De corruptelas y alcabalas

Lo que está sucediendo en la Capital despoja al Polo Democrático de toda autoridad para criticar al gobierno de Álvaro Uribe.

El festín de la contratación

El absoluto desgreño de los contratistas en la ejecución de las obras, que deja como resultado prolongados retrasos y enormes sobrecostos de las mismas; contrataciones millonarias que se adjudican tras las gestiones de un amigo de la familia Moreno Rojas, y el reciente anuncio de que en el mes de julio se presentará ante el Concejo una reforma tributaria con la que la ciudadanía tendrá que pagar los costos de la corruptela oficial constituyen algunas de las noticias recientes con las que a diario se sorprende a los bogotanos.

En el mes de enero se pusieron de manifiesto una serie de irregularidades en el contrato para la construcción de la fase III de Transmilenio por la calle 26, asignado a la firma Transvial, de propiedad de varios vástagos de las familias Nule y Char, poderos terratenientes y contratistas de la Costa Atlántica. El emporio está constituido por más de treinta empresas que se enriquecen a costa de los negocios con el Estado en los más diversos campos: concesiones viales y de gas domiciliario, acueductos como los de Cúcuta y Magangué, y electrificadoras como las de Tolima y Risaralda, entre otros. Algunos escándalos en los últimos meses han revelado que los Nule, como muchos de sus pares, tienen la manía de recibir los dineros para realizar las obras y no responder por éstas, que fue justamente lo que hicieron con la troncal de la avenida Eldorado. Cuando el malestar en la ciudad creció y la Contraloría Distrital hizo saber que de un anticipo de $97mil millones —en un contrato que totalizaba $287 mil millones— Transvial sólo había ejecutado el 50%, pese a lo cual solicitó un ajuste de $69.447 millones para el “restablecimiento del equilibrio económico” y pidió una prórroga de 16 meses para la entrega de las obras que debía hacerse en el mes de agosto del año en curso, la Alcaldía, que se había hecho la de la vista gorda ante semejante estafa, se vio obligada a solicitar la caducidad del contrato. Sin embargo, esta medida, que habría obligado a los Nule a pagar una cuantiosa multa, no se tomó y en su lugar, se optó por aceptar que éstos cedieran el contrato a otra firma.

Cuatro meses después de aquellos episodios, la revista Dinero volvió a alborotar el cotarro al informar que existían evidencias de que la gestión para impedir que el Distrito le aplicara la cláusula de caducidad al contrato con los Nule había sido realizada por un individuo llamado Emilio Tapia Aldana, allegado a la familia Moreno Rojas y considerado un verdadero “zar de la intermediación”. Algunas grabaciones que se pueden escuchar en la versión de Internet de la revista permiten deducir no sólo que por el mandado el señor Tapia habría recibido una jugosa comisión, sino que éste se encuentra envuelto en líos por incumplimiento en el desarrollo de varios contratos gestionados por él para otras empresas. Dinero destaca que los resultados electorales obtenidos por Iván Moreno el 14 de marzo pasado en Sahagún, Córdoba, pueblo de donde es oriundo Tapia, permiten suponer un vínculo con la contratación en Bogotá. En el 2006 el senador del Polo obtuvo en ese municipio un voto, mientras que en las elecciones de 2010 alcanzó 3.881.

Días más tarde la revista Semana aportó nuevos datos. Basándose en los debates de un grupo de concejales y en las denuncias de un constructor, aparece nuevamente Tapia como cabeza de una especie de “cartel de contratistas” que se adjudica las obras, recibe los anticipos, entrega la ejecución de aquellas a terceros, a quienes les demora los pagos o sencillamente se los niega, lo cual se refleja en trabajos que se retrasan o quedan inconclusos. Mientras tanto, un personaje como Tapia se da la gran vida, compra carros lujosos y se moviliza por el país en jet privado adquirido con las comisiones y ganancias que obtiene de exprimir al Estado.

Los retrasos y los sobrecostos

La consecuencia de ese tráfico entre el IDU y los consorcios privados que se adueñan de enormes sumas al tiempo que subcontratan bajo condiciones fraudulentas a quienes realmente hacen las obras es la causa verdadera de los sobrecostos y de los retrasos en su ejecución. Para la ciudadanía es el suplicio de los trancones y de un caos insoportable. No se trata sólo de la fase III de Transmilenio, están también la troncal de la carrera 10ª y varias obras que se realizan por valorización. Recientemente se conoció que los sobrecostos de esos proyectos suman $500 mil millones, lo cual provocó un rifirrafe entre el director del IDU, el encargado del gasto, y el Secretario de Hacienda, quién debe conseguir los recursos. No pasó mucho tiempo para que se conociera la “sabia” solución.

Más cargas tributarias

La semana pasada la Secretaría de Hacienda del Distrito entregó a los concejales un documento titulado Modernización del Estatuto Tributario, que es un preámbulo al trámite de una reforma con la que se espera recaudar un billón de pesos, suma a la que asciende el déficit del fisco de la Capital. Lo que se propone es un aumento de un punto en el cobro del impuesto de industria y comercio y ampliar su base, es decir cobrarlo a las tiendas y pequeños negocios a los que no cubría hasta el momento. Esta propuesta se presenta de manera engañosa diciendo que el aumento de este tributo se hace para reemplazar el impuesto a la publicidad exterior, complementario del de vallas y tableros, que serán eliminados, así como las estampillas de procultura y de adulto mayor, cuando la verdad es que el Distrito nunca supo cómo hacer efectivos esos recaudos. De otra parte, se plantean modificaciones regresivas al predial que significarán enormes incrementos en las tasas para los contribuyentes, y en especial para los más pobres, pues se propone que en la tarifa tenga más peso el avalúo que el estrato, lo que significa que el cobro para un predio de un valor determinado será el mismo para el pobre que para el rico.

Como vemos, las consecuencias de ese maridaje entre la administración del Polo y unos consorcios venales a los que se les entregan los grandes contratos, se traduce en enormes costos y sufrimientos para la población. La gente viene aprendiendo que para distinguir entre sus verdaderos amigos y los falsos no bastan los discursos de quienes se proclaman abanderados de “lo social” tan comunes en la nueva izquierda. Tanto a los hombres como a los partidos debe evaluárseles más por sus hechos que por sus palabras.