Constituyente petrista: ¿Otra salida en falso?

Por Alfonso Hernández

En el discurso pronunciado el pasado 15 de marzo, en la ciudad de Cali, en Puerto Resistencia, el presidente Petro señaló dos verdades de importancia. La primera, reconoció como error suyo la “ingenuidad” de haber conformado un gobierno “plural”, en el que invitó “a los del centro”, término bajo el cual cubre a César Gaviria Trujillo, padre del neoliberalismo en Colombia; el partido de la U bajo la dirección de Dilian Francisca Toro; Alejandro Gaviria, eficiente defensor del sistema de especulación con la salud, y José Antonio Ocampo, economista de la misma camada de los anteriormente mencionados. Denunció que estos sectores solo quisieron aprovechar el puesto e impedir que los programas del gobierno se llevaran a la práctica y que armaron una coalición para frenar el avance de las transformaciones buscadas por el Ejecutivo.

Recordó que, posteriormente, propuso un acuerdo nacional a los causantes de las calamidades que vive el país: los grandes monopolios nacionales y extranjeros —otra “ingenuidad”—, y los convidó a hablar para transitar pacíficamente a una nueva Colombia, asegurándoles que no serían perjudicados económicamente. Es más, no se cansó de repetir que añora que los potentados ganen también en el proceso del cambio de factura petrista. Denunció la avaricia de los acaudalados —y esta fue la segunda gran verdad que expresó en su alocución—. Se preguntó por qué no se puede llegar a un acuerdo, por qué les pesa tanto a estos potentados que la gente tenga bienestar, que el viejo o la vieja reciban un ingreso, etc.. La respuesta a la pregunta del presidente es simple: los grandes capitalistas son voraces, no están dispuestos a ceder una hectárea, una moneda, una hora de descanso a las gentes laboriosas. Por eso fracasa la fórmula que pretende dar felicidad y parabienes a esclavos y a esclavistas, a saqueados y a saqueadores, a víctimas y a victimarios.

Los deseos salomónicos del presidente no encuentran acogida, sino acritud, en las aves de rapiña. Quizás un caso lo ilustra todo. El gobierno del Pacto Histórico ha hecho todo para favorecer al grupo Gilinski: le facilitó las maniobras para apoderarse de Nutresa, compañía emblemática del Grupo Empresarial Antioqueño, y ahora se compromete a ayudarle a montar una enorme plataforma de abastecimiento de cacao con cooperativas y asociaciones campesinas para que incursione en el mercado mundial con mucha fuerza. Con el mismo fin, le contribuye en la financiación de un vivero de millones de árboles de dicho fruto. Ambos, el gobierno y los Gilinski, se presentan con estas operaciones como grandes benefactores de los campesinos que producen el cacao, siendo que lo que veremos será una nueva edición de la alianza del jinete y el caballo.  No obstante esta pacto, los Gilinski, en su revista Semana le dan rienda suelta a Vicki Dávila para que arremeta a diario contra el concertador presidente, acudiendo a al peor amarillismo, las calumnias viles y la propaganda negra. Así, los potentados usufructúan los desvelos de Petro por congraciarse y, a la vez, lo vapulean inmisericordemente. De ello se dolió el primer mandatario, de que esos mismos magnates a los que les propone muy jugosos arreglos se hayan empeñado en hostigarlo a él, a su familia, a su gobierno. El ocupante de la Casa de Nariño lamentó que no le den tregua en radio o televisión, en el Congreso o en los tribunales, en la Fiscalía o en la Procuraduría. Y, ni siquiera, en el Consejo Nacional Electoral. Repitió: “nos quieren arrinconar, tumbar el gobierno”. Concluyó que, por tanto, no es este el momento de un acuerdo nacional, pero de ninguna manera cerró la puerta a la repetición del desastrado intento.

El discurso de Puerto Resistencia no es otra cosa que una declaración de la bancarrota de la política de la concertación por parte de uno de sus adalides más prominentes en el país. Ese ardid se ha promovido desde los finales de la Guerra Fría para hacerles creer a los sojuzgados que sus expoliadores son sus amigos, que las relaciones entre unos y otros deben ser fraternas y de colaboración, que la lucha de clases ha desaparecido. Pues bien, toda la concepción y la estrategia del Pacto Histórico están imbuidas de semejante dislate, artículo de fe y manual práctico del presidente Petro. Los profundos reveses del Gobierno del Cambio tienen su origen en esa ponzoñosa doctrina, como se pudo ver en lo ya expuesto y en la confesión del mandatario de haber sido ingenuo al fiarse de los beneficiarios de los padecimientos de los colombianos. Pero lo más grave consiste en que, por ese camino, las luchas libertarias y reivindicativas son desviadas y golpeadas, y la gente del pueblo, los obreros y campesinos, los trabajadores independientes sufren las consecuencias.  

Las claudicaciones del jefe del Pacto histórico no se limitan a las mencionadas. Desde el comienzo se ha alineado con los Estados Unidos, llegando al colmo de pedir tropas gringas para el Amazonas y de establecer una base en Gorgona. Cumple fielmente los dictados del FMI y de la OCDE y pone a disposición de las aventuras imperialistas a la Armada colombiana. Este punto, de gravedad extrema, apenas lo mencionamos en este artículo, puesto que ha sido materia de numerosos análisis en Antípoda.

Esto no niega que existan contradicciones reales entre el petrismo y los dueños del país. Algunas personas y organizaciones se limitan a sostener que todas las reformas de Petro y todas sus políticas son proimperialistas, y no logran explicar el porqué de los ataques de la gran prensa, de los gremios y de los partidos reaccionarios al gobierno. De esos reproches, apasionados y unilaterales, para los que hasta un incremento en el pago de dominicales y festivos o de una hora nocturna a los asalariados constituyen una traición al país, queda la sensación de que Uribe o Vargas Lleras son gladiadores que luchan contra un paquete de reformas dictadas, letra por letra, por el Tío Sam. No faltan quienes, como Robledo, arremeten contra Petro por sectarismo y como una manera de ganarse el favor de los Ardila o de los Bruce Mac Master. También hay quien se parapeta en las columnas de Semana a reclamar sobre la incoherencia y los desatinos de Petro. Si bien es cierto que las reformas planteadas son tímidas y, en muchos aspectos retrógradas, enfrentan una resistencia feroz por parte de gremios y de los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical, de la U, Centro Democrático y un sector del Verde.

Buena parte de este encarnizamiento tiene que ver con el propósito de derrotar al petrismo en las elecciones del 26 y volver a controlar plenamente el gobierno, disponer de los presupuestos, de los empleos y demás gabelas del mando. Pero hay otros factores. A las EPS no les gusta que se les reduzca el mangoneo sobre los ingentes recursos de la salud; los pulpos del sector eléctrico no quieren oír nada de control de precios —que el gobierno tampoco es capaz de poner en marcha—, las firmas de hidrocarburos repudian la idea de mermar sus operaciones en el territorio nacional. Tampoco caen bien en la burguesía las críticas, más que justificadas, a la gran prensa. A todos los capitalistas y los terratenientes les causan ira los discursos del mandatario en los que dice reivindicar los derechos obreros, campesinos, populares, en un país en el cual el sindicalismo o el acceso a la tierra para los labriegos son una especie de crimen de lesa majestad. Este fuego graneado del gran capital dice más de la vileza y temores de este que de la consecuencia de Petro, bastante precaria, pero evidencia desencuentros verdaderos.

El mandatario necesita llevar a cabo algunas reformas ínfimas para mantener su cauda; no se lo permiten los mandamases, lo cual lo ha llevado a la desesperación.  Por ello, lanzó en Puerto Resistencia: “Si las instituciones no están a la altura de los cambios, hay que cambiar las instituciones”. Para lo cual, según él, es necesario convocar la Asamblea Nacional Constituyente y que las instituciones le obedezcan al pueblo. Añadió: “este presidente se restea hasta donde sea necesario”. En síntesis, Asamblea Nacional Constituyente para enfrentar el saboteo al gobierno y sacar adelante las transformaciones que ha prometido, bajo el criterio de que las instituciones se sujeten a cumplir la voluntad popular. Suena bonito. El tono fue desafiante. ¿Será verdadero tal arrojo del conciliador en jefe?

El primer obstáculo que salta a la vista es que la mentada convocatoria no parece tener los votos requeridos en el Congreso ni ser capaz de recoger los cerca de trece millones de sufragios, un tercio del censo electoral, que la Constitución exige para que se pueda proceder a elegir a los constituyentes. Ha de tenerse en cuenta que, aunque Petro ha repuntado un poco en las encuestas, es difícil que alcance estos guarismos. Es más, puede ocurrir que el resultado le sea desfavorable y las fuerzas más derechistas y de “centro” controlen la Asamblea Nacional Constituyente y aprueben disposiciones aún más adversas que las que ya están consignadas en la Carta.

De otra parte, si las grandes empresas, los latifundios, las minas, los transportes, las telecomunicaciones, la prensa y los bancos siguen en manos de la misma oligarquía desalmada; con las mismas Fuerzas Armadas y la misma Policía. Bajo el mismo tutelaje del imperialismo norteamericano, cada vez más belicoso y necesitado de expoliar a los pueblos para pugnar por su hegemonía mundial, cosas que Petro no busca cambiar, ¿no es iluso pensar que una reforma constitucional por sí sola puede transformar el país?

Lo corrobora la experiencia. Procurando explicar por qué si, según él, la Constitución del 91 es tan virtuosa el país anda tan mal después de 33 años de vigencia de dicha carta, Petro dijo: “Porque los poderes constituidos no han hecho estas reformas que tienen que ver con la paz. Porque afectan el sistema político y no cambian. Porque la manera de gobernar después de expedir la Constitución del 91 fue la manera de gobernar paramilitar. Porque la Constitución del 91 nunca se aplicó. Sino que se aplicó de facto un régimen construido en una alianza entre el poder político, sectores del Estado, y dejó 200.000 colombianos muertos”.

De tal manera que la carta maravillosa no se llevó a la práctica y su garantismo nunca bien ponderado dejo la vía libre para el asesinato de doscientos mil colombianos. Habría que agregar que abrió al camino a las más brutales reformas neoliberales, que han traído miseria, abatimiento de la industria y de la agricultura y mayor opresión a los colombianos. El mismo Petro está tratando de reversar algunos de los adefesios jurídicos, hijos de la reformeta del año 91. ¿Qué hace pensar al mandatario que, en el hipotético caso de que lograra llevar a cabo la ANC, no ocurriría lo mismo que en estos 33 años? Al parecer, ni se plantea esta inquietud; es como si se negara a aprender de las enseñanzas de la historia. Así como se tragó la ilusión de que los monopolistas se convertirían en almas desinteresadas por su mero llamado a la concertación, Petro comulga con ruedas de molino cuando asegura que con un cambio en la carta va a transformar al país con el mero influjo de su articulado. Estamos ante otra de sus “ingenuidades”, rayanas en la tontería. Constituye otro engaño a la gente.

En entrevista con el director de El Tiempo, planteó el temario que abordaría la ANC y los asuntos que pretendería excluir:   

Mi propuesta de constituyente no es para las reformas actuales. “No he hablado de una constituyente para cambiar la Constitución de 1991.

Propongo seis temas de diálogo que requieren atención urgente. En primer lugar, es crucial implementar de manera efectiva elAcuerdo de Paz de 2016, el cual fue desatendido y atacado durante el gobierno anterior. Se robaron los recursos de la paz y la Fiscalía de Barbosa nada investigó. Aspectos fundamentales como la Reforma Agraria y la solución al problema de las drogas ilícitas deben abordarse con premura.

Es esencial garantizar en el corto plazo las condiciones básicas de vida para todos los ciudadanos, que incluyan salud, pensión y acceso al agua. En tercer lugar, se requiere unareforma judicial que acerque el sistema judicial al ciudadano, lo haga más efectivo y tenga una dimensión reparadora en términos de verdad y garantías de no repetición. La verdad como el eje de la justicia. Sin verdad no hay perdón ni reconciliación. Cuarto, proponemos el reordenamiento territorial, donde se fortalezca la autonomía local siempre y cuando el territorio excluido sea rápidamente incluido y empoderado. Y, en quinto lugar, también me interesa el cambio climático, tema que no se tocó en la constitución del 91 por el contexto en el que se vivía en ese momento. Y por último, instamos a establecer un diálogo en torno al fin de la violencia en Colombia y la reconciliación.

Todo esto se lograría adicionando algunos artículos al texto constitucional, sin cambiar en absoluto la estructura de la propiedad.: “Nosotros en la campaña dijimos que no vamos a afectar la propiedad privada, incluso mi gobierno no ha hecho ninguna expropiación. No hemos expropiado a nadie”. Ratifica ese compromiso cuando Mompotes le pregunta ¿Eso significa expropiar las tierras? Petro responde: “No. Incluso yo propuse comprarlas a precio comercial”. De manera que la Asamblea Nacional Constituyente, lanzada como la forma de ahora sí sacar adelante el cambio, va a refrendar la compra a precios comerciales de tierras a los terratenientes, los grandes despojadores de los campesinos. Los poderes de facto se mantendrán incólumes y continuarán haciendo y deshaciendo a pesar de los artículos cargados de promesas de acceso al agua, a la educación, a la salud… El mandatario, más diestro en el recule que en la avanzada, lanzó el guante en Puerto Resistencia y, enseguida, se hincó de rodillas.

Bueno sí que se organicen comités municipales, veredales, regionales, pero no para construir castillos constitucionales en el aire, sino para analizar el acontecer nacional e internacional, discutir un programa revolucionario y llegar a sectores cada vez más amplios con miras a desatar la más amplia resistencia popular contra los mandatos de los gringos y de sus socios, la plutocracia colombiana.