2010, otro año de azote para el bolsillo de los trabajadores

Todo subirá. Se prevé una fuerte carestía en los alimentos cuya escasez será inevitable, entre otras razones, por los efectos del fenómeno del niño. La energía debido a lo que se denomina la unificación de tarifas, medida aprobada por el Ministerio de Minas y Energía, mediante Resolución 182306, del pasado 16 de diciembre, tendrá un incremento de 12 pesos por Kilovatio hora, lo que representa un aumento aproximado del 5% en la factura mensual. En el agua, el gobierno decidió castigar doblándole el precio a los consumos superiores a 28m3, lo cual afecta principalmente a los sectores más pobres en donde, por lo general, hay mayor número de habitantes por vivienda. Además, en Bogotá ya se aprobó un alza de 1.6% para agua y alcantarillado.

El caso más oneroso ha sido el del transporte público que la administración polista de Samuel Moreno trepó en 8%, más del doble que lo decretado para el salario mínimo; el pasaje en TransMilenio, el monopolio consentido por las administraciones distritales, quedó en $1.600, los buses corrientes en $1.300 y la carrera mínima en taxi en $3.200. El servicio por hora en taxi pasó de $13.950 a $14.400. El gobierno también autorizó un alza en los peajes equivalente a la inflación de 2009, es decir, del 2%. El avalúo catastral se incrementará en un 3% para el 2010, lo cual afecta a los cerca de 11,1 millones de inmuebles urbanos y rurales del país. Lo decidido por Planeación Nacional excluye a los predios de Bogotá, ya que la capital tiene una entidad catastral autónoma. Sin embargo, la ciudad será afectada en igual o mayor medida que el resto del país. En el segundo semestre de 2009 se conoció la noticia del cambio de los estratos en algunas zonas específicas siendo Ciudad Salitre y Suba las más golpeadas por esta medida de Planeación Distrital. Las políticas impulsadas por Uribe de nivelar los avalúos catastrales con los comerciales, así como la reestratificación, se han convertido en mecanismos mediante los cuales se les incrementan los gravámenes a los habitantes de los municipios sin tener en cuenta si las condiciones materiales de los residentes permiten asumirlos. Además, en esa misma proporción se elevan también los trámites notariales.

El caso de la educación es tal vez uno de los más graves. Las alzas en las matrículas escolares que fueron autorizadas por el Ministerio de Educación para este año se encuentran entre el 5 y el 7,5% en todos los colegios privados, al tiempo que el estudiantado viene denunciando la falta de financiación por parte del Estado a la educación pública.
Como si todo esto no fuese suficiente, los incrementos no solo se presentan en los bienes y en los servicios, sino en el tiempo para lograr una pensión, ya que, por ley, se exigirán 25 semanas más de cotizaciones para pensionarse, en comparación con las del año que terminó, lo cual quiere decir que se deberán completar 1.175 semanas.

Es desproporcionada la relación entre el ridículo aumento del salario mínimo de $18.000 y las cargas que deberá asumir la inmensa mayoría de los colombianos. Aún peor es la suerte de quienes no tienen empleo cuya cifra oficial llega al 13%, sin contar lo que esconde el sofisma del llamado subempleo, o economía informal, que no es otra cosa que un desempleo disfrazado de rebusque en el que anda el 31.3% de las personas en capacidad de trabajar. Esto sin mencionarse que el despojo de la tierra por la violencia de los últimos años ha lanzado al desplazamiento a cerca de 4,300.000 compatriotas.

El abismo entre millones de colombianos que se sumen en la miseria y la cúpula de financistas, terratenientes, contratistas y grandes burgueses, aliados todos del gran capital internacional se ahonda sin otro remedio posible que la rebeldía.