Por Alfonso Hernández

Según se aprecia en las noticias y los comentarios de prensa, hay un estado de euforia en Colombia. Juan Manuel Santos y demás encumbrados funcionarios del gobierno se han esmerado en convencer a la opinión de que las locomotoras de la prosperidad democrática, marchando a todo vapor, llevan al país a un estadio de progreso y bienestar no vistos. A las desatinadas afirmaciones les hacen eco interesado las gentes de las finanzas, los contratistas del Estado y, desde luego, las multinacionales mineras y de hidrocarburos.

El pasado 21 de noviembre el país fue sorprendido cuando el Alcalde de Bogotá, acompañado de un grupo de recicladores y de empleados de las empresas de Teléfonos y del Acueducto se tomaron las instalaciones de esta última con el supuesto fin de defenderla frente a una conspiración de la que hacían parte el Gobierno Nacional y los empresarios que monopolizan la recolección de basuras en el Distrito. La intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio a la mencionada empresa fue el florero de Llorente. Según el discurso del burgomaestre ese día, el complot buscaba favorecer a los poderosos empresarios Wiliam Vélez y Alberto Ríos e impedir que la Administración pusiera en práctica un nuevo modelo para el servicio de aseo bajo el control de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, que incluya a los recicladores en el reparto de las utilidades del negocio. Petro se despachó con una carga de profundidad contra el gobierno: dijo que se estaba violando la Carta del 91 y la autonomía de la ciudad; que aquello era un atentado contra la democracia, pues se desconocía el mandato de la ciudadanía que votó por él y su programa en las pasadas elecciones, y que constituía una muestra de intolerancia que no contribuye a la paz de Colombia.

Existe la creencia de que la Constitución de 1991 fue, en ese entonces, el fruto de un movimiento de rebeldía de la juventud, pero la verdad es que tal movimiento fue gestado por la propia oligarquía para adaptar el andamiaje jurídico de la nación a los designios del "libre mercado". El estudiantado debe desechar cualquier ilusión de que puede apoyarse en esa Carta Política para plantear su propuesta de reforma a la educación superior.

Las universidades se hunden en el deterioro de sus edificaciones y la falta de recursos para atender sus actividades más elementales. Entre tanto, las declaraciones de la Ministra de Educación son de una total indolencia ante semejante calamidad. En algunas universidades se realizan acciones desesperadas para tratar de llamar la atención del gobierno, pero la situación obliga a que el Movimiento Estudiantil salga de nuevo masiva, unificada y consecuentemente a exigir presupuesto suficiente para atender la crisis. La hora es de unidad y de lucha.