Ominosa entrega de la EEB

Tras de ladrones, bufones

En grotesca ceremonia presidida por el ministro de Minas y Energía, Orlando Cabrales, y el alcalde de la capital, Paul Bromberg, se entregaron al monopolio ibérico por US $ 1.907 millones la mitad de los 2 millones 500 mil kilovatios de capacidad instalada de generación de la empresa y el negocio de distribución, compuesto por un millón y medio de suscriptores y 8 millones de usuarios, el mercado más grande del país. El siguiente Cuadro ilustra la estafa y demuestra que no hubo la tan cacareada munificencia por parte de los compradores, y confirma con creces la afirmación del economista Eduardo Sarmiento de que “el país está vendiendo el kilovatio instalado a la mitad de lo que hoy en día cuesta realizarlo”.

Lo que se pagó por kilovatio instalado en Chivor, Betania y la EEB, es sustancialmente igual. Sobre las dos primeras diversos sectores coinciden en que fueron casi regaladas. Aún mayor atraco el cometido contra la EEB que posee 20% de la capacidad generadora colombiana, atiende el mercado más grande del país, e incluye El Guavio, que demandó más de 3 mil millones de dólares construirlo, y apenas tiene un lustro de funcionamiento, frente a Chivor y Betania con 20 y 10 años respectivamente.

En cuanto a la distribución y comercialización de la energía, a cargo de Codensa, sucedió otro tanto. El monopolio ganador lo remató por 1.000 millones 91 mil dólares. Los mismos representantes de éste manifestaron que adquirieron las acciones a un valor promedio de US$ 1.380 por cliente, cuando en Chile el mismo valor para Chilectra es de US$ 2.400.

El propio señor José Yuraszeck, llamado el “nuevo zar” de la energía en América Latina, advirtió que siendo los activos de generación de la EEB equivalentes al tamaño de Endesa de Chile, lo cancelado por ella es “una cifra sumamente menor a lo pagado en Brasil o Argentina”, en operaciones similares de compra. Y José Manuel Kindelán, representante de Endesa Desarrollo, se mostró «sorprendido por el valor tan bajo que la EEB le había dado a las empresas”.

Más de las mismas raterías

El samperismo y el grupo de lagartos de la administración distrital no sólo vendieron a menos precio la propiedad pública. Cometieron también otras lindezas:

1. Les aceptaron a los compradores que de lo ofrecido por la mitad de la generación y la distribución, 270 millones de dólares vayan a la casa matriz, la otra sociedad de las tres en que fue fraccionada la EEB y que conservará este nombre. Así se apoderaron de 11% de las acciones de ella y de dos puestos en su junta directiva, con el fin de echarle mano a la red de transmisión y a otra serie de inversiones de las que es dueña dicha casa matriz.

2. No obstante que sólo compraron 48.5% de las acciones, el socio extranjero se queda con tres de los cinco directivos en cada una de las dos empresas (Emgesa y Codensa), es decir, el control absoluto, como fue exigido sin ambages por los monopolistas.

3. Aunque se había establecido que las acciones de las dos compañías no podrían ser adjudicadas a un mismo proponente, el conglomerado peninsular se quedó con ambas, presentándose embozado a la subasta bajo los alias de Luz de Bogotá y Capital Energía.

4. El consorcio trasnacional de consultoría, integrado por Coopers & Lybrand, N M Rothschild Ltd., y White & Case, y que manejó toda la estrategia, se embolsilló alrededor de US$ 20 millones, que deberá pagar la EEB, dada la fórmula que se pactó para pagar sus honorarios, llamada comisión de éxito, y determinada por el monto del negocio más un premio por el número de monopolios que atrajera a la negociación. Sin contar con que su papel se redujo a reestructurar la empresa al acomodo de los trusts y a ejecutar los pasos pendientes del cronograma privatizador aprobado en agosto de 1995 por los gobiernos nacional y distrital.

(1) Valor pagado por 48.5% de las acciones de la parte de generación, compuesta por las hidroeléctricas de El Guavio, y las de la llamada Cadena del Sur y por la Termoeléctrica de Zipaquirá. El avalúo del gobierno fue de US $ 610 millones.

(2) Valor pagado por la totalidad de la empresa en la subasta de diciembre de 1996. Distintos sectores del país han expresado su protesta por los bajísimos precios de venta.

(3) Valor proyectado de construcción. Téngase en cuenta, para el caso de Termoemcali, que el valor de construcción de las térmicas es bastante más bajo que el de las hidroeléctricas.

(4) Valor pagado en septiembre de 1997 por 80% de las acciones de esta empresa de generación ubicada en Río Paranaiba, estado de Goiás, Brasil, por el consorcio conformado por el fondo de inversiones Laif II de los Estados Unidos, Endesa de Chile y Edegel del Perú. A pesar de que en toda América Latina se vende en baratillo la propiedad pública, este ejemplo muestra cómo los altos funcionarios colombianos llevan la delantera en obsequiosidad con los monopolios.

España, camino para llegar al Norte

La mayor tajada se la lleva el monopolio estatal español Endesa, que está en vísperas de privatizarse en 35%, proceso que concluirá en julio de 1998. Éste se ha convertido en “el conglomerado energético más importante de Iberoamérica”. Maneja en Latinoamérica alrededor de 15 mil megavatios de generación, más de 10 mil kilómetros de redes de transmisión y participa en la distribución en ciudades como Santiago de Chile, Buenos Aires, Caracas, Río de Janeiro y Lima. En su órbita giran más de 30 millones de usuarios.

El conglomerado español, en su embestida, ha recurrido a todos los métodos. En el parlamento chileno se debate la compra que hizo con sobreprecio de acciones de la red chilena que estaban en manos de unos pocos propietarios, los cuales eran claves para franquearle la entrada en el país austral. En España se está denunciando que su proceso de privatización es “oscuro e inconfesable” y destinado a favorecer a ciertos sectores económicos.

A la postre, como en Chivor y Betania, los usufructuarios serán los caimacanes del capital financiero que cotizan en Wall Street. Parafraseando a Francisco Mosquera: España resulta un buen camino para llegar al Norte.

Cunden el dolo y la rapiña

Para vender 85% de los 203 megavatios de Termocartagena, por la bicoca de US$ 15 millones, utilizaron como testaferros a un grupo de empleados. A los supuestos compradores se les amarró con una maraña de contratos: el Banco Andino les prestó la plata a condición de que le pignoraran las acciones y le otorgaran a la Fiduciaria Fiduandino un mandato irrevocable de administración de los títulos. Suscribieron una opción de compra a favor del inversionista, Colombian Electricity Fund, para que la ejerza pasados dos años, como lo dispone la ley, sobre acciones de empresas privatizadas que adquieran los trabajadores o el “sector solidario”, o cuando se le antoje porque la manguiancha ley lo acepta con sólo pagar una multa. Firmaron además una autorización para que una compañía gringa operara la planta.

La engañifa la urdió Colombian Electricity Fund, controlado por The Jersey Private Bank & Trust, y contó con la complicidad del Ministerio de Minas y Energía. He aquí la esencia de los “elementos democratizadores de la propiedad” contenidos en la Carta gavirista.

En Barranquilla, el consorcio Coenergía, integrado por las estadinenses Shite Energies y Lease Co. Power Limited y la española Unión Fenosa, se apoderó de 51% del negocio de distribución de la Electrificadora del Atlántico, Electranta, con 300 mil clientes. Con el ardid de que Electranta no contaba con producción energética, Coenergía entró en la construcción de Termo Río invirtiendo US $ 110 millones, 50% del valor de la térmica. Electranta aportó el otro 50%. Pero en el contrato se estableció que Coenergía, con esos 110 millones de dólares, se quedaba con la mitad de Termo Río y con 51% del negocio de la distribución. Como quien dice: pague uno y lleve dos. El señor Antonio Holguín, gerente de Electranta, señaló con la mayor frescura que para compensar a los inversionistas “la electrificadora tenía que contribuir en algo”.

Racionamiento, alza de tarifas, recorte de subsidios…

El MOIR ha insistido en denunciar que esta orgía privatizadora lleva a la pérdida de nuestra soberanía, a la atomización económica y asiste al propósito imperialista de desintegrar la unidad nacional. Además impone la elevación de las tarifas, la supresión de los subsidios, y conducirá, en el caso específico del servicio eléctrico, más temprano que tarde, a un nuevo racionamiento.

La Sociedad Antioqueña de Ingenieros planteó en diciembre pasado que “la planeación en el sector eléctrico se acabó”, y que ante la necesidad que el país tiene de aumentar anualmente en 500 megavatios de generación su capacidad instalada, los proyectos térmicos actuales no pueden aportarlos y que sólo el sector público puede realizar las inversiones que se demanda y brindarles subsidios a los estratos bajos de la población.

Pero en la medida en que el Estado regala su patrimonio se le hace imposible emprender obras de infraestructura. Serán menos los proyectos estratégicos que emprenda, del tipo de las hidroeléctricas de Urrá o Hidromiel, en las que tiene el grueso de la inversión, ya que aquéllos precisan altísimos costos de construcción, están sujetos a innumerables imprevistos y demoran varios años en comenzar a redituar. Las multinacionales, mientras tanto, acechan a la espera del momento en que, concluido el ingente esfuerzo de finalizar las obras, un Samper o cualquier Mockus se las ofrezcan como ganga. Los nuevos dueños atienden sólo los mercados rentables, transfieren a las metrópolis las ganancias, y las mayorías deben soportar la carestía de las tarifas y la amenaza del racionamiento. Paradójicamente, el mercado se reduce relativamente debido a la crisis en que la apertura sume la producción nacional y empobrece a las masas. El año pasado el consumo eléctrico creció sólo 1.6%, y para este año se prevé que será de 1.3%. En los últimos lustros el promedio fue de 5%.

A pesar de los padecimientos que soportan los cien mil pequeños y medianos productores de carbón del país, el Estado no tiene una política de impulso a las carboeléctricas, responsables de la generación de la mitad de la energía eléctrica en el planeta y que aportan una mayor seguridad. Por el contrario accede a todas las exigencias de las trasnacionales que explotan el gas en el país, como la British Petroleum, para instalar sus plantas y tomarse los mercados de distribución.

Para los estratos 1, 2 y 3, que en Bogotá suman 1 millón 40 mil suscriptores, 70% del total, el gobierno ordenó incrementos por encima de la inflación y ha acelerado la supresión de los subsidios; para el 4, el alza en 1996 fue de más de 200%; al 5 y al 6, lo mismo que a los sectores productivos se les cargó con una sobretasa de 20%. Los ganaderos de la Sabana de Bogotá en 1996 debieron pagar un incremento por encima de 60%, lo que ahondó su aguda crisis económica.

Lo “malo” de lo que es tan “bueno”

Después de regalar la EEB, con el argumento de que se necesita atraer el capital extranjero, ahora nos vienen con el cuento de que los dólares que sobren luego de pagar anticipadamente su deuda externa nos contagiarán de “enfermedad holandesa”, y por lo tanto el peso se revaluará. La misma fábula que les acomodan a las divisas petroleras. Lo raro del relato es que son sólo los dólares que Colombia puede percibir por sus productos o incluso los de la subasta de sus bienes los que causan la dolencia, y no los miles de millones de la inversión creciente de las multinacionales con los que se apropian del mercado interior y arruinan las actividades industriales, agrícolas o comerciales del país. El negocio redondo, lo poco que pagan por nuestra riqueza y activos, se nos obliga a dejarlo en los bancos de quienes se los apropian.

La única salida

En el seno del pueblo, e inclusive en el movimiento obrero, hay sectores que no sólo se han negado a luchar contra la privatización, sino que han contribuido a ella comprando acciones o rogando para que se las vendan, pidiendo que se cumplan las normas de la Constitución Política y las leyes sobre “democratización de la propiedad”, rindiéndoles culto a los prejuicios leguleyos. El obrerismo no puede olvidar que so pretexto de participar se les despojó de sus prestaciones a los trabajadores de Alcalis de Colombia, a los de Paz del Río, o se les reduce al humillante papel de calanchines, como en Termocartagena o Termotasajero.

La clase obrera y el pueblo no tienen salida distinta que la de enfrentar altivamente la agresión del imperio y sus lacayos. El rumbo es el marcado por los trabajadores de Telecom, Ecopetrol, la Caja Agraria, el SENA y muchos otros. Como lo dijera Eberto López, presidente de Sittelecom, que se apresta de nuevo a la batalla: “Ni siquiera si nos venden las acciones a los trabajadores vamos a transigir con que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones se convierta en sociedad por acciones, porque eso sería también privatizar”. Y dirigiéndose al gobierno: “Tan pronto como ustedes comiencen a ejecutar la decisión de subastar las licencias de larga distancia en beneficio de las trasnacionales y de los grupos financieros, los trabajadores de Telecom, con el apoyo de todos los patriotas, nos lanzaremos al paro nacional indefinido”.

^[*] Publicado en Tribuna Roja Nº 74, octubre 4 de 1997.