Mockus el prestidigitador (II)

Con la propuesta de pasar de la Seguridad Democrática a la “Legalidad Democrática” y con el impulso de los medios, el profesor Mockus ha despertado el fervoroso entusiasmo de la clase media de los centros urbanos, en especial de la juventud, y promete poner fin a un período en el cual Uribe, otro santón, instauró un reinado antipatriótico, tiránico y corrupto bajo la premisa de que todo valía con tal de liquidar a la guerrilla. Lo que ofrece el candidato verde no es un viraje en el modelo económico con el que se avasalló a la nación en las dos últimas décadas, sino un cambio en la forma de garantizar su continuidad, deducción obligada si se revisan tanto sus ejecutorias en la Capital —algunos de cuyos ejemplos se expusieron en el artículo anterior—, como el programa que defiende en la presente campaña.

El declive del uribismo comenzó cuando el caudillo manifestó su afán por continuar en el poder otros cuatro años. Para su infortunio, Bush, su patrocinador en Washington abandonaba la escena totalmente desprestigiado y el sucesor, Obama, manifestó desde un principio su desacuerdo con las pretensiones reeleccionistas del mandatario colombiano. Dentro de la oligarquía se tomó nota de las mutaciones en la metrópoli y creció la tendencia a buscar un reemplazo que continuara la Seguridad Democrática, pero que permitiera lavarle la cara al régimen y un mayor juego en las relaciones internacionales. Exceptuando a Santos, a quien le correspondió la tarea de la defensa íntegra de la obra de su jefe, los otros aspirantes pusieron su empeño en demostrar que reunían los requisitos para el puesto, ofreciendo, ante todo, salvaguardar la economía de mercado, mantener los logros en seguridad, luchar contra la corrupción, respetar el equilibrio entre las distintas ramas del poder y acogerse a la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional, entre otros. En el proceso de selección el papel de los medios y las encuestas han sido claves para definir quién vende mejor su imagen, mejor dicho, quién logra una mayor movilización de la clase media de las ciudades, del llamado “voto de opinión”. Esta vez, luego de varios intentos, el profesor Mockus volvió a ponerse a tono con las demandas de la plutocracia y con esa “opinión”, como lo hizo en los días en los que llegó a la Alcaldía de Bogotá, y ya se encuentra punteando en las encuestas.

El programa del ex alcalde coincide con el Acuerdo Democrático Fundamental, elaborado por el G24¹ y firmado por todos los candidatos, un decálogo de recomendaciones a las que deberá acogerse el próximo gobierno, si no quiere recibir la censura de la “comunidad internacional”, es decir, del imperialismo norteamericano. La legalidad democrática propuesta por Mockus se ajusta plenamente al primer punto del mencionado Acuerdo, en el que se plantea que “el fin no justifica los medios”. Este es el reparo principal que ambos hacen a los ocho años de Uribe. Es cierto que el dueño del Ubérrimo concentró los peores vicios del gamonalismo colombiano y su contubernio con la delincuencia no tiene precedentes; pero más allá de su talante gansteril están sus políticas de sometimiento de la nación a los designios de Washington y sus servicios a una camarilla de burgueses y terratenientes que se hartaron de riqueza a costa de la miseria de las mayorías laboriosas, sobre lo cual el programa del candidato verde es mero refrito; una edición llena de improvisaciones, corregida y aumentada de las reformas aperturistas de comienzos de los 90, cuyo objetivo es continuar y profundizar la recolonización del país por los consorcios estadounidenses.

En el documento Propuesta programática Mockus –Fajardo 2010-2014, así como en innumerables entrevistas y artículos de prensa se pueden precisar las ideas del candidato y verificar el porqué ha recibido el respaldo de una porción importante de los poderes económicos.

La fórmula de los matemáticos pretende marcar diferencias colocando como su principal prioridad “la educación y el cambio cultural”, pero allí no hay nada nuevo. Al igual que en la Revolución Educativa de Uribe, se plantea la ampliación de la cobertura en el preescolar y mejorar “sustancialmente la calidad de la educación básica pública mediante la construcción de escuelas y colegios de alta calidad”. ¿Vieron eso? ¡Nuestros sabios profesores salieron aquí con una perogrullada! A renglón seguido se ofrece “el aumento del tiempo de estudio, pasando gradualmente de la media jornada a la jornada completa, el mejoramiento de las prácticas pedagógicas en el aula, la dotación de ayudas pedagógicas, incluyendo bibliotecas y computadores en las aulas, y la cooperación amplia entre estudiantes, maestros y padres. Elevaremos el nivel de los colegios públicos, de tal manera que su calidad se aproxime rápidamente a la de los mejores colegios privados.” Excepto lo de la ampliación de la jornada, todo esto hace parte de la cantinela oficial desde hace varios años —no en vano la Ministra de Educación durante los dos períodos de Uribe fue también la Secretaria de Educación de las Administraciones de Peñalosa y Mockus—. La experiencia reciente nos muestra que para los neoliberales “ampliación de la cobertura” y “mejoramiento de la calidad” son en los hechos hacinamiento en las aulas y la generalización de una enseñanza que niega la riqueza científica y cultural creada por la humanidad, y en cambio, se basa en formar en competencias². Sobre esto no se plantea revisión alguna. Al contrario, en la política para la universidad se reafirma.

En efecto, el programa nos anuncia que “se promoverá una reforma integral y con amplia discusión social de la Ley 30 de Educación Superior, para superar las barreras de acceso y responder a los desafíos de calidad y pertinencia que enfrenta”. Como se afirmó en la primera parte de este artículo, fue precisamente Mockus quien puso en marcha la aplicación de los criterios de la Ley 30 en la Universidad Nacional. La eliminación de servicios de bienestar estudiantil —residencias, barreras de acceso a los restaurantes, entre otros— desterró del principal centro de educación superior del Estado a los estudiantes talentosos de provincia que pasaban el examen de admisión. La búsqueda de la pertinencia, que pretende una “educación en contexto”, se tradujo en sucesivas reformas académicas que rebajaron el nivel en el pregrado y trasladaron muchos de sus contenidos a los posgrados y doctorados, al tiempo que prolongaron la enseñanza de competencias básicas, que son todo lo que se enseña en el bachillerato, a los primeros semestres de las carreras. La Ley 30 y su frondosa reglamentación les aumentó las cargas a las universidades públicas obligándolas a ampliar la cobertura y restringió sus recursos, lo que las obligó a financiarse con la venta de servicios y el incremento de matrículas, y, a la postre, las colocó en la grave crisis presupuestal que hoy enfrentan. El programa no entra en detalles sobre cómo se va a enfrentar este problema. Remata sí planteando la que Mockus ha elogiado como muy original propuesta de Fajardo, consistente en continuar con la privatización de Ecopetrol: “Entre los mecanismos de financiación para esta visión [sobre el tema educativo] contemplamos la constitución de un Fondo de hasta un 15% de las acciones de Ecopetrol. Este proyecto no tiene precedentes en la historia reciente de Colombia, y será uno de los ejes para la transformación social y económica del país”.

¿Qué es lo que “no tiene precedentes”? En todas las privatizaciones se ha encontrado alguna loable causa en la que se invertirá el fruto de la venta de los bienes públicos. Lo de destacar aquí es que ningún activo de los que se han privatizado es tan importante como Ecopetrol y ninguno le produce al Estado tan jugosos dividendos. La “original” idea del profesor Fajardo es la venta de la gallina de los huevos de oro, sólo que aquí no estamos en una fábula. Vender a pedazos la petrolera que produce grandes rentas permanentes, para obtener recursos por una sola vez, constituye no sólo un absurdo económico, sino un atentado contra la nación, máxime en un momento de altos precios de los hidrocarburos en el mercado mundial. Si el profesor Mockus y el resto del cuarteto de ex alcaldes pregonan que los recursos públicos son sagrados y se refieren a quienes se roban los dineros del erario, pero defienden —y además lo pusieron en práctica como mandatarios locales— la venta a menosprecio a las trasnacionales de las empresas rentables del Estado, el agua, las plantas de generación eléctrica, las telefónicas, las minas, y en general, los haberes públicos, actúan como los más grandes hipócritas.

Las propuestas en educación están complementadas con un “cambio cultural y la cultura ciudadana”, la conocida obsesión del profesor Mockus no por cambiar las paupérrimas condiciones que sufren los colombianos, sino porque observen un buen comportamiento y el apego a una ley que los unce a tan oprobiosas condiciones. A ello le adiciona actualizar el código de policía. Recordemos que en sus dos alcaldías siempre combinó la “pedagogía” con el despotismo.

En materia de salud el programa propone lo que ya está contemplado en la Ley 100: “Un sistema (…) de calidad basado en la prevención”. En el artículo de Notas Obreras Política letal, escrito por Vladimir Castañeda y Patricia García, se muestra en qué quedó la prevención cuando la salud se puso en el mercado. Se añade que el problema financiero de la salud es que se ha incumplido la Ley 100 en la definición del plan único de beneficios y en su actualización periódica, lo cual indica que la reforma que presentarían sería del mismo tenor que la intentada por Uribe en la Emergencia Social y que justamente fue calificada como criminal en las protestas que se realizaron en todo el país. Ya ha afirmado que un tema urgente y que abordará tan pronto se posesione es garantizar el soporte tributario de la reforma tumbada por la Corte. No hay en el programa nada que indique que se pondrá fin a la intermediación financiera de las EPS, causa principal de los problemas del sector. Si el profesor Mockus y el resto del cuarteto de ex alcaldes pregonan que la vida es sagrada y se refieren a los crímenes de los grupos armados o de la delincuencia, pero defienden el sistema creado por la Ley 100 que antepone el lucro a la salud y, en últimas, a la vida de las personas, actúan como los más grandes hipócritas.

Cuando hablan del gobierno ejemplar se refieren a la ya mencionada observancia impecable de la división y autonomía de los poderes, al acatamiento de la ley por los ciudadanos y a la práctica de la participación en todas las esferas de la administración pública, aspecto éste último en el que emulan a Uribe con su Estado de opinión y sus consejos comunales. Todo se le consulta al pueblo, el Plan de Desarrollo, el presupuesto, la política de empleo, lo divino y lo humano. Al final siempre se le dirá que sus intereses no pueden estar por encima del interés general, o que satisfacerlos se constituye en una inequidad, o que chocan con la ley ya escrita y que “dura es la ley pero es la ley y hay que cumplirla” y cosas por el estilo.

Como lo señala Alejandro Torres en su artículo El fallo de la Corte: la “encrucijada del alma” se definió en Washington, en su política hacia sus neocolonias los Estados Unidos —promotores abiertos de siniestras dictaduras en el pasado, y soterrados golpes de estado, como en Honduras más recientemente— han colocado el “imperfecto” funcionamiento democrático como una causa más para sus injerencias, junto a la lucha contra el terrorismo o el narcotráfico, las violaciones a los derechos humanos y los problemas del medio ambiente.

Y cuando el cuarteto de ex alcaldes parlotea sobre la legalidad democrática incurre en craso oportunismo y en una total incoherencia. En ese planteamiento a Uribe le reconocen sus logros en seguridad aunque estos sean el producto de la violación permanente de la ley dentro y fuera de nuestras fronteras. Estos moralizadores han rehusado atacar directamente a Uribe, porque creen que eso les dificultaría la campaña entre las bases uribistas. Separando a Uribe de los hechos de su gobierno —la parapolítica, los falsos positivos, la violación de la soberanía de un país hermano, las chuzadas, etc.—, pretenden lo mejor de todos los mundos y fomentan la idea de que la alarmante corrupción que se ha dado en este gobierno es responsabilidad de los subalternos y no del jefe de la Seguridad Democrática. Nada tienen que envidiarle a quienes combaten por haber convertido en divisa el “todo vale”.

Ahora veamos las “originales” propuestas que el programa verde nos ofrece en los asuntos económicos, no sin antes aclarar que los asesores de la campaña en esta materia son dos prohombres del neoliberalismo: Salomón Kalmanovitz, quien entre 1993 y 2005 fue codirector de esa especie de agencia del FMI en la que se ha convertido el Banco de la República, y Alejandro Gaviria, subdirector de Planeación Nacional en el primer gobierno de Uribe. De entre un sinnúmero de lugares comunes y de vaguedades, aparecen de pronto algunas cosas concretas que guardan una gran similitud con las propuestas del candidato del partido de la U, Juan Manuel Santos.

Después de un montón de puntos en los que se habla de “la productividad y la equidad”, de “promover la inversión, de “vincular la economía colombiana a los mercados internacionales”, de “aumentar el crecimiento de la economía”, de la “austeridad en el manejo fiscal”, nos topamos con esto: “Impulsaremos una reforma tributaria estructural que ordene los impuestos nacionales y regionales, aumente el recaudo, recupere la eficiencia, asegure la equidad, promueva la formalidad empresarial y laboral y frene la evasión. Simplificará el régimen tarifario del IVA y el impuesto a la renta, y eliminaremos exenciones tributarias regresivas. La permanencia del impuesto a las transacciones financieras será revisada. Se revisarán también los impuestos que corresponden a municipios y departamentos, introduciendo incentivos para aumentar el recaudo y mejorar su asignación.” De esto sí que le gusta hablar al profesor Mockus. Nos promete una reforma tributaria que abarcará al gobierno central y a los entes territoriales, y su objetivo lógico es recaudar exprimiendo a las masas laboriosas y a sus electores de las capas medias.

Este punto está ligado a otro al que nos referiremos a continuación, el del empleo. Como todas las reformas laborales del pasado, especialmente la de Uribe en 2002, se propone crear empleo con incentivos al capital. Se plantea que a los empresarios que creen nuevos puestos de trabajo se les darán “estímulos tributarios”. A renglón seguido dice el programa publicado en Internet: “Eliminaremos los impuestos a las nóminas que afecten substancialmente la generación de empleo, pero garantizando anticipadamente que existan los recursos para financiar en forma adecuada a entidades como el SENA o el ICBF” (el subrayado es nuestro). Aquí está claro que se eliminarán los llamados parafiscales y que el sostenimiento de las instituciones mencionadas se garantizará con otros tributos que, resulta obvio, no correrán por cuenta de los acaudalados sino de la población. Darío Montoya, uribista rabioso, inició una campaña acusando a Mockus de querer acabar con el SENA, y este, en un acto de oportunismo electoral digno de cualquier manzanillo, modificó su posición apropiándose de la propuesta del ex ministro Rodrigo Botero, padre de la tecnocracia criolla, en la que se plantea mantener los parafiscales, pero devolvérselos, como reducción de los impuestos, a los empresarios que creen nuevos empleos.

Mockus también ha dicho que dictará una ley para establecer que aquellos jóvenes que buscan trabajo por primera vez entreguen parte de sus derechos laborales a cambio del “beneficio de abrir su hoja de vida”. Algo similar a la ley del primer empleo que se intentó en Francia en 2006 y que provocó gigantescas protestas obreras y estudiantiles.

Como actividades productivas generadoras de puestos de trabajo propone: “proyectos de infraestructura vial, fortaleceremos la construcción de vivienda y desarrollaremos planes masivos de reforestación”. Como dice Alejandro Torres frente a idéntica iniciativa en el programa de Santos, se trata de la manida fórmula para la generación de empleo presente en todos los gobiernos desde los días de Misael Pastrana. A esto el ex alcalde le agrega la creación de “zonas francas generales” y remata afirmando que promoverá “los tratados de libre comercio que tengan como base la equidad, la reciprocidad y la conveniencia nacional (…) Buscaremos que el TLC con los Estados Unidos entre en vigencia, crearemos las condiciones para competir en un mercado globalizado y apoyaremos a los sectores que puedan verse afectados temporalmente”. Tanto las zonas francas, como los tratados de libre comercio constituyen instrumentos de las multinacionales para colocar sus mercaderías, explotar la mano de obra y arruinar importantes sectores agrícolas e industriales en los países pobres. En Colombia ya se ha advertido suficientemente sobre las desastrosas consecuencias de la entrada en vigencia de TLC con los Estados Unidos. En el tratado que se negocia en estos días con la Unión Europea se arruinará la producción nacional de leche y se les hacen concesiones a las multinacionales farmacéuticas responsables del encarecimiento de las medicinas por las restricciones que imponen para producir en el país medicamentos genéricos. En los pocos renglones de exportación que se beneficiarían con los TLC —floricultura, palma africana, caña de azúcar, banano, entre otros— se encuentran los trabajadores que viven en las peores condiciones laborales y privados del derecho de organización.

En materia de reforma agraria el programa verde plantea la misma pócima que ofrecen todos los demás candidatos, incluyendo a Santos: “Expropiaremos las propiedades mal habidas y las adjudicaremos a los campesinos y a las víctimas del conflicto”. Ni una palabra sobre alterar el régimen de concentración de la tierra en el campo, problema secular que ha gravitado sobre el estancamiento y el atraso de nuestras zonas rurales.

Mención especial requieren las propuestas sobre “autonomía regional” a las que se dedica todo un capítulo en el programa mockusiano. Como lo mencionamos en la primera parte del presente artículo, este ha sido uno de los temas sobre los cuales el profesor más ha insistido a lo largo de su carrera pública. Se trata de la única pieza de la constitución de 1991 que no ha sido desarrollada a cabalidad, y que de hacerse, la nación se fragmentará peligrosamente. La Ley de Ordenamiento Territorial que Mockus promete, dividirá el país en regiones autónomas cuya misión será la de convertirse en las plataformas exportadoras de los grandes consorcios mediante estímulos a la inversión, al tiempo que se intensificarán las cargas tributarias sobre sus habitantes. La autonomía regional ha sido planteada como el complemento indispensable de la globalización por los teóricos imperialistas y por instituciones como el Banco Mundial.

La simpleza de las propuestas de éste matemático y filósofo puede resumirse fácilmente: Mockus no tiene ningún reparo frente al régimen económico que se le impuso a Colombia durante los últimos 20 años—incluídos los ocho de Uribe—, al contrario, ha sido su defensor y, si acaso, insinúa profundizarlo y corregirle algunas imperfecciones. Él propone “construir sobre lo construido”. La violencia, la corrupción, la resistencia de la gente a pagar impuestos y en general el desconocimiento de la ley son para el profesor la causa de todos nuestros males y el remedio invariable frente tales problemas es la educación, la cultura ciudadana, la moral, o sea, una mayor sojuzgación ideológica, y, por supuesto, semejante esfuerzo debe acompañarse con las correspondientes normas tributarias, la privatización de lo poco que queda, y, llegado el caso, medidas represivas.

Que se combata la corruptela de los encargados de la cosa pública y se ponga freno a la violencia es un clamor de la sociedad, pero con ello no se puede permitir que se insista en apuntalar un sistema económico que ha significado una calamidad para nuestro pueblo pues constituye la causa del entrabamiento al desarrollo del agro y la industria nacionales, origen del desempleo, la miseria y el resto de males que aquejan a los colombianos. ¡Denunciemos entre la ciudadanía, especialmente entre los jóvenes, el carácter profundamente antinacional y antipopular del programa de Mockus y el resto del cuarteto de ex alcaldes!

Mockus el prestidigitador I