El gobierno santista, el oportunismo y la venta de Isagén

El 13 de enero, luego de años en los que la oligarquía antinacional acarició la idea de feriar Isagén, la principal empresa de generación de energía eléctrica que quedaba en manos del Estado colombiano, Santos se la entregó al pulpo financiero canadiense Brookfield Asset Management que, en subasta sui generis de un solo participante, se quedó con el control de la compañía pagando el menor precio posible: 6,5 billones de pesos por el 57,61% de las acciones; aunque el Ministro de Hacienda hasta poco antes del negociado sostuvo que el paquete accionario estatal se vendería por mucho más del valor mínimo fijado por el gobierno.

Es tan leonina la operación que construir una sola de las plantas de la firma, la Hidroeléctrica de Sogamoso, Hidrosogamoso, con una capacidad de 820 megavatios (MW), y apenas un año de servicio, tuvo un costo de 4,3 billones de pesos. El total de los activos de generación, siete instalaciones hídricas y una térmica, suman 3.032 megavatios (MW) de potencia, que la hacen la segunda generadora del país, después de Empresas Públicas de Medellín, EPM. Isagén; además, posee plantas de la importancia de la de San Carlos, en Antioquia, de 1.240 MW, la de mayor capacidad en Colombia,  remodelada para extender su vida útil por lo menos otros 30 años, aunque podría servir todo un siglo, como sucede con muchas hidroeléctricas en el planeta, según explicó en el periódico El Mundo el gerente de la firma, Luis Fernando Rico Pinzón.

Si se fuera a montar hoy la capacidad hídrica de la empresa, inclusive a los precios relativamente bajos a los que se hizo Hidrosogamoso, costaría unos $14,5 billones. Por otro lado, una térmica como Termocentro, de 300 MW, convertida en el año 2000 a ciclo combinado, el sistema térmico más eficiente, valdría alrededor de $1,5 billones. Para un total de los activos de generación de $16 billones. Así, la parte subastada correspondiente a la nación sumaría más de $9 billones.

Otra gabela concedida a Brookfield consistió en que el valor que se le fijó a la acción en agosto de 2013 fue de $2.850, cuando Mauricio Cárdenas, el mejor Ministro de finanzas de las Américas, El Caribe y todos los confines de la tierra anunció la venta; pero para subastar, más de dos años después, el gobierno sólo lo ajustó en 45%, a $4.130, habiendo alcanzado la devaluación 74%; con lo que por este concepto el afortunado comprador se vio favorecido en más de 1,3 billones de pesos, por encima de US$400 millones.

Sin contar con que Isagén venía invirtiendo importantes sumas de dinero en investigación y pruebas para el establecimiento de sistemas de producción de energía eólica y geotérmica -claves para el futuro energético del país pero que en la actualidad no resultan rentables, por lo que no les interesan a las compañías privadas-, tales como el del Parque Eólico de la Guajira y el Estudio de Potencial Eólico de La Guajira y Atlántico, mediante los que identificó un proyecto de 400MW aprovechando los vientos de la Península; y dos planes geotérmicos: El Proyecto Macizo Volcánico del Ruiz, y el Proyecto Binacional Tufiño–Chiles-Cerro Negro, en la frontera con Ecuador, en sociedad con esta nación.

Todo el negocio lo signaron las marrullas propias de una especulación financiera, entre ellas la subvaloración tramposa de las buenas utilidades de la compañía, aunque naturalmente menguadas durante la construcción de Hidrosogamoso; balance que cambió con creces, como era obvio, al entrar en funcionamiento dicha central; hasta el punto que, por ello, en el primer trimestre del año pasado Isagén incrementó la producción de energía en 23% y llegó a suplir el 23% de la demanda nacional, un 3,3% más que en el mismo periodo de 2014.

El dinero recibido lo convertirán en unos llamados bonos híbridos que ingresarán a la Financiera de Desarrollo Nacional, FDN, entidad creada en asocio con el Banco Mundial, para “apalancar” a los magnates nacionales y extranjeros, interesados en el filón de la infraestructura vial de “cuarta generación” o 4G, en la cual se “arriesgan” siempre y cuando se les garanticen préstamos a larguísimos plazos, períodos muertos de amortización, bajos intereses y otras laxas condiciones que, inclusive, les permitan eludir el pago del principal y los intereses, privilegios que únicamente pueden concederles los gobernantes cipayos. Para completar, el gerente de la FDN, Clemente del Valle, anunció que esa capitalización no significará que los socios reduzcan en proporción su parte, siendo que únicamente con la mitad de los recursos de la venta la porción del ente multilateral se reduciría a menos del 1%. En cambio, a los monopolios, cuando apañan las empresas privatizadas, se les concede el control de estas, así compren menos del 50% de las acciones como sucedió, en 2003, con el remate de la Empresa de Energía de Bogotá, EEB.

El gobierno ha sostenido en la controversia con diferentes opositores que se trata “simplemente” de cambiar un activo por otro; que Isagén no es una empresa estratégica, dado que el de la electricidad es un sector “maduro” sometido a una estricta regulación, mientras que las vías 4G son el porvenir de la República. Con sobrada razón el economista Eduardo Sarmiento Palacio le respondió: “La mejor ilustración de que no se trata de activos iguales es que muchos inversionistas estarían dispuestos a traer capital para invertir en Isagén y muy pocos lo harían en las concesiones de obras públicas a su propio riesgo”; concepto basado en la experiencia de los proyectos viales en Colombia. No obstante, los concesionarios de las vías se las han arreglado para obtener pingües utilidades acudiendo a sobreestimar los tráficos para que después el Estado les gire por los faltantes; logrando que las concesiones se extiendan por décadas y la prórroga de los plazos inicialmente convenidos;  licitando por unos montos que luego decuplican a expensas del Estado; contratando bufetes de abogados antes que ingenieros para sacar réditos sin enterrar una pala.

De ahí que la gran burguesía financiera se haya lanzado a hacer su agosto. El Grupo Aval, del magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo, con sus bancos, Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas anunció que invertirá unos $12billones; El Bancolombia, del Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, entre $8 y $10 billones; El Grupo Bolívar, de la familia Cortés, a través de Davivienda, $8 billones. Al lado de ellos, poderosos grupos extranjeros: el Citibank de Estados Unidos; Colpatria, hoy en manos de Scotiabank, de Canadá, pero con un poder determinante de la familia Pacheco, antes dueña mayoritaria; BBVA, de España; Corpbanca de Chile. Para hacerles aún más atractivo el negocio, a más de otras garantías, el gobierno, por decreto, les facilitó que saqueen billones y billones en efectivo de los Fondos de Pensiones a cambio de unos bonos a larguísimo plazo y suerte dudosa, los cuales serán emitidos por unos llamados Fondos de Deuda de Infraestructura, controlados por el Banco Mundial y los grandes agiotistas de aquí y el exterior.

Y en cuanto a negar el carácter estratégico de la generación de energía eléctrica, solo a personajes banales como Santos se les puede ocurrir tamaña ligereza, cuando sobre esta rama de la economía descansa buena parte del desarrollo de las distintas actividades productivas, en primerísimo lugar la industria y el agro, y que es decisivo para el bienestar de la población. Es por ello un crimen contra Colombia la sucesión de entregas del sector que, con ésta última, deja la mayoría abrumadora del parque eléctrico nacional en manos privadas, principalmente extranjeras. La felonía santista repugna aún más, cuando precisamente en esta área los argumentos esgrimidos en favor de la privatización han sufrido el rotundo mentís de los hechos.

Dicen los privatizadores que los activos se venden a precios beneficiosos para el país, pero Isagén fue escandalosamente subvalorada, tal como sucedió con Gecelca, EPSA,  Chivor, Betania, EEB, etc. Que los nuevos propietarios capitalizan las compañías para emprender proyectos que el Estado no puede acometer debido a sus limitaciones presupuestales; no obstante, a las firmas subastadas las descapitalizan al poco tiempo de adquirirlas como pasó con la EEB, y envían los dineros casi sin pagarle nada al fisco a sus casas matrices de ultramar. En lo que hace a nuevos desarrollos, Emgesa, que se quedó con las generadoras que eran propiedad de la empresa capitalina, luego de casi tres lustros de lucrarse, no ha emprendido sino un proyecto de importancia, la hidroeléctrica de El Quimbo, con capacidad de 400 MW, la cual tuvo un costo de US$ 1.200 millones, US$3 millones por megavatio, mientras que en Hidrosogamoso el megavatio no llegó a US$1,6 millones, 47% menos. Afirman que los inversionistas mantienen los activos y estos le rinden ingresos al tesoro nacional, para que el Estado invierta en “lo social”  y en actividades más rentables como las vías, afirmación lanzada sin el sustento de  estudio alguno. Ni lo uno ni lo otro: a los inversionistas se les colma de dispensas, incluidas enormes deducciones, exoneraciones y exenciones, por lo que terminan pagando sumas exiguas por renta y otros gravámenes. No sería raro que los costos de construcción de El Quimbo hayan sido inflados dadas las deducciones a ese impuesto que se les hacen a los inversionistas extranjeros por construir activos fijos; y de remate se firman con ellos, como en este caso, contratos de estabilidad jurídica a 20 años, en los que se acuerda que sólo se les pueden aplicar, en materia impositiva, los eventuales cambios favorables de normatividad. Juran también que la privatización disminuye las tarifas, pero éstas han subido escandalosamente por encima de la inflación, y el gobierno de la “Prosperidad para Todos” decretó, a fines de 2015, una nueva alza exigida como chantaje por los propietarios para poner a funcionar las térmicas; y eso que desde 2006 los colombianos, junto con la tarifa, les hemos cancelado por el llamado “cargo por confiabilidad” algo así como 25 billones de pesos, con el exclusivo propósito de que tuvieran disponibles dichas plantas en momentos críticos de abastecimiento, como el acaecido por el fenómeno climático de El Niño.

Desde luego, los obreros terminan entre los más golpeados con estas maniobras. ¡Hay que ver lo sucedido con los derechos salariales y prestacionales de los proletarios del sector! Para apenas dar un ejemplo, el Sindicato de Trabajadores de la Energía Eléctrica de Colombia, Sintraelecol, escribió, en  2007: “Si sumamos los ahorros económicos alcanzados por estas empresas en los tres acuerdos laborales desde 2001 hasta el 2006, ascienden a más de 600.000 millones de pesos y los españoles solo pagaron por las empresas: Electrocosta, Electricaribe, CETSA, y EPSA la suma de  200 millones de dólares” -la tasa de cambio en el año 2000 promedió los $2.000-. Con esto aluden a las negociaciones colectivas llevadas a cabo por Sintraelecol con Unión Fenosa, el conglomerado español -fusionado posteriormente con la también ibérica Gas Natural-, que adquirió a precio de huevo redes y centrales de las electrificadoras de la Costa y el Valle del Cauca. En tales acuerdos la dirigencia sindical aprobó, en 2001, acabar con la estructura de salarios y de funciones y los escalafones fijados convencionalmente; en 2003, “el sindicato intimidado”, expresión utilizada por la propia organización, por la amenaza de un despido colectivo, propuso “sacrificar benéficos convencionales y laborales de los trabajadores”, como que los “convencionados asumieran las labores que desempeñaban los contratistas”. Los españoles no solo aceptaron gustosos sino que les exigieron a los suplicantes esquiroles que la paga por la redoblada carga laboral se hiciera según los mínimos de Ley y no de acuerdo con los precios mayores estipulados en la convención; de todas maneras las electrificadoras generalizaron la subcontratación; y, en el 2006, “una vez más, los trabajadores creyeron en la empresa, y cedieron su reajuste salarial para los próximos 5 años.”

Éste panorama se hizo habitual en el sector, principalmente en las compañías en las que pelecha la cúpula entreguista de Sintraelecol, filial de la CUT. Grupúsculo que también ha promovido o cohonestado la conversión de los sindicatos en patrones a través del llamado contrato sindical y que se ha vuelto vocero destacado de una serie de entelequias como los meneados diálogos sociales, pactos globales, trabajos decentes, metas del milenio impuestas por los organismos multilaterales de las potencias y pregonadas por sus mandaderos del Comité Ejecutivo de la Confederación Sindical Internacional, CSI, a la que están adscritas las centrales colombianas y en las que medran los vende obreros de las cúpulas de la CUT, la CGT y la CTC.  Con esas invenciones se ha suplantado la educación y la acción de la masa obrera en la lucha de clases, y la han envilecido limitando sus aspiraciones, si mucho, al logro de los irrisorios mínimos del Código Laboral, y a preservar los empleos aceptando sumisamente el recrudecimiento de la explotación. Además, ese sindicalismo ha sido promotor directo de las privatizaciones pregonando que se respete el artículo 60 de la Constitución gavirista de 1991, el cual  prevé la “democratización” de las acciones, es decir, que los asalariados ayuden a entregarles a los oligopolios las empresas estratégicas a cambio de una participación del 0,0001% de la propiedad accionaria de las mismas.

No tenemos indicios de que ese comportamiento entreguista haya sido también el de los compañeros de la dirección del Sindicato de Trabajadores de Isagén, Sintraisagén. No obstante, la táctica que desarrollaron para hacerle frente a la privatización de la compañía debe discutirse fraternalmente.

La actividad de Sintraisagén se redujo, como sus directivos lo reconocen en un artículo firmado por la organización y publicado en su página de internet en diciembre pasado, a realizar “acciones jurídicas y técnicas para evitar la venta de la empresa, (a) la conformación del Comité por la Defensa de ISAGEN, (a) aglutinar todas las voluntades políticas del Congreso de la República en torno a evitar la venta, (a) lograr el acompañamiento de varias organizaciones sociales y otros sindicatos de carácter regional y nacional para movilizar su opinión y acciones en defensa de ISAGEN.” De las demandas judiciales prosperó una mediante la cual El Consejo de Estado profirió medidas cautelares contra el decreto 1609 que promovía la venta; pero pocos meses después el mismo Tribunal abrogó el fallo y le dio vía libre a la enajenación.

Entonces, el sindicato y sus aliados “senadores de todos los partidos políticos” expresaron su desazón por las injusticias de la Justicia, y “nuevamente enfilaron baterías para promover en el Congreso de la República el proyecto de ‘Ley ISAGEN’”; el cual pretende, como gran cosa, ni siquiera que se suspendan las privatizaciones, sino que cuando se vayan a feriar los bienes públicos primeramente se pronuncien el Senado y la Cámara, y que el gobierno le presente al Legislativo, en los primeros 30 días del año, sus planes de enajenación. El sindicato se hinche de orgullo ya que con ello se le impondrá “control político” al gobierno cuando intente vender ISA o Ecopetrol. Su conclusión es vergonzosa: “Con estrategias políticas y técnicas, SINTRAISAGEN ha contribuido de manera determinante en la conservación de ISAGEN como patrimonio público, pero lo más importante que se ha conseguido con esta lucha, es entregar herramientas jurídicas que eviten futuras enajenaciones injustificadas del patrimonio de todos los colombianos, las cuales de presentarse, se llevarán a cabo con la mayor transparencia y en defensa de los intereses de todos los colombianos.”

En fin, para enfrentar semejantes designios de los enemigos de la nación y del pueblo, el sindicato, asesorado “desde la izquierda” por el muy ilustrado senador Robledo, puso el destino del valioso bien público primero en las manos de los altos rábulas de la Rama quienes, unos más, otros menos, emulan el talante del uribista Jorge Pretelt. Fracasado ese intento decidieron erigir en su guardián al Parlamento, cuya misión fundamental en esta sociedad es la de bendecir los desmanes del Ejecutivo, a cambio de embadurnarse hasta el cogote en la charca de la mermelada presupuestal.

Seguramente nos ripostarán los macartistas que los de Notas Obreras no entendemos la verdad elemental de que los trabajadores deben emplear para sus luchas, en consonancia con la correlación de fuerzas, todos los mecanismos legales a su alcance: memoriales, inclusive respetuosos; sonoros debates parlamentarios; enjundiosos litigios judiciales. No sólo eso, somos convencidos fervientes de que tras sus objetivos los proletarios tienen que utilizar esos métodos cada vez que sea “posible y necesario”; de que tienen que maniobrar; de que no deben quedarse cortos en utilizar con inteligencia y audacia las contradicciones en el campo enemigo. Pero también tenemos la absoluta convicción de que nada de esto bastará para alcanzar los fines propuestos, si el proletariado no antepone sus métodos consecuentes de lucha, que son insustituibles a la hora de alcanzar las reivindicaciones. Eso es lo que diferencia una táctica proletaria de las de los partidos de “oposición”, cuyas alharacas, a la hora de la verdad, lo que hacen es darle lustre al sistema explotador. En la hasta ahora insuperada pelea contra la privatización en Colombia, la de Telecom de 1992, el sindicato, lúcidamente asesorado, hizo todo por unificar al máximo de sectores, hasta recurrió al cabildeo; pero nada de eso habría detenido a César Gaviria en el objetivo de entregarles a los monopolios extranjeros las telecomunicaciones, si los valientes empleados no hubiesen incomunicado a Colombia internamente y con el mundo, y paralizado las labores, así ello les hubiera valido la acusación canalla de terroristas, la cárcel y la clandestinidad.

También dirán los oportunistas que la situación no permitía medidas tan extremas. Y puede ser. Pero ello no excusa que no se hubiera planteado que esa era la única salida y no se procurara con denuedo cambiar la situación pregonando tales criterios consecuentes. Al menos quedaría la educación, que no es poca cosa, para los venideros e inevitables enfrentamientos. Pero las propuestas robledistas de embellecerle la cara al régimen, exigiendo no la desprivatización total de los sectores estratégicos de la economía, sino el “control político” a los gobernantes apátridas por el establo parlamentario, no conducen sino a corromper a las masas, a sembrarles ilusiones en el régimen opresor y a apuntalar a sus enemigos.