En el pueblo se respira una atmosfera fétida, que lleva a que se formulen interrogantes como: ¿Cuáles serán las causas de tal situación? ¿Quiénes se han visto afectados o beneficiados en las actuales emergencias municipales? ¿A quiénes habrá de imputársele la responsabilidad?
La inconformidad nacional contra el modelo de la Ley 100 debe juntarse en un gran frente de lucha capaz de convertir la rebeldía existente en un poderoso movimiento de resistencia civil, el cual debe emprender todas las acciones necesarias para propiciar una reforma que recoja las demandas populares.
Cabe esperar que las bases del Polo, una y otra vez abochornadas por el comportamiento oportunista de sus dirigentes, llamen a cuentas a ese Comité Ejecutivo que ha contemporizado con las prácticas más reaccionarias y los procederes más turbios.
La ruina que provoca el invierno no es de ayer, y si hoy se evidencia como una catástrofe nacional es porque a las clases dirigentes no les ha interesado dar soluciones estructurales al problema, siempre han actuado de manera coyuntural e improvisada.
La llamada ola verde resultó, en buena medida, espuma, y su candidato, el profesor Mockus, demostró una curiosa capacidad para espantar seguidores con sus planteamientos en cada aparición pública. Todo indica que el 20 de junio se ratificarán los resultados de la primera vuelta. Sobre las firmas encuestadoras quedaron grandes interrogantes y hacia el futuro será muy difícil volver a creer en la seriedad de la que se ufanan.
En el mes de enero se pusieron de manifiesto una serie de irregularidades en el contrato para la construcción de la fase III de Transmilenio por la calle 26, asignado a la firma Transvial, de propiedad de varios vástagos de las familias Nule y Char, poderos terratenientes y contratistas de la Costa Atlántica.
Por: Arturo Stevenson
En un reciente informe de la ONG Transparencia por Colombia, organización patrocinada por empresas privadas, nacionales y extranjeras, se evalúan la meritocracia, la transparencia y la institucionalidad de 158 entidades del Estado colombiano.
En esta medición, sin entrar a juzgar sus intereses, su metodología investigativa ni la objetividad de los resultados obtenidos, se evidencia que sobre estas variables las instituciones y empresas públicas colombianas, están en mayor o menor grado impregnadas por la corrupción; los resultados del estudio son desastrosos para el gobierno, ya que en un 56 (por ciento) las entidades evaluadas no toman acciones que mitiguen o prevengan este fenómeno, razón por la cual dejan abierta la puerta para la ratería de quienes las dirigen. Se establece que la valoración se pasó “raspando”, sin embargo, aceptar esta conclusión, sería avalar que miles de millones de pesos del erario, sean sustraídos por estos pícaros.