Conspiración peñalosista para rematar la ETB

Enrique Peñalosa concluyó su primer periodo como alcalde de la Capital (1998-2000) con la frustración de no haber podido subastar la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB.

Con ese precedente, a nadie le extrañaron estas frases pronunciadas por él en su reciente posesión ante el Concejo Distrital: “No pensemos que tenemos una empresa de teléfonos, pensemos que tenemos mil millones de dólares, con los que se podrían construir una cantidad de colegios, vías cruciales para desembotellar a la ciudad, hospitales, parques, podemos hacer todo eso o comprar una empresa de teléfonos”, y agregó que cualquiera de las firmas del ramo que habían sido privatizadas en Europa “podrían comprar la empresa de teléfonos de Bogotá con la caja menor de un mes”.

La tesis latosa de que venden las empresas públicas de los sectores económicos estratégicos para resolver acuciantes problemas, no por repetida deja de ser incongruente; ya que siendo aquellas imprescindibles para el desarrollo económico y el bienestar de las gentes tienen garantizada, en términos generales, la generación de excedentes que permiten, por una parte, llevar sus bienes a los sectores sociales y regiones marginados, y, por otra, aportarle fondos al Estado para la mejora de las condiciones de vida del conjunto de la población. Mientras los monopolistas que los rematan lo hacen únicamente con el fin de obtener las máximas utilidades para apropiárselas privadamente sin revertirle a la sociedad ni los impuestos, los cuales desaparecen entre exenciones y excepciones y la consabida tradición burguesa de evadir y eludir.

Trazada la línea y con la misma celeridad con la que el Alcalde les echaba tierra a la idea de construir un metro y mano a las tierras de la reserva ambiental Van der Hammen para retribuir a sus amigos edificadores, los funcionarios que designó para la ETB se dispusieron a propiciar la feria de esta. La nómina ejecutiva de la compañía, presidida por Jorge Castellanos, experto en deslizarles las empresas públicas a los particulares, y la nueva junta directiva fueron escogidas con minuciosidad de relojero para garantizar el funesto propósito: un mosaico de tecnócratas graduados de las universidades de élite, que alardean de su tránsito franco a través de las puertas batientes que comunican las agencias crediticias multilaterales, el Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional, las entidades financieras y firmas privadas que le compiten a la que les encomendaron dirigir, y a quienes asuntos como la propiedad del Estado, el interés nacional, el desarrollo soberano, la extensión de los bienes basados en los prodigios actuales de la información y las comunicaciones a los sectores marginados y a las zonas apartadas les repugnan por old-fashioned.

Castellanos, a comienzos de marzo, hizo una romería por los grandes medios de comunicación a rasgarse las vestiduras. Compungido le comunicó a la audiencia que, en 2015, las pérdidas habían ascendido a $250 mil millones y que la calificación de crédito había sido reducida por lo que el futuro estaba “seriamente comprometido”. La nota reprobatoria (BB+) la expidió Fitch Ratings, uno de esos santuarios gringos de los agiotistas —como Standard & Poors o Moody’s—, cuyos análisis, de tan enjundiosos, llegan a priori (o ex ante como suelen repetir sus corifeos) a conclusiones siempre acordes con los intereses de los capitalistas, lo que les da patente de ciencia, más allá de toda duda razonable.

El gerente le endilgó la crisis a que en los últimos diez años la ETB se había concentrado en la telefonía fija y en el servicio de Internet, por lo que los ingresos se mantenían constantes o decaían y a que las inversiones de más de dos billones de pesos de la anterior Administración habían agotado las finanzas y no habían crecido ni los clientes ni las utilidades. Tocaba asociarse o vender. Si se optaba por la venta “tendría que darse por una suma superior a los 2.2 billones que vale ETB para que resultara  una buena decisión (…) ‘Si no necesitáramos el dinero para otras cosas, preferiría la asociación’”. Nótese que entre el discurso del Alcalde y las entrevistas acomodadas de la Gerencia, el precio cayó mágicamente en cerca de un billón de pesos, USD 300 millones. La alharaca “periodística” fue mayúscula. Semana tituló: “Devastadora pérdida de la ETB”; El Tiempo se lamentó del “desalentador panorama”. El tinglado vino a completarlo la Contraloría Distrital, excediendo dolosamente sus funciones, con un libelo titulado “$2.3 billones invertidos por la ETB, en mora de generar rentabilidad”, que les entregó a los “comunicadores” el 29 de marzo, el cual empieza así: “La ETB ha efectuado inversiones cuantiosas y no ha logrado recuperar la inversión”.

Para la fecha de la asamblea de accionistas, 30 de marzo, Castellanos matizó sus declaraciones para acompasarlas con el “Informe de Gestión y Sostenibilidad 2015”, que en varios de sus apartes desmiente sus aseveraciones. Ya las pérdidas no eran de $250 mil millones sino de $37 mil millones. Ante tan notoria diferencia balbuceó que la  pérdida real del ejercicio era esta última, pero que la otra era una pérdida “recurrente”, extraña a los estados financieros presentados. Pero, agregó que en aras de la austeridad se proponía “dialogar con los empleados sindicalizados de la compañía para revisar las condiciones de la convención colectiva (en la cual se acuerdan beneficios para los trabajadores) (sic), manifestó que estos diálogos se pueden extender hasta finales de este año ‘y si no se llega finalmente a un acuerdo, se aplica la convención colectiva anterior menos unos elementos.’”  Al tiranuelo le tiene sin cuidado anunciar una merma ilegal de los derechos de los empleados.

No es un gran descubrimiento el de que aún la empresa depende de los ingresos de la telefonía local y de larga distancia, cuyos usuarios disminuyen año a año, y del servicio de Internet de banda ancha. El diagnóstico venía haciéndose incluso desde la anterior Alcaldía del buhonero de Volvo. Varios jugosos contratos les fueron otorgados por las autoridades de derecha e izquierda a las firmas de banca de inversión y a las comisionistas de bolsa para que dijeran lo mismo en rimbombantes estudios de “valoración y estrategia”.

Se da por descontado que tales análisis no podían tener por objeto planificar con rigor la actualización de la compañía a partir de sus evidentes ventajas económicas y sociales, entre ellas, las utilidades anuales de cientos de miles de millones de pesos, de las que buena parte podían reinvertirse en su transformación. Por el contrario, la cartilla de los contratistas infaltablemente recomendaba ofrecérsela al “mercado”, como una fruslería.

Desde luego que desarrollarla precisaba y aún precisa de ingentes esfuerzos. No es no más incursionar en las áreas más modernas como la telefonía móvil, la televisión por cable y la Internet de alta velocidad, las cuales exigen altísimas inversiones de capital (tecnología, infraestructura) para alcanzar las economías de escala necesarias en un sector en el que la rentabilidad decrece relativamente. Pero los todavía indispensables servicios que presta con suficiencia, sus valiosos activos, que llegan a 5 billones de pesos, su gran cantidad de usuarios la ponen en condiciones, si se la administra bien, de lograr la acumulación necesaria para modernizarse.

Otro obstáculo para su avance es la “libre competencia”, que se traduce en que el gobierno colma de prerrogativas a las multinacionales que casi monopolizan el sector: América Móvil, AMX (Claro), del magnate mejicano Carlos Slim, que se lleva la parte del león, y Telefónica (Movistar), de España, las que gozan de los favores de la “regulación” que hace prácticamente imposible rivalizarles. Como si esto fuera poco, el régimen le alcahuetea a la firma del señor Slim que se burle de decisiones judiciales favorables a la ETB como la que condenó a Comcel (hoy Claro) a pagarle una multa  de casi 300 mil millones de pesos y cuyo mandamiento de pago está vencido desde agosto de 2012. Recientemente el Consejo de Estado profirió un auto mediante el cual le pide al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que emita una “interpretación judicial” del litigio. Disposición, justamente impugnada, que da trazas de querer relevar a la compañía azteca de su obligación con la firma capitalina.

A pesar de todo, la tropilla antinacional no ha podido ocultar que el panorama de la empresa ha venido variando sustancialmente. En los últimos años encaró las falencias mediante varias importantes decisiones. En 2013 participó en la subasta de licencias para operar el llamado espectro radioeléctrico 4G —recurso natural propiedad de la nación— y obtuvo una banda que ofrece importantes ventajas tecnológicas, denominada “AWS (Advanced Wireless Services, o Servicios Inalámbricos Avanzados, por sus siglas en inglés) una red (…) que es utilizada para móviles de voz y servicios de datos, video y mensajería y que maneja una potencia de 1.700 megahertz.” Esta necesita menos antenas, lo que significa una menor inversión para instalarla. Con base en este logro, en 2014 lanzó su programa de telefonía móvil 4G, el cual pasó de tener 20.000 clientes, en 2014, a 400 mil, en 2015, repartidos en 20 ciudades. Ni por asomo al señor Castellanos, tan “riguroso” con las cifras que permiten denostar la empresa, se le ocurrió mencionar este salto de 2.000%. Así como ocultó también que el desempeño de la acción, debido a este y otros desarrollos “fue uno de los más sobresalientes de la Bolsa de Valores: en el último año [2015] el título se valorizó 46%, pasando de $373 a $573.”

Por otra parte, la compañía se empeñó en un ambicioso plan de tendido de una red de fibra óptica por todo Bogotá que la puso a la vanguardia de esta tecnología que permite el paso simultáneo de millones de llamadas e imágenes y multiplica decenas de veces la velocidad de conexión a Internet. Esto es tan cierto que al señor Castellanos se le soltó decirle a Yamid Amat que dicha red es una de “las más modernas y capaces de Sur América”. El programa, denominado Fibra Óptica al Hogar, a fines de 2015 pasaba ya por el frente de 1.200.000 viviendas, es decir, del 60 % de los hogares capitalinos, de los que un 10 % ya se había conectado aún sin concluir las obras. También el año anterior hizo nuevos trazados de fibra óptica en Cúcuta, Medellín, Barranquilla, Cali, Cartagena, Neiva e Ibagué, y multiplicó por 10 sus puntos de acceso wi fi en Bogotá, completando 270 sitios. Además, lanzó programas como el de telefonía móvil para empresas y los de telefonía de alta velocidad (IP1) y televisión con base en IP1, para el sector corporativo y amplió la cobertura de fibra óptica y demás servicios para las empresas y el gobierno en distintas regiones.

Para solo mencionar un hecho más de enorme importancia, a través de una de sus subsidiarias, Skynet de Colombia, especializada en la tecnología de banda ancha satelital, se convirtió en el primer operador del subcontinente en ofrecer conexión de alto rendimiento mediante satélite en el Amazonas, hasta ahora a Leticia y sus zonas aledañas, pero se propone continuar en muchas más regiones apartadas del país. Naturalmente, esto es anatema para los torpes tecnócratas y vendedores de buses al mayoreo a los que les parece “irracional” todo lo que no le aporta al flujo de caja.

Obviamente, este cúmulo de inversiones tenía que incidir negativamente en los llamados estados financieros, y así fue previsto para varios años, en especial en ítems como los gastos de operación y las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones  (OPEX y EBITDA, por sus siglas en inglés, respectivamente). Siendo lo anterior lo principal, no sobra mencionar que junto a las decisiones estratégicas de inversión, la empresa también incurrió en operaciones absurdas como la de repartir el año pasado unos dividendos extraordinarios que sumaron 405 mil millones de pesos, sacados de sus reservas. Dineros que reinvertidos podrían, por ejemplo, evitar buena parte del innecesario endeudamiento externo. En esta operación se nota la mano de los accionistas minoritarios, que poseen apenas el 11 %, pero que debido a una célebre “Declaración del Accionista Mayoritario” suscrita, en 2003, por el saltimbanqui Antanas Mockus, les otorga a los 10 mayores de entre ellos un desmesurado poder en la empresa. De ahí que esos 10 sean casi todos fondos de inversión internacionales, entre otros, Amber Global Opportunities Master Fund LTD; Blackwell Partners Llc-Mexico; Alliancebernstein Next 50 Emerging Markets (Master); Ubs Ag London Branch; Global X/interbolsa Ftse Colombia 20 Etf.

Ante la irrefutable fuerza de las realizaciones descritas, el clan de conspiradores contra la compañía decidió esgrimir, como quedó dicho, el más inverosímil de los argumentos: ¡La inversión nos mata porque agota las finanzas! ¡Inversión que no rente de inmediato no es viable! ¡Abajo el largo plazo! ¡De la tecnología y la infraestructura modernas, que se aparten las empresas públicas! ¡Sáquese la ETB de inmediato a promoción por pronto vencimiento! Cosa de risa, de no ser tan retorcida.

Pero no se trata de que la ignorancia de estos sabios sea tan supina como para que crean de veras que los casi 1.000 millones de dólares invertidos en los tres últimos años ya están “en mora de generar rentabilidad” como lo dicen sus zafios compinches de la Contraloría Distrital.  Todo se reduce a que el mercachifle de Transmilenios y su caterva se relamen por entregarles a los tiburones privados a precio de feria la remozada empresa para que sean ellos los que se lucren de sus logros. Y lo que paguen, pues que se festine en la campaña de 2018.

Semejante designio deberá estrellarse contra la resistencia de los cerca de tres mil asalariados que defenderán la ETB con coraje y con la frente en alto para que siga siendo patrimonio público, lo mismo que harán con sus derechos convencionales tan luchados y tan merecidos. Vastos sectores de la ciudadanía se les unirán en el patriótico empeño.