Es un negocio, ahí está el origen del mal servicio de salud que sufre el magisterio

El sistema de salud del magisterio colombiano creado por la Ley 91 de 1989, defendida con tanto apasionamiento por Fecode, padece de los mismos problemas que arrastra la salud de todos los colombianos con la Ley 100, y en algunos aspectos, resulta ser peor. Es más, el llamado régimen especial de los maestros fue precursor en convertir la prestación de este vital servicio en un fabuloso negocio del que surgieron verdaderos emporios empresariales, los cuales, para defender sus privilegios, se valen de todo el poder que han alcanzado usufructuando los billonarios recursos públicos. Ante las reiteradas quejas de los docentes por el mal servicio, tanto las propuestas del gobierno de El Cambio, como las de Fecode, mantienen en pie el negocio de las operadoras y prestadoras privadas, la verdadera raíz de la crisis.

Fecode apoyó activamente la campaña de Petro a la presidencia y ha llamado públicamente a salir a las calles a defender el paquete de sus reformas sociales, en muchos aspectos indefendibles, pero cuando el gobierno mostró su intención de detener la nueva contratación y el Presidente comenzó a hablar y a trinar sobre la corrupción en el Fomag y de cambiar el régimen especial de la Ley 91, el sindicato tomó distancia e inició una campaña para exaltar las supuestas bondades de ese sistema, algo que los maestros no ven, porque, al contrario, sufren día a día por la demora en la asignación de las citas, aún más cuando se requieren con especialistas o son para agendar cirugías; otro tanto sucede con la entrega de medicamentos; crece el número de tutelas; las quejas ante la Supersalud en el primer semestre de 2023 llegaron a 31.263, en fin, es el mismo viacrucis del resto de la población con la Ley 100.

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag, es una cuenta especial de la Nación compuesta por los aportes del Estado y por las cotizaciones de los docentes y jubilados, con los cuales se financian las pensiones, las cesantías y la salud, incluyendo los riesgos laborales. El Fondo se administra mediante un contrato de fiducia mercantil con la Fiduprevisora y cuenta con un Consejo Directivo conformado por los ministros de Educación, Trabajo y Hacienda, dos representantes de Fecode y el gerente de la entidad fiduciaria con voz, pero sin voto. Para brindar la atención en salud a los maestros y sus familias —cerca de 825.000 personas—, la Fiduprevisora elabora unos pliegos de condiciones que el Consejo Directivo aprueba y que sirven de referencia para contratar con los operadores. El país está dividido en 10 regiones en las cuales se agrupan los departamentos a cargo de un operador que mediante sus propias IPS, y contratando con otras, se compromete a atender al magisterio y sus beneficiarios dentro del territorio a su cargo. Es sabido que a lo largo de los años las empresas que ganan las licitaciones son de los mismos propietarios, pero cambian de nombre. Al igual que el ADRES, el Fomag paga por cada afiliado una unidad de Pago por Capitación, UPCM, superior en un 59,88 % a la UPC del régimen contributivo —que para 2023 es de $1.289.246,40—, más un 2,79 % para el componente de salud en el trabajo.  Los 10 contratos existentes representan cerca de 13,5 billones de pesos, un botín fabuloso sin control sobre cómo se gasta y con el que los operadores han construido su propia red de prestadores en un proceso de integración vertical similar al de las EPS, y al igual que estas, a la hora de pagar los servicios e insumos facturados, privilegian a sus propias IPS y acumulan grandes deudas con las que no pertenecen a su grupo empresarial, todo lo cual explica en buena medida el pésimo servicio que recibe el profesorado.

Como sucede con muchos de los trinos y discursos del primer mandatario que generan un gran revuelo, después de anunciar que “El gobierno nacional ha descubierto una red de corrupción en la utilización de los recursos del FOMAG para la atención en salud del magisterio”, el país sigue a la espera de que eso se concrete. Fecode también habla de corrupción en la Fiduprevisora, pero se queda en generalidades, a pesar de que dos de los miembros del Comité Ejecutivo de la organización tienen asiento en el Consejo Directivo del Fondo.

La solución a los padecimientos a los que están sometidos los docentes por los operadores y prestadores de su sistema de salud, es la misma que existe para el conjunto de los colombianos que están bajo el régimen de las EPS: Que la salud deje de ser un negocio y que el Estado asuma la obligación de buscar todos los medios a su alcance, incluso asumir el control de las EPS, operadores y prestadores, con tal de garantizar el derecho a la salud de la población.

En los informes de gestión del Fomag presentados anualmente por la fiduciaria se observa que se pagan millonarias sumas por unas auditorías que nunca llegan a sanciones a los operadores, a pesar de los incumplimientos a los contratos y hallazgos de irregularidades. Por ejemplo, ninguno cumplió con la obligación financiera de establecer la reserva técnica equivalente a una UPCM mensual de todos los afiliados; los operadores de las regiones 3, 4, 7 y 10 no cumplieron con la obligación de pagar oportunamente a los prestadores y tienen deudas sin cancelar hasta de un año en mora. En cambio, en el informe de 2022 se registra que en varias controversias que llegaron a tribunales de arbitramento se obligó al Fomag a pagar a los operadores $675 mil millones de pesos, a lo cual se suma que en conciliaciones de reclamos hechos por estos se pagaron $425 mil millones.

La posición de Fecode en todo este asunto resulta por lo menos cuestionable. Y es una muestra total de inconsecuencia decir que se está contra la privatización de la educación cuando se definde el modelo pionero de la privatización de la salud en Colombia consagrado en la Ley 91 de 1989. En los llamados “acuerdos de gobernabilidad” entre las fuerzas políticas que se mueven al interior de la Federación está siempre presente la puja por la representación en el Fomag. Por allí han pasado todas esas banderías. Esto incluye al partido Comunista del que hace parte Gloria Inés Ramírez, actual ministra del Trabajo, quien presidió el sindicato entre 2000 y 2002. La pregunta que surge de manera obligada es ¿por qué Fecode protesta contra el mal servicio de salud que prestan los operadores a los maestros, pero se defiende la Ley 91, el marco jurídico del que esas empresas derivan su enriquecimiento y su poder?