Emergencia social: más tributos, menos salud

El ladino doctor Uribe reviste este nuevo asalto al bienestar de los colombianos con ropajes moralistas: se incrementarán los impuestos a la cerveza y demás bebidas alcohólicas y a los cigarrillos;  pero, eso sí no se tocarán las zonas francas ni las demás exenciones al gran capital, que ya han cavado  un hueco enorme en el fisco.

Son varias las modificaciones que se han introducido a la legislación de salud desde que se aprobó la Ley 100 de 1993 que, con el argumento de que las entidades de carácter estatal eran ineficientes cedió a los capitales privados el manejo de todo el sistema de salud y, para justificar esta entrega, los gobiernos mismos se encargaron de menoscabar el Seguro Social y los hospitales públicos.  

A partir de entonces, durante estos quince años, se ha impuesto un modelo en el cual impera el lucro, que dicta toda la política del ramo: el personal médico y paramédico se ha visto sometido a un régimen salarial ruinoso; la ética médica quedó subordinada a los mandatos del costo beneficio;  los galenos no pueden formular lo necesario, sino lo que mande la rentabilidad; otro tanto sucede con los exámenes y las consultas a los especialistas. Los doctores tienen que dar explicaciones a los funcionarios de auditoría sobre los procedimientos que dictaminan; el tiempo que se puede dedicar al paciente es exiguo y una buena parte tiene que ocuparse en llenar papeles que conciernen más a cuestiones administrativas que a la atención que requiere el paciente.  Esta premura en la consulta, sumada a la tramitología,  a la limitación de las fórmulas y al exceso de trabajo, ha acarreado en muchas ocasiones graves errores y desatención de sintomatologías evidentes.

Los trabajadores de la salud en su mayoría son contratados por cooperativas, que les pagan salarios ínfimos y les hacen toda clase de deducciones. Los profesionales de la medicina o la enfermería, para completar los ingresos indispensables, se ven forzados a laborar en varios turnos, en diferentes instituciones, por lo cual soportan una tensión enorme, al punto de que algunos estudios sostienen que ellos figuran entre quienes llevan una vida menos saludable.

Las EPS, que agobian al personal de salud con inflexibles medidas supuestamente orientadas a garantizar la eficiencia, han diseñado un papeleo malévolo para rehusar el cuidado a los enfermos, de ahí que el paseo de la muerte sea tan famoso. Se niega el suministro de los medicamentos; las consultas especializadas son una especie de lotería; los pacientes tienen que acudir a los jueces o a comités varios, que se reúnen de cuando en cuando, para que les suministren alguna medicina. Al tan eficiente sector privado lo caracterizan los trámites interminables y las filas enormes, con las cuales se pretende que el cliente renuncie a exigir el servicio por el cual paga.

Horroriza que un sinnúmero de enfermedades no estén cubiertas por el Plan Obligatorio de Salud, POS. Por ejemplo, las de tipo genético, como el síndrome de Hunter y las cirugías reconstructivas requeridas por quemaduras o labio leporino se niegan aduciendo que son estéticas. La Asociación Colombiana de Psiquiatría denunció que hay una crisis de salud mental en el país ya que el 40% por ciento de la población padece alguna enfermedad de este tipo, pero que está desatendida a causa de que el POS es arcaico, y no incluye muchas de esas dolencias. Adicionalmente, en vez de contratar especialistas, se ha pretendido que los médicos generales se encarguen de las consultas siquiátricas, para lo cual se han diseñado mini cursos. ¡Así juega el régimen con las salud mental de los colombianos! Las enfermedades catastróficas son las que las EPS más evitan atender, por su alto costo; conmueve saber que más de la mitad de los niños que padecen leucemia mueren, no porque la ciencia no los pueda salvar, sino porque los trámites cumplen un cometido criminal.

De tiempo atrás el gobierno ha pretendido impedir que con las tutelas la gente logre atención a las dolencias que no figuran en el POS; ahora el ministro de la Protección social y la gran prensa se desgañitan reclamando un sistema de salud “viable y costeable en un país como el nuestro”. Es decir, que sea implacable en abandonar a su suerte a quienes padecen enfermedades poco comunes y costosas. Este propósito, junto con el aumento de los impuestos territoriales, son los objetivos de la emergencia social.  

De lo jugoso del negocio da fe el que varias empresas promotoras de salud, EPS, destaquen entre las compañías más grandes y rentables del país; invierten los dineros de los cotizantes en construcción, lavanderías, sistemas informáticos, filiales en el exterior. Se habla de alianzas estratégicas con multinacionales y de zonas francas “bajo el concepto de turismo de salud…sector, que facturó en 2008 cerca de US$120 millones,[y que] puede pasar en 2032 a US$6.300 millones.” También les ha dado por fundar universidades para graduar a sus propios médicos y enfermeros, con lo que pretenden provocar una sobreoferta de esos profesionales, y a la vez, impartir una educación superficial, de chato empirismo, de meras competencias.

No obstante la alta rentabilidad, en el capitalismo es natural que algunas compañías se vayan a la quiebra y que otras concentren en sus manos el negocio, con lo cual las condiciones laborales y el servicio desmejorarán aún más.

El sistema de salud, a pesar de las reducciones de personal, de las rebajas repetidas de salarios y de otros costos, vive una crisis que se origina en la arrebatiña de los fondos del sistema. Las EPS tratan de obtener, aparte de las cuotas de los afiliados, la mayor cantidad de recursos del Fosyga; para ello sabotean la actualización del POS- así pueden ofrecer programas de medicina prepagada y seguros de salud, más costosos- ; hacen acuerdos para inflarles los precios a las medicinas y procedimientos que debe sufragar dicho fondo, y además, no les pagan a las instituciones prestadoras de salud, tales como los hospitales públicos, principalmente, por los servicios que les prestan a sus afiliados.

El gobierno, a su turno, se auto presta los recursos del Fosyga; los invierte en títulos del Tesoro, y luego, con esos dineros financia sus campañas y subsidios corruptos, como los de Agro Ingreso Seguro. Con la nueva reforma tributaria territorial se busca engordar los negocios de las EPS y liberar más recursos para que Uribe y su séquito continúen la piñata. En medio de la crisis que se vive, del flagelo del desempleo, a los colombianos se les anuncia un incremento de los impuestos, con los que no se resolverá la olímpica desatención que padece la salud de los colombianos.

La cobertura total de la que se ufana el gobierno no significa sino que más millones de personas cotizarán a las firmas que se lucran con la salud. Cierto, hoy hay más “cobertura”, pero  menos atención; resolver este problema no provendrá del régimen más sumiso al gran capital que ha tenido Colombia, el de Uribe, ni de los usureros de las EPS, sino del batallar de los trabajadores de la salud, de los usuarios y del movimiento obrero en general.

El presente artículo puede ser reproducido total o parcialmente acondición de que se cite la fuente, notasobreras.net, y el autor, Alfonso Hernández