El fallo de la Corte: la “encrucijada del alma” se definió en Washington

La declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional de la ley 1354 de 2009, que aprobó la realización de un referendo para reelegir una vez más a Álvaro Uribe Vélez como presidente de Colombia, produjo una alharaca de unanimidad en un país que, según se dice, está altamente polarizado.

Todos a una, reeleccionistas y anti reeleccionistas, se deshicieron en rendidas protestas de respeto a la sentencia y a los sentenciadores. Desde los más furibundos uribistas hasta los más enconados opositores adujeron que las instituciones salían indemnes de la crucial prueba. César Gaviria felicitó a Uribe por sus señalados atributos democráticos, que lo llevaron a prosternarse ante la sentencia. Y éste, que había hecho conocer al sesgo planes B en caso de una decisión contraria a su interés y tornado de tiranuelo en jurisconsulto con su “teoría” del Estado de Opinión como fase superior del Estado de Derecho, le dio sepultura de segunda a su novísima aportación: “El estado de opinión, dijo, como derecho, tiene que respetar la ley y la Constitución”, y anunció que le seguiría sirviendo con amor a Colombia hasta el final de sus días desde cualquier trinchera que el destino le depare. Se parló sobre la solidez de las instituciones de la patria; del acatamiento integral, respetuoso y sin esguinces del fallo; de la estricta división de los poderes; de la madurez de la democracia colombiana; de las munificencias del Estado Social de Derecho; del respeto a las reglas del juego; del carácter civilista y del apego a la ley; de la vigencia de los frenos y contrapesos; de la autonomía e independencia de la rama judicial; de los límites de la democracia.

Sería injusto desconocer que las palmas se las llevaron los izquierdistas embebidos de derecho, y de derecha. El Comité Ejecutivo de la CUT, dominado por la llamada tendencia clasista, matriculada en el Polo Democrático, señaló, en sala plena:

“Este es un histórico fallo en donde priman los principios constitucionales, los límites al ejercicio del poder y la protección a un Estado Democrático (…) amenazado por el autoritarismo que ha intentado desestabilizar a su antojo el equilibrio de poderes, que tanto se necesita en cualquier democracia del mundo.

“Los argumentos de la Corte Constitucional, que a través de un estudio juicioso y responsable en tres aspectos principales, como son: competencia, el control constitucional y el debido proceso legislativo, marcaron un hito histórico que con su decisión, hoy le dan tranquilidad al pueblo colombiano.

“Triunfaron las instituciones creadas para la defensa de la democracia que hoy no ignoran la soberanía en cabeza del pueblo, ni tampoco aprueban la extralimitación del poder justificada en la democracia representativa. Esta es una decisión de mucha trascendencia para el futuro democrático del país y valerosa, que le sale al paso a la pretensión de una segunda reelección, que acabaría con el equilibrio de poderes y permitiría una dictadura civil constitucional, contrariando la Constitución Política Nacional, las libertades democráticas y el Estado Social de Derecho.

“Este fallo es un triunfo de las organizaciones sociales a través de la lucha política, que se opusieron desde un inicio a cualquier modificación que permitieran (sic) la centralización de poderes en el Presidente.”

Vaya, vaya. ¡Cuánta hermenéutica, cuánta sana crítica! Harta razón tuvo el redomado gamonal del Atlántico, Roberto Gerlein, cuando, en medio de los fragores del debate a Ernesto Samper, dijo que “en Colombia el que no sabe de nada se dedica al derecho constitucional.” Al menos ya estamos sobre la pista de las ocupaciones de los amodorrados líderes sindicales, mientras el gobierno y los patrones arrasan con las reivindicaciones de los proletarios.

El candidato del Polo, Gustavo Petro, de oficio, se apresuró a declarar su compromiso con la protección personal de Uribe y a continuar la política de seguridad, con equidad social. El vocero del ala dura, el favorito de los intelectuales reformistas de la pequeña y la mediana burguesía —el enemigo del TLC, que en su afán de aceptación anda perorando que la negativa gringa a aprobarlo obedece a la preocupación que a los carceleros de Abu Ghraib les causan las violaciones de los derechos humanos cometidas por el inquilino de la Casa de Nariño—, el senador Robledo, celebró que la Corte hubiera derrotado la antijurídica tesis de que las “ilegalidades generan derechos” —la vieja monserga que tanto utilizan los gobernantes colombianos de derecha e izquierda para reprimir las exigencias del pueblo— y adujo que era una falacia la invencibilidad del uribismo, “pues fue derrotado sin duda alguna por el pueblo”. El renunciado presidente del mismo partido, conspicuo integrante del ala clientelista, Jaime Dussán, con “profunda satisfacción”, señaló: “Se ha (sic) salvado la democracia, el Estado Social de Derecho y las libertades democráticas”, y llamó a hacer la campaña por Petro en el marco de la “profundización de la política social”. Pues bien, el candidato ofrece continuar con la seguridad y el jefe del partido ahondar la política social. Podrían haber dicho, sin esquives, que procurarán acceder a las cumbres estatales, para imponer, resueltamente… la seguridad democrática y la cohesión social.

De qué democracia, de qué libertad, de qué independencia de poderes se atreven a pontificar tantos obnubilados del derecho en el país de los falsos positivos, de las chuzadas y las intimidaciones a las Cortes y a cualquiera que no goce de los afectos oficiales, de la instalación de las bases gringas por encima del Congreso y el Consejo de Estado y sobre todo contra el querer de la nación, del descarado soborno al Legislativo. ¿De la democracia del minúsculo grupo de magnates criollos y de intermediarios del capital norteamericano, y de su voluminoso aparato de altos burócratas y militares que se lucran del trabajo de obreros y campesinos, de empresarios medios, de intelectuales y profesionales, o de esa democracia ilusoria de “todos y para todos” que sólo existe en sus cabezas alienadas? ¿De la democracia, la libertad y la independencia de esa ínfima minoría cuya existencia va atada a la dictadura, la opresión y la sujeción de las mayorías?¹

Por qué no para mientes tanto aprendiz de litigante en el misterio de que la contención a Uribe se la haya puesto el Tribunal sobre el que éste ejercía mayor dominio, el que le había aprobado la primera reelección, el más dependiente del Ejecutivo por su sola forma de escogencia, uno en el que todos sus miembros fueron elegidos durante el actual mandato, tres de ellos de ternas presentadas al Senado por el propio Presidente de la República, y los otros seis, si bien es cierto postulados por el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, llevados allí por las mayorías uribistas de la Cámara Alta, lo que le daba al jefe del Estado un ascendiente indudable sobre ellos; una magistratura que no había vacilado en validar el asalto a los derechos laborales o la aprobación del TLC, para solo mencionar dos atentados a la soberanía, la democracia y la libertad. No en vano los comentaristas siempre la calificaban de ser una entidad de “centro derecha”, para no decir uribista. Qué extraña circunstancia o poder hizo que por tan contundente mayoría la cortesana Corte se pronunciara contra su inspirador. Porque a nadie se le puede ocurrir que todo se trata de la más depurada enjundia judicial, cuando desde los estudiantes de las varias facultades de Jurisprudencia hasta los mismos constitucionalistas de la CUT, reconocían sin dificultad el rosario de trapacerías cometidas por el encargado del proceso, el legendario caballero de industria, autor intelectual y material del famoso robo a Caldas, don Luis Guillermo Giraldo, y por los contratistas consentidos del régimen que financiaron la recolección de las firmas y se erigieron en comité promotor del referendo; los cambios del texto suscrito; las venalidades del ministro de la política para desbaratar bancadas y citar sesiones ilegales; etc, etc, etc.

Dentro de la pintoresca competencia de conceptos entre jurisconsultos sin competencia, a ninguno se le ocurrió traer a colación la aplastante cantidad de hechos que mostraban que algo más terrenal, menos dependiente de las nebulosas jurídicas, de las normas abstractas o de las abstracciones normativas, era en realidad lo que había determinado la caída en desgracia del imbatible amo de las encuestas.

Pocos días después del veredicto y aún en medio de la vocinglería abogadil, los analistas Robert Kagan y Aroop Mukharji, en el diario gringo The Washington Post, en un artículo titulado En Colombia la democracia está agitada pero no debilitada, plantearon: “Hay por estos días mucho pesimismo acerca de la democracia, y los autócratas parecen avanzar en cada continente. Así que deberíamos tomar nota cuando la democracia triunfa sobre las tentaciones dictatoriales (…) El efecto de un tercer mandato de Uribe se habría extendido allende las fronteras de Colombia. La democracia está siendo minada por toda América del Sur donde las hiper presidencias y los cambios constitucionales se han convertido en lugares comunes. Uribe habría fortalecido una tendencia iniciada por Chávez y seguida por el Ecuador de Rafael Correa, la  Bolivia de Evo Morales, e intentada en Honduras por Manuel Zelaya (…) Es difícil saber qué papel desempeñó la administración Obama en todo esto. El presidente Obama privadamente había prevenido a Uribe en contra de buscar un tercer período, pero había hecho poco en público”

Y el 10 de marzo en carta dirigida a Uribe desde la Casa Blanca, el propio señor Obama le dice que la aceptación por parte de aquel de la sentencia “ha generado un gran interés en los Estados Unidos” el cual “se deriva de la importancia que estos desarrollos tienen no sólo para Colombia, sino para las Américas como un todo, en tanto se demuestra que las democracias orgánicas, tales como la colombiana, están regidas por el imperio de la ley y por un permanente respeto al marco constitucional. Aceptando, como es natural, el dictamen de una rama equivalente del poder, usted dio un ejemplo invaluable sobre cómo todos los ciudadanos —incluso los presidentes—deben estar sujetos a la ley y aceptar los resultados de las instituciones democráticas de su país (…) Este principio, aparentemente simple, es permanentemente ignorado en la región pero el claro acatamiento por parte suya resonará en las Américas en los años venideros”.

Un puñado de comentaristas pro yanquis, Eduardo Posada Carbó, María Isabel Rueda, Santiago Montenegro,  han expresado en sentidas columnas su indignación por lo que consideran un desplante a la República por parte del mandatario o los articulistas de la metrópoli porque a más de felicitar a Uribe por su acatamiento —lo cual, para ellos, nunca estuvo en duda— osaron maltratar a la nuestra como a una novel democracia que si mucho nació a la vida con la tan cantada Constitución de 1991. Pero esto es distraerse o tratar de distraer al público con lo accesorio. Lo que cuenta de la misiva imperial es la notificación de que, en adelante, al arsenal de artificios en los que se ampara la Casa Blanca para mantener subyugada a la América del Sur —el narcotráfico, los derechos humanos, la corrupción— les sumará el del funcionamiento armónico del Estado, tan caro a nuestra izquierda constitucionalista. He ahí lo que disipa la bruma. ¿Cómo, entonces, hubieron de interrogarse los estrategas imperiales, adelantar los planes ofensivos en el traspatio —en especial la creciente conspiración contra el gobierno de la hermana República de Venezuela, incluido el derrocamiento de su presidente—, creándoles una opinión pública benigna, si como punta de lanza de la agresión tuvieran que hacer uso de un títere que había hecho jirones “la majestad de la ley” para perpetuarse en el mando? Había que cortar por lo sano.

La oposición de Washington a la segunda reelección de Uribe se había manifestado desde la propia campaña electoral estadounidense y se acentuó con el triunfo de Barak Obama. Quizás podría registrarse un período de amortiguación de la misma, coincidente con los sucesos de Honduras y con la crisis internacional suscitada por la abyecta instalación de las bases militares gringas en nuestro territorio, vista con razón por varios mandatarios, en especial por el presidente Hugo Chávez, como una amenaza directa contra sus países. Sin embargo, en los días previos a la decisión de la Corte sus ataques a la apetencia uribista se habían vuelto a manifestar.

A mediados del año anterior, antes del derrocamiento de Manuel Zelaya, el propio Obama se había referido al tema en una rueda de prensa conjunta con Uribe: “Nuestra experiencia en Estados Unidos es que dos periodos funcionan muy bien para completar el trabajo”, le soltó en la cara; y los medios de comunicación informaron que en la entrevista privada de ese mismo día le había dicho que lo que verdaderamente hacía grande a George Washington no era tanto su fundación de la democracia norteamericana sino el haber abandonado el mando pudiendo permanecer en él —¡No era para tanto!, sólo al efectista presidente yanqui podía ocurrírsele mancillar al prócer de la independencia de los Estados Unidos, trayéndolo a colación para darle una reprimenda al sátrapa meridional—.

Pero hubo muchísimas más declaraciones del mismo tenor de altos funcionarios del Departamento de Estado, encabezados por la señora Clinton y el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio, Arturo Valenzuela, de congresistas, académicos, editorialistas. Uribe, conocido por la matonería con la que trata a sus coterráneos y vecinos, con la rodilla al suelo buscaba la anuencia con obsequiosidad. Por ello concedía mayores gabelas a los inversionistas, extraditaba a porrillo, mendigaba la aprobación del TLC, el cual sólo les conviene a sus amos, y ofrecía los cuatro puntos cardinales de la patria —a la que dice con cinismo que amará hasta el fin de sus días— para ser mancillados por la soldadesca y los modernos pertrechos del Tío Sam.
Los diarios y revistas de mayor circulación, los que difunden la opinión de la gran burguesía imperialista fueron persistentes en el propósito de defenestrar al servicial pero ya incómodo ocupante del solio de Bolívar. Los siguientes extractos de algunos de los escritos aparecidos en esas publicaciones se citan, con perdón del lector, más o menos extensamente, con el propósito de que no queden dudas acerca de que la caída en desgracia al señor Uribe fue obra de sus propios amos y no de los venales guardianes de la Carta, cuyo quehacer de celestinas del régimen es su principal función en ésta y todas las democracias oligárquicas que en el mundo han sido.

El editorial del The New York Times, titulado La disyuntiva del señor Uribe, del 22 de agosto de 2008, aparecido luego del anuncio de los promotores del referendo de que presentarían 5 millones de firmas de apoyo a la reelección le lanzó al beneficiario una andanada “por su poco respeto a las instituciones democráticas de Colombia”, sus ataques a la Corte Suprema de Justicia y sus relaciones con los congresistas procesados, y le reconvino: “El vecindario de Colombia tiene demasiados líderes autoritarios. El presidente de Venezuela se apoya en su enorme popularidad para tomar el control de virtualmente todos los aspectos de la vida económica y política de su país (…) La región urge de una democracia apoyada por fuertes instituciones. No de más hombres fuertes a pesar de lo populares que puedan ser o lo indispensables que se consideren a sí mismos. El señor Uribe debería ya tener claro que este tiene que ser su último período”.

El 27 del mismo mes y año y por igual motivo, Los Ángeles Times en el editorial titulado El problema de Uribe, se pronunció de manera casi idéntica: el presidente de Colombia es enormemente popular, pero debería decirle no a un tercer período. “Uribe se ha mantenido en silencio al respecto [las firmas por la reelección] pero es el momento de que hable y diga: no, gracias.” Cambiar la Constitución para reelegirse “lo pondría en la misma desagradable posición de Hugo Chávez de quien nadie duda que pretende ser presidente vitalicio de Venezuela (…) Uribe debe parar ese proceso ahora y elegir el fortalecimiento de la democracia colombiana haciéndose a un lado.”

The Washington Post, escribió el 27 de mayo de 2009:

“Cuando Uribe llegó a la presidencia su país estaba al borde de convertirse en un Estado fallido; bajo su conducción el gobierno ha restablecido el control sobre la mayoría del territorio, desmovilizado o derrotado las guerrillas de derecha e izquierda y reanimado la economía. Aunque Colombia se mantiene como la principal fuente de tráfico de cocaína, docenas de grandes capos, que hasta hace poco operaban con total impunidad, han sido capturados, muertos o enviados a los Estados Unidos para ser procesados.

“Ahora el gran éxito de Uribe amenaza convertirse en su perdición. Hace cuatro años sus seguidores lideraron un movimiento para enmendar la Constitución con el fin de que él pudiera ser reelegido por otro período (…) ahora, cuando éste debe expirar en 2010, un movimiento igual ha aparecido. La semana pasada el Senado aprobó una reforma constitucional que (…) ordenaría un referendo para este año. Las encuestas muestran que Uribe se mantiene extremadamente popular y probablemente ganaría un tercer mandato.

“Esto significa que él —quien, no obstante, no se ha pronunciado sobre si buscaría permanecer en el cargo— estaría arriesgando lo que podría ser su más grande proeza. Él debería hacerse un autoexamen, frenar a sus partidarios y renunciar a proseguir luego de terminado su actual período.  A pesar de sus resonantes éxitos, su gobierno ha sido debilitado por sucesivos escándalos en los últimos años, algunos de ellos graves. Más de dos docenas de soldados han sido arrestados por la práctica de asesinar a civiles inocentes para luego presentarlos como guerrilleros, el servicio de inteligencia está bajo investigación por espiar políticos de la oposición y periodistas. Aunque el señor Uribe no ha sido personalmente involucrado en el escándalo, dos de sus hijos recientemente han sido objeto de cargos de corrupción.

“No obstante, la razón de más peso para su retiro es la necesidad de fortalecer de las instituciones democráticas de Colombia. Con su prensa vibrante, sus cortes independientes y su activa sociedad civil el país se sitúa como una alternativa a la autocracia populista establecida en la vecina Venezuela (…) El señor Uribe ha demostrado cuánto puede lograr un presidente elegido, ahora tiene la oportunidad de demostrar la importancia de poner las instituciones y el imperio de la ley por encima de cualquier líder.

“Al menos un valioso sucesor está disponible. El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, renunció y dijo que estaría dispuesto a buscar la presidencia si Uribe no lo hacía.” Y para finalizar, la notificación perentoria: “Si permanece en el poder, Uribe arriesgaría minar su propio éxito; algunos de sus mejores amigos podrían volverse contra él, y las buenas relaciones que ha disfrutado con los Estados Unidos podrían tensionarse”.

El mismo rotativo insistió, el pasado 15 de diciembre:

“La eliminación de los límites a la duración en el cargo ha sido una característica común del nuevo populismo autoritario en América Latina. Luego de dos términos, el venezolano Hugo Chávez ha maniobrado a través de un referendo para alargar su mando; el nicaragüense Daniel Ortega se basó en una decisión de la Corte Suprema del país, la cual él previamente había llenado con seguidores suyos. Las sospechas de que el presidente hondureño Manuel Zelaya quería prorrogar el período dieron lugar a la prolongada crisis política en ese país.

“La sistemática erosión de las instituciones políticas y del imperio de la ley es una de las vías por las cuales Chávez y sus seguidores amenazan arrastrar a Latinoamérica a sus viejos días aciagos de caudillos y golpes. Las naciones que han tratado de dejar atrás esta historia tienen la obligación de establecer un claro modelo alternativo basado en el gobierno del pueblo, no en el de una serie de hombres fuertes. He ahí por qué es tan importante que quien en muchos aspectos simboliza la alternativa al chavismo, el presidente colombiano Álvaro Uribe, se comprometa explícitamente a no buscar un tercer mandato en la elección presidencial del próximo año”.

El diario de los linces financieros del mundo, The Wall Street Journal, en un artículo publicado el 6 de diciembre anterior por Mary Anastasia O’Grady, integrante del Comité Editorial y editora de las sección Las Américas, y luego de una gira por Colombia, señaló:

“La diferencia entre una moderna república autónoma y la “democracia” artificial de muchos países subdesarrollados consiste en que la primera es gobernada por instituciones, mientras la segunda lo es por hombres. “¿Es esto último lo que quiere el presidente Álvaro Uribe para su país?”

“El renacimiento de la seguridad personal y el profesionalismo del ejército se deben al liderazgo del presidente. Su liderazgo también es la causa del mejoramiento del clima de inversión y del hecho de que la petrolera del Estado hoy pueda hacer uso del capital privado; de que la compañía pública Telecom haya sido parcialmente privatizada; de que los sindicatos de maestros hayan tenido que aceptar algunos topes a sus generosas pensiones; de que Colombia haya firmado y ratificado un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos (aún no confirmado por Washington) y haya empezado a mirar al Asia en búsqueda de acuerdos comerciales, sobre impuestos e inversión.

“Pero ahora existe la preocupación de que los esfuerzos del señor Uribe por asirse al mando a través de una reforma de la Constitución, que le permita participar en las elecciones presidenciales de mayo próximo, minen los logros que el país ha hecho y pongan en peligro su futuro progreso.

“La mayor parte de las veces Uribe sostiene que él simplemente ha sido un espectador en el proyecto de cambiar la Constitución y que es el pueblo el que lo impele. No obstante, hay al menos parte de verdad en los reclamos de que él ha fomentado el avance de la enmienda.

“Las redes del crimen organizado financiadas por los consumidores de drogas de los Estados Unidos y Europa se mantienen como una amenaza a la población colombiana. Una de esas redes son Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, las cuales están en alianza con el presidente venezolano Hugo Chávez.

“Las amenazas militares de Chávez no han sido tomadas seriamente debido a que se sabe que las fuerzas armadas venezolanas están sumidas en el caos. Pero existe recelo por los esfuerzos solapados de desestabilización de parte de aquel. Sus milicias merodean el área limítrofe, y él ha cerrado el agitado cruce a la ciudad de Cúcuta.

“Se especula que el crimen organizado estaría infiltrando el poder judicial, lo que no debe desestimarse a la ligera.

“Muchos de los seguidores de Uribe sostienen que Colombia se beneficiaría más con un nuevo gobierno de estirpe uribista que enfrente estos problemas y continúe con la liberalización económica. Los terceros períodos, señalan ellos, son notoriamente desgastantes. También les preocupa que Uribe esté sentando un precedente que le cause daño al país más adelante. Si finalmente Uribe se queda, ¿qué va a detener a alguna figura al estilo de Chávez que pretenda hacer lo mismo en el futuro?

“Todavía más importante, ellos aducen que una Colombia moderna requiere de un liderazgo que defienda la vigencia de la ley, no de uno que la manipule cuando le convenga. ‘Nosotros creemos que la legislación colombiana debe aplicarse’, dijo el presidente de la reconocida —y largamente comprometida con Uribe— Asociación Nacional de Industriales, ANDI, en una entrevista al comienzo del año. ‘No negamos que Uribe ha sido uno de los mejores presidentes de Colombia’, pero, agregó, hay docenas de colombianos calificados para el trabajo.

“No cabe duda de que Uribe ama a su país. ¿Qué mejor manera de demostrarlo que detenerse ante el imperio de la ley y hacerse a un lado como aquel se lo demanda?”

Finalmente, el semanario inglés The Economist, otra de las biblias de los potentados del globo, en un editorial y una crónica de su última edición de 2009 , en los que se sugiere, al igual que en otras de las gacetas mencionadas, a Juan Manuel Santos como sucesor, cita a éste controvirtiendo la tesis de su jefe de que los logros en seguridad no son irreversibles por lo que se inclinaría a permanecer en el mando: “Aunque se necesita hacer más en seguridad, él [Santos] piensa que esto es ahora un asunto menos importante que la carencia de trabajos decentes y otros problemas socioeconómicos”. Luego de reconocerle nuevamente sus logros, la revista le hace una enumeración de reproches, llegando hasta a poner en entredicho la elogiada política de seguridad, y sugiriendo que el relevo la llevaría a mejor puerto. Le endilga el auge de la violencia urbana; el retorno a las armas de los paramilitares y los indicios de reorganización de las FARC; la financiación de las guerrillas y de la delincuencia común con el dinero de las drogas; el fiasco de su política frente a los desplazados sobre todo en cuanto al retorno a sus tierra arrebatadas por los paramilitares; los falsos positivos y las andanzas criminales del DAS. Luego recomienda: “En cuanto a la seguridad la tarea del próximo gobierno será consolidar los logros deI señor Uribe y ajustar sus políticas a las nuevas amenazas; y citando a un “antiguo oficial”: “No se trata solamente de dar órdenes a la cúpula sino de desarrollar e implementar planes”, para controlar el territorio y proteger a la población. Y remata la revista: “Colombia ahora necesita policía en las calles de las ciudades tanto como tropas en sus selvas”.

Además, lo reconviene por el manejo económico: “El país también necesita puestos de trabajo para evitar que su juventud se junte a la economía ilegal de las mafias de las drogas y de los grupos armados. La economía ha sufrido apenas una ligera recesión, sin embargo, el desempleo abierto alcanza el 11.8%, comparado con el promedio de América Latina de 8.3%. Algo así como el 60% de los colombianos labora en la economía informal, de nuevo más que la media de la región.” Y termina citando al decano de Economía de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, otro de los contradictores del finquero cordobés: “Hoy hay menos trabajos formales para la gente sin educación superior que en 1995. La política pública ha coadyuvado esta funesta tendencia. Los excesivos impuestos a la nómina desaniman el empleo. Lo mismo que lo hace el desproporcionadamente alto salario mínimo en relación con los niveles de ingreso del país.” También cita al director de Fedesarrollo quien se viene lanza en ristre contra el “activismo judicial”, lo cual deja ver también el propósito de poner a andar los cambios que al respecto pretendió hacer Uribe, pero a través de quien lo reemplace.

The Economist le termina cobrando hasta el debilitamiento del sistema impositivo a causa de los “contratos de estabilidad” y cita a otro notable opositor de la perpetuación, el antiguo burócrata del Banco Mundial, Guillermo Perry, quien incluso menoscaba la perorada confianza inversionista aduciendo que de todas maneras los torrentes de capital que nos han inundado habrían afluido sin las gabelas tributarias “a causa de la mayor seguridad y de los altos precios de las materias primas”.

Por todo ello ha llegado el momento de la despedida: “Colombia en 2002 estaba en serio riesgo de convertirse en un Estado fallido. Millones de sus más lúcidos habitantes habían migrado al exterior. Los viajeros de las carreteras entre sus principales ciudades se arriesgaban a ser secuestrados o asesinados. Se le debe al señor Uribe que estos problemas sean hoy mucho más manejables. Él alude ‘que los jóvenes colombianos no han conocido un solo día de paz’ e insiste en que el país necesita afianzar sus políticas ‘sin estancamientos ni bruscos virajes’. Sin embargo, su creciente número de opositores arguye que el progreso no puede continuar a menos que haya un cambio en la cúspide.”

Desde luego el semanario inglés hace también la obligatoria referencia al gobernante venezolano, hilo clave de toda la urdimbre, y trata de tranquilizar al de aquí sobre su futuro cuando deje el mando. “Muchos de los colombianos más capaces de la academia y los negocios, quienes apoyaron al señor Uribe, ahora quieren el cambio. Su tercera administración tendría el soporte de un grupo poco talentoso de extrema derecha. Este círculo le susurra al oído al presidente que si renuncia será conducido a la Corte Criminal Internacional. Sin embargo, no hay evidencia de que el señor Uribe sea un criminal.

“Colombia tiene otros varios candidatos convincentes para escoger, los cuales podrían construir sobre el legado de Uribe. Otros líderes democráticos ampliamente respetados y populares de América Latina como el brasilero Luiz Inácio Lula da Silva y la chilena Michelle Bachelet, han rehusado abolir las limitaciones de sus períodos presidenciales. Siguiendo su ejemplo, el señor Uribe podría entrar en la historia como el demócrata que salvó a su país. No obstante, él parece inclinado a emular a Hugo Chávez, el caudillo de Caracas. Este es el momento para que el señor Uribe le permita a su país empezar el apretado debate presidencial que tan desesperadamente necesita. Él debería adelantársele al fallo de la Corte, y anunciar que no participará en la elección.”

La admonición del Norte a su palafrenero explica también en buena parte, como ya se ha dejado entrever, la creciente desbandada de sectores oligárquicos colombianos que, no sin antes reconocer rendidos la obra magnífica de la seguridad democrática, le exigían con creciente insistencia al abanderado de la misma que renunciara a su propósito de perpetuarse. Rudolf Hommes y Fabio Echeverry, que en el primer cuatrienio despachaban desde Palacio, se tornaron más que cáusticos en su críticas a la reelección; los ex presidentes de la República, incluido Belisario Betancur, el más afecto al mandatario, quien al fin se pronunció: “Yo no creo que se reelija nuevamente y no digo más, punto”, se hicieron cada vez más impertinentes; sus eminencias, el Cardenal Rubiano y toda la Conferencia Episcopal, expresaron su pastoral desacuerdo; buena parte de los medios de comunicación hablados y escritos, incluso los televisivos que vacilaron un tiempo entre seguir el camino de la disidencia y arriesgarse a perder la licitación del tercer canal, también pedían ponerle fin al período uribista; casi todo el empresariado se pronunció contra la renovación del mandato ya directamente o por medio del vocero de la ANDI. ¿Serán, entonces, los plutócratas de Wall Street con su cohorte de los Obamas y los Clinton y sus diaristas, y el puñado de mandamases colombianos, el tal “pueblo” que derrotó la intentona golpista, como nos lo dice el senador Robledo? Resabios del cretinismo parlamentario que puede producir votos pero daña el seso.

Las observaciones traídas aquí tan ampliamente sirven de lección que no debiera desestimarse: a los sucesos políticos hay que buscarles siempre las causas últimas que los originan, que generalmente se hallan en los fenómenos económicos y en la lucha de clases, nacional e internacional; una tan olvidada pero tan vigente enseñanza del marxismo. Se trataba de que la profundización del saqueo económico y el redoblamiento de la explotación del trabajo y la necesidad imperialista de defender sus dominios hemisféricos hallarían en el incondicional mandatario paisa, no un ariete sino un obstáculo, dados su creciente desgaste y las fisuras creadas en las castas dominantes por su prolongada permanencia en el sillón presidencial. Y puesto que el pueblo aún no se lanza a sacudirse el yugo —entre otras cosas, por el predominio de una izquierda adocenada—, no había para qué patrocinar la intentona golpista sino, por el contrario, remover al autor de la misma. Los tiburones imperiales descubrieron que desechar a Uribe les daba aún mayor tranquilidad y seguridad. En fin, se trataba de apuntalar el uribismo sin Uribe. Como no había peligro de revolución no era necesario matar la legalidad sino alentarla. No ejercieron su derecho al Golpe de Estado porque no estaba latente que el pueblo ejerciera el suyo a la revolución y, más bien, así podían de nuevo distraerlo. A los decadentes corifeos del régimen de todos los matices les dejaron el papel vitando de engañar a las masas con el cuento de que los togados uribistas salvaron la patria en peligro desentrañando los insondables arcanos de la letra y el espíritu de la ley de leyes.

Notas Obreras tiene el honor de no haberse dejado confundir. En al menos cuatro artículos (Mayor impudicia en pos de la nueva reelección; Álvaro en el país de las maravillas y Para darle paz a su alma atormentada Uribe echa mano del soborno, el chantaje y la sumisión, escritos por Alfonso Hernández; y Álvaro Uribe, tapando el sol con las manos, de Alejandro Torres), escritos durante el primer semestre del año pasado, quedó claramente planteada la tesis de que el amo yanqui buscaba remover a su incondicional lugarteniente en pos de afianzar sus políticas vitandas. Al tiempo, dejábamos claro nuestro combate radical al afán de Uribe de erigirse en detentador perpetuo del poder, y enarbolamos la defensa de los derechos y garantías democráticas que les posibilitan a los sectores expoliados llevar adelante en mejores condiciones su lucha de clases contra el régimen explotador, no para entibar su “institucionalidad” desueta, sino para derribarla junto a sus detentadores y sobre sus escombros construir una nueva estructura que conduzca al bienestar y al progreso a toda la nación.