Como estaba anunciado, después de un tortuoso tránsito para su aprobación por la Cámara de Representantes y de su estancamiento en el Senado, el 3 de abril la Comisión Séptima de esa corporación aprobó por mayoría de 9 votos contra cinco el archivo del proyecto de ley de reforma a la salud. Ese mismo día […]
La pandemia del covid-19 ha puesto de relieve, como nunca, el fracaso del sistema de salud basado en el aseguramiento privado, creado por la Ley 100. Desde antes de la emergencia el país ya vivía el drama de las salas de urgencias colapsadas; del paseo de la muerte; de la negación de servicios, procedimientos y […]
Sobre las ruinas de la sanidad pública se han erigido verdaderos emporios. El ascenso meteórico de estos negocios no es el fruto de las dotes gerenciales extraordinarias de quienes las dirigen. Su florecimiento estriba en el saqueo a borbotones de las arcas públicas y en lograr jugosos réditos a costillas del dolor y la vida de millones de excluidos por los que reciben el amparo de la seguridad social.
Con frecuencia, se niega la posibilidad de “la utilización de cosas o servicios”, pero eso sí, se garantizan los derechos, es decir, se cobran: ¡todo honor y toda gloria a la Constitución de 1991 y a sus constituyentes!
La verdad es que desde su creación, al convertir la salud en un negocio, el sistema de la Ley 100 le puso a la codicia privada el más grande y perverso de los incentivos: una torta que hoy suma 30 billones de pesos y de la cual las EPS han querido sacar la mayor tajada posible.
La estrategia consistente en fortalecer la oferta de genéricos es, sin lugar a dudas, la apropiada para mejorar en el país los niveles de acceso, dado el efecto de reducción de precios que conlleva.
El país requiere un sistema de salud que cubra a toda la población, pero que de veras la proteja y que le atienda las diferentes enfermedades y no se convierta en lucro.
Por Alfonso Hernández
La noticia de que el Presidente declarará la emergencia social por la crisis del sistema de salud, más que el reconocimiento tardío de esta grave situación, constituye un anuncio de nuevas desmejoras y mayores tributos. Pretextando que va a cumplir la sentencia de la Corte Constitucional que dispuso que los regímenes contributivo y subsidiado deben tener los mismos beneficios, y la promesa de alcanzar el cubrimiento de toda la población, el mandatario prepara una nueva reforma tributaria para los entes territoriales y la exclusión de varias enfermedades, que no serán atendidas por las EPS ni su tratamiento sufragado por el Fosyga, Fondo de Solidaridad y Garantía, sino costeado por los afligidos, si cuentan con los recursos necesarios.