La conspiración del gobernador Andrés González contra los hospitales públicos

Resalta cómo el documento sólo se ocupa de aspectos financieros y desdeña lo relacionado con la salud de la población; a quienes no somos devotos de la diosa rentabilidad nos parece que si se ha de hablar de eficiencia lo primero que hay que ver es en qué medida ha mejorado o empeorado el perfil epidemiológico de los municipios atendidos, y cuáles son las causas de dichos cambios. Sin embargo, la mencionada investigación no hace ninguna referencia a este tema cardinal, sino que, en el marco ideológico de la Ley 100 y de las otras reformas mercantiles impuestas a la salud, se interesa únicamente por los índices financieros, la reducción de los costos y demás aspectos monetarios.

Sostiene, por ejemplo, que la cantidad de consultas por hora debe incrementarse y que hay que utilizar más intensamente las contratadas; que el servicio de urgencias presenta un porcentaje de ocupación bajo; que habría que contemplar incluso disminuir el número de camas y acelerar la rotación de los pacientes en ellas. A la vez, pide que estas sean atendidas por menos empleados. Considera que se ordenan demasiados exámenes de laboratorio, y que los hospitalizados permanecen mucho tiempo. En todo este afán de rentabilidad no hay una sola palabra concerniente a la dura carga a que se somete al personal médico, paramédico y administrativo, ni reflexión alguna acerca del detrimento del servicio que esto produce.

Ya en el año 2003 se había hecho una reestructuración, con similares propósitos, que representó el despido de cerca de 150 funcionarios. Las consecuencias han sido desastrosas: las terapias se atendían ocho horas al día, ahora, sólo cuatro; el número de consultas especializadas se redujo de casi 40 mil, en 2004, a 36.600, en 2008. En el informe se aduce que se aminoró la oferta del San Juan por causa de las dificultades de contratar personal altamente especializado (anestesiólogos, ginecobstetras, internistas, urólogos, dermatólogos, oftalmólogos, cardiólogos, gastroenterólogos, radiólogos) y el alto costo de esta atención. Otros servicios, como la vacunación, las citologías y la odontología también han decaído, a causa de la competencia de las entidades privadas. En la página 13 del estudio dice: “…Llama la atención la disminución observada en el número de atenciones por partos que puede ser explicada por una parte por las modalidades de contratación vigentes en la institución para cada uno de los períodos y por la otra por la complejidad de las patologías asociadas que complican la atención materno fetal”. En otras palabras, dichas reformas de disciplina de mercado han traído un deterioro sustancial de los servicios salud, a tal punto que se ha puesto en peligro la vida de muchos enfermos.

No obstante las reducciones de personal, de más de 200 entre 2003 y 2008, en la inmensa mayoría de los servicios el hospital ha incrementado el número de atendidos, a costa de una tensión desaforada sobre los profesionales y demás empleados.

A pesar de todos estos descalabros, ocasionados por las directrices neoliberales, los gobernantes, en vez de rectificar, persisten. Cuando ni siquiera en el análisis financiero encontraron motivos suficientes para justificar sus intenciones, la pauta que trazan es la liquidación del hospital. Veamos cómo los indicadores, citados en la página 47 del escrito, restan sustento a ese propósito. La razón corriente, que resulta de dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, demuestra que el hospital tiene $1,80 por cada peso que debe; la prueba ácida—el activo corriente menos el inventario dividido por el pasivo corriente—muestra que el hospital tiene $1,53 por peso de deuda. El problema financiero que sí enfrenta es el de la cartera: las EPS y la Gobernación de Cundinamarca, en un contubernio de hecho, le deben al San Juan de Dios más de siete mil millones de pesos. El mandatario departamental, tan poco diligente en el pago de las obligaciones, que alcanzan un monto de más de dos mil cien millones de pesos, se muestra muy acucioso en su propósito de cerrar la entidad. Los hechos prueban que Andrés González urde una trama, pues no le paga al San Juan, para liquidarlo por no recuperar la cartera. Otro de los morosos, una EPS, se quedará con el negocio. Los mala paga deciden la suerte y hacen leña de una institución tan necesaria y útil a la comunidad.

Los buitres de la salud, al parecer, encontraron la fórmula de la perfecta rentabilidad: cobrarles a los afiliados la cuota mensual y no pagarles a las entidades públicas por la prestación del servicio correspondiente. El hurto a unos y a otro es la más clara muestra de lo que ellos llaman eficiencia y competitividad.

Además, el mentado estudio muestra una negligencia enorme. Quien revise, por ejemplo, la tabla 4, en la página 23 o la 7, de la página 27, se dará cuenta de que los porcentajes son burdamente incorrectos. No sólo eso. Cuando hace la acotación sobre el apalancamiento total (pasivo/patrimonio), la razón resultante es 0,42, que deriva de dividir $1 de deuda /$2,38 de patrimonio = 0,42 (pág. 47-49). Claramente, por cada peso que debe el hospital tiene un patrimonio de $2,38. Sin embargo, los autores concluyen, movidos por su obsesión privatizadora, que por cada peso que debe solamente tiene 42 centavos en respaldo patrimonial. Estos yerros los puede comprobar cualquier persona que tenga conocimientos de aritmética elemental.

¿Por qué el señor Andrés González se apoya en un informe tan mal elaborado? ¿Ha olvidado el Gobernador la forma de obtener porcentajes o de dividir? No lo creemos; lo que parece evidente es que el mandatario departamental no ha leído el estudio con el que pretende justificar la liquidación del San Juan de Dios. Esta deplorable medida no se basa en ningún análisis serio, sino en una política: la de entregar la salud a los comerciantes como un filón de lucro. Con el informe el Gobernador buscaba ocultar, disfrazar este hecho; terminó demostrándolo. Si fuera sincero el interés de Andrés González por el hospital, hubiera leído y descubierto los errores crasos de ese supuesto diagnóstico, contratado por varios millones de pesos. Se trata no de una investigación sino del enmascaramiento de un interés. Ahora todo el que quiera ver entenderá que se maquina despedir a todos los trabajadores, contratar a los nuevos por salarios miserables y sin prestaciones y encarecer los servicios para engordar las cuentas de unos magnates. Esto es peor que Agro Ingreso Seguro, es Salud Ingreso Seguro.

Dado que los inversionistas exigen economías de escala, el hospital de Zipaquirá se convertirá en el “nodo de la zona norte de la sábana”, de tal manera que su potencial de clientes pasará de 350.000 a más de 650.000. Para facilitarle más las cosas al mayorista que sea escogido, Colsanitas o cualquiera otro, el municipio y la Gobernación le obsequiarán una edificación nueva; mientras que al San Juan le han negado los recursos hasta para las más elementales mejoras de infraestructura y equipo médico. Quizás, con el propósito de apaciguar la resistencia de los zipaquireños, González y su séquito le entreguen, provisionalmente, el manejo de las salud de esa zona a la Samaritana; después, ésta venderá o cederá esos derechos, y la propia Samaritana ha de correr la misma suerte, la de la subasta. Salvo que los trabajadores y usuarios desechen los engaños y enfrenten la lucha más resuelta por echar a pique las aviesas intenciones del gobernador del partido Liberal de oposición, quien nos ofrece los mismos brebajes nocivos de Álvaro Uribe.