El gobierno y el ministro Alejandro Gaviria son cómplices del desangre de la salud

Por estos días el país se conmovió con la muerte del niño Jerónimo Lozano, víctima de una leucemia. Sus padres adelantaban una campaña para recolectar 800 mil dólares con el fin de practicarle un tratamiento experimental que en los Estados Unidos ha demostrado un 90 % de efectividad. Aquí la EPS Aliansalud había dicho que no existían los medios para salvarle la vida y el Ministro de Salud, con una insolencia y frialdad que indignan, argumentó que el sistema no podía atender tales situaciones ya que la nueva Ley Estatutaria prohíbe expresamente financiar procedimientos “que se encuentren en fase de experimentación” y “que tengan que ser prestados en el exterior”. Poco antes, con motivo del Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer Infantil, la Defensoría del Pueblo había revelado que de los 2.200 nuevos casos de niños afectados por la enfermedad que se reportan anualmente en el país mueren el 60 %, una cifra aterradora teniendo en cuenta que muchas de estas vidas podrían salvarse si las entidades atendieran a tiempo a los pequeños y les suministraran los tratamientos.

Al día siguiente del deceso de Jerónimo, el ministro Gaviria publicó un artículo en su blog personal titulado “Lagom” y explica así el significado del término:

En los debates en Colombia sobre el sistema de salud, resulta evidente que estamos lejos de esa cultura, que no somos conscientes de los límites y que el derecho fundamental a la salud se ha concebido de manera individual, no colectiva. Buena parte de nuestros problemas vienen de allí: muchos tomamos más de lo que nos corresponde y el agua, por supuesto, se agota antes, mucho antes de llegar al final.

Con semejante discurso este santón alecciona al país sobre la forma como debe entenderse el derecho a la salud consignado en la Ley Estatutaria. Nos dice que los dineros no pueden gastarse salvando a los niños enfermos de cáncer —a los que no se les brindó atención oportuna— porque se agotan, afectándose así el derecho de la colectividad. El debate resulta harto interesante para poner al desnudo quién, después de aprobada la Ley 100, no ha moderado sus apetitos y se ha bebido con desmesura el agua de la vasija condenando a la sed y a la muerte a los demás.

El sermón del ministro nos llega preciso cuando la población enfrenta el más penoso de los calvarios por cuenta de la corrupción que se incubó en las instituciones encargadas de la salud. La Ley 100 les encomendó a las empresas aseguradoras las tareas de la afiliación, el recaudo de las cotizaciones, la compra de servicios a las prestadoras y la administración del riesgo. Además, son las intermediarias de los recursos que el gobierno les transfiere por cada afiliado que atienden, conocidos como las Unidades de Pago por Capitación, UPC. Es decir, son entidades privadas —y unas pocas del Estado— que manejan enormes cantidades de dineros públicos y contrataciones millonarias. Ha sido el saqueo de esa plata el que ha originado los escándalos que se suceden sin interrupción desde finales de los años 90. Hagamos un apretado resumen de esta historia de infamias.

En 1999 se produjo el primer remezón porque las Aseguradoras del Régimen Subsidiado, ARS, estaban en manos de los grandes grupos del negocio, de camarillas políticas e incluso de paramilitares que las desangraban; para desviar la atención y fortalecer a los tiburones, muchas fueron liquidadas y de las 236 que existían se las redujo a 41, pero los mismos problemas continuaron. En 2004 nuevamente salió a la luz que de los seis billones anuales que manejaba ese régimen, esas entidades se robaban dos billones. En 2007 Uribe les cambió la denominación por la de EPS del régimen subsidiado y concentró a sus afiliados en las cajas de compensación. Caprecom fue convertida en botín burocrático al servicio de las ambiciones políticas del uribismo y el ministro de la época, Diego Palacio, la agigantó encomendándole la atención de las madres comunitarias, de los presos, de las poblaciones indígenas, de los desplazados, y de remate le trasladó la administración de los hospitales quebrados de la red pública. En 2010 todas las EPS —que actuaban como un cartel en la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, ACEMI— se vieron envueltas en un timo de billones de pesos al Fondo de Seguridad y Garantía, Fosyga, mediante los recobros (pago de servicios no cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud, POS). En mayo de 2011 Saludcoop fue intervenida por la Supersalud, y una investigación adelantada por la Contraloría a sus directivos los halló culpables de haberse apropiado de 1,4 billones de pesos que se invirtieron en negocios ajenos al servicio. En febrero de 2012, con su más de tres millones de afiliados, Caprecom, minada por la corruptela en la celebración de contratos y con deudas a los hospitales por más de 600 mil millones de pesos, también fue intervenida.

El incesante desangre del sistema de salud en lugar de aliviarse con las intervenciones del gobierno se ha seguido agravando. Las posiciones del ministro Gaviria con motivo de la muerte de Jerónimo se producen en medio del mayor caos que se recuerde provocado por la liquidación de Saludcoop y de Caprecom y por el traslado de más de siete millones de afiliados a otras EPS, con todas sus dramáticas consecuencias.

Saludcoop llegó a ser la EPS más grande del país con 4,6 millones de afiliados y simboliza la bancarrota del sistema de aseguramiento creado por la Ley 100. Por ello el gobierno ha hecho toda suerte de malabares para mantenerla a flote. Cuando el Ministro y la Supersalud dijeron que entraba en liquidación a partir de diciembre del año pasado, lo que hicieron fue pasar a los usuarios a Cafesalud, una EPS que había sido adquirida por la misma Saludcoop en 2003. Cafesalud, que tenía 1,8 millones de  afiliados, pasó a tener 6,4 siendo que arrastra los mismos vicios de su casa matriz. Por lo tanto la intervención y posterior liquidación de Saludcop fue una farsa tras la cual se desató un nuevo carrusel de saqueo y derroche.

Guillermo Grosso fue gerente interventor de Saludcoop desde 2013 y de allí pasó a ser el presidente de Cafesalud. En ambas gestiones la nota característica fue la contratación desbocada y el despilfarro. La prensa ha informado que apenas en los últimos cuatro meses los contratos sumaron 1,9 billones de pesos y que sólo en la remodelación de sus oficinas, en lujos y camionetas blindadas se gastó cuantiosas sumas. El liquidador Luis Leguizamón no se quedó atrás. El presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, denunció que Leguizamón despidió a varios vicepresidentes y directores de área asegurándoles el pago de la respectiva indemnización para luego contratarlos en Cafesalud, cuando el resto de los empleados “ni siquiera recibieron su último sueldo y quedaron a merced del proceso de liquidación.” Leguizamón también llegó a aprovechar su cuarto de hora. Andaba afanosamente buscando la venta de Esimed, la empresa de Cafesalud encargada de los contratos con la red de clínicas y hospitales que atiende unos seis millones de afiliados. Según revelaciones de Semana, respaldadas en varios audios de conversaciones telefónicas, Leguizamón estaba armando un montaje junto con varios congresistas y altos funcionarios del gobierno para amarrar la venta y asegurar jugosas comisiones. Como encontró oposición en el sindicato, compró a su secretario con un ascenso y aumento de salario, según denunció Daniel Coronel. Uno de los personajes implicados en la trapisonda era Andrés Lombana, nombrado como presidente de Cafesalud en reemplazo de Grosso. Esta historia aún no concluye, pues se viene conociendo la existencia de una fuerte disputa política por el control de la entidad en la que aparecen los nombres de dos clientelistas redomados: el vicepresidente Germán Vargas Lleras y el senador Roy Barreras. Y en medio de esta rapiña, el 7 de marzo se presentó el hecho escabroso de la muerte del revisor fiscal de Cafesalud Luis Caicedo, asesinado a puñaladas en su apartamento un día antes del informe que debía rendir sobre las investigaciones financieras que se adelantan en esa entidad. No obstante todas estas raterías, el gobierno anunció que con la venta de los activos se pagará la deuda de la EPS con el Estado. Amanecerá y veremos.

De otro lado, el destape de la corrupción en Caprecom apenas comienza. Sin embargo, ya se sabe que lo que distingue su historia es la forma como los partidos políticos en el poder se la tomaron para repartir puestos y contratos. Uribe se la entregó primero al Partido Conservador, y luego, a Oscar Iván Zuluaga, quien a través de Carlos Tadeo Giraldo, quien fuera el director de la entidad entre 2002 y 2010, montó una maquinaria clientelista basada en la utilización de cerca de 50 cooperativas de trabajo asociado para cubrir las necesidades de personal. Dos de ellas, Cooperamos CTA y Coopservicios CTA, con sede en el Eje Cafetero, llegaron a manejar el 45% de la contratación de los empleados. Cuando Caprecom fue intervenida en 2012, las cooperativas mencionadas anunciaron su liquidación y se quedaron con los ahorros de los trabajadores a los que les descontaban $70.000 mensuales.

En enero de 2013 Santos nombró a la señora Luisa Fernanda Tovar para que se encargara de “salvar” a Caprecom, pero en la realidad se convirtió en su sepulturera. Dentro de sus primeras decisiones estuvo el cambio del manual de contratación el fin de tomar para sí la potestad de hacerlo a dedo. De esta forma comprometió $265.000 millones. La funcionaria contrató una auditoría forense que costó $4.700 millones para precisar las irregularidades desde 2002, pero como era obvio, no incluyó su gestión y el propio contrato fue cuestionado porque allí participaban un ex revisor fiscal y otros ex funcionarios de la entidad.  Hoy, después del ojo afuera, la Contraloría y la Procuraduría adelantan sus consuetudinarias e inconducentes investigaciones  para encontrar a los culpables del desgreño y el desfalco de cerca de cuatro billones de pesos en los últimos trece años. Las cifras que ha dado Alejandro Gaviria sobre las deudas de Caprecom con los hospitales y clínicas es de $1,2 a $1,3 billones que, como siempre sucede, pagarán los contribuyentes: por petición de su cartera, el Congreso aprobó en el presupuesto de este año un cupo de endeudamiento por $500 mil millones para saldar parte de esos compromisos.

Estos son los que se beben con gula el agua de la vasija. Tales demonios fueron desatados por el sistema de aseguramiento privado que el experto en seguros Alejandro Gaviria defiende con tanto fervor. Nos hemos referido aquí solamente a la orgía que se ha vivido en Saludcoop y Caprecom, pero en mayor o menor medida los vicios descritos aquejan a todo el sistema creado por la Ley 100. Lo cierto es que en su caída estas dos EPS, con sus 9,5 millones de afiliados, arrastran al sistema sanitario entero hacia el colapso. Todo lo anterior comprueba fehacientemente que las tan cacareadas regulación, vigilancia y control del Estado no hacen otra cosa que facilitar el enriquecimiento de unos pocos a costa la salud de los colombianos.
Según la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, ACHC, hasta junio del año pasado las EPS les debían $5,8 billones de pesos. Esta es la principal razón del cierre de hospitales, de la cancelación de servicios especializados y de la escasez de suministros para una adecuada atención; también del despido de médicos y personal asistencial, en unos casos, y de renuncias por falta de pago de los salarios en otros. Además, explica las dificultades para que el paciente consiga una cita o se le atienda un procedimiento, lo cual incide, a su vez, en la congestión de las salas de urgencias, pues esta es la alternativa que le queda a quien no consigue que le programen una consulta oportuna, para mencionar apenas las cosas más visibles.

Los dramas que a diario reportan los medios muestran a pacientes que como Jerónimo mueren esperando atención. Es el caso de un hombre de 65 años y una mujer de 60 fallecidos el mismo día en la sala de urgencias del Hospital Universitario del Valle. O el de Rubiela Chivará, conocido por el monumental trancón que se armó en la Autopista Norte fruto de la indignación ciudadana ante la indolencia oficial, pues su cuerpo permaneció cerca de seis horas en plena vía pública sin que las autoridades hicieran el levantamiento del cadáver; esta mujer murió buscando que se le practicara una cirugía del corazón, procedimiento que la EPS le aplazó en dos oportunidades. Mayerly Rivero murió de manera inadmisible en un hospital del Sur de Bogotá después de soportar por tres días los dolores de una apendicitis que se le convirtió en peritonitis. En Cali, en menos de 72 horas, dos mujeres dieron a luz bebés muertos en condiciones idénticas, pues no se les prestó atención para inducirles el parto después de haber tenido embarazos normales.

El caso de Jerónimo y las cifras que dio a conocer la Defensoría del Pueblo nos dicen que fueron vanas las ilusiones que algunos se hicieron de que las cosas cambiarían con la Ley estatutaria. De los niños que mueren de cáncer en el país la mayor parte son del régimen subsidiado en el cual la atención es aún más precaria. La cuestión es cómo hace el sistema de salud para garantizar un diagnóstico y tratamiento oportunos para que un porcentaje mayor de estos infantes puedan salvarse y para que, en general, la gente no muera absurdamente en las salas de urgencias o esperando que le programen un procedimiento. La solución pasa por sacar del círculo a las EPS y a los políticos que pelechan de los dineros de la salud, algo que no hará este régimen oligárquico. Pero eso es tema de otra nota en donde analizaremos las reformas que se proponen desde el gobierno orientadas hacia cuestiones administrativas, de gerencia y hacia que las EPS sean ahora sí de verdad, empresas de seguros, al tiempo que en Colombia discurre otra realidad paralela en la que el país se está convirtiendo en exportador de servicios de salud y en centro de la industria del turismo curativo.