Antípoda | Capítulo 14: La avaricia y la corrupción de las oligarquías son las responsables de los muertos del derrumbe en El Carmen de Atrato

Por Alejandro Torres

La tragedia del viernes 12 de enero en el punto conocido como el 17, en el sector de Toldas, del municipio de El Carmen de Atrato, en la vía Medellín-Quibdó, en la que fallecieron 39 personas, cuyos cadáveres ya han sido rescatados —número de víctimas que con seguridad aumentará, ya que aún hay un puñado de desaparecidos—, no puede achacársele a causas naturales, al cambio climático o a cualquiera otra explicación superficial o parcial.

Para vergüenza eterna de las castas oligárquicas colombianas, tan pretensiosas y prepotentes como indolentes e incapaces, el departamento del Chocó, la pródiga región a la que pertenecen la mayoría de las víctimas, después de dos siglos de vida republicana todavía se mantiene incomunicada con el resto del país por vía terrestre durante buena parte del año; y a la carretera que comunica a Medellín con Quibdó se le conoce, con toda razón, como la trocha de la muerte.

Por estos días se han vuelto a publicar los recuentos de las innumerables víctimas sepultadas en la vía, y eso que la mayoría de los registros se refieren solo al período que arranca hace apenas 15 años, en 2009, cuando el gobierno de Uribe Vélez entregó las concesiones para pavimentar los dos corredores viales: Medellín-Quibdó y Ánimas-Pereira.

La publicación virtual La cola de rata de la que he extraído buena parte de la información para este artículo tiene una línea de tiempo que arranca el 3 de febrero de 2009 con el registro de los cuarenta sepultados que viajaban en un bus de la empresa Rápido Ochoa, que pasa por los 16 muertos en el derrumbe de Peñas del Olvido de 2016, y otra cantidad de víctimas extendidas a lo largo de los años. La escritora Velia Vidal, en un sentido artículo en la Revista Cambio escrito el 13 de enero, titulado Los chocoanos no aguantamos un muerto más en nuestras carreteras, enumera 109 víctimas en los dos corredores, sin contar las del fatídico 12 de enero. Ya el 18 de noviembre del año anterior, la misma escritora, había puesto el dedo en la llaga al afirmar que es cierto que toda la contratación de ambas carreteras en los últimos catorce años ha estado impregnada de una evidente corrupción, pero que esta ha provenido del nivel central, pero que muchos repiten sin conocimiento y a raíz del estereotipo establecido que el Chocó no tiene carreteras debido a la corrupción de los políticos lugareños. Un argumento que les viene como anillo al dedo a concesionarios y contratistas porque les sirve para encubrir sus malos manejos y su ineficiencia.

De los diferentes recuentos se concluye que desde 2009 los concesionarios han recibido, al menos, $1,8 billones de pesos, y el gobierno actual, luego del desastre, anunció la destinación de 500.000 millones más. Entre los principales beneficiarios de este potosí de dinero público han estado los “célebres” hermanos Solarte a quienes Uribe les adjudicó la primera fase de la pavimentación de las dos vías. Pero lo usual con este consorcio y otros como el colombo-mexicano LAX 051 ha sido que a las fechas de entrega de los diferentes tramos de las obras estas tengan retrasos superiores en promedio al 50 % y que se acumulen las modificaciones y prórrogas siempre para beneficio de los concesionarios. Aunque parezca increíble algunos de los contratos pactados para realizarse, por ejemplo, en 6 meses, llevan 10 años de retraso en medio del cambio sucesivo de contratistas por parte de los concesionarios porque no tenían ni capacidad técnica, ni financiera, ni personal idóneo, ni logística como viene a explicarse después con la mayor frescura.

Y si las obras no tienen aún mayor retraso, es decir, si no se han robado la totalidad de la plata, es porque los habitantes de la región, indígenas, negros, campesinos, transportadores, comerciantes, han realizado combativas protestas que una y otra vez han obligado a reanudar las obras. Una de estas movilizaciones fue el paro cívico de 2017, que duró 17 días, y que planteaba urgentes reivindicaciones de la región, la primera de ellas, la definitiva terminación de las dos carreteras. Las demás exigencias consisten en construir un puesto de salud, una escuela, una cancha de deportes, un carreteable para comunicar un caserío con la vía transversal, una casa de paso en la cabecera de Quibdó o en Carmen del Atrato o en Medellín para soliviar los enormes costos de salir a cumplir una cita médica u otra diligencia vital. Pero como la infamia de los “constructores”, los altos funcionarios y los tecnócratas y sus gacetilleros a sueldo de los grandes medios de comunicación no conoce límites, han pretendido convertir las justas luchas de las agobiadas comunidades dizque en una de las causas para no concluir las obras.

No obstante los reiterados incumplimientos y de haber convertido la carretera en un enorme campo santo, entre los señores Luis Héctor y Carlos Solarte, dueños de diferentes uniones temporales como Metrocorredores 8 o Sonacol y otros contratistas se han embolsillado las cifras billonarias entregadas por los gobiernos de Uribe, de Santos y de Duque. Se estima que a los Solarte, entre 2009 y 2020, se les entregó 1 billón de pesos. La citada publicación La Cola de rata registra que la revista Forbes informó que la fortuna de estos magnates pasó entre 2017 y 2018 de USD 351 millones a USD 418 millones (un billón 672 mil millones de pesos más o menos al cambio de hoy). Y para colmo de la ignominia, en 2017 uno de los herederos del clan, Luis Fernando Olarte, declaró que su familia vivía orgullosa de “unir al Chocó” con el resto de Colombia, aportando “al progreso y bienestar de sus habitantes”. Y eso sin contar las coimas de Odebrecht por las que estos delincuentes de cuello blanco han sido condenados, pero siguen como Pedro por su casa contratando con el estado.

Uno de los más obsecuentes servidores de estos expertos en el dolo ha sido el señor Germán Vargas Lleras, quien alardea de ser un eficientísimo ejecutivo de la infraestructura, a lo cual se refiere con sobradez constantemente, como lo hace con el resto de asuntos de la vida nacional. Sin embargo, durante el segundo cuatrienio de Santos, de quien fuera vicepresidente, fue designado por este como flamante coordinador de infraestructura y en realidad era quien mangoneaba en todas las entidades vinculadas a este sector. Pero sus realizaciones se resumen en darles dineros públicos a sus patrocinadores, los magnates de la contratación, de los servicios públicos, de las EPS, de los fondos de pensiones y cesantías y otras ramas de la economía, que se desvelan por llevarlo algún día a la presidencia.

Es evidente, como lo señalan expertos y gentes de la región, que la no terminación de las obras de pavimentación, la falta de construcción de taludes, la postergación por varios años de los cronogramas, la ausencia de mantenimiento de las partes concluidas provocan que, en una región de tan alta pluviosidad, la tierra ceda y se presenten deslizamientos. Aparte de eso no son pocas las denuncias sobre el uso —contraviniendo sin empacho lo establecido en los contratos— de materiales inadecuados a las condiciones topográficas, como es el caso reiterado de la utilización de asfalto a cambio del pavimento rígido, a fin de embolsillarse las altísimas diferencias de costo de estos materiales.

En medio de los debates de estos días ha aparecido la posición de muchas personas que honestamente quieren un cambio real de la afrentosa situación que se vive en el Chocó. Algunos, como la citada escritora Velia Vidal, no dudan en señalar que la explicación a ese doloroso abandono de la región en todos los aspectos es el llamado racismo estructural. Indudablemente tiene razón. Pero respetuosamente quisiéramos disentir en un aspecto: no se trata solo de racismo, en realidad la verdadera explicación está en la estructura de la sociedad colombiana en la que una minoría de magnates, de grandes capitalistas, de grandes financistas se lucran de las ingentes riquezas del país, del saqueo del erario, de la explotación de las masas populares y sectores medios indistintamente de su origen racial o étnico. Desde luego que todos estos potentados son racistas, como en general lo son las clases explotadoras.

Profundizar sin prejuicios y sin sectarismos en esta discusión es una ingente necesidad de la hora, pues la redención de Colombia y de las masas populares requiere de la más férrea unidad de los oprimidos: negros, blancos, mestizos, obreros, campesinos, jóvenes, mujeres, y no se nos escapa que contra esta unidad acechan organizaciones patrocinadas por grandes magnates internacionales y brazos de los partidos que gobiernan en las metrópolis, como es el caso de Open Society Foundations, del multimillonario gringo George Soros, que les hacen pensar a las comunidades negras, indígenas, a organizaciones de masas, a jóvenes e intelectuales que la corrección de tamañas injusticias se alcanzará entregándose a sus manipulaciones. Son “piratas disfrazados de salvadores de los oprimidos y que solo buscan dividir para que reinen sus angurrientos intereses.” como lo planteó nuestro compañero Alfonso Hernández en el editorial de Antípoda titulado: ¿Se Petrifico el cambio?

Los chocoanos han programado para mañana, 17 de enero, una jornada de duelo regional. Uno de los líderes de la movilización, Dilon Martínez, exige que el gobierno vuelque su atención en la región y que honre los diferentes pactos, de los cuales se ha cumplido muy poco. Otro, declaró que lo que debe hacerse es que el estado asuma directamente la ejecución de las obras. Sobran los motivos para la inconformidad y la protesta. Los entrañables y bravíos habitantes de nuestra costa pacífica deben contar con la solidaridad de toda la nación.