Los positivos de Santos el continuador

Como todo parece indicar que si las próximas elecciones presidenciales no las gana Antanas Mockus el triunfo será para Juan Manuel Santos, se hace necesario ocuparse de las propuestas y trayectoria de este miembro de la más rancia oligarquía colombiana, de quien dicen los que lo conocen que jamás se le ha logrado sorprender en una verdad o una lealtad, y que, de sus 58 años de vida, ha pasado más o menos la mitad entre la alta burocracia del Estado y los cuadros directivos de diversas agrupaciones políticas, según las conveniencias de sus desaforadas ambiciones personales.

Santos terminó, por fuerza de las circunstancias, siendo el candidato de la seguridad democrática, aunque todo indicaba que el sucesor in pectore de Uribe era Uribito —del que dijo el jefe del Estado que era su “copia mejorada”—, pensando en que le sería más fácil sujetarlo que a su ex ministro de Defensa y mantener así en sus manos las riendas del régimen.

El candidato de la U inició su carrera en la Administración en 1972 como delegado de Colombia en la Organización Internacional del Café, a los 21 años de edad, nombrado allí por los potentados cafeteros y el gobierno que, por esa época, reservaba las sinecuras internacionales para las casas liberales y conservadoras de más abolengo. Pasó nueve dorados años en Londres, haciéndose, entre otras cosas, a títulos profesionales a costa del erario, costumbre que mantuvo no obstante pertenecer a una de las más ricas familias de Colombia, ya que también se doctoró como becario de la Fundación Fulbright, de la cual el Estado colombiano es aportante. No sobra decir que en esto de utilizar los bienes públicos para el disfrute de la familia también emuló con Uribe, pues mientras éste procuraba el enriquecimiento de sus muchachos concediéndoles zonas francas, aquél ponía a disposición de las juergas de sus párvulos los helicópteros de la Fuerza Aérea.

Su propaganda electoral dice que en su época londinense “consiguió la más alta cuota mundial cafetera que jamás haya exportado Colombia al mercado mundial”. En realidad, esto sucedió debido a la coincidencia de varios factores, entre ellos, el sumiso abandono de Colombia de la política de consolidar un pacto de productores, entregándoles así el control indiscutible del mercado a las multinacionales; el cambio de la visión norteamericana frente a los pactos de productos primarios, en particular el cafetero, a objeto de apuntalar sus dominios en Sur América; y también a las heladas que arrasaron los cafetales brasileños.

La falta de escrúpulos que empezó a mostrar en esos años del inicio de su ascenso político ha sido una constante de su comportamiento. Recientemente, en uno de los debates televisivos entre los candidatos, al preguntárseles por la acción de Angostura, el bombardeo planeado conjuntamente con la CIA al territorio ecuatoriano para eliminar a Raúl Reyes, expresó su orgullo por ese hecho, siendo que el gobierno le había ofrecido oficialmente disculpas al Ecuador, en aceptación de una de las condiciones planteadas por el hermano país para la normalización de las relaciones diplomáticas. Acto seguido, cuando el aspirante liberal, Rafael Pardo, lo interrogó sobre el montaje urdido contra él por Uribe y Santos de vincularlo en una conspiración conjunta con las Farc, se rasgó las vestiduras recordándole que le había ofrecido disculpas en su momento. Cómo cabe ante estos comportamientos ladinos de la plutocracia oficialista traer a cuento la lapidaria sentencia de Carlos Marx consignada en el Manifiesto inaugural de la Asociacion Internacional de los Trabajadores, acerca de la necesidad de “reivindicar que las sencillas leyes de la moral y de la justicia, que deben presidir las relaciones entre los individuos, sean las leyes supremas de las relaciones entre las naciones.”

El pendonista de los desmanes neoliberales

Durante los últimos 20 años, los de la apertura y el neoliberalismo, Santos ha hecho parte de todos los gobiernos, excepto del de Ernesto Samper, durante el cual se dedicó, junto con el grupo de los llamados conspiradores, a tratar de tumbar de la silla al presidente, a quien no le perdonó no haberle otorgado la embajada en Washington. En esos años pasaba entre la legación norteamericana en Colombia y los centros “académicos” paraestatales de Washington, impetrando la caída del gobierno por la inmoralidad de la financiación de la campaña con dineros provenientes del Cartel de Cali; y luego, a hurtadillas, desde esos augustos salones se desplazaba a antros tenebrosos en los que se reunía con los barones de las esmeraldas y los de la motosierra, encabezados por Carlos Castaño, a proponerles unir fuerzas para realizar un golpe de estado, que enderezara moralmente a la República.

En fin, los mandatos de Gaviria, Pastrana y Uribe, contaron con sus patrióticos y desinteresados servicios. En el de César Gaviria —quien acabó de hundir la campaña de Pardo Rueda, precisamente por hacerle coqueteos a Santos—, ejerció la Cartera de Comercio, creada, supuestamente, para ayudar a la toma del mundo con nuestras exportaciones, pero que de veras estaba destinada a contribuir a abrirles las puertas de par en par a toda clase de géneros foráneos y a suprimir casi en su totalidad la ya de por sí débil estructura de sostén a la producción interna. Sus años en ese Ministerio fueron signados por el crecimiento acelerado de las importaciones y el estancamiento de las exportaciones, tanto que la balanza comercial se tornó desfavorable. El país pasó a importar algodón, lo que no sucedía desde 1959; se disparó la compra al exterior de textiles y alimentos; la industria nacional sufrió, además, el embate de la subfacturación, el dumping, el contrabando abierto y la revaluación; como resultado se generalizaron las quiebras en el agro y de industrias como el calzado, los textiles y las confecciones. Gaviria también le asignó la misión de viajar con otros miembros del gabinete a Estados Unidos y otras naciones a “venderles” a los representantes de centenares de consorcios las bondades que les otorgaba el gobierno, y a ofrecerles en subasta bancos y otras entidades estatales.

Al gobierno de Pastrana ingresó sacándole ventaja a ese rasgo muy suyo de declararse en oposición para luego apaciguar la crítica a cambio de alguna canonjía. En el 2000 se posesionó de ministro de Hacienda, como fruto del acuerdo al que llegaron las castas dominantes cuando al descaecido Pastrana le dio por recuperar popularidad proponiendo la revocación del Congreso mediante una consulta popular, y el Legislativo le recogió el guante planteando que dicha consulta incluyera también la de la revocatoria del jefe del Estado. Su obra más destacada en ese Ministerio consistió en la aprobación del Acto legislativo 01 de 2001, mediante el cual se reformaron los artículos 347, 356 y 357 de la Constitución, para reducir las transferencias de recursos de los ingresos corrientes de la nación a los departamentos y municipios, destinados básicamente a los gastos de salud y educación, merma que ha llevado a los entes territoriales a la casi total desatención de estos derechos. Dicha reforma la exigía el Fondo Monetario Internacional con el fin de liberar recursos para el pago de la deuda externa, atentado que fue respondido con las más grandes movilizaciones de maestros, estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa que se recuerden en los últimos lustros.

Conocedor ducho del trapicheo parlamentario, introdujo, con el propósito de comprar la aprobación de las Cámaras, en el presupuesto de 2001 —a pesar de que a diario perora contra la corrupción, según él, uno de los cuatro jinetes del apocalipsis criollo—, un total de 300 mil millones de pesos destinados a “partidas regionales para el desarrollo social”, nombre con el que bautizó a los antiguos auxilios parlamentarios —que los gringos llaman gráficamente el barril de los puercos—, los cuales se han mantenido inmutables e inamovibles, porque son la vida misma de la democracia parlamentaria.

Durante el cuatrienio pastranista trabajó estrechamente con el señor Angelino Garzón, que ocupaba la Cartera de Trabajo, y a quien ahora escogió como fórmula vicepresidencial. Un esquirol de vieja data, quien junto con el otro Garzón, el mockusista, fue impulsor del llamado sindicalismo sociopolítico, que con añagazas como la concertación y la participación colaboraron en el desmonte de las conquistas de los trabajadores y en su desmovilización, y a fe que con el aporte de las cúpulas sindicales terminaron lográndolo. Con él, Santos conformó el frente gubernamental para sacar avante la enmienda de las transferencias, y presentó sendos proyectos de reformas al régimen laboral y al de pensiones, que posteriormente fueron acogidos y perfeccionados por Uribe.

Al gobierno de éste ingresó en julio de 2005 como ministro de Defensa, luego de haberse opuesto a la reelección —obstáculo a su anhelada candidatura— y se retiró en mayo de 2009, anunciando que sería candidato en 2010, si no cuajaba el proyecto reeleccionista de su jefe. Procuró en todo momento mostrarse como coartífice de los alabados logros de la seguridad democrática; empero lo que perdurará en la memoria de su gestión serán los macabros asesinatos de jóvenes de las barriadas populares, presentados como integrantes de las guerrillas caídos en combate, los cuales terminaron por conocerse, en lenguaje castrense, como falsos positivos; el bombardeo de un país vecino y otras provocaciones a Ecuador y Venezuela; y sus gestiones antinacionales orientadas a la instalación de las bases norteamericanas.

Un proyecto para seguir sojuzgando a Colombia

Ahora, fungiendo de candidato por descarte, enarbola un programa de 109 puntos, cuyo primero y único en realidad es el continuismo. En él anuncia el advenimiento de la era del “buen gobierno”, y de la “prosperidad democrática”. Pero sus fórmulas se reducen a reciclar lo que han venido haciendo las administraciones precedentes a fin de profundizar los favores a los magnates y la opresión de las mayorías.

La llamada política social, que aparece a la cabeza del plan de gobierno, consiste en el ofrecimiento de mantener Familias en Acción, en torno a lo cual disputan todos los candidatos, haciéndose mutuas acusaciones de querer acabarlo. La verdad es que tal clase de proyectos, o el que los conjuga, la llamada Red Juntos, que también ofrece sostener, se han convertido en una forma infame de mantener una clientela política entre sectores populares, con la fórmula “aconsejada” por las agencias internacionales de crédito de cabalgar sobre la miseria de millones y millones de seres mediante la disposición de unos míseros auxilios presupuestales, que se reparten cicateramente y con el correspondiente empadronamiento electoral; políticas que por lo general se financian con avemarías ajenas porque todo el que tenga un salario, así sea el exiguo mínimo, debe contribuir con ellas “solidariamente”, mientras se les reducen cargas a los monopolios, para que puedan “invertir” y “generar empleo”.

En cuanto a la educación, anuncia que en los dos últimos años del bachillerato introducirá capacitación técnica para sacar un ejército de jóvenes al mercado laboral y así circunscribir la expectativa del acceso a los estudios superiores a quienes estén en capacidad de obtener créditos o becas, que ofrece para los mejores 20 bachilleres de cada departamento. Quien quiera estudiar pues que pague o se endeude, que es lo mismo. La gratuidad se reducirá a la enseñanza básica y eso sólo “para los niños de los hogares pobres”. También los centros educativos se encargarán de formar “emprendedores”, sobre todo en las necesarísimas áreas de “producción musical, animación digital, video y artes visuales, diseño, ingeniería web, redes sociales, medio ambiente”, de “muy alta proyección para el país”. Obviamente pululan en el plan los ofrecimientos de computadores para cada quien, de bilingüismo para todos, de ayudas “focalizadas” para la compra de útiles y libros, cosas que como sabemos concluyen en que ni siquiera hay para pagarles a los maestros ni para construir aulas.

En lo atinente a la salud, aparte de la creación del Ministerio respectivo, su plan consiste en llevar a cabo una reforma que contenga las medidas, justamente tildadas de criminales, que expidió el gobierno a comienzos de este año al amparo de la decretada emergencia social.

Como herramienta de superación del desempleo pregona la muy original salida que se viene practicando desde hace 40 años de construir vivienda, insistiendo en los mecanismos aprobados durante el gobierno de Uribe, tendientes a hacer cada vez más rentable este renglón para los pulpos financieros y constructores, como el leasing y las Cuentas de Ahorro y Fomento a la Construcción (AFC). Amante como es de nombrar y ser nombrado, creará el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Sus otras fórmulas contra la desocupación se constriñen a la infraestructura vial, la agricultura y la minería. Respecto a la primera, saltará del fracasado plan 2.500 a las vías de doble calzada. Además, piensa promover la creación de “entes privados estructuradores de proyectos”, esto es, entidades que contraten estudios por su cuenta y se los entreguen al gobierno para que éste, a nivel nacional, regional o local abra licitaciones y aquellos obtengan una “comisión justa”. Así, Santos privatizará hasta la planeación de las obras públicas, las cuales quedarán aún más sujetas a los intereses y al tráfico corrupto de los pulpos de la contratación, que como se sabe han reducido sus firmas a una pequeñísima área en la que conviven los servicios generales y la ingeniería, y a un espacioso departamento jurídico para pleitear contra el Estado y obtener abultadas tasas de retorno sin la molestia de realizar las obras. De ahí que los grandes contratistas de la actual Administración sean exaltados partidarios de su candidatura.

El candidato de la U continuará impulsando la agricultura de exportación, es decir, las grandes plantaciones de palma o cacao, cuya incidencia en la generación de empleo no es mayor. Complementariamente, y para “erradicar el hambre”, sobre todo de la población de 0 a 5 años, nos traerá la “seguridad alimentaria”, con base en los cultivos de pan coger que “crecerán al lado de las grandes explotaciones agropecuarias”. En plata blanca, mantener en el atraso secular a las masas campesinas, languideciendo en la más oprobiosa miseria, si mucho como nuevos siervos de los grandes inversionistas en las llamadas alianzas productivas, mientras la gran producción de alimentos se la reservan los imperialistas, a quienes ya les compramos 10 millones de toneladas anuales. Sobre la propiedad de la tierra, la principal reivindicación de millones de labriegos, anuncia que repartirá dos millones de hectáreas confiscadas al narcotráfico, la promesa distractora que están repitiendo todos los aspirantes, que no soluciona ni en mínima parte el problema y deja indemne el gran poder de los terratenientes, legales e ilegales.

La otra fuente de puestos de labor será la minería para lo que seguiremos atrayendo inversionistas de “talla mundial”, a los que no se les pedirá sino “responsabilidad social”, la nueva fórmula que les permite a las trasnacionales saquear los recursos, súper explotar la mano de obra y obtener toda clase de beneficios fiscales y de infraestructura, a cambio de construir una escuelita, regalar los tubos para un acueducto veredal, o aportar un premio en un festival de cultura autóctona. Empero, deja establecido que como esa riqueza “le (sic) pertenece a nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos” se guardará en un “fondo de ahorro”, con lo que, además, se prevendrán la revaluación y la enfermedad holandesa —esa especie de mal selectivo que deriva su nombre de las consecuencias indeseables que, según los economistas burgueses, tiene la entrada masiva de divisas a un país como, según ellos, sucedió en los Países Bajos cuando se descubrieron los enormes yacimientos gasíferos del Mar del Norte; es curioso que , por el contrario, a las potencias que, para curar de la dolencia a los países subdesarrollados, les apañan tales recursos, antes que causarles achaques les sirvan para mantener boyantes sus economías—. Tal palabrería encubre que los ingentes recursos provenientes de la explotación de nuestros yacimientos minerales quedarán en manos de los tiburones financieros, los cuales terminarán prestándonoslos a tasas que doblan las que nos pagan por depositarlos en sus bancos.

A los productores de gas les ajustará el marco regulatorio para buscar “confiabilidad en el suministro” y mayores aportes a la producción de energía; es claro que busca cumplir con la exigencia que vienen haciendo los monopolios de subir el precio del hidrocarburo tanto en boca de pozo como en el nivel domiciliario e industrial; condición que también ponen para “arriesgarse” a construir plantas termoeléctricas a base de gas. Como el programa santista reza que la energía producida de esta manera se usará “además de la que generan las hidroeléctricas”, es evidente que se prepara el camino para extraer aceleradamente el hidrocarburo, con la consecuencia de abandonar, una vez más, la construcción de instalaciones hídricas, en las que Colombia tiene grandes ventajas naturales, a cambio de un sistema que resulta más costoso e ineficiente.

Como era de esperarse, con el mismo loable propósito de reducir el desempleo, ofrece combinar la disminución del impuesto de renta a quienes inviertan en activos fijos —lo cual se ha demostrado que antes que crear reduce plazas— con la reducción del mismo tributo por acrecer la nómina. Propuestas que como se ha visto apenas cumplen con la mitad del presupuesto, esto es, con la parte relacionada con el alivio de las imposiciones a los capitalistas. Todo lo sazona con las muy de moda “discriminaciones positivas” a favor de las minorías, las mujeres, los “afrodescendientes”, los jóvenes. Para hacer realidad tanta belleza, plantea lo que de veras les importa a los mandamases: la rebaja de los pagos de los parafiscales. Tan innovadoras medidas es obvio que requieran la creación del Ministerio de Trabajo y el Desarrollo Laboral.

En cuanto a la seguridad, está dicho que continuará la política de Uribe Vélez. El DAS que utilizaron con su jefe para chuzar a Raimundo y todo el mundo y crear un régimen de terror policiaco, y que luego de cogidos con las manos en la masa y para tender una cortina de humo, dijeron que erradicarían, Santos ofrece mantenerlo, claro, reformándolo; aparte creará una Agencia de Inteligencia de la Defensa integrada por “las capacidades de inteligencia” de las fuerzas militares.

La Justicia, obviamente también se focalizará, asesorando a las personas para que hagan “buen uso” del sistema. Se trata de que los pobres no acudan a los juzgados sino a las Casas de Justicia y centros de conciliación, mientras el aparato judicial se dedica a la atención de los problemas de los pudientes. Para concentrar más el poder en el Ejecutivo propondrá que la Fiscalía quede subordinada a éste. Promete, además, de manera sinuosa, cumplir con la persistente exigencia de las mayorías parlamentarias de sacar de la Corte Suprema de Justicia su juzgamiento, cuando señala que “la investigación de delitos atribuidos a Ministros, Viceministros, Superintendentes, Directores de Establecimientos Públicos y funcionarios de alto rango de la rama ejecutiva, así como de ciertos delitos de gran relevancia política y social cometidos por otros servidores públicos estarán a cargo de la Corte Suprema de Justicia (resaltado nuestro)”; función que en la mayoría de los casos citados ya tiene; por lo tanto, a lo que se apunta es a suprimir la disposición taxativa de que una de las funciones de la Corte es la de: “Investigar y juzgar a los miembros del Congreso”.

En el colmo del cinismo Santos pregona que no cesará en la defensa de las políticas de derechos humanos y que hará un “ejercicio moral del poder”. Promesa que más parece una humorada de mal gusto dadas sus ejecutorias, citadas aquí apenas por encima; y eso sin contar los desfalcos en la contratación destapados recientemente en la Cartera bajo su cuidado, y la generalizada opinión de que es uno de esos personajes que no se detienen ante nada para satisfacer sus apetitos.

Con Santos perdurará la oscura noche que padece Colombia. Combatámoslo.