¡Salvar las universidades públicas!

¿Por qué un operativo tan desproporcionado? Su proceder no es extraño, lo que necesita el cabecilla de la Seguridad Democrática es amedrentar y cubrir de calumnias infames a todo el que se atreva a reclamar fondos para las universidades o los hospitales, especialmente ahora que toda Colombia sabe cómo, a la vez que se le niegan recursos a las universidades, a la salud, a la vivienda y a los campesinos, Uribe, su gabinete y su sainete se roban y reparten el presupuesto nacional, que el pueblo sufraga con impuestos como el IVA, porque los financistas están exentos de contribuciones y tarifas, solo les corresponden los subsidios. Llama terroristas a los luchadores populares o a quienes manifiesten aunque sea una mínima inconformidad: se trata de la confesión de que él y su camarilla sienten pánico de que un día los desempleados y los hambrientos, los desplazados y los humillados de Colombia se decidan a conquistar sus derechos y a poner coto a los desfalcos y crímenes del régimen. Lo persigue como una sombra la enormidad de sus abusos.

Con el allanamiento de la Nacional también buscaba evitar el debate sobre su política de asfixiar económicamente las universidades. Como lo han señalado los propios rectores y el Contralor General de la República, la educación superior viene sufriendo una mengua en los recursos que le transfiere el Estado. Con base en la aplicación más desventajosa de la ley 30 de 1992, se congelaron dichas transferencias a tal punto que ni siquiera se ha cubierto a cabalidad el incremento del índice de precios al consumidor; en el año 2000 aquellas sumaban casi 1.8 millones, mientras que en el 2009 apenas llegaron a 1.6 billones. El déficit de estas importantes instituciones sobrepasa ya el medio billón de pesos. No obstante, se les ha obligado a aumentar drásticamente los cupos y el gobierno pretende obligarlas asumir el pasivo pensional, lo que las llevará a la quiebra completa. Se han visto forzadas a recurrir a la venta masiva de servicios, al alza desmesurada de las matrículas, a envilecer los sueldos y prestaciones de docentes y demás trabajadores y, sin embargo, por la falta de recursos las bibliotecas y los laboratorios desmejoran, los programas académicos se degradan y la investigación se postra. La misma seguridad de los educandos está en riesgo pues las instalaciones carecen de refuerzos antisísmicos.

Nada de esto preocupa al mandatario, quien se ufana de tan nefasta resultados, con el argumento de que ha impuesto una mayor eficiencia y denomina pomposamente a la crisis provocada “Revolución educativa”. Él y su ministra Cecilia María Vélez, además de falsear las cifras, quieren negar el problema y aducir que lo que se necesita es una mejor distribución, con lo cual pretenden que las de provincia reivindiquen la reducción del presupuesto para la universidades Nacional, de Antioquia y del Valle, entre otras. Muy seguramente, las irrisorias partidas adicionales que ofrece el gobierno irán a parar, con el carácter de préstamos para matrículas, a las arcas de las privadas. Está a punto de aprobarse el presupuesto nacional que continuará la política de “hambrear la bestia”, como llaman los agiotistas a su táctica de privar a las entidades del Estado de lo esencial, para luego acusarlas de incompetentes y someterlas a las condiciones que se les antojen o darles el golpe de gracia.

Lo que se impone, entonces, en esta hora es concentrarse en la tarea de organizar un gran movimiento de las 32 universidades, con la participación de todos sus estamentos y con el apoyo de la mayoría de la sociedad para arrancarle al régimen uribista, mediante masivas movilizaciones como las del 20 de octubre, las partidas suficientes para las instituciones públicas, ya que la buena educación superior, financiada por el Estado, es fundamental para el desarrollo del país. Desde luego, el Presidente no tiene ningún interés en cubrir estas inversiones tan necesarias; como lo muestran los hechos, el presupuesto nacional se gasta en principalmente el pago de la deuda externa, la militarización del país, los obsequios multimillonarios a los más ricos, los subsidios y descuentos a las empresas multinacionales. No se puede permitir que el próximo año esta batalla cardinal comience tardíamente, hay que trabajar desde ya para convertir el 2010 en el de la salvación de las instituciones de educación pública superior