El Fondo Nacional del Ahorro es un patrimonio de los asalariados, no permitamos su menoscabo o su privatización

Por Alejandro Torres

El pasado 15 de noviembre el presidente Petro, con base en las facultades otorgadas en el artículo 369 del Plan Nacional de Desarrollo, firmó el decreto 1962, para “homogenizar la gobernanza” de las entidades públicas de servicios financieros. Se trata de acabar de estructurar el “holding financiero” o Grupo Bicentenario, creado en el gobierno de Duque, que, como se señaló por parte de las organizaciones sociales y populares que promovieron el estallido social de 2019-2021, se proponía allanar el camino a la privatización de una gran cantidad de entidades estatales con activos superiores a los 100 billones de pesos.

El Titulo II del mencionado decreto transforma el Fondo Nacional del Ahorro en una sociedad anónima por acciones, de economía mixta, vinculada al Ministerio de Hacienda y organizada como establecimiento de crédito, con un capital suscrito de cerca de $2,5 billones; dispone también la entrega del 94,5 % de las acciones al Grupo Bicentenario, el restante 5,5 % queda en manos de Positiva, La Previsora, el Fondo Nacional de Garantías y el Banco Agrario, todas entidades estatales hoy también convertidas en sociedades anónimas. Además, dentro de los sesenta días hábiles a la expedición del decreto, tiempo que está corriendo en la actualidad, los accionistas deberán adoptar los estatutos sociales de la compañía, es decir, el grupillo de tecnócratas que conformarán la junta directiva del holding.

Llama la atención que el capital suscrito sea apenas de 2,5 billones, cuando el informe financiero a 31 de diciembre de 2022, el último disponible, muestra, entre otras cifras destacadas, que la entidad tiene activos por más de $11,6 billones, dentro de los cuales los créditos de vivienda ascienden a más de $8,2 billones y un patrimonio de más de $2,7 billones. A octubre de 2023 las cesantías que administraba ascendían a $8,5 billones. Aún más, el año pasado el gobierno, por intermedio del Ministerio de Vivienda, anunció la inyección de $1,5 billones para el establecimiento de dos nuevas líneas de crédito a fin de reanimar el sector de la construcción de vivienda. Vale la pena analizar este asunto a profundidad no sea que pase, una vez más, que las entidades públicas se subvaloran para beneficio de las sanguijuelas del capital privado.

El Fondo quedará sujeto también a las disposiciones del Título I del decreto que señala, entre otros aspectos, que la mentada “homogenización” permitirá un mejor desarrollo de las políticas públicas dirigidas a las pequeñas unidades productivas, a las mujeres, a los jóvenes, a la promoción de la “empresa digital disruptiva, cultural e intensiva en conocimiento” y apoyar la Economía Popular y Comunitaria; y ser “instrumento de lucha contra la pobreza y la desigualdad”.

Estas modificaciones, que han pasado prácticamente desapercibidas, revisten una enorme gravedad, al punto que arriesgan la supervivencia de una entidad estatal, la cual fue creada en 1968, hace 51 años, y cuyo patrimonio se ha forjado, principalmente, con las cesantías de los asalariados, inicialmente del sector estatal y, a partir de 1998, también de empresas privadas, y que ha tenido como fin primordial procurar soluciones de vivienda para los afiliados.

Veamos el significado de algunos de estos cambios:

El FNA se creó mediante el decreto extraordinario 3118 de 1968, inicialmente como un establecimiento público vinculado al Ministerio de Desarrollo Económico, cuyos recursos los componían las cesantías de empleados públicos y trabajadores oficiales, los rendimientos de sus inversiones, aportes de la nación, ahorros voluntarios de sus beneficiarios. Y sus objetivos consistían en el pago oportuno del auxilio de cesantía, contribuir a la solución del problema de vivienda de los trabajadore estatales, promover el ahorro nacional y encauzarlo al desarrollo económico y social. El año anterior se destacó, como uno de los logros en sus 55 años de existencia, el haberle facilitado a 380.000 familias colombianas acceder a vivienda propia.

En 1998 se transformó en una empresa Industrial y Comercial  del Estado. El cambio actual de naturaleza jurídica tiene profundas implicaciones. Una de las más importantes es que el capital de las empresas industriales y comerciales del estado está constituido “totalmente con bienes o fondos públicos comunes”, mientras que las sociedades de economía mixta, forma jurídica que ahora se le asigna, se constituyen con aportes estatales y de capital privado y se entiende que la participación del estado no podrá ser inferior al 50 %. Lo cual significa, como ya ha sucedido, que se facilita el control por parte de los monopolios privados, pues estos no solo se quedan, a menos precio, con parte de las acciones, sino que exigen, y se les concede, hasta tener la mayoría de los miembros de las juntas directivas, aun siendo su participación inferior al 50 %, como sucedió con la privatización de la Empresa de Energía de Bogotá. Es claro que el cambio de naturaleza jurídica del FNA facilita su eventual privatización.

El artículo 2º del decreto prevé que las juntas directivas de las empresas subordinadas al Grupo Bicentenario tendrán entre 5 y 9 miembros, de los cuales el 25 % deberán ser “independientes”. La experiencia indica que esta es otra forma de sujetar las entidades, aun de mayoría pública, a los intereses de los emporios privados. Basta con mirarse en el espejo de Ecopetrol que, luego de ser convertida en sociedad por acciones en el gobierno de Uribe, el 13,5 % de sus acciones les fueron vendidas a particulares, los cuales hoy tienen una representación desproporcionada en su junta directiva, y el criterio de miembros independiente se utiliza para poner allí a agentes del capital monopolista; lo mismo ha sucedido en el caso de la ETB, luego de haber vivido el mismo proceso. En estas empresas, en medio de alharacas sobre la defensa de los intereses de los accionistas minoritarios, se menoscaban permanentemente el interés nacional y el desarrollo de la empresa misma.

Y para completar, las imprecisas y etéreas funciones que ahora se le asignan, lo mismo que al resto de entidades entrampadas en el holding financiero, como las de luchar contra la pobreza y la desigualdad, o impulsar empresas digitales disruptivas, o apuntalar la llamada economía popular, a las mujeres y a los jóvenes, hacen prever que sus fondos se dilapidarán con el propósito de captar adeptos al menudeo sin que estos apoyos signifiquen el surgimiento de unos prósperos sectores de pequeños y medianos empresarios, pues en las condiciones de sujeción del país al dominio de los grandes monopolios y de la prevalencia de las políticas impuestas por los organismos multilaterales,  la suerte “economía popular” es la de languidecer y condenar a millones de seres a apenas sobrevivir en medio de una miseria desgarradora y creciente. Así, al FNA y otras entidades se les abocará a la quiebra a punta de repartir limosnas, con lo que se teje la justificación para feriarlas.

Como era de esperarse, ante esta descaminada propuesta del gobierno del Cambio, los señorones de la cúpula de las centrales sindicales apenas atinaron a emitir un comunicado en el que se lamentan de que las modificaciones se hayan hecho sin el debido proceso concertador y dialogante y que, por lo tanto, esto debía enmendarse mediante “una reunión de carácter urgente”, con ministros y presidente a bordo; desde luego se quejaron de que el decreto les reduzca la representación actual en la junta directiva del FNA y, a manera de hoja de parra, mencionaron el peligro de privatización. Como no podía ser de otra forma, no plantearon, aparte del conciliábulo concertador, ninguna medida de oposición real a semejante atentado contra el grueso de sus afiliados y las masas trabajadoras en general.

En realidad, en el caso del FNA, a pesar de las limitaciones que le han impuesto los sucesivos gobiernos oligárquicos para favorecer a los fondos privados de cesantías y otros interesados, de la injerencia del clientelismo en su dirección y de otras taras comunes a las empresas públicas, de lo cual no se libra ni el gobierno actual, su contribución a la superación de la pobreza no ha podido ser otra mejor que la de administrar los dineros de las cesantías de los asalariados y contribuir a la mejora de sus condiciones de vida, a través de la ayuda para la adquisición o mejora de la vivienda, propósito al que se le da un tiro de gracia con del decreto 1962. El artífice real de sus logros ha sido la clase trabajadora, que es la verdadera dueña de este patrimonio, cuya administración le ha encomendado al estado y, por tanto, nadie está autorizado a esquilmarlo.

El adalid del gobierno del cambio les pidió a los sublevados del estallido social levantar las barricadas y cambiarlas por las papeletas electorales, ya que él, desde el gobierno, haría realidad las exigencias planteadas. Pues bien, una de estas era que se aboliera la propuesta duquista del holding financiero, no que se perfeccionara. Por el contrario, el verdadero cambio en este campo hubiera sido que el gobierno emitiera un decreto eliminando el manejo de las cesantías por parte de los agiotistas de los fondos privados y concentrado su manejo total en el FNA; sin duda una política tal si sería digna de ser respaldada con la masiva movilización de los asalariados. Pero, naturalmente, esto atentaría contra el “gran acuerdo nacional” con los cacaos.