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El gobierno prioriza el pago de la deuda por encima de la inversión social y el desarrollo económico. Esta política beneficia a los acreedores internacionales y a los especuladores financieros, mientras que la población sigue sufriendo las consecuencias de la crisis.

Uncida la economía colombiana al dólar, no tiene más camino que sufrir las consecuencias de las políticas que allá se aplican y que toman en consideración únicamente sus particulares intereses. Los efectos de la recesión así provocada serán devastadores para millones de colombianos.

En el gobierno del cambio, se busca modificar todo para que todo quede igual, se cumple con la regla fiscal y se mantienen los principales rubros del presupuesto general.

Desde el pasado 15 de febrero se está librando en Wisconsin, al noroccidente de los Estados Unidos, una lucha de vastas proporciones entre los trabajadores al servicio de ese estado, y el gobierno regional, presidido por Sctott Walker, quien le propuso a la legislatura una norma de “arreglo presupuestal”, que contempla eliminar la negociación colectiva para los empleados públicos; someter los incrementos salariales que sobrepasen la inflación y cualquier otro acuerdo a refrendación por los votantes; impedir que las cuotas sindicales se descuenten por nómina y volverlas optativas; cargar a los empleados públicos y a los maestros con un 8% de descuento adicional sobre sus salarios para nutrir los fondos de pensiones y asegurar el servicio de salud.

Por: Arturo Stevenson

En un reciente informe de la ONG Transparencia por Colombia, organización patrocinada por empresas privadas, nacionales y extranjeras, se evalúan la meritocracia, la transparencia y la institucionalidad de 158 entidades del Estado colombiano.

En esta medición, sin entrar a juzgar sus intereses, su metodología investigativa ni la objetividad de los resultados obtenidos, se evidencia que sobre estas variables las instituciones y empresas públicas colombianas, están en mayor o menor grado impregnadas por la corrupción; los resultados del estudio son desastrosos para el gobierno, ya que en un 56 (por ciento) las entidades evaluadas no toman acciones que mitiguen o prevengan este fenómeno, razón por la cual dejan abierta la puerta para la ratería de quienes las dirigen. Se establece que la valoración se pasó “raspando”, sin embargo, aceptar esta conclusión, sería avalar que miles de millones de pesos del erario, sean sustraídos por estos pícaros.