Por Alfonso Hernández

La revista Cambio destapó la olla más apestosa del gobierno de Uribe, hasta ahora. Se trata de la desvergonzada entrega de cuantiosos subsidios a grandes terratenientes amigos de la pandilla gobernante, que utilizó los dineros del programa Agro Ingreso Seguro para cometer la iniquidad. El semanario señala que, en total, la familia Dávila, una de las más ricas e influyentes de Santa Marta, recibió en el último año más de 2.200 millones de pesos para "riego y drenaje", en Algarrobo, Magdalena. Los Vives Lacouture, algunos de cuyos miembros han desempeñado cargos públicos y de elección popular, han obtenido subsidios por más de 5.000. De esta familia hay que mencionar a Luis Eduardo, elegido congresista para el periodo 2006-2010, condenado en 2008 en el proceso de la parapolítica, y quien goza hoy de una espléndida libertad condicional, gracias en gran parte a la largueza del régimen, que procura retribuir y proteger por todos los medios a los parlamentarios que fueron socios de las agrupaciones armadas de derecha. Los Lacouture Dangond y Lacouture Pinedo apañaron 5.235 millones, 2,829 millones, en 2007 y 2.406 millones, en 2008. Entre ellos figura la funcionaria María Claudia Lacouture, quien preside el programa Colombia es Pasión. En cabeza de los Vives Pinedo, socios de los Lacouture en empresas como FMP & compañía, figuran sumas por cerca de 1.000 millones, en el año 2007. Los Dávila Abondano, dueños del grupo Daabon, comercializador de productos orgánicos y quienes registran ingresos de 120 millones de dólares al año en Colombia, recibieron 463 millones, en 2008 y 440 millones que le serán desembolsados en los próximos días. La irrigación monetaria abarcó también a los potentados del Valle del Cauca, María Mercedes Sardi de Holguín, prima del ex ministro del Interior Carlos Holguín Sardi, fue obsequiada con 200 millones, y, en Santander al abogado Danny Alirio Villamizar, hijo del senador Alirio Villamizar-autor de la iniciativa que dio vida jurídica a tales subsidios, y actualmente detenido por el escándalo de las notarías-Agro Ingreso Seguro le regaló 496 millones el año pasado.

Como es bien sabido, estos dineros no son reembolsables y están libres de impuestos. En todo caso, no exentos de compromisos; se trata de dar para recibir. Daniel Coronell demostró cómo, por ejemplo, Alberto Francisco Dávila Díaz Granados le aportó dos millones quinientos mil pesos a la campaña presidencial. Alfredo Lacouture Dangond le contribuyó con cinco millones, y varias empresas de las cuales el mismo Alfredo Lacouture es representante legal le proporcionaron sumas de cerca de quinientos millones cada una. El ministro Andrés Fernández miente cuando afirma que ninguno de los que captaron los subsidios han hecho aportes a las campañas ni a la recolección de firmas del referendo. La propia contabilidad presentada al Consejo Electoral prueba lo contrario. Los poderosos sufragan las torcidas empresas electorales del chapucero politólogo del Estado de opinión y, a cambio, acaparan los frutos del Ubérrimo, que, tratándose del reparto de dádivas y coimas, no es la hacienda de Córdoba, sino la Hacienda pública.

El mismo ministro Fernández confesó que la piñata no termina con las gabelas a las familias mencionadas, ya que también otros altos funcionarios han recibido créditos blandos, cuya deuda les será condonada hasta en un 20%. Nombró, entre otros, al presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Hernando Carvalho y al director de la DIAN, Néstor Díaz, quienes usufructuaron el llamado incentivo de capitalización rural, para sembrar palma africana. Así que hay una gran variedad de programas para premiar, en diverso grado, a la camarilla palaciega y a sus secuaces, pilares del continuismo de la Seguridad Democrática.

Nada de esto es nuevo; se trata de la continuación de la compra de votos con los programas como Familias en Acción, el pago con cargos notariales a las reformas de la Constitución, y el "gustico" no aplazado de enriquecer a los hijos del Ejecutivo mediante las  disposiciones paternales de la Casa de Nariño.

Lo más diciente, lo verdaderamente aleccionador, se encuentra en las respuestas que han dado, tanto el mandatario como el ex ministro Arias y el jefe de la cartera agropecuaria, a la indignación manifestada por el público. Uribe, en la celebración del día del ganadero, afirmó que "aquello de que no se puede apoyar a los grandes (agricultores) es mantenerse en el discurso de los 70". ¿A cuál discurso se refiere? Si es al de los regímenes, el gobernante les hace un elogio inmerecido, puesto que ya en aquel entonces el desfalco para engordar las fortunas de familiares y copartidarios era cosa común, y la perorata de que tales latrocinios se hacen en beneficio de los más pobres también tiene un sitial en la historia de la infamia. A Álvaro Uribe, quien adelantó su primera campaña con las banderas de la anticorrupción y el anticlientelismo, no le cabe el dudoso honor de haber inventado el robo al Tesoro público para enriquecer a los ricos; lo que no se le puede negar es que lo ha llevado a extremos nunca vistos y lo ha defendido con una vehemencia digna de mejor causa. Él y sus pupilos Arias —el  mismo que defendió la entrega de Carimagua a los latifundistas— y Fernández han sostenido que todo ha sido legal y transparente. De la legalidad quizás no haya dudas: la legislación en nuestro Estado Social de Derecho se redacta para favorecer los intereses de los monopolios extranjeros, de los terratenientes, de los financistas, de la cúpula del Estado. Yolanda Reyes, en su columna  titulada El cuento del "gana-gana", muestra cómo las peticiones de las gentes sencillas naufragan en una tramitología cuidadosamente diseñada. A los campesinos se les despacha con exigencias de estudios de hidrología, meteorología, suelos y tasa interna de retorno, amén de otros muchos. Como sucedió con los de la región de Villa de Leyva, quienes pensaron que podrían obtener algunos recursos para irrigar sus tierras semidesérticas, y enfrentaron un olímpico rechazo. Está probado que el mencionado subsidio no tiene por objeto estimular la producción agraria, ni reducir la desigualdad, ni dar empleo; nada de esto ha ocurrido: las desigualdades se convierten en abismos, el desempleo prolifera, la miseria agobia. La verdad es que cada artículo e inciso llevan, entre líneas, los nombres propios de los beneficiarios. De estos, dijo el ministro Fernández, que son familias honorables; desde luego que lo son: se apoderan de sumas enormes, pues quien se roba un pan, es tildado de criminal y terrorista.

Mientras el señor Uribe alardea de haber superado los discursos igualitarios setenteros y de ser un postmoderno que no se avergüenza de cobrar impuestos a los pobres para transferírselos a los potentados, los hospitales languidecen-incluso los 22 de Bogotá están en estado crítico y solo tienen suministros para funcionar hasta noviembre, pues requieren con urgencia 76 mil millones de pesos, menos de lo que han acaparado los grandes terratenientes. La gente sucumbe en el paseo de la muerte a las puertas de las entidades de salud. Las universidades públicas, a las que se ha obligado a vender servicios e incrementar las matrículas, requieren de manera inmediata cerca de quinientos mil millones de pesos, que el Estado les mezquina. Más de 3 millones y medio de desplazados llevan una vida miserable, y el gobierno no es capaz ni quiere restituirles sus tierras, hoy anexadas a grandes latifundios. El doce por ciento de los colombianos sufre malnutrición; y el desempleo azota a un porcentaje igual de compatriotas, el peor guarismo de América Latina.

Nada de esto preocupa a los gobernantes o a los ricachos, quienes son enemigos declarados de los subsidios a los pobres. Ayudar a los desplazados, según dijo Uribe el 20 de julio, es fomentar el desplazamiento. Cualquier peso otorgado a quien necesita lo consideran un estímulo a la holgazanería, pero donado a los que todo lo tienen, un premio al esfuerzo y al sacrificio. Financiar las entidades estatales o la salud pública es tolerar la ineficiencia y la falta de competitividad. Incrementar los salarios constituye un ataque a la prosperidad nacional y a la libre empresa o un desmedro del presupuesto nacional. Esta lógica depravada se ha consagrado en las leyes, como dicen y repiten los abogados de la rapiña. Cierto: se trata de la ley implacable del gran capital, hecha para despojar y oprimir a millones de seres. Es la misma que imponen Obama y los banqueros en los Estados Unidos, mediante la cual se regalan sumas astronómicas de dólares a los grandes financistas, en tanto que se lanza al desempleo y se priva del techo a millones de familias. ¡Todo sacrificio impuesto al pueblo trabajador se convierte en un nuevo obsequio a la oligarquía corrupta!

Uribe y sus pupilos no se hacen la pregunta de "y el poder para qué", saben muy bien que es la mejor herramienta para el enriquecimiento rápido mediante la explotación de la sociedad entera. El éxito de la Seguridad Democrática ha sido incuestionable: los monopolios petroleros en manos de las compañías gringas, los grandes bancos, los grupos monopolistas y los dueños de los latifundios tienen razones de peso para perpetuarla, en cabeza de Uribe o de alguno de sus conmilitones.

Por eso, hay que desechar las tácticas vergonzosas de ceder los derechos y garantías so pretexto de salvar las entidades públicas y las empresas o la economía nacional y los empleos. Con ellas sólo se ha logrado envilecer la vida de las masas y doblegarlas, entregarlas indefensas a la voracidad de los agiotistas.

La casta dominante se escuda en sus códigos para justificar las fechorías; las masas tienen que acudir a otra ley: la de la historia que enseña a batallar para sacudirse de la depredación de sus enemigos.

No hay salida distinta, cada atropello a las mayorías, toda lesión a los intereses populares debe enfrentar la protesta altiva, la huelga y el paro cívico: única actitud digna y patriótica.


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