¿Qué hay detrás de los desalojos en la zona occidental de Bogotá?

El cabildo abierto convocado por Abasubri, Asociación de Barrios Subnormales Ribereños, realizado en Fontibón el 3 de diciembre, reveló el grado extremo de acorralamiento al que la administración está sometiendo a los 400 mil moradores de este extenso sector de la capital. Con el fin de contribuir a desenmascarar la estrategia gubernamental y su origen imperialista, Tribuna Roja ha elaborado el presente trabajo.

Terreno para la apertura y la especulación

En la actualidad los monopolios privados y el gobierno ubican en el occidente varios proyectos claves: la Zona Franca, los parques industriales para el ensamblaje (maquilas), y el Plan de Ordenamiento del Borde Occidental. Para ello han emprendido grandes obras de infraestructura que sirvan a esos intereses, tales como la recuperación del río Bogotá, las avenidas Longitudinal y Ciudad de Cali, la segunda pista del aeropuerto El Dorado, las redes de acueducto, alcantarillado, electrificación, teléfono y gas, y la recuperación de humedales y chucuas mencionando sólo los más importantes.

Para sacar adelante semejante plan se necesita mucha plata. Problema que las dos últimas administraciones han resuelto sometiendo a la población a la más perversa sobrecarga tributaria. Por supuesto, todo lo anterior se hace a nombre del “progreso” y la “modernidad”.

El río Bogotá cambia de manos

¿Quién habría imaginado hace algunos años a la serpenteante cloaca que es el río Bogotá convertida en prioridad dentro de los planes oficiales? En el pasado todas las campañas sobre su recuperación no pasaron de ser retórica ecologista. Pues bien, en julio de 1994, Jaime Castro, luego de un afanoso trámite licitatorio, firmó con los consorcios franceses Degremont y Lyonnaise des Eaux, un contrato de concesión para descontaminar el río, cuya duración será de30 años prorrogables. La primera etapa, una planta de tratamiento en la desembocadura del río Salitre, tiene un costo de $US326 millones (más de 300 mil millones de pesos). En diciembre, cuatro días antes de la culminación de su período, el alcalde apróbó una adición al contrato en la que se pignoran en un ciento por ciento las rentas que el Distrito recauda por el impuesto predial.

Para 1998 el consorcio se comprometió a entregar agua descontaminada en 60%, y comenzará a cobrar por metro cúbico una tarifa que se cargará a las facturas del alcantarillado. En el 2000, la descontaminación será de 95%. El río Bogotá, en su tramo entre el Salitre y el Fucha, será de aguas claras, y las tierras a su alrededor, las más valorizadas del país. Con las plantas que se instalarán sucesivamente en el Fucha y el Tunjuelito, en 17 años se habrá recuperado todo el río, a costa de los bolsillos del pueblo bogotano. Sólo tienen un problema. Son las miles de humildes familias de los barrios que de diferentes formas se han ido asentando en la ribera. Por esta razón, la palabrería ecologista, las disposiciones emanadas del Acuerdo 06 de 1990, y hasta la prevención de desastres, comienzan a blandirse ahora como arma para iniciar los despiadados desalojos.

El MOIR no se opone a que se descontamine el río Bogotá. No estaremos de acuerdo jamás es con que esto se haga pisoteando los derechos del pueblo que habita esa zona y en beneficio de un puñado de monopolios extranjeros y nativos. Si hay familias en situación de verdadero riesgo, que sean reubicadas con la garantía de que se les mejoren sus condiciones de vida. También nos oponemos con decisión a la firma de contratos leoninos que lesionan los intereses nacionales.

Las vías del saqueo

Los bogotanos nos hemos venido acostumbrando a escuchar, como justificación a cada nueva exacción tributaria, la necesidad de superar el retraso de 15 ó 20 años en la red vial. Se pagan las contribuciones, y al final nos encontramos con que las nuevas avenidas que se construyen son para beneficio de quienes sacan jugosas utilidades especulando con la vivienda. En la actualidad se adelantan dos proyectos de grandes vías que atraviesan el occidente de la ciudad desde el extremo norte hasta el extremo sur. Se trata de las avenidas Ciudad de Cali y la Longitudinal, que en su trayectoria incluye la avenida Cundinamarca.

Estas obras buscan hacer expedito el acceso a la Zona Franca desde cualquiera de las autopistas en los cuatro puntos cardinales. A la Longitudinal, con un costo estimado de $252 mil millones, el Plan de Desarrollo de Samper le asignó la suma de $97 mil millones, y del Plan de Mockus recibirá un aporte de $60 mil millones. Se estima que $141 mil millones se invertirán en la compra de predios, revelándose la magnitud de los desalojos que se avecinan. La construcción se le entregará al sector privado mediante el sistema de concesiones. Será una vía rápida de tráfico pesado.

Para la terminación de la Avenida Ciudad de Cali, Mockus ha presentado al Concejo un proyecto de acuerdo que contempla financiarla, junto con treinta y nueve obras más, por el sistema de valorización por beneficio local. Esta avenida y siete obras complementarias exigirán un recaudo de $132 mil millones entre los habitantes del occidente, o sea, el 55 % del total de la valorización que Mockus pretende cobrarle a la ciudad.

Con estas inversiones también se quiere beneficiar el desarrollo de programas de construcción de bodegas para las maquilas en los parques industriales que varias firmas ya están vendiendo en áreas cercanas a la Zona Franca, y planes de vivienda, en lo que se conoce como el “ordenamiento del borde occidental”, en especial, dos de grandes dimensiones: Tintal, con 40 mil viviendas, y otro de 20 mil en Bosa, en el sector llamado Agrológicas III.

Además de las avenidas proyectadas para Bogotá, Samper destinó cerca de un billón de pesos para varias obras que conforman el Parque Vial de la Sabana, dentro de las que cabe mencionar la Perimetral, el fortalecimiento de los accesos Norte, Occidental y oriental, la carretera a Villavicencio y la carretera a Puerto Salgar.

La apertura pide pista

Como hemos visto, para los neoliberales los argumentos de carácter ecológico son válidos cuando se los utiliza para atropellar al pueblo con tal de sacar adelante los mezquinos intereses de los monopolios, pero no lo son, cuando estos mismos intereses atentan contra la salud y la seguridad de las personas.

Los aperturistas plantean convertir a Bogotá en puerto seco de primera importancia en América Latina, lo cual exige prepararla para el aumento de su tráfico aéreo. Por eso se arma tanto revuelo con la necesidad de construir la segunda pista del aeropuerto El Dorado, pese a las objeciones de todo orden esgrimidas en su contra, principalmente por el daño que la trepidación y el ruido causarían en la salud y en las viviendas de los habitantes de los barrios vecinos.

Ningún argumento ha sido suficiente. El frío cálculo de la rentabilidad para los inversionistas de la futura Zona Franca exige la mayor cercanía de ésta con el aeropuerto. Por eso se han rechazado las propuestas de su traslado a otro lugar de la Sabana o a Villavicencio. Con la licencia otorgada para su construcción, ha quedado al descubierto el verdadero papel para el que fue creado el Ministerio del Medio Ambiente.

Todo lo que pidan se les dará

Cuando los gobiernos oligárquicos al servicio del imperialismo, representados en estos tiempos de recolonización por personajes como el profesor Mockus, hablan de grandes cifras para llevarnos a la “modernidad”, se hace ineludible responder a la pregunta: ¿a quién le sirven?

Cuando se nos dice que el programa Santafé I construirá una red matriz de acueducto, cuatro tanques al suroccidente, tres en Suba, tres estaciones de bombeo y 350 Km de redes secundarias de distribución a las que se conectarán 180 mil acometida; que tenderá un sistema troncal de alcantarillado con 770 Km de redes y 200 mil acometidas; cuando se habla de inversiones por estos conceptos cercanas a los US$700 millones, se nos quiere también hacer creer que tanta belleza será para beneficiar al 90% más pobre de la población. Pero es necesario señalar que, según el acuerdo 05 de 1994, los empréstitos internacionales serán pagados con valorización local, lo que agobiará a los moradores actuales y será uno de los caminos expeditos para su desalojo.

El Programa Santafé I, la construcción de dos subestaciones de energía, una de megavatios para la Zona Franca y de 115 megavatios la otra para los parques industriales, una red telefónica de fibra óptica, una red especial de gas natural, más las vías la segunda pista de El Dorado, y la recuperación el río Bogotá, de las que ya hemos hablado, están unidos por un lazo común: satisfacer las exigencias que pone el capital extranjero para hacer sus inversiones en la ciudad.

Al pueblo sí se le reserva hoy una participación, y muy importante: pagar los impuestos y las tarifas que cada mandatario multiplica. Con el agravante de que las obras realizadas con crédito externo hay que pagarlas varias veces por cuenta de los elevados réditos, y debido a la devaluación del peso frente a las monedas fuertes en las que se contratan los préstamos.

“Formar ciudad”, ¿para quién?

Cualquier análisis objetivo del Plan de Desarrollo del profesor Mockus, muestra su afán obsesivo por abrumar al pueblo con toda clase de impuestos, e invertirlos en función de la estrategia imperialista que venimos comentando.

Sus prioridades y megaproyectos concentran la inversión en la infraestructura necesaria para la Zona Franca privada y así colmar de ventajas a los inversionistas extranjeros y a los pulpos urbanizadores.

Dentro de las prioridades del Plan está la “productividad urbana”, en la que figuran las obras arriba mencionadas, cuyo monto es de un billón 685 mil millones de pesos, y representa 32.5% de los $5.1 billones, que son el total de los recursos del Plan de Desarrollo para los tres años. Si sumamos los $447 mil millones dedicados a la prioridad del medio ambiente, cuyas inversiones se localizan casi todas en la recuperación del río Bogotá, tendremos que 41% de los recursos serán un subsidio a las multinacionales y a los monopolios.

La misma tendencia se observa en los megaproyectos. Se denominan así porque se considera que su ejecución no está sujeta a la vigencia de una administración, o sea, son de largo plazo. Cuatro de los seis, contienen las obras que venimos mencionando. Ellos Son el Plan Integrado de Transporte, la Recuperación del Río Bogotá, el Desarrollo del Borde Occidental de la Ciudad y el de Infraestructura Metropolitana Especial: Santafé I.

El occidente se calienta

En la medida en que se desarrollan los proyectos para el occidente, va surgiendo el conflicto ineludible. Abrir cualquier hueco plantea el desalojo de familias del lugar. Y como se trata de amplias autopistas, de tender tuberías hasta de dos metros de diámetro que cruzan la ciudad de extremo a extremo y, en últimas, de desterrar a los pobres de la zona, estamos hablando de miles de familias lanzadas a la total incertidumbre. Fuera de las que están siendo forzadas a abandonar la ribera del río y sus afluentes, las áreas delimitadas como humedales y chucuas y las cercanías de el aeropuerto. Los pobladores han visto la necesidad de organizarse y de unirse. No hay alternativa distinta a la de iniciar la resistencia.

El éxito en la brega será el resultado de la conformación de un amplio frente que unifique a todos los sectores afectados, sin exclusiones de ninguna naturaleza. Se necesitará el concurso de las organizaciones comunales, los comités cívicos, las organizaciones de los jóvenes y de las mujeres, las fuerzas políticas, los comerciantes, los pequeños y medianos industriales afectados y, en general, el apoyo solidario de la clase obrera, y de todo el pueblo capitalino.

El MOIR ha asumido como tarea principal en los barrios, comprometerse con la batalla que se anuncia. Nuestros militantes y cuadros, de todos los frentes, deben contribuir con su esfuerzo y experiencia a este compromiso con el pueblo.

^[*] Publicado en Tribuna Roja Nº 63, diciembre 14 de 1995.