Condenamos enérgicamente la entrega de la isla de Gorgona al control de los Estados Unidos por el gobierno de Gustavo Petro

El gobierno de Gustavo Petro, como fue siempre su intención, le acaba de dar luz verde a la construcción de una base militar al servicio de los Estados Unidos en la isla de Gorgona, mancillando así la soberanía nacional, y desnudando que su ambientalismo y su apego a los intereses de las comunidades no son más que poses con el propósito de descrestar, pues su complaciente decisión la tomó contra del clamor de las poblaciones del suroccidente del Pacífico, de los pescadores que abogan por proteger el equilibrio ecológico y las especies de la isla y su entorno marino, y de las comunidades científicas y organizaciones ambientalistas.

El 12 de febrero, en una rueda de prensa a la que también comparecieron los ministros de Defensa, Industria y Comercio, el comandante de la Armada y los directores de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y de Parques Nacionales, cada uno con su libreto muy bien aprendido, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, anunció el inicio de las obras dizque para convertir a Gorgona en un “parque natural de turismo de talla mundial e investigación científica”, una forma ladina de llevar a cabo la construcción del radar, el muelle y el tanque de almacenamiento de combustible, las obras principales de la base militar aprobada en 2015. La única “diferencia” la señaló el ministro de Defensa: dijo que según se acordó con la embajada el radar lo financiará el gobierno colombiano y no el de Estados Unidos, cuyo aporte se destinará “a mejorar las condiciones de alojamiento y las instalaciones en el puesto de guardacostas”. Una burla inaudita, porque no se trata de malabares verbales sobre para qué da cada quién la plata, sino cuál es su objetivo y quién se beneficia con ello. Por demás, la peregrina maniobra lo único que hace es ratificar la tutela gringa sobre el proyecto.

La Armada y la “ambientalista” Muhamad siempre han dicho que la de Gorgona no es una base militar, sino una simple “estación de guardacostas”. Pero basta ver el contexto en el que se aprobó el proyecto para concluir que esa fortificación militar en la llamada Isla Ciencia hace parte de la geoestrategia del imperialismo norteamericano. En 2013, Juan Manuel Santos suscribió un acuerdo de cooperación con la OTAN, la alianza militar comandada por Estados Unidos, y, en 2018, firmó en Bruselas el acuerdo que convirtió a Colombia en “socio global” de ese Tratado. En mayo de 2022, Joe Biden oficializó la designación de Colombia como “aliado estratégico no miembro de la OTAN”.  Todo lo cual, no es más que una entrega de la soberanía nacional y la aceptación del miserable papel de peón del ajedrez en el que el imperialismo norteamericano se juega sus intereses frente a China y Rusia en América Latina. Sobre esto no ha dejado duda alguna la general Laura Richardson, jefe del Comando Sur, asidua visitante de la Casa de Nariño.

El gobierno también viene afirmando que las operaciones militares de la Armada desde la isla tienen que ver con la interdicción del narcotráfico y el combate a la pesca ilegal. Empero, como lo ha demostrado el investigador Darío González Posso, el radar hace parte de lo que Estados Unidos considera la “protección del Corredor Marino Pacífico Sur Oriental”, conformado por Ecuador, Colombia Panamá y Costa Rica, según lo confirmó en una reunión en este último país, en agosto de 2023, la citada general Richardson. González también ha afirmado, con razón, que el delito del tráfico de drogas se combate más efectivamente en tierra, donde se planean y ejecutan los embarques y se construyen los sumergibles. Si esto no se hace, insinúa, es por la corrupción de las autoridades. Y en cuanto a la pesca ilegal, desde hace marras los buques de las pesqueras multinacionales saquean nuestros mares a ojos vistas de la Armada.

En la rueda de prensa los agentes del gobierno pretendieron engatusar a los sectores que se han opuesto al proyecto: a las comunidades científicas de las universidades les ofrecieron recursos y convertir en laboratorios de investigación las viejas edificaciones de la cárcel. A los pobladores de la región les prometieron inversiones por $32 mil millones a fin de “fortalecer las capacidades humanas de las comunidades que viven del turismo en el Litoral Pacífico (sic) y de esta manera, ofrecer un ambiente propicio para las inversiones verdes a nivel internacional”, es decir, que los verdaderos beneficiarios serán los tiburones financieros de los negocios ambientales y los emporios turísticos, que usarán las refaccionadas construcciones, con senderos y estaciones de buceo, para el disfrute del “ecologismo puro”,  como bien lo anota Darío González.

La sujeción del gobierno de la potencia mundial de la vida a los designios de muerte de los gringos en Gorgona, desdeñando el rechazo ciudadano que de nuevo se hizo sentir en la reciente visita de Petro a Guapi, a más de sus fantochadas sobre el cambio climático y sus rogativas a los agiotistas internacionales para cambiar deuda por “acción climática”, al estilo del derechista Lasso del Ecuador, hacen temer que de las peticiones de helicópteros y soldados a la general Richardson para “proteger” nuestra Amazonía, el gobierno pase a la entrega directa de nuestro invaluable tesoro selvático a los imperialistas, sus negociantes y sus ONG.

Notas Obreras rechaza sin cortapisas el ignominioso alineamiento del gobierno de Gustavo Petro —aun a costa de la soberanía nacional de Colombia—, con las ambiciones geopolíticas de los Estados Unidos, la potencia que hoy funge como policía del mundo y es la principal responsable del escalamiento bélico que derrama la sangre de los pueblos de Palestina, Ucrania, Siria y de otras latitudes.

Bogotá, 15 de febrero de 2024