Tejemanejes en el camino de la sucesión

La clase obrera debe afirmar su convicción de que nada beneficioso para ella puede esperar de los tejemanejes que se urden por lo alto y que su suerte depende, no sólo de su organización y de su brega cotidiana, sino también, de su capacidad para desenmascarar a los apuntaladores del régimen de esclavitud prevaleciente.

Las elecciones del pasado 14 de marzo, más allá de definir la conformación del nuevo Congreso, completaron, con los resultados en las consultas de los partidos Conservador y Verde, la baraja de los siete candidatos presidenciales que se enfrentarán en la primera vuelta. El desenlace de la consulta goda con el triunfo de Noemí Sanín se tornó particularmente importante por los intereses que se pusieron en pugna y porque comenzó a esclarecer en beneficio de quién se moverán las poderosas influencias del Tío Sam. Para el jefe de la Seguridad Democrática, los resultados son un triunfo con sabor a derrota.

Lo primero que destaca es la abstención de cerca del 55%, a pesar de un aumento en el total de sufragios de alrededor de tres millones y medio si comparamos con las elecciones de 2006. Otro hecho relevante fue la compra de votos en gran escala, que ya no se circunscribe a algunas regiones particularmente atrasadas, sino que se extiende a lo largo y ancho del país y abarca incluso las grandes ciudades. De otra parte, están los problemas derivados del sistema y la organización electoral. Del primero, que no depende de la Registraduría sino de la ley, se derivan aspectos como el tipo de tarjetón que en esta oportunidad causó que más de dos millones y medio de votos fueran anulados, y del segundo, la agilidad en el procesamiento de los datos y en la entrega de la información, aspectos en los que se observó un notorio retroceso. Uribe y su ministro Valencia Cosio, quienes presienten las dificultades para asegurar el triunfo de su candidato en las elecciones del 30 de mayo, alarmaron con una hecatombe, se quejaron de la ausencia de garantías y acusaron al registrador de borracho con el objetivo de dar un golpe de mano y colocar un reemplazo de bolsillo con la ayuda del Procurador.

El crecimiento de las fuerzas de la coalición uribista en Senado y Cámara no sorprende; es el fruto de una campaña ininterrumpida de ocho años de consejos comunales todos los fines de semana y del reparto a porrillo de los recursos estatales. Programas asistencialistas como familias en acción rindieron sus dividendos en las urnas. Quienes obtuvieron los mayores beneficios fueron, sin duda, los conservadores —partido que se encontraba casi desaparecido— dado el disfrute de dos cuatrienios de gabelas burocráticas a la sombra del Ejecutivo. Sin embargo, con el triunfo de Noemí en la consulta podría presentarse la paradoja de que la colectividad a la que Uribe le prodigó más generosamente sus favores, podría terminar sepultando su aspiración a poner un sucesor de su entera confianza y a mantener en el mando a las camarillas oligárquicas para las que gobernó en estos años.

Era previsible también que con su comando electoral en la cárcel La Picota, la para política siguiera vivita y coleando lo que se confirmó no sólo con los cerca de un millón de votos del PIN, con los que se adjudicaron ocho escaños en el Senado y 14 en la cámara, sino también con un crecido número de elegidos en la casi totalidad de organizaciones partidistas. El Partido Liberal conservó su representación, pero no así el Polo Democrático que perdió tres senadores y dos representantes. El grupo de Vargas Lleras pagó cara la salida de la coalición de gobierno y las ambiciones presidenciales de su jefe, con la pérdida de siete curules en el senado y cinco en la cámara. El Partido Verde, al que se ligaron Mockus, Peñalosa y Garzón, los tres ex alcaldes de Bogotá, eligió cinco senadores y dos representantes gracias, entre otras, al aliento que les brindaron los medios de comunicación.

Miremos ahora la consulta en las toldas azules, lo que puso de relieve y sus implicaciones. Hasta el momento en que se anunció la renuncia de Noemí Sanín a la embajada en el Reino Unido y su regreso al país para participar en la campaña presidencial, Andrés Felipe Arias, el mimado del Ejecutivo, se perfilaba como el candidato indiscutible del conservatismo. Vinieron las solicitudes de varios jefes y senadores de esa colectividad para que la consulta interna, prevista para el 27 de septiembre de 2009, se aplazara con el fin de darle tiempo a la candidata de hacer su campaña. Arias y sus conmilitones, por su parte, maniobraron desesperadamente para impedir que esa fecha fuera modificada, pero en ese primer pulso fue derrotado. Cuando estalló el escándalo de Agro Ingreso Seguro, al obsecuente mandadero del uribismo rural —la burguesía agroexportadora, terratenientes, ganaderos—, las intenciones de voto se le descolgaron varios puntos en las encuestas. El propio Uribe hubo de salir en su auxilio y llegó hasta el colmo de brindarle el escenario de los consejos comunales para que hiciera su defensa.

Entretanto, el ex presidente Pastrana movía hacia Noemí a importantes barones electorales que compartían su tesis de que una victoria de Uribito significaba entregar el Partido Conservador en manos de Santos y perder la posibilidad de llegar al poder con candidato propio. El 14 de enero, Juan Gabriel Uribe, quien desde la dirección de El Nuevo Siglo se convirtió en un duro contradictor del gobierno, anunció que asumía la jefatura del debate de la ex embajadora.

Con el fallo de la Corte sobre el Referendo reeleccionista la consulta azul pasó a ocupar el centro de atención. En los primeros días de marzo, Uribe intervino abiertamente en ella contra Noemí y a favor de Arias al expresar que:

“no basta salir en una campaña a cautivar los votos de los ciudadanos, a decir: ‘Sí, yo mantengo la Seguridad Democrática’. Hay que revisar si esa persona sí tiene una genuina convicción, un sincero compromiso. Hay que revisar ese factor que se llama la lealtad, porque si no hay lealtad, nos engañan. Hablan en campaña simplemente de que quieren la Seguridad Democrática, para conseguir votos, y después se olvidan de la Seguridad Democrática.”

Ya antes había dicho en el programa NTC que Arias era su “versión mejorada”. El hacendado del Ubérrimo no pudo ocultar su afán por lograr imponer a su protegido y, por qué no, pensaba, tener en la segunda vuelta a los dos candidatos de sus preferencias. En esas andaba cuando vino a perturbarlo un hecho inquietante. El Departamento de Estado de los Estados Unidos hizo público un informe en el que cuestiona al gobierno, entre otras, por violaciones a los derechos humanos, las chuzadas del DAS, los falsos positivos y por la corrupción, en la que destacan el caso de Agro Ingreso Seguro y mencionan con nombre propio al ex ministro Andrés Felipe. Ya no sólo era Uribe quien metía baza en la campaña sino la propia Casa Blanca. El inquilino del Palacio de Nariño salió de inmediato en defensa del programa oficial y de Arias, de quien dijo “es una de las personas más descollantes del país. Es el mejor ministro de agricultura de largo en muchos años en Colombia. Le deja al país la mejor Ley. Es un hombre íntegro y es un gran líder”. Y en la semana que siguió a las elecciones del 14 de marzo, el más sumiso de los mandatarios latinoamericanos frente a los dictados de Washington, presintiendo la derrota de su clon en la consulta goda y a sabiendas de quiénes le habían embolatado la segunda reelección, respiró por la herida ante un grupo de estudiantes de la Universidad Católica:

“Tranquilamente recibimos también informes sesgados y de oportunismo electoral, como el informe que sacó el Departamento de Estado de los Estados Unidos tres días antes de las elecciones de la semana anterior.

“¡Pero qué importa! Cuando se tiene conciencia tranquila, firmeza, toda la determinación en el propósito, se resisten todos esos atentados de la politiquería internacional y de esos intereses que se incrustan y que por servirle a los derechos humanos, finalmente le sirven es a las políticas que quisieran la connivencia con el terrorismo”.

¿Qué ha pasado para que el señor Uribe se refiera a sus patrones del Departamento de Estado de la Metrópoli como si fuesen cualquier ONG o como ha tratado a todos aquellos que en Colombia han hecho alguna crítica a su gobierno? En el artículo de Alejandro Torres El fallo de la Corte: la “encrucijada del alma” se definió en Washington, se expuso ampliamente el pensamiento predominante entre la burguesía imperialista acerca de la situación colombiana y las pretensiones reeleccionistas de su presidente. Allí se muestra con absoluta claridad que para la dirigencia gringa el país no se ve de manera aislada, sino como una pieza en el ajedrez de sus intereses estratégicos en esta parte del continente, en donde su problema tiene nombre propio: Hugo Chávez. Y es claro también que la necesidad que plantean de un “cambio en la cúspide” obedece, en buena medida, a su afán de contar en Colombia con un mandatario que les permita una mayor capacidad de maniobra frente al vecindario, en donde están, además del presidente venezolano, sus aliados Correa y Evo Morales.

El informe del Departamento de Estado fue un veto claro a Arias. El alud de comentarios editoriales celebrando la victoria de Noemí Sanín en la consulta conservadora permite entrever la sintonía de amplios sectores de la burguesía criolla y la Casa Blanca acerca de ambientar el “cambio en la cúspide”, para lo cual, una candidata como la señora Sanín resulta bastante auspiciosa. Ella se ha percatado de la situación y, exultante, ha tomado la iniciativa. Los otros contendores se ven opacados, y Santos, quien ha venido punteando en las encuestas y alardeando de ganar en la primera vuelta, parece no salir del aturdimiento, pues, primero, no tuvo más remedio que pasar una larga temporada de sentida y secreta oración a la espera de que se hundiera el Referendo; luego, disfrutó un instante de felicidad con el fallo de la Corte, y ahora, ve crecerse a una rival que amenaza con aguarle la fiesta.

Mauricio Vargas, en su columna del 22 de marzo en El Tiempo, titulada La candidata de los ex presidentes, afirma que “Belisario, Gaviria, Samper y Pastrana apoyan a Noemí”, unidos por “las ganas de atajar a Juan Manuel Santos”. Ella ha dicho que ya cuenta con el respaldo de la casi totalidad de los parlamentarios que acompañaron a Arias. La señora Sanín tiene una larga trayectoria de malabares políticos que le han permitido disfrutar de las mieles del poder durante casi treinta años ininterrumpidos y sus servicios al establecimiento generan confianza entre los acaudalados. En el único gobierno en el que no participó fue en el de Pastrana, y, paradójicamente, fue este quien decidió echarse al hombro el impulso de su candidatura.

Por lo pronto, están definidos los competidores para la primera vuelta. Cualquier revisión de la trayectoria de los personajes que se hallan en el partidor le dice a las mayorías esquilmadas y a la nación, que en ninguno de ellos se encuentran representados sus anhelos. Todos a una, desde el uribismo “leal” de un Juan Manuel Santos, pasando por el uribismo “desleal” de una Noemí Sanín o un Vargas Lleras, siguiendo con el indefinido de un Sergio Fajardo o el “crítico” de Mockus, hasta la oposición representada por Pardo y Petro, coinciden en la necesidad de continuar con la Seguridad Democrática que, a lo largo de ocho años, ha profundizado las calamidades de las masas laboriosas. Todos, en su paso por los cargos de poder en el Estado o como legisladores, han demostrado su fidelidad a los intereses de los monopolios. Con diferencias de matiz, todos hincan la rodilla ante los poderes del Norte invocando su bendición.

El candidato del Polo Democrático, Gustavo Petro, además de comprometerse reiteradamente con la Seguridad Democrática, en sus visitas a Washington, desde la época de Bush, se ha comprometido a dar garantías a las compañías norteamericanas, según él, afectadas por los sectores mafiosos con influencia en el gobierno de Uribe. Y en el momento en el que se escribían estas líneas, en el primer debate por televisión entre los siete candidatos, a la pregunta de Antanas Mockus sobre su opinión acerca de las bases norteamericanas, Petro respondió: “Yo voy a mantener buenas relaciones con los Estados Unidos; y Obama no está de acuerdo con las bases militares”. Con asombro, el ex alcalde le preguntó cómo sabe que Obama no está de acuerdo con un tratado que está tramitando con Colombia, y esta fue la respuesta del candidato del Polo: “¿por qué sé lo de Obama? porque yo tengo una fuerte relación con el Partido Demócrata, no se le olvide”. ¡Se proclama así como hombre de confianza de la Casa Blanca en Colombia! Sería interesante que el Senador Robledo, cabeza visible del “ala radical” de aquella colectividad expresara públicamente lo que piensa frente a tales aseveraciones.

Los Estados Unidos, tras la mampara del G-241, y en una abierta intervención en el proceso electoral, instaron a los siete candidatos a firmar una declaración conjunta en la que se trazan unos derroteros para cualquiera de ellos que resulte elegido a la presidencia de la república. Tan es así, que el candidato Rafael Pardo lamentó que el acuerdo surgiera como iniciativa de afuera y no como una propuesta nacional. La Casa Blanca pretende agudizar el vasallaje de América Latina, pero procurando superar el aislamiento y el desprestigio en que había caído la política de la administración Bush, que con prepotencia quiso coronar sus designios mostrando desdén por sus aliados. Obama prefiere intervenir en Colombia, respaldado por gobiernos latinoamericanos —como lo ha hecho con Argentina y Brasil—, para forzar el curso del debate político. Con la mascarada de defender la democracia y los derechos humanos se inmiscuye en el proceso electoral y casi señala la candidatura de su conveniencia. La misma Administración que cubrió el territorio nacional de bases militares, ahora se muestra reticente a los desafueros de Uribe, y con el consenso de todos los aspirantes, establece el perfil de quien deberá continuar el encargo proditorio. Los imperialistas buscan ensayar ese mismo patrón de injerencia en otros países.

El “acuerdo democrático fundamental” es un decálogo para enmendarle la plana al régimen de Álvaro Uribe. Llama la atención el punto primero: “El fin no justifica los medios”, colocado como antípoda de la máxima que ha guiado al actual gobierno. Por lo demás, los puntos del acuerdo son un compendio de los principios generales de la democracia burguesa —violentados reiteradamente por el finquero del Ubérrimo—, frente a lo cual es oportuno recordar, con el marxismo, que la más perfecta de las democracias no es más que una farsa en tanto existan la explotación y la opresión de unas clases y de unas naciones sobre otras, y que, la igualdad ante la ley sucumbe ante la real desigualdad económica entre los hombres. Hoy, en la época de la extorsión de millones de seres por una minúscula capa de linces financieros, esta verdad elemental cobra más vigencia que nunca.

Las contradicciones políticas, expresión concentrada de los conflictos de clase, están llenas de curiosas paradojas. Los meses que se avecinan hasta la segunda vuelta en junio, nos mostrarán una contienda presidencial encarnizada como pocas, pese a que las distintas facciones en pugna emulan por mostrarse a cual más intérpretes de los designios del imperialismo estadounidense. La clase obrera, por su parte, debe afirmar su convicción de que nada beneficioso para ella puede esperar de los tejemanejes que se urden por lo alto y que su suerte depende, no sólo de su organización y de su brega cotidiana, sino también, de su capacidad para desenmascarar a los apuntaladores del régimen de esclavitud prevaleciente.

Notas

  1. El G-24 se constituyó en una reunión en Londres en el año 2003 y está conformado por los representantes en Colombia de los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, los países miembros de la Unión Europea, Japón, México, Noruega, Suiza, Estados Unidos de América y los representantes de la Comisión Europea. Este grupo interviene en el país con el supuesto de establecer un diálogo entre la sociedad civil y el gobierno y así superar los conflictos internos. Información completa en el sitio de el PNUD

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