De las canalladas y apuros de Uribe y Palacio

En su afán por salir del grande aprieto político en el que lo puso su obsecuencia con los intermediarios financieros de la salud, el Presidente ha armado todo un baturrillo de decretos “reglamentarios”, de los cuales promulga o anuncia uno minutos antes de cuanta entrevista televisada o en la víspera de cada marcha de protesta.

Las cadenas de radio y televisión, con el mayor sensacionalismo, divulgan la caída de las medidas más lesivas de la Emergencia Social, y el mandatario sostiene que no ha reversado, sino que la última norma desarrolla y aclara lo que la penúltima y las precedentes no habían logrado. Su objetivo consiste en mantener intactas las criminales disposiciones del 21 de enero, como los decretos 128 y 131, pero enredar a la gente con reglamentaciones ambiguas.

En el caso del decreto 131, en lo atinente a los planes obligatorios de salud, POS, el artículo 9° ordena incluirle a la Ley 100 un artículo 162 A, que reza:

“Artículo 162 A.- DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD. (…) El Plan Obligatorio de Salud corresponde al reconocimiento del núcleo esencial del derecho a la salud, que pretende responder y materializar el acceso de la población afiliada a la cobertura de sus necesidades en salud, teniendo en cuenta la condición socio-económica de las personas y la capacidad financiera del Estado. En todo caso prioriza la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, las atenciones de baja complejidad, la medicina, y odontología general y admitirá el acceso al manejo especializado o de mediana y alta complejidad cuando se cuente con la evidencia científica y costo-efectividad que así lo aconseje.”

El texto es suficientemente claro para cualquier persona que sepa leer. No obstante, Uribe vapuleó públicamente a Cuervo, el viceministro de Salud, acusándolo de haber redactado de manera confusa y muy teórica las normas; pero el error de ese funcionario fue haber permitido un pasaje de veras comprensible. Para opacar los hechos, la Casa de Nariño dio a conocer, el 5 de febrero, el decreto 398, reglamentario del 131, que dice:

“Artículo 1° La base para la actualización de los Planes Obligatorios de Salud – POS de los regímenes contributivo y subsidiado, serán los planes de beneficios vigentes a la fecha de publicación del Decreto Legislativo 131 del 21 de enero de 2010, conforme a los Acuerdos expedidos por la Comisión de Regulación en Salud – CRES. En desarrollo del principio de progresividad, las actualizaciones de los Planes Obligatorios de Salud -POS, tendrán como finalidad mejorar los servicios de atención en salud a la población afiliada.”

Con éste daba a entender que se derogaba el agregado a la Ley 100, pero, en primer lugar, una disposición reglamentaria no puede ir en contra de la esencia del decreto Ley, y en segundo, tomar como “base de actualización” no significa que, en vez de reducir el número de dolencias incluidas en el POS, se vayan a aumentar. Y las palabras del gobierno, “mejorar los servicios de atención en salud” han implicado cobrar, racionalizar y demeritar.

Las campañas publicitarias que con el dinero de la salud pagan el Ministerio y la Presidencia propalan que es falso que el POS vaya a desmejorar, y Uribe en la entrevista con Yamid Amat, en el noticiero CM&, el pasado 17 de febrero, sostuvo que el nuevo decreto reglamentario promulgado a propósito de esa entrevista garantizaría la atención de alta complejidad. Por su parte el noticiero anunció que: “A través de un decreto reglamentario, el Ejecutivo desmontó las restricciones que impedían que tratamientos de alta complejidad hicieran parte del Plan Obligatorio de Salud”. El mencionado decreto, el 505, que reglamenta al reglamentario 398, dice:

“De todas maneras, los planes obligatorios de salud para los regímenes contributivo y subsidiado, vigentes a la fecha de publicación del Decreto Legislativo 131 del 21 de enero de 2010, permitirán la protección integral de las familias a la maternidad y enfermedad general, en las fases de promoción y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para todas las patologías, según la intensidad de uso y los niveles de atención y complejidad que se definan, según los respectivos planes de beneficios. En consecuencia, se garantiza a toda la población afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el acceso a los servicios de baja, mediana y alta complejidad según los respectivos planes de beneficios.”

No se modifica, no se deroga la lesiva disposición del artículo 9° del decreto 131; sólo hay una mención a la maternidad y a todas las patologías, añadiéndole una condición oscura: “según la intensidad de uso y los niveles de atención que se definan según los planes de beneficios”: manera intencionalmente confusa de dejar en pie la priorización criminal del artículo 9° del decreto 131. Además, lo que se anunció como novedad no es nada distinto que una copia del artículo 162 de la Ley 100, que dice:

“CAPÍTULO III
EL RÉGIMEN DE BENEFICIOS
ARTÍCULO 162. Plan de Salud Obligatorio. El Sistema General de Seguridad Social de Salud crea las condiciones de acceso a un Plan Obligatorio de Salud para todos los habitantes del territorio nacional antes del año 2001. Este Plan permitirá la protección integral de las familias a la maternidad y enfermedad general, en las fases de promoción y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para todas las patologías, según la intensidad de uso y los niveles de atención y complejidad que se definan.”

Cuando se compendien todas estas normas en un solo texto —el lector puede hacer la prueba—, la redacción será bastante cantinflesca, pero prevalecerá el decreto Ley y su restricción del POS.

Es tan turbio el ocupante del solio de Bolívar que expide una norma tras otra, con el mero afán de engatusar; muestra por toda la normatividad un olímpico desprecio, de tal modo que la tuerce y retuerce no solamente para acomodarla a sus apetitos mayores, sino también a su demagogia cotidiana.

Con respecto al pago de las “prestaciones excepcionales de salud”, —aquellas enfermedades, procedimientos o medicinas que no figuren en la lista del POS— el decreto 128 señala de manera inequívoca:

“ARTÍCULO 11.- FINANCIACIÓN DE LAS PRESTACIONES EXCEPCIONALES EN SALUD. Las prestaciones excepcionales de que trata el presente decreto, se financiarán por los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud que las requieran. Estas prestaciones serán cofinanciadas, total o parcialmente, consultando la real capacidad de pago del afiliado, de manera subsidiaria, exclusivamente con los recursos que la ley haya destinado al FONPRES para tal efecto, y hasta tanto se agote la disponibilidad presupuestal anual.

“ARTÍCULO 15°.- CAPACIDAD DE PAGO. La autorización de prestaciones excepcionales en salud que serán cofinanciadas por el FONPRES procederá previa verificación de la capacidad real de pago del afiliado, a partir de la cual se determinará si el solicitante o su grupo familiar pueden costearlo en su totalidad, o la proporción en que puedan asumirlo, teniendo en cuenta su nivel de ingreso y/o su capacidad patrimonial, entre otros criterios.

“Los operadores públicos y privados de bancos de información y/o bases de datos reportarán la información relevante para establecer la capacidad real de pago a las instancias que designe el Gobierno Nacional, para realizar la verificación en la forma y condiciones que se defina mediante decreto reglamentario.

“ARTÍCULO 16°.- FACILIDADES DE PAGO. El Gobierno Nacional reglamentará esquemas de financiación que puedan ser desarrollados e implementados por las entidades del sector financiero, cooperativo y cajas de compensación proporcionando a los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud acceso a líneas de crédito que les permitan financiar las prestaciones excepcionales en salud, en lo que a ellos corresponda. Para cubrir las obligaciones derivadas de las prestaciones excepcionales en salud los afiliados también podrán utilizar parcial o totalmente el saldo sin comprometer, que mantengan en su cuenta individual de Cesantías, ya sea de manera directa o mediante su pignoración. Igualmente y para el mismo efecto, podrán disponer de los saldos acumulados en fondos o programas de pensiones voluntarias sin que se pierdan los beneficios tributarios que la ley les reconoce.”

De nuevo, la redacción no deja lugar a ninguna duda acerca de que el usuario y sus familiares tienen que costear con su patrimonio, ahorros, cesantías y pensiones las llamadas prestaciones excepcionales de salud. Frente a la reacción popular, el mentiroso señor Palacio negó que los decretos obligaran a la gente a pagar. Uribe insinuó que él no sabía que la Emergencia hubiera llegado a tocar ese punto, siendo que él firmó los decretos, y luego, dijo que los artículos aquí citados, en especial el referente a las cesantías, se referían únicamente a los estratos 5 y 6, y sostuvo que se trataba de una medida redistributiva. Finalmente, prometió que dichos estratos tampoco tendrían que comprometer sus cesantías en los tratamientos. Pero el 128 no se ha derogado, está en plena vigencia; cada una de las palabras del mandatario es falsa. Si se examinan las enmiendas en lo atinente a la autonomía del médico, se halla otra sarta de mentiras.

Hay algo protuberante: la reforma se puso en marcha, no para mejorar la atención en salud, como ahora se pregona, sino para evitar que el sistema colapsara por causa de las tutelas mediante las cuales los pacientes obtenían algún servicio; así se lee en la parte motiva de todos los decretos de la Emergencia Social. Por ello se cobran los tratamientos extra POS, que pasan a denominarse prestaciones excepcionales de salud, esa es también la razón por la cual se sientan las bases para minimizar el POS y se amenaza a los médicos con multas millonarias. Es igualmente el motivo del alza de los impuestos al consumo de cervezas, cigarrillos y licores. Con razón, se ha afirmado que el propósito es el de garantizar las utilidades crecientes de las EPS y limitar, por decir lo menos, el gasto del Estado en salud.

Debe tenerse en cuenta que, según Rodrigo Córdoba, vicepresidente del la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, más del 54% de las tutelas se instauran para requerir la atención a padecimientos que figuran en el POS, lo que demuestra que las EPS asumen una actitud dolosa, comportamiento que en muchas ocasiones ha afectado gravemente la salud o la vida de los pacientes, sin que ninguna entidad gubernamental, ni Superintendencia, ni Ministerio, haya actuado para poner coto a tales desafueros. Sólo ahora viene el presidente a anunciar sanciones, vigilancia y controles: el cómplice se presenta como guardián.

Esa complicidad es la causa de que la Emergencia no haya tocado ni un pelo de los intereses de las EPS, siendo que la intermediación financiera sí constituye la vena rota del sistema de salud, pues esas entidades se apropian de más del 30% de los recursos aportados por los cotizantes y por el Estado. Por el contrario, Álvaro Uribe justifica que dichas empresas inviertan en otros negocios los dineros “excedentes” que obtienen en la salud y afirma que tienen muy poca rentabilidad y que es necesario que capitalicen más. Se entiende que diga que lleva muchos años ocupado de este tema: él fue uno de quienes prohijaron el régimen vigente, el de la Ley 100, que sólo busca beneficiar a esos usureros.

Uribe ha actuado con actitud torva en las discusiones, tratando de amedrentar a quienes lo critican, tildándolos de enmascarar ataques políticos con ropaje académico y sentenciando que quienes no le reconocen los enormes avances sociales a la Seguridad Democrática proceden de mala fe. Se ha presentado como víctima y, mientras que habla de día y de noche por radio y televisión, se queja de que no lo dejan tiempo para explicar la reforma; interrumpe y sabotea las intervenciones de los que cuestionan sus descomunales embustes. No demora en salir José Obdulio Gaviria a sindicar de guerrilleros a quienes se atreven a balbucir algún reparo a la Emergencia.
Uribe acusa a los pacientes de dilapidar los recursos del Fosyga con cirugías estéticas y otros tratamientos para embellecer; sindica a los médicos de avenirse a tales excesos, con órdenes de operaciones y fórmulas onerosas ¡Qué distinta es la realidad: la gente clama por atención para las enfermedades más apremiantes!

De igual manera, en las distintas intervenciones a lo largo de esta polémica, se vanagloria de haber acabado el Seguro Social —entidad a la que varios presidentes desangraron y le tendieron una emboscada—, y reestructurado más de doscientos hospitales públicos. Fueron las tropelías para abrirles paso a los negocios del aseguramiento en salud. Dice la verdad cuando se reputa como subastador de las instituciones públicas y deshacedor del interés nacional. Como lo hemos denunciado en estas páginas, la reestructuración y liquidación de los hospitales han consistido en echar el personal a la calle, reducir la planta de médicos y paramédicos, someter toda la nómina a los degradantes contratos de cooperativas, envilecer los salarios y prolongar la jornada de trabajo, a más de mermar los servicios a los pacientes, a tal punto que para algunos tratamientos tienen que ir por ejemplo desde Zipaquirá a Girardot o Soacha o del Guaviare a Bogotá.

La connivencia del mandatario y su ministro con las EPS es indudable y se sabe que son ellas las autoras de los decretos de Emergencia; son las que legislan en la materia. Ese es el motivo de que Uribe no pueda discutir con franqueza los móviles de las alteraciones que introdujo: actúa en cumplimiento de un encargo infame. Así, pues, ha evitado a todo trance el debate abierto y claro; preparó casi en secreto el paquete de medidas, y los únicos que han reconocido haber sido consultados a satisfacción son los voceros de la Andi, como Luis Carlos Villegas, y de la Asociación Colombiana de Medicina Integral, Acemi, el cartel de las EPS. Las sociedades médicas han manifestado que no se tuvieron en cuenta sus opiniones y los enfermos ni siquiera fueron escuchados. Para eludir el debate público no presentó la reforma al Congreso, y ahora desvirtúa los hechos y manipula la discusión.

En su campaña desesperada, repite como una grabación que subió la cobertura del régimen subsidiado en 10 millones de personas, al pasar de 13 millones a 23 millones de afiliados y que la cobertura total saltó de 23 millones a 41 millones. Lo que falla es la atención: según quedó claro en el panel del programa Hora 20, de Caracol Radio, 25% de los afiliados al régimen subsidiado no son atendidos cuando lo requieren, 50% de los del contributivo no reciben la totalidad de los medicamentos, y todos los días se conocen casos de personas que son burladas cuando buscan una cita con el especialista, con la disculpa de que no hay contrato o que el doctor no tiene agenda. Más afiliados, menos servicios, extender la cobertura sin aportar los recursos indispensables, tanto en educación como en salud, es lo característico del estilo demagógico de este pupilo del Fondo Monetario Internacional. De la misma manera, pregona el aumento del empleo sobre la base de la reducción del salario. Que los pobres se repartan la miseria mientras los ricos se regodean en la opulencia, esa es su consigna. Así se atreve a hablar de cubrir los 46 millones de colombianos, con lo que se amarrarán más afiliados a pagar de su bolsillo las “prestaciones excepcionales de salud”. Al mismo tiempo, proliferan en el país el dengue, la rabia, la sífilis congénita, enfermedades que prácticamente han desaparecido en el mundo.

No obstante las numerosas piruetas, el Gobierno no ha conseguido acallar el descontento provocado. Una de las dificultades que enfrenta consiste en explicar por qué ha tenido que declarar una emergencia, después de anclarse casi ocho años en el poder y, según sus delirantes palabras, haber desarrollado una labor excelente en ese ramo, que hace de Colombia uno de los países avanzados en seguridad social. Además, cada día se conocen nuevas pruebas de cómo éste y los anteriores regímenes han hecho fiestas con los dineros de la salud. Recientemente, se supo de dos contratos, con un valor conjunto de cerca de dos mil millones de pesos, por medio de los cuales el Ministerio de la Protección Social le pagó al Centro de Gestión Hospitalaria, en el que participan varios directivos de las EPS, como Augusto Galán, antiguo presidente de la Acemi, y Teresa Tono, directiva de la Nueva EPS, por elaborar los decretos de la Emergencia. Prueba fehaciente de que los intermediarios de salud son los que dictan las disposiciones que Uribe, sumiso, firma.

El candidato presidencial Germán Vargas Lleras denunció, en una de esas peleas de comadres en las que sale a relucir la verdad, la existencia de un negocio denominado Programa de Apoyo a la Reforma de Salud, PARS, que tenía por objeto “fortalecer el sistema de salud (…) proponer normas para mejorar el flujo de recursos y la vigilancia y el control del sistema, así como hacer propuestas para garantizar la calidad en instituciones de salud.” Para dicho programa se contrajo una deuda inicial con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, por 38 millones de dólares y la contrapartida nacional fue de 28,8 millones de dólares, para un total de casi 68 millones de dólares, aproximadamente 125 mil millones de pesos. Cuánto hubiera servido una suma de esas proporciones a algunos hospitales públicos. Pero si no mejoró el “flujo de recursos” para la salud, la cartera de la afortunada doctora Teresa sí se tonificó con algo más de 500 millones de pesos, según lo reconoció el ministro Palacio. Suerte semejante tuvieron otros “sabios” y “expertos” — ¿o astutos y “bien relacionados”?—. Después de tal despilfarro, a Teresa Tono se le premió con los dos contratos arriba mencionados. Se ve claramente que la Seguridad Democrática no se ha ocupado sólo del agro, sino que también hay un programa de Salud, Ingreso Seguro. Lo único que ha podido alegar el Minprotección es que de los catorce años del programa con el BID a la Administración Uribe le han correspondido apenas siete.

Ya en el colmo del desespero, al ver cómo se desliza en las encuestas y la protesta nacional crece, el candidato presidente la emprendió contra sus subalterno y socio fiel Diego Palacio, a quien humilló en público y le cargó toda la culpa de las desventuras que les han causado las marrullerías que emprendieron en conjunto. Pero lo verdaderamente pasmoso es que el señor de los mil consejos comunitarios se declaró sorprendido de que las innumerables quejas de la gente son desatendidas con desprecio por las EPS. Era el único colombiano que ignoraba esa escandalosa situación. Lo cual demuestra que cuando el pueblo reclama por las vías formales, el señor Uribe y su séquito palaciego son sordos como una pared; sólo escuchan cuando la masa se toma las calles y ventila con ira y decisión sus exigencias.

Todo en este andamiaje apesta. El mismo principio de “solidaridad” de la Ley 100 constituye una infamia, pues estriba en cargarles a quienes devengan un salario miserable un impuesto para “subsidiar” a los más pobres y, sobre todo, las ganancias de las empresas promotoras de salud; esto mientras que se exonera de tributos a los grandes capitales.

Sin lugar a dudas, el país requiere un sistema de salud que cubra a toda la población, pero que de veras la proteja y que le atienda las diferentes enfermedades y no se convierta en lucro. La primera obligación de un Estado debe ser sufragar, mediante un gravamen progresivo, la atención de la salud a sus habitantes; esto es lo principal que debería cubrir el Fisco, si se tratara de un Estado que no fuera vasallo de los acaudalados, sino fiel servidor de los habitantes.

Manteniendo está orientación estratégica, hay que entregarse con urgencia a la tarea de organizar comités pro defensa de la salud pública, que pongan al pueblo en condiciones, primero, de dar al traste con los decretos criminales y, enseguida, le permitan ampliar el ataque contra la intermediación financiera. Que la gente haga valer sus derechos y logre arrebatar la salud y el ejercicio de la medicina de las garras de los buitres de las EPS.