Impidamos la venta de Ecopetrol y luchemos por su plena estatización ¡Todos al paro nacional del 21 de noviembre!

Entre el paquete de medidas que prepara el gobierno de Duque contra la nación y el pueblo se encuentra la venta de otra parte de Ecopetrol S.A., la más importante empresa de los colombianos. Con ella se pretende capear el déficit del presupuesto del año entrante, estimado en unos 8.5 billones de pesos, el cual, en parte, tuvo origen un año atrás en el regalo de una suma bastante más alta que les hiciera Duque a los grandes capitalistas, a quienes les rebajó los impuestos a través de la irónicamente llamada Ley de Financiamiento, y en el hecho de que hubiera fracasado en imponerle IVA del 18 % a la canasta familiar, como lo contemplaba el proyecto.

La asfixiante deuda pública, el subdesarrollo y el robo a manos llenas del erario son las causas crónicas de los graves problemas de las finanzas. Si la crisis no es peor, es porque a la par que la deuda, los robos y las gabelas y exenciones tributarias minan las arcas públicas, se procede sin contemplaciones contra el bolsillo de los asalariados, los sectores populares y las capas medias.

Aunque el Estado aún dispone de otros activos importantes, quizás la enajenación que resulte más expedita sea la de la estratégica petrolera, pues de conformidad con el artículo segundo de la Ley 1118 de 2006 se podría feriar de inmediato hasta un 8.5% de las acciones –con lo cual quedaría en manos privadas el 20% de la empresa- sin necesidad de tramitar una nueva Ley, que el Congreso aprobaría sin duda, pero luego de la consabida mermelada y de un trámite que puede resultar engorroso para concretar el negociado.

Para poder dar un golpe sorpresa, el gobierno ha difundido la idea de que entre sus propósitos no se encuentra salir de activos estratégicos. No obstante, ha dejado en claro que contempla hacer uso de las facultades de la Ley 1118. No otra cosa se puede inferir de la deshonrosa intervención de Duque en el Congreso Nacional de la Confederación General del Trabajo, realizado el 13 de septiembre de 2018, donde manifestó que no vendería “la totalidad de Ecopetrol” —como lo propuso Fasecolda–: “Yo he visto algunas propuestas, por ejemplo, de algunos que dicen que hay que vender a Ecopetrol como empresa, la totalidad de Ecopetrol como empresa. Yo quiero que quede claro aquí que esa propuesta no la acompaña el Presidente de la República”-dijo. (El Heraldo. Sep 13 de 2028)

Carrasquilla había tenido el descaro de afirmar: “No le veo sentido a tener en el balance del Gobierno acciones de Ecopetrol o de otras empresas siendo que tenemos tantas necesidades. Eso es un lujo que uno muchas veces no se puede dar”. En 2008, un año antes de que el fletado ministro lanzara esta afrenta al pueblo colombiano, Ecopetrol había reportado utilidades por $11.6 billones.

Ahora que Duque y el personaje de marras barajan nuevamente la posibilidad de privatizarla, es necesario subrayar la importancia de Ecopetrol para las finanzas públicas y luchar por derrotar semejantes pretensiones y, por el contrario, exigir su plena estatización.

En 2018, le transfirió al fisco 23.1 billones de pesos entre utilidades, regalías e impuestos, en gran parte debido al alza de los precios del petróleo. De esa cifra, $11.5 billones correspondieron a las utilidades netas; la nación recibió  $8.2 billones. Las utilidades equivalen a la suma de las ganancias de las cinco empresas privadas con mayores dividendos de 2018, a saber: Gestora Adminegociosos y CIA, Grupo  AVAL Acciones y Valores, Parex, Bavaria y Argos. Las transferencias al erario no son mayores porque los inversionistas, ávidos de ganancias, muerden hoy ya el 11.5% de ellas, gracias a las enajenaciones que con pretextos idénticos realizó el mandatario del “corazón grande”. Desde cuando se inició la privatización en 2002, bajo el mandato despótico de Uribe, hasta el año pasado, Ecopetrol reportó utilidades por alrededor de 107 billones de pesos, en promedio unos $7.6 billones anuales, amén de las regalías y otras contribuciones enormes.

Esto sin mencionar los $3.5 billones de utilidades reportados el año pasado por Cenit, empresa filial de Ecopetrol, creada en 2012, que opera la red de poliductos y oleoductos que, sumados, tienen una extensión de más de 8.178 kilómetros, los cuales transportaron en 2016  más de 1.133.000 barriles entre crudo y refinados. Entre 2013 y 2016 sus ganancias ascendieron a $7.6 billones. Con la creación de esta empresa, cuya importancia la demuestra el que es la seguna empresa más grande del país después de su casa matriz, se escindieron de Ecopetrol las áreas de transporte y logística, con miras a entregarle esta parte del negocio al capital privado —birlando el límite legal de privatización establecido en la Ley 1118—, como en efecto lo está contemplando el gobierno, que busca vender las acciones propiedad de la Nación en la compañía: “Yo quisiera ver a Cenit participando activamente y de manera vigorosa en los mercados de capital”, señaló Duque al comienzo de su mandato en el congreso de Asobolsa.

No obstante, la petrolera se encuentra gravemente amenazada no solo por los vientos privatizadores. En la actualidad, sus decisiones obedecen a los intereses de las grandes multinacionales del petróleo y el capital financiero y no a los del pueblo colombiano.

Un aspecto clave para garantizar esto ha sido la adopción del credo del Gobierno Corporativo, cuyos lineamientos generales fueron establecidos en la Ley 964 de 2005, atendiendo las directrices de la OCDE. En su desarrollo, el control de la empresa se puso en manos de una camarilla de exejecutivos del sector financiero, de los poderosos grupos económicos del país y de las grandes multinacionales del petróleo, pues, según el Conpes 3851 de 2015 los “acreedores e inversionistas entienden mejor su forma de operar”. Una buena prueba de lo que esto ha significado realmente fue el “desfalco del siglo”, como algunos llamaron al descomunal robo por 8.5 billones de pesos, mediante los contratos realizados para la ampliación de la refinería de Cartagena, el cual  envolvió por igual a los gobiernos de Uribe y Santos.  A los ejecutivos de la empresa, que el año pasado solamente sesionaron dos días al mes, se les premia con unos honorarios de alrededor de $239 millones de pesos anuales. ¡Un trabajador que devengue el salario mínimo tendría que invertir veinte años laborando de sol a sol y de domingo a domingo en extenuantes jornadas para reunir semejante suma de dinero! Tal es la realidad de la Colombia en la que los Carrasquilla y la patronal culpan descaradamente al salario mínimo del desempleo y la inequidad.

En 2018 cuatro de los nueve miembros de la junta directiva de Ecopetrol habían sido altos directivos de la banca; uno de Bavaria y Avianca; otro, un socio de UPSIDE-Energy & Mining Services Ltd, una compañía canadiense especializada en equipos de perforación; una abogada especialista en temas financieros y un economista supuestamente independiente. Su presidente, Felipe Bayón, trabajó durante más de 20 años para la multinacional inglesa BP PLC, en donde ocupó destacados cargos, tales como Vicepresidente Senior de BP Americas y Director Internacional de Respuesta en Aguas Profundas.

Esto explica, en parte, las actividades que Ecopetrol, a través de su filial Ecopetrol Brasil, adelanta con las multinacionales CNOOC, de China, y BP PLC en la región central de la Cuenca de Santos, en Brasil. Si bien el país, ante las serias dificultades que tiene, según información oficial, para garantizar su autosuficiencia energética, debido a las escasas reservas de crudo, puede realizar inversiones en el exterior, seguramente en las manos de esta canalla dichas sociedades no tendrán ese propósito sino el de apalancar las inversiones y elevar las ganancias de colosos energéticos. No es exagerado suponer que en la explotación de ricos yacimientos a Ecopetrol le tocarán las boronas, ni que, si resultan inviables para su explotación comercial, tenga que asumir las pérdidas. Si al interior del país y a plena luz del día los monopolios magonean a sus anchas, roban y sobornan, qué no harán allende las fronteras.

La Contraloría General ha denunciado que el manejo de las operaciones offshore (costa afuera) de Ecopetrol están “por fuera del Control fiscal”. Esto, luego de las revelaciones hechas en los llamados Paradise Papers, que permitieron establecer que más de la mitad de la estructura empresarial de Ecopetrol depende de un conglomerado de firmas localizadas en paraísos fiscales como Bermudas, Suiza o Delaware (Estados Unidos), a los que comúnmente se recurre para lavar dinero, evadir impuestos y ocultar información, entre otras triquiñuelas.

Gracias al engaño de la “democratización de la propiedad”, consagrado en el artículo 60 de la Constitución de 1991, hoy el capital financiero y los monopolios tienen un control absoluto de la principal empresa del país, pese a que son propietarios únicamente del 11.5% de las acciones. Desinflados por las bruscas oscilaciones de los precios del petróleo, miles y miles de colombianos liquidaron su insignificante participación permitiendo el incremento del capital extranjero en la composición accionaria. Hasta el año pasado JP Morgan Chase, uno de los bancos más grandes del mundo, tenía ya en su poder el 2.85% del capital accionario, equivalente al 25% de la participación privada.

La feria del patrimonio público es parte de aquellas cosas “fundamentales” que, según Sergio Clavijo, de ANIF, no tiene sentido poner en conocimiento del pueblo colombiano,  que carece de entendimiento; son, a su parecer, del resorte exclusivo de los sabios de la economía como los carrasquillas, cárdenas y ortegas, o de los tanques de pensamiento tipo ANIF o Fedesarrollo, o de las agencias internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE. Solo una caterva de pillos, como estos, egresados de las mejores universidades de Colombia y el mundo, pueden sostener, con el descaro que lo hacen, que no tiene sentido conservar un patrimonio de la importancia de Ecopetrol. Ahí están a manera de prueba de la verdadera calaña de estas lumbreras no sólo el billonario robo de Reficar sino los sobornos con que la multinacional brasilera Odebrecht cooptó a toda la cúpula del poder en la campaña presidencial de 2012, empezando por el uribismo y santismo malquistados, para que le fueran adjudicadas concesiones viales billonarias, algunas de las cuales tenían como socio estratégico al omnipresente Sarmiento Angulo. No cabe duda alguna acerca de que bajo la dominación imperialista y el capitalismo prevaleciente cada acto del régimen es un turbio negocio para desfalcar al erario. En la repartija toman parte presidentes moralizantes, pacifistas y belicistas, ministros impolutos, fiscales generales y anticorrupción, magistrados, padres de la patria, banqueros filántropos…  

Carrasquilla ha dicho con claridad que está “sobre la mesa la facultad de vender un pedazo” de la empresa. La Unión Sindical Obrera está llamada a liderar la resistencia en defensa de Ecopetrol. Los demás sectores, empezando por el Comando Nacional Unitario, que en su plan del 4 de octubre incluyó la lucha contra las privatizaciones, tenemos el deber de cerrar filas con los obreros petroleros en esta batalla. De manera que a estas alturas no caben candideces, como la expresada por el compañero presidente del sindicato, Edwin Palma, acerca de que “nos engañaron porque el año pasado dijeron que no iban a tocar Ecopetrol”. No serán el Congreso de la república, que confirió las facultades para la privatización, ni la Corte Constitucional, que las bendijo, los llamados a salvar a esta importante empresa. Solo la más decidida lucha del pueblo colombiano, como nos lo enseñan los hermanos del Ecuador y Chile, podrá derrotar estos planes funestos.