Antípoda | Capítulo 17: Condenamos la conspiración para desestabilizar el gobierno de Gustavo Petro

I

En la red X el presidente de la república, Gustavo Petro, el pasado 3 de febrero, denunció que “juristas destacados” le achacan una ruptura institucional por la forma como ha manejado la suspensión del canciller por parte de la procuradora general de la nación, mientras callan frente a la “seria ruptura constitucional” consistente en que el fiscal lo investigue. Señala, además, que han sido allanados sindicatos y, más grave aún, que se han cometido torturas y presionado a testigos con el propósito de que lo acusen. Semejantes delitos los atribuye a que “desesperadamente sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, políticos corruptos y sectores corruptos de la fiscalía (sic) buscan la salida del Presidente (sic) del cargo elegido por el pueblo (sic)”. Agrega que se trata de que “las mafias no quieren perder control de secciones enteras de la fiscalía que he puesto en peligro por haber presentado una terna de mujeres decentes,” y que la Fiscalía pedirá que lo juzguen políticamente para desconocer su triunfo en las urnas y reitera que debe “avisar al mundo de la toma mafiosa de la fiscalía”. Concluye llamando a la “máxima movilización popular por la decencia” y notifica que “llegó el momento de la expresión popular”.

En el comunicado oficial expedido en la misma fecha advierte que: “Lo que busca el fiscal general es un golpe de Estado (sic) bajo manto institucional, tal como querían hacer en Guatemala y por las mismas razones. La Constitución prohíbe que la Fiscalía investigue al presidente, y es lo que acaba de hacer Barbosa” convirtiendo “hechos completamente legales en ilegales.” Finalmente, pide conformar “coordinadoras de fuerzas y organizaciones populares”, para “sin ninguna violencia alistar jornadas de una muy grande y profunda movilización para defender el voto popular”, para responder al golpe “desde las instituciones democráticas, desde la ley y la justicia y desde las calles.”

Las graves denuncias de Petro son motivadas no solo por las decisiones que han tomado las cabezas de los llamados organismos de control contra miembros de su gobierno que, en últimas, apuntan contra el propio jefe de estado, sino principalmente por la decisión del fiscal de convertir un aporte económico de Fecode a su partido, Colombia Humana, en una “prueba” de que la campaña Petro Presidente sobrepasó los topes permitidos de financiación e infringió la norma que prohíbe las donaciones de las personas jurídicas a las campañas electorales, lo que serviría de base para un juicio político en el Congreso con el fin de destituirlo.

II

Es indudable que el fiscal y la procuradora —dos oscuros personajes, el primero cuyo único mérito es el de haber sido compañero de recochas universitarias del anterior primer mandatario, personaje tan liviano como él, y quien se ha dedicado desde el inicio del gobierno a forjar su candidatura presidencial infamando a Petro, y, la segunda, una valida de la costa nostra del clan Char—, se han convertido, violando flagrantemente las limitaciones de sus cargos, en la punta de lanza de una sistemática campaña de carácter político, plagada de difamación y calumnias, contra el presidente de la República, y en la que han tenido como aliados a algunos de los grandes medios de comunicación, y detrás de bambalinas, orquestando el ataque, a un puñado de políticos de la extrema derecha del país. En tanto que los gremios y la gran burguesía y otros sectores no comprometidos directamente en el debilitamiento del gobernante utilizan la crisis para hacerle mayores exigencias y sacarle concesiones, maniobra que han usado a sus anchas desde el 7 de agosto de 2022. Lo mismo que hacen los gringos que ahora lo conminan a que intervenga en los asuntos internos de Venezuela para imponer como presidenta a su marioneta María Corina Machado.   

Tiene razón el presidente cuando cuestiona los dobles estándares prevalecientes en esas entidades, convertidas en centros de encubrimiento de los perpetradores de toda clase de raterías y crímenes, como los falsos positivos, y los descarados abusos de sus predecesores cuyas campañas electorales fueron financiadas a rodo por contratistas, multinacionales y mafiosos, y sin contar los obsequios, por encima y por debajo de la mesa, en contante y sonante, de la llamada gente de bien, de los grandes grupos económicos, terratenientes e industriales que jamás aparecen en las espurias contabilidades que se les entregan a los “órganos de control” y al Consejo Nacional Electoral.

También el primer magistrado tiene bases para sostener que áreas de la Fiscalía están “podridas” y se han prestado a encubrir diversos delitos, pues cada día aparecen nuevas pruebas sacadas a la luz por algunos de los pocos medios de comunicación que mantienen cierto grado de pulcritud y seriedad periodística, sobre, por ejemplo, la connivencia con traquetos de la vicefiscal que reemplazará a Barbosa mientras la Corte Suprema de Justicia elige a quien le sucederá. Y esta última, como es atávico en los sedicentes “guardianes” de la integridad de la “majestad” de la Constitución y las Leyes, se toma su tiempo para escoger de entre las tres candidatas en tanto trafican en una y otra institución con sinecuras y otros valimientos, es decir, también se dedican a pescar en río revuelto.

III

Notas Obreras no llamó a votar ni votó por Gustavo Petro y nuestras diferencias con sus posiciones antes que atenuarse se han profundizado en el curso de su ejercicio gubernamental. Tenemos concepciones diametralmente opuestas sobre el cambio de las estructuras económicas, políticas y sociales prevalecientes en Colombia: estamos convencidos de que su idea de que es posible transformar la sociedad a partir de un “acuerdo nacional” con los grandes monopolistas no es más que un artificio que embota la conciencia de las gentes sencillas y las sacrifica en el altar de las ganancias de los capitalistas. Repudiamos el compromiso a rajatabla de su gobierno con la regla fiscal, el dogal  impuesto por el imperialismo a través de sus bancos multilaterales y el Fondo Monetario Internacional, que estrangula el progreso del país y el bienestar del pueblo para servir cumplidamente la deuda con los tiburones del capital financiero nacional e internacional. Nos indigna su creciente sujeción a los Estados Unidos, agravada con su obsequioso ofrecimiento de que los inveterados saqueadores de nuestras riquezas se tornen en vigías de selvas e islas estratégicas. Desdeñamos su tesis peregrina, de que la redención de los oprimidos es posible por medio de las “instituciones” y el andamiaje jurídico levantados con argucia por las clases dominantes para perpetuar y hacer más férrea su supremacía; tesis a la que el presidente se aferra con contumacia, así a diario se la desmientan la oposición de los mandamases a sus tímidas reformas y, por tanto, el consecuente fracaso de estas, a pesar de su inclinación a “concertarlas”.

IV

No obstante estas insalvables diferencias de principio con el adalid del gobierno del cambio, Notas Obreras condena categóricamente la intentona politiquera de desestabilizar su gobierno, elegido mayoritariamente por la población, y no recela declarar que este llegó a la Casa de Nariño en hombros de millones de inconformes que lo respaldaron entusiasta y desinteresadamente, y a pesar de que las chequeras sin límites de los potentados legales e ilegales estuvieron al servicio de los distintos rivales que tuvo en las diferentes vueltas de los comicios.

De profundizarse esta conspiración no vacilaremos en participar con nuestro pequeño grupo de luchadores revolucionarios en las acciones de masas que se convoquen para conjurarla. Empero, también declaramos enfáticamente que Notas Obreras no saldrá a las calles a respaldar la fementida democracia ni el “estado social de derecho”, a lo cual está convocando Fecode, a pesar de ser víctima propiciatoria de tales entelequias, sino a pregonar con vigor que el cambio que urge para reivindicar a los humillados y ofendidos nunca llegará sin derruir la dictadura disfrazada de democracia de la minoría explotadora, su estado y sus instituciones despóticas, así se llamen a sí mismas “sociales de derecho”, y sobre sus escombros erigir una verdadera nueva democracia y un estado de las mayorías de obreros, campesinos, jóvenes y mujeres, sectores medios, pequeños y medianos empresarios, que reemplace el actual, y cuyo primer deber sea el de asegurar trabajo, pan, techo, salud, educación, pensión, servicios públicos y derechos políticos para todos.

Bogotá, 6 de febrero de 2024