El denigrante papel de los señorones de las centrales en la fijación del mínimo

Empero, para el logro de tan elevadas metas, durante el dilatado período de charlas, a los jefes de la CUT, la CGT y la CTC no se les ocurrió convocar ni una sola movilización, ni un mitin, ni redactar una proclama que convocara al obrerismo a la lucha y que convirtiera la fijación del mínimo de 2010 en una ocasión para soliviantar a los asalariados contra la política oficial y de los gremios económicos que, por todos los medios, anunciaban un incremento paupérrimo, el que aleja cada vez más el sueldo de millones de colombianos del costo de la canasta familiar básica, superior a $1.100.000, según el propio Dane. Así, redujeron su gestión a sentarse a manteles con los gremios y el ministro Palacios y a hacer algunos ademanes para engañar a los obreros mientras se congraciaban con los poderosos, a quienes les brindaban la oportunidad de aparecer desvelados por hallar salidas a las penurias de los de abajo, mientras se aseguraban de embolatarlos con las prolongadas parlas concertacionistas, cuyo estudiado epílogo del levantamiento de la mesa con el ceño fruncido de los Tarsicios y los Julios Robertos apenas les produciría cierta sarcástica sonrisa.

Pero, el año pasado, a la tradicional burla, las cúpulas sindicales le sumaron la desvergüenza. El 17 de diciembre para ponerle fin a los diálogos, en los que de manera tan clara se mostró la indolencia de los amos frente al sufrimiento de los obreros, y como para disculparse con los grandes capitalistas por no rubricar el mísero aumento, decidieron suscribir conjuntamente con el Consejo Gremial un comunicado que se constituye en una apostasía de una posición mínimamente consecuente con los intereses de los asalariados.

La declaración arranca con un ladino reconocimiento: “Dichas reuniones —las de la citada Comisión— se han caracterizado por el mejor ánimo de concertación de las partes”; y eso que en ellas los patrones nunca pasaron de ofrecer un 3,2% de incremento. Al parecer, para los encumbrados líderes de las centrales el saludo de mano de los representantes de los magnates ya de por sí merece rendidísimos elogios.

Luego destacan que “la reducción de la inflación a los niveles actuales, es un logro para la sociedad colombiana en su conjunto”, que se comprometen a difundirlo entre los proletarios, y “recomiendan” que, para preservarlo, los bienes regulados se mantengan dentro del “corredor” determinado por el Banco de la República. Mayor reconocimiento de la política económica uribista no podía concebirse. Política que ha tenido como principal herramienta el despiadado detrimento de los salarios. Y eso cuando por esas fechas los propios contertulios de los sindicalistas habían indicado que la razón para los bajos guarismos de sus sectores era el desanimo de la demanda, agravada por la brutal subida de precios del año anterior, en particular de los alimentos, y cuando también era claro que la caída del índice de precios nada tenía que ver con la prosperidad nacional —única manera de lograr su estabilidad— sino, precisamente, con la lacerante pobreza y con políticas de graves consecuencias para el país como el auge de la inversión extranjera especulativa que revalúa la moneda nacional, y la avalancha de importaciones que quiebra la producción autóctona.

Luego pasan a anunciarnos que en 2010 los diálogos no pararán; que dentro del marco del Acuerdo Tripartito por el Derecho de Asociación, y desde la primera cita de la Comisión de Concertación se proponen tratar sobre las políticas para disminuir “aceleradamente” el desempleo y “los diferentes mecanismos de contratación laboral y las exigencias actuales del país frente a la competitividad de nuestros productos y servicios”; “difundir el derecho de asociación de trabajadores y empleadores como parte esencial de la democracia”; proponer “ajustes” a la crítica situación de la salud. Cuánto se solazarían los patrones durante los festejos decembrinos, luego de que los encargados de denunciar las nefastas políticas que frente a estos puntos tienen los dueños del capital, más bien se comprometen a difundir los “éxitos” del Ejecutivo y de la oficina dependiente del Fondo Monetario encargada del supuesto control de precios; a crear la ilusión de que los ricos se preocupan por las dolencias de las masas y por el derecho de éstas a asociarse, que, desde luego, a los magnates nadie les objeta, pero que a los obreros les cuesta represión, despido y hasta sangre; a difundir que los patrones están dispuestos a darle salida al agudo problema de la subcontratación, cuando no cesan de perorar que la competitividad de su productos depende del envilecimiento de los contratos y la paga; a esparcir la especie de que los amos se duelen frente al drama de la salud mientras apoyan las medidas oficiales tendientes a trasladarle a la población sus costos y a disminuir sus servicios, en beneficio de los financistas a los que se les entregó su control.

Para finalizar el unánime comunicado y luego de plantearse también la preocupación por la ineficiencia de las oficinas del trabajo y criticar de consuno al gobierno venezolano, le piden a Uribe que se digne tomar en cuenta “los argumentos que ambos sectores presentamos en la Mesa de Concertación, a fin de que haya equilibrio entre el aumento salarial, la preservación y estímulo a la creación de puestos de trabajo y la reactivación de la demanda.” Y, en efecto, el gobierno subió una miseria el mínimo y después, en la práctica, redujo el ingreso de los pensionados, que es como siempre la burguesía ha considerado que se mantiene el equilibrio entre los distintos elementos de la ecuación.

Como ya se denunció en Notas Obreras, en el artículo de Nathaly López, 2010, otro año de azote para el bolsillo de los trabajadores, este ínfimo aumento ya desapareció con la carestía de comienzos de año. Se treparon los alimentos; el transporte urbano e intermunicipal subió escandalosamente —política a la cual prestó su decidido concurso la administración del alcalde capitalino del Polo Democrático—; el Ministerio del ramo decretó una fuerte alza de la energía eléctrica; la tarifa del agua para los más pobres se disparará con la política de castigar los consumos superiores a 28 metros cúbicos mensuales; subieron los peajes; el avalúo catastral; las matrículas en los colegios privados; las cuotas moderadoras (bonos) de las EPS; los arriendos, sin contar lo que se viene al amparo de la decretada emergencia social.

La ya agobiante pobreza, se hará todavía más intolerable con el nuevo mínimo y las alzas. De ahí que por doquier se perciba una profunda inconformidad, lo que desnuda todavía más la traición de las cúpulas sindicales y sus mentores políticos del Polo. Los asalariados reclaman con urgencia un estado mayor que no siga ofrendando sus más caros intereses en el altar de la concertación.