Uribe maquina otra masacre laboral

La nueva ley de carrera administrativa

Por Francisco Cabrera
Los trabajadores siguen recibiendo un golpe tras otro. Después de un sigiloso trámite en el Congreso, y con la taimada complicidad de las centrales obreras que redujeron sus acciones al lobby y a la concertación, Uribe Vélez se alista a sancionar la Ley que regula la carrera administrativa, con la cual se les arrebata toda estabilidad a 300 mil empleados estatales. Además, allí se consagran en el sector público el trabajo temporal y la jornada de medio tiempo que reinan hace rato en el privado. Con la norma el gobierno supera los problemas que tuvo porque la Corte Constitucional declaró inexequible parte de la Ley 443 de 1998. Allí se condensa una larga experiencia de la canalla neoliberal en el mangoneo de la administración del Estado; en ese proceso se liquidaron, fusionaron y reestructuraron toda suerte de entidades. Como lo dicen en el Departamento Administrativo de la Función Pública, se trata de que el acceso al empleo público sea más difícil y el retiro más fácil, pues estará sujeto a evaluaciones del “mérito y el desempeño”, periódicas y extraordinarias.

Después de innumerables batallas a lo largo del siglo pasado, los asalariados colombianos lograron que la legislación consignara el derecho a una relativa estabilidad en los empleos, pero la Ley 50 y otras que vinieron después arrasaron con ella en las empresas privadas y la que está próxima a entrar en vigencia terminará de arrebatársela a 180 mil empleados que actualmente están en carrera administrativa. Esto es lo que los tecnócratas llaman “flexibilización laboral”. Los más afectados serán otros 120 mil trabajadores, algunos con diez, quince y más años de labores, que se encuentran como provisionales, a quienes se les burló siempre su vinculación a la carrera como una forma de hacerlos más vulnerables y de mantener esos empleos como botín burocrático de los caciques políticos. Ahora, amparado en la nueva Ley, Uribe, quien enarbola la bandera de la “lucha contra la politiquería” —pues quiere que en el país el único cacique sea él— dispondrá de estos 120 mil puestos como una poderosa herramienta de sus ambiciones reeleccionistas. Así se desprende de los concursos abiertos que ya se anuncian para finales del presente año. Si se permite que se realicen, será la más enorme reestructuración jamás emprendida, con la ventaja para el gobierno de que se ahorrará lo de las indemnizaciones a las que estaba obligado en los tristemente célebres planes de retiro, ya que frente a los trabajadores que no sean escogidos simplemente se dirá: se está dando cumplimiento a la ley.

De la carrera administrativa solo quedó el nombre al desaparecer uno de sus rasgos esenciales: la estabilidad. Dentro de las consecuencias de las evaluaciones —dos al año— está la permanencia o no en el servicio. Si se duda del desempeño de un funcionario, este podrá ser sometido a una evaluación extraordinaria de la que puede derivar su retiro. El trabajador también podrá quedar en la calle por razones del “buen servicio”, expresión dentro de la cual cabe cualquier juicio subjetivo o interés de los superiores. La supresión del cargo es la otra razón por la que el empleado público puede quedar sin puesto. En este último caso, el afectado tiene dos opciones: la ilusión de que lo llamen a un nuevo trabajo si pasa a formar parte de la lista de elegibles del “Banco de Datos de ex empleados con derechos de carrera”, o la indemnización en caso de que elija el retiro definitivo. Con el truco perverso de fomentar las ilusiones el gobierno espera ahorrarse alguna plata.

Dicen los defensores de la Ley que se elimina la provisionalidad, pero la verdad es que esta se vuelve la regla y se adereza con algo peor, el carácter legal que se les da a los empleos temporales, de medio tiempo y de tiempo parcial en el sector público. Mirados en conjunto, la supresión de la estabilidad y el deterioro en la calidad de los empleos, aparece claro el afán del uribismo de que, a costa de los trabajadores, la Ley tenga un fuerte efecto sobre las finanzas del Estado contribuyendo a aliviar el déficit, la más perentoria de las exigencias del Chepito de los prestamistas: el Fondo Monetario Internacional, FMI.

La norma de marras le da cuerpo a la Comisión Nacional del Servicio Civil, organismo creado por la Constitución de 1991. La Ley 443 la había puesto a depender del Ejecutivo, pero la Corte Constitucional dijo que debía ser autónoma y esa fue una de las causas para que varios de sus artículos fueran declarados inexequibles. Hechas las enmiendas, en la nueva Ley quedó como un ente del más alto nivel, conformado por tres miembros elegidos por concurso y con sueldos de ministros del despacho, que se encargará de administrar todas las carreras de los servidores públicos. Desaparece la presencia de los trabajadores que tenían dos representantes. La tendencia del gobierno es a la unificación de los principios de los diferentes sistemas específicos de carrera. Por ello, el estatuto docente, por ejemplo, expedido en julio de 2002, tiene una orientación similar a la de la recién aprobada Ley. Y en cuanto a la “autonomía”, experiencias como las del Banco de la República enseñan que cuando se les concede a organismos de tanta importancia, significa que los únicos intereses a los que se obedecerá serán los del FMI.

Como se puede ver, la reforma afectará sensiblemente la vida de los servidores públicos. Surge entonces una pregunta obligada ¿Dónde estaban las centrales obreras en el momento en el que la ley se tramitaba en el Congreso, que no se dieron a la tarea de alertar y movilizar a los trabajadores para impedir tamaño atentado? Su conducta se circunscribió al cabildeo en el Congreso y a esperar que las gestiones concertadoras de un par de parlamentarios les hicieran el milagro de eliminar de la ley sus “aspectos más negativos”. El senador Luis Carlos Avellaneda, elegido con los votos de los maestros, y Wilson Borja, ex presidente de Fenaltrase, llegaron al extremo de prestarse para hacer parte de la comisión que concilió las diferencias en los proyectos que fueron aprobados en Senado y Cámara y que le dio forma al texto definitivo. Después del ojo afuera, los dirigentes sindicales se encuentran en una campaña para convencer a los trabajadores provisionales de que deben prepararse para los concursos abiertos que se están anunciando, ocultándoles las verdaderas intenciones del gobierno y creándoles ilusiones en que así podrán conservar sus puestos.

Lo único que puede evitar la masacre laboral que se avecina e impedir que el gobierno se salga con la suya es el boicot a los concursos abiertos. Si ello no sucede, las centrales obreras estarán contribuyendo en la práctica con la política de Uribe y, a la postre, tendrán que responder ante los trabajadores. La resistencia es una tarea de envergadura que exige ir a las bases y realizar una labor concienzuda que convenza a decenas de miles de empleados, hoy confundidos y en el abatimiento, de que deben ponerse en pie de lucha.

Agosto 1° de 2004