El descalabro de la descentralización

El epígrafe escogido fue escrito en 1989 por nuestro desaparecido secretario general. Eran los días en que la descentralización tenía en la elección de los alcaldes un ropaje seductor y fue abrazada con entusiasmo por los municipios como la ilusoria alborada de su redención. Hoy, al hacer el balance de aquel proceso impulsado desde comienzos de los ochentas, el panorama es el de un inmenso descalabro al borde de generar el más caudaloso movimiento de rebeldía de las localidades contra el gobierno central.

El diario El Tiempo, en su edición del 13 de octubre de 1995, informó sobre la toma de la alcaldía de Remedios “por la no cancelación de salarios y primas extralegales a los 35 educadores, 60 empleados, 59 obreros y 18 jubilados del municipio. A éstos se les debe un total de 453 millones 917 mil pesos”. Y agregó que la administración tiene una deuda estimada en 1.200 millones de pesos.

Noticias como ésta se han vuelto comunes en la prensa. Y tan estrambóticas, como la que informaba de la población de Ulloa, en el Valle del Cauca, la cual por falta de recursos optó por volver a ser corregimiento, y andaba en busca de un municipio vecino que la aceptara; o la del alcalde de Barranco de Loba, Bolívar, quien ante la pobreza del erario para cumplir con su plan de gobierno, prefirió el suicidio a quedar mal con sus electores. Por doquier la insolvencia obliga a los despidos de personal y a la supresión de cargos y dependencias, llegándose a casos extremos como el de Lebrija, en Santander, donde el burgomaestre se vio obligado a cerrar el penal ante la imposibilidad de pagarles al director y a los tres guardianes. Son situaciones dramáticas, reveladoras de la tormenta que se avecina.

Un mal con paternidad En 1982, cuando se iniciaba la crisis de la deuda latinoamericana, la misión Bird-Wiesner puso en marcha un plan para profundizar la descentralización, que le permitiera al gobierno nacional descargar una serie de obligaciones en los entes territoriales, liberando recursos para el pago de los compromisos con la banca imperialista. Para que municipios y departamentos aceptaran echarse a cuestas las nuevas cargas, se les endulzaba el oído con el ofrecimiento de abundantes aumentos de las transferencias de la nación. La fórmula quedó consagrada en los artículos 356 y 357 de la Constitución de 1991, y fue desarrollada en la Ley 60 de Competencias y Recursos, de 1993.

El plan contemplaba un aspecto considerado decisivo para su éxito: el “esfuerzo fiscal propio” de los departamentos y municipios. Penetrando agudamente en la esencia de esta política, Francisco Mosquera escribió la frase que citamos en el encabezamiento.

A las localidades se les endosó la responsabilidad en la salud, los servicios públicos, las carreteras y caminos, la vivienda social, la asistencia técnica al sector agropecuario, parte de la educación y otro sinnúmero de obligaciones.

A la postre, nos hallamos en un círculo que al cerrarse sobre los municipios los condena sin contemplaciones a la exacción a sus habitantes. Las crecientes exigencias del Fondo Monetario y el Banco Mundial para disminuir el gasto del Estado, han hecho que Samper anuncie la necesidad de una reforma a la Constitución y a la Ley 60, con el fin de recortar el monto de los dineros que el gobierno nacional quedó obligado a transferir. Igualmente, propone un proyecto de ley para forzar a los departamentos y municipios a la generalización de la sobretasa a la gasolina y al autoavalúo para el incremento del impuesto predial, entre otras medidas. Exprimir a los municipios hasta la última gota, para que la nación se dedique al pago de una deuda externa que la desangra, y concentre su inversión en las obras de infraestructura que las multinacionales demandan. Tal es la receta imperialista.

En el presupuesto de 24 billones de pesos para 1996, se destinan 5.1 millones al servicio de la deuda, cifra superior a la mitad del total de las exportaciones proyectadas para el mismo año. Aquí, y no en los magros gastos de los entes territoriales, es donde se encuentra el verdadero hueco del presupuesto. Los guarismos alarmantes acerca de la endemoniada carrera de endeudamiento iniciada por los municipios y departamentos -que creció entre 1993 y 1994 en 194% y 114%, respectivamente-, nos brindan suficiente prueba de que se los conduce, como a la nación, a hipotecar su porvenir. Pero como para lograrlo hay que someter al pueblo a toda suerte de cargas impositivas, y éste se encuentra maltrecho por el agobiante peso de la crisis económica, el enfrentamiento es inevitable.

Economismo vulgar Las teorías que han inspirado la descentralización en América Latina parten del absurdo de aplicar al sector público las leyes de la competencia. Para el ex ministro Eduardo Wiesner, quien pontifica sobre el tema desde las oficinas del BID, “una estrategia de descentralización bien diseñada es similar a la `liberalización’ o la `apertura’ del espacio territorial interno a las fuerzas del mercado”. Y agrega: “Un mayor grado de competencia dentro del sector público hará que la asignación de recursos sea más equitativa y eficiente”. En la práctica, lo que se da es un insostenible ahondamiento de las desigualdades entre las zonas de algún desarrollo y las rezagadas y, en definitiva, la tan cacareada competencia será la misma que enfrenta a los países atrasados entre sí: cuál brinda las mayores ventajas a la inversión extranjera.

Descentralización política, democracia fantasiosa La descentralización fiscal se ha acompañado de una serie de reformas políticas que se pretende hacer pasar como ampliación de la democracia. Con la Carta de 1991 se acrecentó la algarabía sobre la democracia participativa, la soberanía popular y el fortalecimiento del poder local. A las masas se las zahiere y se las consuela con una democracia ilusoria. El imperialismo, que es la negación de toda democracia, encubre sus intenciones siniestras tras el relumbrón de fuegos artificiales. Centenares de funcionarios estatales y otros tantos de Organizaciones No Gubernamentales, las nuevas beneficiarias de la contratación oficial, se encuentran en una febril campaña de embaucamiento colectivo vendiendo la nueva panacea a lo largo y ancho del país. Al hoy llamado Ministerio del Interior se la ha asignado la tarea de orquestar la añagaza. Las grandes ciudades son un surtidor de experiencias que tienden a generalizarse, como la “alianza estratégica” con la que el cura Hoyos realizó la privatización de la triple A. Y el caso de Mockus en Bogotá con su “todos ponen”, que para él es el súmmum de la democracia.

La Ley 152 de 1994 llama a la ciudadanía a opinar sobre el plan de desarrollo, cuando ya está definido y se encuentra condicionado por los dictámenes del Banco Mundial y el Fondo Monetario.

El plan nacional, a su vez, condiciona los planes locales, particularmente allí donde se juegan intereses estratégicos, como en las dos costas, las ciudades de mayor desarrollo, las zonas de frontera y las regiones de explotación de recursos naturales. Hacia ellas se destinan prioritariamente las inversiones del gobierno central.

Y para la gran mayoría de los 1.057 municipios de Colombia, la “autonomía local” se reduce a que todos discutan los nuevos impuestos, tasas y sobretasas por cobrar para hacer carreteras, alcantarillados, escuelas, puestos de salud.

Frente a la Colombia de postín discurre la Colombia real arrastrando sus necesidades y padecimientos. A las organizaciones revolucionarias nos compete la dura tarea de desenmascarar los ardides del imperialismo en su ofensiva recolonizadora y poner al descubierto a sus agentes.

La clase obrera y el pueblo, conformando un gran frente de lucha, se encargarán de ir labrando los perfiles de la Nueva Democracia que interprete cabalmente sus intereses.

^[*] Publicado en Tribuna Roja Nº 62, octubre 27 de 1995.