Digamos no, al criminal negocio de levantar la cuarentena

De dientes para afuera Duque ha venido afirmando que la cuarentena se prorrogará hasta el día 11 de mayo y que la emergencia sanitaria irá hasta el día 30 de ese mismo mes. En la práctica, sin embargo, el confinamiento, fundamental para contener al coronavirus, en gran medida se levantó el pasado 27 de abril. Con la puesta en marcha de la construcción y las manufacturas y de todas sus actividades conexas, millones de asalariados entraron en actividad, sumándose a los de las labores esenciales que se han jugado la pelleja al margen del confinamiento. Se amenaza así la vida y la salud de los trabajadores y el pueblo colombiano para rendir culto a la codicia capitalista.

El gobierno ha dicho que el inicio de labores estará sujeto a la adopción de protocolos en los sistemas de transporte y las empresas para evitar la propagación del coronavirus. Promesas de cumbiambera. Si ante la mirada atónita de toda una nación las parásitas EPS y las ARL le han mezquinado criminalmente al personal de salud los suministros de protección, entre ellos los de bioseguridad, imprescindibles para vérselas cara a cara con el virus, qué no sucederá en el resto de actividades. 

De otro lado, el aplanamiento de la curva epidemiológica, que pregona el gobierno, tergiversando las declaraciones de la epidemióloga Zulma Cucunubá, del Imperial College, es una falacia. Según la propia Cucunubá, lo único que hasta ahora se ha conseguido es una disminución de la velocidad de la línea de contagio y la postergación de su pico. Pero una vez que se levante la cuarentena el país avanzará a todo vapor hacia el colapso del sistema hospitalario. Los enfermos se contarán por cientos de miles y se perderán vidas a granel. Colombia marcha a la zaga de Italia, España y los Estados Unidos. 

Varios centros de investigación y organizaciones como la Federación Médica y el Colegio Médico, entre otros, han advertido que se está lejos de reunir los requisitos mínimos exigidos por la OMS para levantar el confinamiento, empezando por la sentida falta de pruebas. En efecto, a juzgar por la cantidad de pruebas por millón de habitantes que realizan varios países de centro y Suramérica, se puede inferir que la información que posee el país sobre la extensión de los contagios, la velocidad de la propagación y su comportamiento, ente otros, presenta grandes rezagos.  Chile realiza casi cinco veces más; Panamá y Perú, tres y media; Uruguay, tres y Ecuador y Cuba el doble. También estamos por debajo de Costa Rica, Salvador y República Dominicana. Aún mayor es la distancia con países europeos. Mientras que Colombia realiza 2.252 pruebas diarias, España, Italia e Inglaterra, los países que han sufrido con mayor rigor los embates del virus, procesan 32.699, 34.879 y 16.644 pruebas respectivamente. En los Estados Unidos -que se convirtió en el corazón de la pandemia-, se practican 20.940 pruebas diarias.

Con la capacidad actual ni siquiera es posible realizar mediciones y tomar medidas que permitan, por ejemplo, identificar, aislar y tratar a los portadores en sectores de alto riesgo de contagio como el personal médico, de policía, droguerías, supermercados, tiendas de barrio, etc. Menos aún para hacer testeos al azar como los que se realizan en Alemania y otros países.  

La dramática situación de la plaza minorista de Medellín es ilustrativa. Dos días antes de que Duque anunciara sus decisiones, se informó acerca de un brote de 50 personas, que pudieron haber entrado en contacto con otras 2.500, razón por la cual el alcalde Quintero tuvo que cerrarla. Las flaquezas de las medidas oficiales salieron a relucir. La negligencia y la falta de planificación son totales. Pero no solo por el foco palpitante. Ante la gravedad de los hechos no hubo al menos un plan de contingencia para ayudar a que los pequeños y medianos comerciantes y campesinos no pierdan sus víveres, lo que resulta imperdonable teniendo en cuenta que el hambrea campea. Durante días, desesperadamente muchas de estas personas estuvieron comerciando sus productos en los alrededores de la minorista o desperdigados por toda la ciudad, poniendo en riesgo sus vidas y las de buena parte de la población.

Brotes similares se han registrado en los últimos días en la central de abastos de Bogotá, en el hospital psiquiátrico de la Paz, en la cárcel de Villavicencio, entre otros. Mención aparte merece la crítica situación de esta “correccional”, que contabiliza 407 de los 479 casos de coronavirus del departamento del Meta, y dos personas fallecidas, y en la que purgan sus penas en las peores condiciones imaginables 1.740 reclusos de los cerca de 874 para los que tiene capacidad. Una tragedia anunciada semanas atrás, cuando las justas protestas de los reclusos fueron reprimidas a sangre y fuego.

De manera pues que el gobierno no ha conseguido poner bajo control la trasmisión del virus, ni tampoco implementar medidas efectivas para minimizar el riesgo de brotes en centros médicos y residencias, ni en sitios de trabajo, escuelas y plazas de abastos, etc, requisitos básicos exigidos por la OMS.

El sistema de salud, que, en general, no tiene por objeto velar por el bienestar de la ciudadanía sino hacer fortunas a sus expensas, no puede por esto hacer frente a la pandemia. Las imágenes dantescas de médicos y enfermeros, pertrechados con bolsas de basura, que están siendo empujados a inmolarse en la lucha contra el virus, así lo patentizan. Negocio redondo de los banqueros, principales dueños de las Administradoras de Riegos Laborales, quienes hacen fiesta con el robo de los dineros que deberían destinarse a la compra de los suministros. Cuatrocientos siete trabajadores de la sanidad están enfermos y seis más han perdido la vida. El número se multiplicará inexorablemente con el paso de los días por la gula capitalista. 

Los hospitales públicos, llamados a ser uno de los bastiones en la contención del coronavirus, se hallan reducidos a escombros luego de haber sido sometidos a sobrevivir durante tres décadas de la venta de servicios y a disputarse el viacrucis de los contratos de las EPS y otros intermediarios. Cerca de 9 billones de pesos les debían a comienzos de este año las EPS, los departamentos y municipios, un poco menos de una tercera parte del presupuesto de salud de 2020. En lugar de saldar estas deudas millonarias con el sistema hospitalario público, reanimándolo para afrontar la crisis, el gobierno cebará a los intermediarios financieros mediante el giro de sumas astronómicas, a través del denominado “esquema de punto final”.

En no pocas regiones se han tenido que cerrar las puertas de hospitales o áreas claves como cardiología, radiología, cancerología y pediatría entre otras o clausurar luego de una muerte lenta de las especialidades. La crisis no puede ser peor: el pago de los salarios tarda largos meses, los dineros no alcanzan para cubrir las cuentas de los servicios de energía y agua y escasean insumos básicos y necesarios como las gasas o alcohol.

La disponibilidad de camas de Cuidados Intensivos (UCI), fundamentales en el momento actual, es ínfima. El gobierno distorsiona amañadamente la realidad. Mientras que el Ministerio de salud dice que el país cuenta con 5.523 camas, de las cuales la mitad se dispondrán para atender a los portadores del virus, la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, ha dicho que a marzo se contaba con 5.346, pero, que de ellas, el 80% (4,276) estaban ocupadas. Y, tanto o más grave,  que la mayoría de las unidades de Cuidados Intensivos no reúne las condiciones  imprescindibles para evitar que la atención de los enfermos por el coronavirus no se vuelva un problema mayor por la propagación intrahospitalaria: menos de 540 camas tienen infraestructura biosegura y no más de 106 cuentan con presión negativa. Departamentos como Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada simple y llanamente no poseen una sola. Otros como Arauca, San Andrés, Putumayo, Caquetá, Chocó, Casanare… tienen unas pocas.  

Sobre las ruinas de la sanidad pública se han erigido verdaderos emporios. El ascenso meteórico de estos negocios no es el fruto de las dotes gerenciales extraordinarias de quienes las dirigen. Su florecimiento estriba en el saqueo a borbotones de las arcas públicas y en lograr jugosos réditos a costillas del dolor y la vida de millones de excluidos por los que reciben el amparo de la seguridad social. 

Con el relajamiento casi total de la cuarentena, en las condiciones aquí someramente descritas, a los esclavos del salario y a sus familias se les ha impuesto una cuota de sangre alta para que no pierdan lustre en las cimas de la opulencia los Sarmiento Angulo y los Santo Domingo, los Ardila Lule y los Gilinski…

Exijamos confinamiento y la atención íntegra de las necesidades básicas para todos, hasta que se logre un cabal control del coronavirus. Reclamemos enérgicamente por el suministro de los elementos de seguridad del personal hospitalario y de las actividades esenciales. Y luchemos con denuedo para impedir que se les gire un peso más a los intermediarios financieros y por la nacionalización del sistema de salud. 

¡Pan, salud, servicios públicos y techo para todos!