El de las basuras, un debate esclarecedor

El pasado 21 de noviembre el país fue sorprendido cuando el Alcalde de Bogotá, acompañado de un grupo de recicladores y de empleados de las empresas de Teléfonos y del Acueducto se tomaron las instalaciones de esta última con el supuesto fin de defenderla frente a una conspiración de la que hacían parte el Gobierno Nacional y los empresarios que monopolizan la recolección de basuras en el Distrito. La intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio a la mencionada empresa fue el florero de Llorente. Según el discurso del burgomaestre ese día, el complot buscaba favorecer a los poderosos empresarios Wiliam Vélez y Alberto Ríos e impedir que la Administración pusiera en práctica un nuevo modelo para el servicio de aseo bajo el control de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, que incluya a los recicladores en el reparto de las utilidades del negocio. Petro se despachó con una carga de profundidad contra el gobierno: dijo que se estaba violando la Carta del 91 y la autonomía de la ciudad; que aquello era un atentado contra la democracia, pues se desconocía el mandato de la ciudadanía que votó por él y su programa en las pasadas elecciones, y que constituía una muestra de intolerancia que no contribuye a la paz de Colombia.

En medio de las tensiones los medios hicieron creer que a partir del 18 de diciembre —fecha en la que se les vencen los contratos a los cuatro operadores actuales del servicio de aseo—, las calles de la ciudad se convertirían en escenario de una guerra por las basuras entre los privados y el Distrito. Los primeros contaban con el respaldo de las Superintendencias de Servicios y de Industria y Comercio, de la Comisión de Regulación del Agua Potable, CRA, y de Gina Parody, Consejera para Bogotá, quienes habían señalado que a partir del 18 de diciembre regiría la libre competencia en la ciudad; es decir, que cualquiera que tuviese cómo, podría prestar el servicio. De otro lado, el Alcalde y Diego Bravo, gerente de la EAAB, aseguraban que así fuera con volquetas y con la ayuda de los recicladores garantizarían la recolección de deshechos en la Capital y que si los privados salían con sus vehículos el Alcalde haría uso de la Policía para impedirlo. La ANDI y otros gremios, la gran prensa, las entidades de control y voceros de los partidos de la Unidad Nacional pusieron el grito en el cielo y todos a una clamaron por el respeto a la libre competencia y revivieron el recuerdo de la EDIS para plantear lo nefasto que sería el retorno a los monopolios estatales en los servicios públicos. Curiosamente, lo que se veía como una rebelión del Distrito, con su primera autoridad a la cabeza, contra el Gobierno Nacional, terminó en una plática en Palacio de la que Petro salió radiante a comunicar que “el Presidente está de acuerdo en que el Alcalde de Bogotá debe desarrollar el modelo que estime pertinente en la ciudad de Bogotá y que pone la estructura del Estado nacional al servicio de ese modelo” ¿Cuál es la realidad de todo este asunto? ¿Representa la propuesta de Petro reversar la privatización en el servicio de aseo? ¿En qué consiste realmente su nuevo modelo? ¿Cuáles son las implicaciones políticas de esta pugna?

Por paradójico que parezca, las basuras son un gran filón de riqueza. Bogotá produce 7.600 toneladas de residuos, de las cuales 1.500 son recogidas por los recicladores. A los cuatro consorcios que se reparten su recolección, Atesa, Aseo Capital —con las cuales Vélez y Ríos acaparan el 50% del negocio—, Lime y Ciudad Limpia, el Distrito les paga por las toneladas que depositen en el relleno de Doña Juana, con lo que recaudan anualmente $312 mil millones y obtienen una ganancia neta de $124 mil millones: ¡el 40%! Entre tanto, la población recicladora, estimada en 14.000 personas, no recibe de la Administración ni un solo peso por su labor. Por ello, los sectores más organizados del oficio en Bogotá y en Cali —en donde funciona un esquema similar, y los acaudalados son los mismos que operan en la Capital—, han librado una lucha que lleva ya varios años para que se les reconozca económicamente el trabajo que realizan. Los ínfimos ingresos que perciben por la venta de los materiales que recogen y clasifican sólo les alcanzan para arrastrar una vida miserable. Además, bajo el gobierno de Álvaro Uribe, los hijos de éste, Tomás y Jerónimo, gozaron de los favores del Estado para montar Ecoeficiencia, una poderosa empresa que hoy se extiende por todo el país, a la que las industrias comenzaron a entregarle los residuos más valiosos quitándoles a los recicladores la posibilidad de negociarlos.

Durante el período en el que Clara López estuvo encargada de la Alcaldía de Bogotá, en agosto de 2011, se vencieron los contratos a los operadores privados del servicio de aseo, pero el nuevo proceso licitatorio fue suspendido por la Corte Constitucional en respuesta a una solicitud interpuesta por Nora Padilla, una destacada líder de los recicladores, para que el renuente gobierno distrital cumpliera la tutela que ordenó incluir a este sector en los esquemas de recolección. Por aquellos mismos días fue destituida la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Uaesp,  encargada de realizar la nueva licitación debido a manejos turbios para otorgar el relleno sanitario de Doña Juana. Fue así como el Distrito les prorrogó los contratos hasta marzo de este año a los cuatro consorcios. En diciembre, pocos días antes de la posesión de Gustavo Petro la Corte Constitucional emitió el auto 275 con un mandato expreso para que la Administración Distrital diseñe un nuevo modelo para la recolección de residuos que incluya a la población recicladora de la ciudad.

En el mes de febrero de este año, antes de que la prórroga de los contratos venciera, El Espectador dio a conocer unas denuncias de Juan Carlos Junca, exdirector de la Uaesp, en las que asegura que las empresas de aseo no le pagan a esa Unidad por 200 mil usuarios. El diario también dio cuenta de un informe preliminar de la Contraloría General de la República en el que se dice que durante la prórroga de los contratos la ciudadanía pagó por sobrecostos tarifarios $76 mil millones que no debían cobrársele. En marzo, Petro no tuvo el tiempo suficiente para diseñar adecuadamente una nueva licitación con el modelo ordenado por la Corte y decretó nuevamente la urgencia manifiesta para extender hasta el 16 de septiembre los contratos a los mismos operadores y con las mismas tarifas onerosas para los bogotanos. El 30 de julio la Uaesp le presentó a la CRA una propuesta para ampliar de cuatro a doce el número de Áreas de Servicio Exclusivo, ASES, que son las que se asignan a los operadores, pero el ente regulador la devolvió porque estaba incompleta. El 5 de septiembre, por iniciativa del Alcalde, la Junta Directiva de la EAAB aprobó ampliar su objeto social para convertirse en operador del servicio de aseo y, posteriormente, firmó un convenio con la Uaesp para prestar durante un año este servicio, lo cual podrá hacer de manera directa o contratando a operadores privados. A éstos se les hizo una última prórroga de los contratos hasta el 17 de diciembre al tiempo que la EAAB abrió una licitación para adquirir 248 vehículos recolectores.

El anterior es el recuento apretado de los hechos que condujeron a la crisis que se expresó en los últimos días. De donde se colige que sobre la marcha Petro fue diseñando una solución propia al problema de las basuras ajustándola a su programa “Basuras cero”, planteado en el Plan de Desarrollo y acorde con su política de regateo de tarifas con las empresas que prestan los servicios. Como él mismo lo aclaró después de su entrevista con Santos, no se trata de volver al monopolio estatal. Según se deduce de sus afirmaciones y de las declaraciones del concejal Carlos Vicente De Roux, uno de sus hombres más cercanos, la entrada como operador de la EAAB lo que buscaba era presionar la renegociación de los contratos con los privados y la rebaja de tarifas. La silla vacía reveló que mientras el Alcalde arengaba a los recicladores, Diego Bravo se reunía con los representantes de los consorcios privados en el Jockey Club para llegar a un entendimiento, lo cual fue confirmado por el mismo William Vélez —tildado por Petro de paramilitar—, quien afirmó: “Tenemos que encontrar un punto equidistante. Primero, para que la ciudadanía no se perjudique. Segundo, para que la Administración esté conforme y tercero para que nosotros, como operadores, podamos seguir trabajando”.

Resumiendo, el modelo propuesto por Petro se basa en su programa Basuras cero, que coincide en muchos aspectos con el auto 275 de 2011 de la Corte Constitucional, consistente en enfatizar en el reciclaje a partir de fomentar la “separación de residuos en la fuente, recolección separada, procesos industriales de reciclaje y aprovechamiento final y minimización de la disposición en relleno sanitario”. El reciclaje estaría “a cargo de empresas integradas y administradas por organizaciones de recicladores de oficio, generando procesos de inclusión de esta población”. Para poner en práctica lo anterior, la EAAB se hará cargo por un año del servicio de aseo, el que podrá prestar directamente o subcontratarlo con empresas privadas, hasta que se diseñe una nueva licitación que entraría a regir desde el 2014 y en la que se ampliaría el número de ASES y de operadores. El Alcalde ha señalado que en la actualidad hay 19 proponentes y La Silla Vacía mostró que doce de ellos tienen grandes contratos con el Estado.

Si lo que quiere el jefe de Progresistas no es volver a estatizar los servicios ¿porqué los iracundos ataques de la gran burguesía y de sus medios de comunicación? Lo que revelan los sucesos que venimos comentando es que, en su codicia, tales sectores no toleran la más mínima amenaza contra sus utilidades y sus privilegios. Lo que plantea el Alcalde es un nuevo reparto del negocio y reducir las utilidades a sus “justas proporciones”, parodiando la célebre frase de un expresidente. Ya hemos dicho que desde febrero la Contraloría encontró que para esa fecha los bogotanos habían pagado de más $ 76 mil millones en sus facturas de aseo. Por su parte, el senador Carlos Alberto Baena demostró en un debate en el Congreso que éstas han estado infladas hasta en un 20%. El congresista pidió que se le devuelvan a la ciudadanía excedentes por $95 mil millones, lo que quiere decir que si Petro rebaja las tarifas en 20% es porque está en la obligación de hacerlo, y aun así, todavía no le ha dicho a la ciudadanía cómo hará para que los cuatro operadores devuelvan los dineros que cobraron abusivamente.

Nos queda un asunto por aclarar: la estratagema política de Petro que, como se sabe, ve su paso por la Alcaldía como un escalón en su ascenso hacia el Solio de Bolívar. En lo álgido del debate sobre las basuras sus ataques los centró en los empresarios Vélez y Ríos, dos de los más poderosos contratistas del país, socios de los Nule y concesionarios que manejan la mitad del negocio de aseo en el Distrito. El uno con fuertes vínculos con el uribismo, viejo enemigo del mandatario capitalino, y el otro, según La Silla Vacía, el principal financiador de las campañas políticas de Vargas Lleras, a quien Santos le labra el camino a la presidencia en el 2018. Para nadie es un secreto que esa es la razón por la que lo nombró en el Ministerio encargado de construir 100 mil viviendas que dicen gratuitas en los próximos años. El desarrollo de este plan en Bogotá produjo los primeros encontronazos entre el Ministro y el burgomaestre. El poder de Vargas Lleras sobre los alcaldes del país se potenció con la nueva Ley de Vivienda en la que el futuro candidato introdujo un orangután, pues su cartera quedó facultada para crear ASES, para prestar el servicio de aseo en las municipalidades. Los ataques de Petro obligaron al Ministro a declararse impedido para opinar en los asuntos que involucran a su amigo Alberto Ríos y a sus hermanos ligados a las empresas de éste.

Finalmente, la jugada del jefe de Progresistas se completó con el tatequieto que le puso a la para-alcaldesa Gina Parody. A regañadientes la consejera candidata tuvo que declarar a los medios el compromiso del Gobierno Nacional con el respeto a la autonomía del Distrito Capital.

Nota Obreras heredó y ha defendido consecuentemente la postura marxista de Francisco Mosquera, fundador del MOIR, sobre la necesidad de que la salud, la enseñanza, los servicios públicos y la explotación y aprovechamiento de los recursos naturales, entre otros, estén a cargo del Estado. Por ello, en estas páginas se han criticado en forma sistemática las claudicaciones del Polo Democrático al respecto. Sobre las cuestiones antedichas se debe decir que ese partido, que manejó la Capital del país durante las administraciones de Lucho Garzón y de Samuel Moreno, mientras alardeaba de adalid de la lucha contra la privatización, mantuvo incólume el poder de los grandes consorcios. En particular, sobre el debate que nos ocupa en esta nota, su posición ha sido deplorable. En un artículo publicado en El Espectador titulado “Un gerente en apuros”, Aurelio Suárez dice coincidir con una “opción pública”, pero expresa su preocupación por las decisiones tomadas por el gerente de la EAAB, para lo cual se apoya en las advertencias de Fitch Ratings, una calificadora de riesgos —entidades que velan porque los Estados y las empresas actúen en concordancia con el código establecido por los financistas—. En su oportunismo, el autodenominado único partido de oposición en Colombia se caracteriza por tener unas frases de cajón para distraer a la galería y un repertorio cada vez mayor de zalamerías para agradar a los monopolios.

Cuando este artículo estaba listo para su publicación, CM& informó de un acuerdo al que finalmente llegaron el Distrito y los operadores privados, en el que Bogotá se divide en seis áreas: cuatro para los operadores de siempre, una para la EAAB y la otra para un prestador que puede ser de Cali o Medellín. El cuadro muestra la forma en que se repartirá la ciudad: