Chía: Crónica de una tragedia anunciada

Colaboración para Notas Obreras de Jhon Rico Quintero

Quienes conocen Chía, Cundinamarca, o quieran conocerlo, deben saber que es un municipio existente desde la época precolombina, ubicado a 20 minutos aproximadamente de Bogotá, con una población no superior a los 70.000 habitantes, según cifras oficiales, y reconocido por sus atractivos históricos, turísticos y culturales: Puente del Común, Monumento a la Diosa Chía, Castillo Marroquín, Cerros de la Valvanera, Montaña del Oso, Cuevas del Mohán; festivales gastronómico y astronómico, semana cultural, fiestas del campesino; centros educativos e instalaciones industriales y comerciales.

Sin embargo, en el pueblo se respira una atmosfera fétida, que lleva a que se formulen interrogantes como: ¿Cuáles serán las causas de tal situación? ¿Quiénes se han visto afectados o beneficiados en las actuales emergencias municipales? ¿A quiénes habrá de imputársele la responsabilidad?

El municipio es administrado por el señor Orlando Gaitán Mahecha, quien hace parte de una de las familias más acomodadas de Chía, alcalde que lo ha regido en tres oportunidades (1986-1987; 1992-1994; 2008-2011). Además, ha sido concejal, personero y diputado por Cundinamarca.

Orlando Gaitán representa un modelo conservador y de ultraderecha en el escenario político regional; en su último periodo ascendió a la Alcaldía por el Partido de la U, luego de venir de los toldos del conservatismo; durante sus mandatos ha despertado aceptación y afecto, según las lógicas tradicionalistas y oligárquicas de la política; no obstante, por la manera como ha afrontado el invierno, hoy su gobierno es a cusado fuertemente de negligencia y corrupción.

No se puede desconocer que la presente ola invernal ha devastado gran parte de la geografía colombiana, y muchos son los lugares anegados; pero en el caso de Chía, caracterizado por ser uno de los municipios más prestantes de la sabana de Bogotá, se generó una aguda crisis administrativa de la cual es responsable el actual gobierno. Veamos algunas de las causas de la tragedia.

Uno de los motivos que desataron la presente problemática fue el aumento del caudal de las aguas del Río Frío, que atraviesa esta población, a raíz de la temporada de lluvias. Tal crecimiento no hubiese afectado en la magnitud en que lo hizo si los problemas estructurales que han azotado a la población durante años hubiesen sido solucionados. La cuenca del río no soportó los niveles de agua debido al crecimiento acelerado e irregular de urbanizaciones en las zonas de humedal, las cuales son necesarias para garantizar la regulación del cauce en épocas de invierno; pero, al habérseles desecado, las aguas buscan nuevas rutas de desagüe, afectando viviendas, vías de comunicación y pequeños sectores comerciales. A los alrededores del río ha aumentado la especulación inmobiliaria, la construcción de lujosos conjuntos residenciales, convirtiéndose en una zona exclusiva del norte de Bogotá, o en palabras más comunes: “Se ha vuelto el dormitorio de la ciudad”. Ese lujo ha generado el deterioro de las zonas de reserva, necesarias para la conservación del ecosistema y el equilibrio de las rutas hídricas. La responsabilidad política de los gobiernos es enorme, puesto que son ellos los encargados de aceptar o rechazar las solicitudes de los urbanizadores para construir en estos sectores.

Son muchas las constructoras interesadas en implementar proyectos urbanísticos a costa del ambiente, incluso el actual burgomaestre tuvo interés en desarrollar un megaproyecto de vivienda de “interés social” en espacios de reserva: “Ciudad Parque Oasis”, un programa de 3.200 viviendas, que sería desarrollado en zonas aledañas al Río Frío y en los sectores rurales de Tiquiza, Fonqueta, Cerca de Piedra y Fagua. No se trata de oponerse a la construcción de casas para el pueblo, sino de que éstas deben ser dignas, y el plan del señor Gaitán estaba mal diseñado y afectaba las zonas de reserva, poniendo en peligro a las familias que se establecieran allí. La ciudadela no prosperó luego de ser rechazada por sectores del Concejo Municipal, en tanto que implicaba una modificación excepcional del Plan de Desarrollo y no contaba con la aprobación de algunos entes de regulación territorial. Igualmente fue cuestionado y reprobado por la Procuraduría General de la Nación, así: “La Procuradora Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, María Eugenia Carreño Gómez, y el Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Óscar Darío Amaya Navas, reiteraron que estas obras generan la contaminación de ríos, quebradas y acuíferos, la disminución, desecación y pérdida de los cuerpos de agua, la sedimentación, la variación y deterioro del ciclo hidrológico, entre otros”. Pese a la negativa, llama la atención que “una iniciativa que fue negada por el Concejo Municipal de Chía fue después convertida por el Alcalde en el Decreto No. 092 de 2010. Así mismo, no queda claro para este ente de control (Procuraduría) la participación de la CAR en dicho proceso”. ¿Omisión o corrupción?

Al lado del auge de zonas residenciales exclusivas en lugares inapropiados está el asunto del tratamiento de aguas residuales y lluvias. En algunas de las intervenciones del señor alcalde, con su apasionamiento demagógico por adelantar el proyecto Oasis, señaló la necesidad de edificar una planta de tratamiento de agua, y que agotaría los recursos jurídicos y legales para que el costo lo asuman algunas de las empresas presentes en el municipio. ¿En dónde radica el problema? La cuestión es que para poder hacer su urbanización, o la de alguna empresa privada, se necesita optimizar las cuencas de agua, por ello insta a que debe ser la Empresa de Acueducto de Bogotá o Hydros Chía las que ejecuten tal obra. Esto en sí mismo no sería descabellado, teniendo en cuenta que es una ayuda para mejorar el servicio de alcantarillado local; no obstante, la idea se convirtió en escándalo porque en su afán el burgomaestre aseguró que él mismo, con el Presupuesto Municipal, construiría la planta residual, aunque no se cuenta con los estudios técnicos que demuestren viabilidad para realizarlo y sacrificando el Erario y conduciendo a Chía a una crisis administrativa más profunda, que luego seguramente deberán pagar con mayores impuestos y tarifas los pobladores, pues no es claro de dónde saldrán los recursos.

El tema del alcantarillado es preocupante. Con la presente ola invernal el sistema colapsó, haciendo que el agua se rebosara por los sumideros. El sistema de riego se juntó con las aguas negras desatando la más grande emergencia en toda la historia del municipio, una situación advertida en diferentes ocasiones y desatendida por la Administración, pues en menos de 5 años se ha presentado en otras ocasiones la misma problemática sin identificarse alguna solución seria.

Tales razones fueron el caldo de cultivo de la actual emergencia. Si bien los fenómenos naturales no pueden ser prevenidos con exactitud, en el caso de Chía sí existe una gran responsabilidad política, pues sí se sabe cuando son las temporadas invernales en el país. Veamos ahora cómo fue la “atención” de la crisis.

Una vez aumentó la intensidad de las lluvias y con ella el caudal de los ríos, los primeros damnificados fueron los habitantes de los sectores aledaños a las rondas de los ríos, quienes tuvieron que padecer los efectos de la corrupción municipal: inundaciones, incomunicación, hacinamiento, malos olores. Muchos fueron los relatos de los damnificados; los que habitaban casas de dos niveles lograron recuperar algunas pertenencias, o en sus vehículos particulares abandonar sus casas y trasladarse a otros lugares, pensando en salvar sus vidas, pero no fue el caso de todos; en otros sectores, como en Puente Cacique y San Luis la situación es más dramática, pues las edificaciones eran de una sola planta, por lo que las familias perdieron la totalidad de sus pertenencias, además, hubo quienes se resistieron a dejar sus viviendas, debido a que no tenían a donde ir. Es el reflejo del abandono del gobierno.

Hay que cuestionar también por su negligencia a “Colombia Humanitaria”, que a finales de 2010 llevó a cabo una enorme captación de dinero. Un programa ejecutado por la Presidencia de la República para supuestamente ayudar a millones de damnificados por el invierno. En realidad se trata de unos paliativos para los necesitados. Los municipios, según los grados de emergencia, podían tramitar proyectos por medio de sus alcaldes, para atender a los perjudicados o implementar planes de prevención, que brillaron por su ausencia o carecieron de efectividad.

En Chía no se vio ni la ayuda a los afectados por las lluvias, ni medida alguna preventiva para los habitantes de los sectores afectados. Esto se hizo evidente en una entrevista que la FM hizo al alcalde, quien no pudo explicar el uso de recursos entregados por Colombia Humanitaria y, sencillamente, se limitó a decir que la emergencia iba a ser atendida tan sólo con la compra de unas motobombas, demostrando su estrechez de miras e ineptitud a la hora de afrontar un problema estructural como el que azota al municipio.

A la fecha, la emergencia no ha sido atendida de manera adecuada, y se agudizó con el desbordamiento del río Bogotá a la altura de la Autopista Norte. En este momento son millonarias las pérdidas materiales, muchas familias hacinadas sin saber cómo ni en dónde reiniciar sus vidas, y con la inminente posibilidad de una crisis sanitaria. Todo deja ver un panorama de incumplimiento y abandono de la Administración con los damnificados, amén, de unas vías colapsadas, y un alcalde al que no le importa la situación calamitosa de su pueblo.

El llamado es a que se adopte una postura crítica y de oposición a la Administración Municipal, que como comunidad hagamos uso de la protesta para exigir soluciones reales al problema del invierno. Hay que proponer alternativas de solución a los problemas del municipio, fortalecer la acción política y atacar a las viejas estructuras que se han apoderado de Chía, y que se presentan, como si nada, a pedir el respaldo popular para las próximas elecciones.