La tragedia de Amagá: dolor e indignación

El pasado 16 de junio una explosión de gas metano en la mina de carbón San Fernando, en Amagá, Antioquia, produjo una nueva tragedia que enluta a la clase obrera.

Los informes que se conocen hasta el momento hablan de 40 cuerpos rescatados de los 73 mineros que se hallaban en los socavones. Las probabilidades de que existan sobrevivientes son casi nulas. Apenas siete días antes del suceso fatal, en una inspección de un experto de Ingeominas se encontró que el túnel no contaba con detectores permanentes de gases ni con una chimenea para su evacuación, pese a lo cual, se permitió que la mina continuara operando. Como es usual en el régimen de explotación capitalista, la protección de la vida de los obreros se hace a un lado frente a los mezquinos intereses de los patronos, amparados por las laxitudes del gobierno.

En Colombia han muerto 71 mineros a causa de explosiones en los últimos cinco años y la de la semana pasada es la mayor catástrofe después de la que se presentó en 1977, en la que perecieron 86 obreros. En 2008, ya había sucedido otro siniestro en el que cinco trabajadores perdieron la vida ahogados cuando un túnel se inundó en la misma mina San Fernando, considerada entre las más grandes, con 480 obreros y una de las pocas que operan legalmente. El cañón del Sinifaná, en donde se encuentra ubicada, es una amplia región de explotaciones carboníferas, la mayoría de ellas ilegales, en las que laboran cerca de 5.000 proletarios, muchos de ellos menores de edad. Son muy pocos los que poseen un contrato de trabajo formal, los más, no cuentan con seguridad social y no se les respeta derecho alguno. Pero en las minas legales la ley también es letra muerta y el único precepto que se cumple es el que reza que los empresarios pueden exprimir sin cortapisas el trabajo de los mineros, a quienes se les imponen turnos de 12 horas, se les exige disponibilidad de 24 horas y como “premio”, se les rebajan los salarios, como lo denunciaron los dolientes de las víctimas de la tragedia.

La Secretaría de Minas del Departamento y la Administradora de Riesgos Profesionales Positiva Compañía de Seguros, quienes debían velar porque la empresa cumpliera las normas para garantizar la seguridad de los asalariados, no hicieron nada al respecto a pesar de que éstos llevaban semanas quejándose de las altas temperaturas en el socavón, y pese a que la mencionada visita del experto observó la ausencia de detectores de gases. La vida y la salud de los trabajadores son para los patronos y el gobierno cosa parva. Los mineros no solo arriesgan a diario su existencia sino que son múltiples las dolencias que los afectan causadas por las duras faenas a las que se enfrentan en las profundidades de la tierra: el polvo del carbón y los gases tóxicos los enferman de las vías respiratorias, y las inadecuadas posiciones en las que tienen que permanecer realizando un gran esfuerzo físico, producen lesiones irreversibles en la columna vertebral, los hombros y las rodillas, para mencionar los casos más generalizados.

Resulta indignante, por decir lo menos, que Uribe, cuya política laboral es en buena medida responsable de la tragedia de Amagá y de los inmensos sufrimientos que de manera constante padecen los mineros, se presente ante los familiares de las víctimas a derramar lágrimas de cocodrilo.

Notas Obreras hace suyo el dolor que embarga a las esposas, hijos, familiares y amigos de los mineros muertos y llama al obrerismo a convertir el dolor de esta tragedia en fuerza para alentar la organización y la lucha por condiciones de trabajo dignas para todos los proletarios.