De la misma manera han actuado todos los gobernantes, pues ese es el papel de toda la legislación colombiana, servir de hoja de parra a los mandamases o,  cuando mucho, para arbitrar las rencillas entre sus facciones. Por ello da risa escuchar a Uribe o a Ordóñez parloteando sobre el respeto a la constitución y al ordenamiento jurídico.

El gobierno de los Estados Unidos ha sido enfático en su respaldo a las conversaciones de paz, otro tanto han hecho los gremios como la Andi. Calculan que el ambiente para sus negocios y negociados será más favorable; quieren, no obstante, ser muy explícitos en que ellos deben salir indemnes y colmados de dividendos por el pacto. La Andi, junto con Proantioquia, publicó en mayo pasado una declaración en la que  exige, primero que todo, librar a los hacendados y empresarios auspiciadores del parmilitarismo, a quienes define de antemano como víctimas, de toda inculpación.

“Además, que las tareas concernientes a la construcción de la verdad del conflicto no estén encaminadas a igualar a aquellos que han hecho parte activa del conflicto como las FARC, a actores de la sociedad civil que han sufrido las consecuencias de sus acciones. (Pág. 6)

“Igualar a los combatientes y a los civiles, propiciar conflictos de interpretación e incentivar sindicaciones temerarias –como ha ocurrido en muchos casos del pasado reciente– son cosas que la sociedad colombiana debe evitar a toda costa.”

¿No hay, acaso, civiles tan responsables de la violencia, o incluso más, que los que han vestido uniforme? Coinciden con Uribe, los potentados son inocentes por definición; cualquier cargo que se les haga, aun con todas las pruebas, es una temeridad.

La segunda gran preocupación consiste en que no se vaya a malgastar la plata en los pobres, porque eso desbalancea el fisco, más bien hay que financiar a los ricos, a la agroindustria, y no tocar ni un palmo de tierra de los latifundistas.

“La conformación y dotación del Fondo de Tierras contemplado como parte de la Reforma Rural Transformadora: ¿cuántas hectáreas? ¿para cuántas familias campesinas? ¿en dónde? Si bien parte de estos interrogantes se surtirán con el sistema catastral, deben existir límites razonables fiscal y socialmente para dirimir estas cuestiones.”

Debe aclararse que el mencionado Fondo, según los acordado entre el gobierno y las FARC, se va a constituir con tierras provenientes de la extinción judicial de dominio a favor de la nación o con baldíos recuperados por ocupación ilegal, etc. No obstante, la avara burguesía se horroriza de que de pronto les vayan a tocar muchas hectáreas a los agricultores, y pide límites.

Insiste la asociación de empresarios:

“La economía campesina familiar y comunitaria debe estar acompañada de incentivos para que la agroindustria desarrolle modelos de inclusión productiva sostenible, orientados a mercados y que permitan generar ingresos y oportunidades. Sin estas condiciones, estaremos enfrentando una oportunidad perdida para transformar verdaderamente el ámbito rural de nuestro país.”

Eso sí, abundantes, generosos incentivos para la agroindustria, porque la pobreza se reduce enriqueciendo a los ricos. Lo demás se refiere a que el fisco debe ser muy amarrado con los gastos del postconflicto, excepto, claro está, con las erogaciones que favorezcan “el crecimiento”, “el desarrollo económico” y “la competitividad” de los magnates. Los dineros que se inviertan en el posconflicto deben destinarse a los que todo lo tienen, no a los que necesitan. Es la prueba fehaciente de la rapacidad de esta oligarquía. Veamos:

“Generar confianza a partir de la implementación, de que el conflicto no se repetirá y que lo acordado se llevará a cabo; por otro lado, mantener un escenario macroeconómico estable, que permita, dentro de los límites fiscales del país, cumplir con lo acordado.

“Igualmente, en aras de construir la paz de forma sostenible, las FARC, el Gobierno Nacional y la sociedad deben ser conscientes de las limitaciones fiscales que enfrenta el país. Gran parte de los acuerdos de La Habana suponen erogaciones que pueden, incluso, minar la estabilidad macroeconómica del país. El espacio fiscal para financiar el post-conflicto es reducido. La confluencia de la reforma tributaria, con la gradualidad del desmonte de impuestos transitorios, abrirá una pequeña ventana fiscal en los próximos dos años, que podría ser aprovechada para atender la implementación de los acuerdos, pero para que ello ocurra el gasto deberá privilegiar acciones que fortalezcan el crecimiento y el desarrollo económico, y no medidas asistencialistas que no resultan sostenibles.”

En síntesis, lo ancho para ellos y lo angosto también.

Por supuesto, como se demostró arriba, Santos los va a seguir complaciendo en todo, ya que es un oligarca que no ha traicionado a su clase, sino que la sirve desaforadamente. Los peligros de la paz amenazan en varios aspectos no a los ricachos, como sugiere Uribe, sino a las masas. Ya ocurrió con el proceso de entendimiento con el M-19, el cual se aprovechó para cubrir con un ropaje de reforma democrática los cambios constitucionales y de todo el andamiaje institucional e ideológico para poner en marcha la política neoliberal.

Los documentos que recogen lo pactado en La Habana también están llenos de vocablos halagüeños como participación, interlocución, rendición de cuentas, representación pluralista, lucha contra la pobreza, igualdad, ampliación de la democracia, etc., etc. Se diría que a la firma del documento final, el país entrará en una era de concordia y armonía. Nada más falso.

Pero las cosas han llegado tan lejos que las FARC han expresado en carta al Secretario de Estado, John Kerry, esperanzas desatinadas con respecto a Estados Unidos:

“Aspiramos a que por su intermedio también comprendan nuestra altruista lucha, llena de ideales y de humanismo, acotó, al tiempo que manifestó saberse asistida por razones para creer que la norteña nación puede ver en ella un socio confiable en la construcción de la paz continental.”

Como si los Estados Unidos estuvieran para comprender y prohijar luchas altruistas y humanistas o empeñados en construir la paz continental. En el entusiasmo de los diálogos se tiende a creer o a hacer creer que la naturaleza de las cosas se va a alterar drásticamente al conjuro de las rúbricas de gobierno y guerrilla: ni el lobo imperialista se va a convertir en un cordero de paz promotor de la igualdad, el amor, la justicia y la fraternidad entre los pueblos ni la oligarquía colombiana va a abandonar sus aviesas conductas. Nada más nocivo que alimentar esos sueños.

Otros izquierdistas de los ultramoderados claman porque se desarmen también el lenguaje y los espíritus. Con ello pretenden dos cosas: servir de buenos componedores entre Santos y Uribe, pues quizás piensan que al cumplir ese mandado la casta dominante los tratará de manera más condescendiente y les permitirá ascender otros peldaños en la empinada, estrecha y tramposa escalera de la democracia colombiana. También buscan, y esto es lo más grave, que las gentes del pueblo morigeren sus reclamos, no pidan más que aquello que sus explotadores están dispuestos a concederles, que la ley contempla, que la estrechez fiscal tolera. Se afanan, además, porque las luchas se amansen, que se pida con docilidad, se concierte y se dialogue, acudiendo a demandas,  referendos, rogativas, en vez de huelgas, tomas de tierra o manifestaciones. Estas últimas se pueden llevar a cabo pero en un ambiente festivo, sin ira ni indignación, concebidas como el mero acompañamiento a los senadores y representantes, a los partidos de oposición respetuosa  y a sus proyectos de ley o a sus pleitos ante los tribunales. El debate político y social hay que degenerarlo cada día más en uno de carácter legalista, en el que casi no importa a quién perjudica o sirve una ley o un decreto, un estado de cosas, sino qué dicen la constitución y el bloque de constitucionalidad al respecto.

Estas monsergas de los conciliadores de oficio tienen como objetivo embotar la inteligencia del pueblo, impedirle distinguir a sus enemigos y desentrañar las maniobras que cocinan para someterlo a una mayor postración y más cruel rapiña. Desorientan a los dirigentes inconformes que van surgiendo en fábricas y campos, universidades y barriadas  y los truecan en arribistas, traidores o agentes del apaciguamiento. Para ello difunden añagazas como la de que todos compartimos los mismos grandes intereses, que no hay enemigos sino contradictores. Si las gentes laboriosas se tragan semejantes dislates, su ánimo, su capacidad de lucha se verán diezmadas y aceptarán con resignación su oprobioso estado, facilitando que se perpetúe el espolio.

Notas Obreras, no sobra insistir, celebra que se llegue a los acuerdos de paz y que se desmovilicen las fuerzas guerrilleras, que a sus miembros se les respete la vida y se les garanticen los derechos. A la vez, llama a enfrentar con decisión la acometida ideológica con la que los esclavistas y sus marionetas han recubierto el proceso de paz y que reforzarán en el postacuerdo. El desenvolvimiento de la situación nacional e internacional demuestra que hay que desechar las ilusiones y prepararse para numerosas y más grandes luchas. Y a los tontuelos que piensan que la pelea social es algo anticuado, hay que responderles que las antiguallas son el saqueo y la humillación y que el batallar del pueblo no perderá vigencia mientras existan esas situaciones que degradan a las gentes.

Notas Obreras, junio de 2016