Superemos las inconsecuencias que le facilitan al régimen burlar el gran movimiento popular en marcha

En una tremenda encrucijada se encuentra la gran lucha nacional que comenzó el 21 de noviembre del año pasado, la explosión de inconformidad más amplia, decidida y prolongada de los últimos cuarenta años. Las políticas apaciguadoras de la mayoría de la dirección del Comité Nacional de Paro van llevando al movimiento a un progresivo desgaste, a un debilitamiento paulatino pero incesante que anticiparía un final lánguido a una gesta que comenzó plena de vigor. La blandura de los jefes de las centrales y de sus adeptos le devuelven los bríos al régimen, el cual se dispone a implantar todas las reformas regresivas por las que claman los magnates nacionales y extranjeros.

Pero no todo está perdido, puesto que las causas de la indignación se han agudizado y hay aún mucha energía combativa en la juventud estudiantil y trabajadora, entre los asalariados y las mujeres, en los habitantes de los barrios, entre los estudiantes de secundaria. Si de verdad se busca frenar la andanada oficial es imperioso preparar un paro cívico nacional indefinido, uno de verdad, que paralice la producción en las fábricas, los transportes, los grandes comercios, las instituciones de enseñanza. Esta faena demanda un enorme esfuerzo de unidad, agitación de masas y organización.

No obstante, no son pocos los obstáculos que se levantan ante tamaña tarea histórica. En esta ocasión nos referiremos solamente a los frenos internos. En primer lugar, quienes hoy determinan las decisiones del Comité Nacional de Paro siempre se han opuesto a la realización de un cese verdadero, han entrado tarde y a rastras a la refriega han procurado enfriar los ánimos.

Los hechos lo han probado, una y otra vez. Desde principios de 2018 Notas Obreras y un grupo de organizaciones y personas que luego constituirían el Comité Nacional Con las Pensiones No y Salario Digno comenzaron una denuncia sistemática de las reformas de pensiones, laboral, tributaria y de salud que preparaba el gobierno por órdenes del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE. Ya el 18 mayo de ese año El Comité Con Las Pensiones les escribió a las directivas de las centrales obreras la primera carta, en la que proponía preparar de manera conjunta y anticipada la lucha contra las medidas que cocinaba el régimen. Los directivos de las centrales pusieron oídos sordos a ese urgente llamado y a los numerosos que se les hicieron después. Desdeñaron las invitaciones a hacerse presentes en los Encuentros Nacionales por la Defensa de las Pensiones, la Salud y los Salarios Dignos, que se llevaron a cabo los días 7, 8 y 9 de septiembre de 2018, el primero, y los días 31 de agosto y primero de septiembre de 2019, el segundo.

El Llamamiento final de este último evento en uno de sus apartes decía, “Proponemos: A las centrales obreras que convoquen a la mayor brevedad el comando nacional unitario ampliado para que cite un encuentro nacional sindical y popular que prepare el gran paro nacional contra las reformas regresivas de pensiones, de salud y de contratación laboral. Los asistentes a este segundo encuentro manifestamos categóricamente que estamos listos para participar en estas jornadas. Corresponde a las Centrales obreras una responsabilidad mayor en esta lucha”.

Estas se obstinaron en negarse a preparar el paro nacional en el 2019 y, ante el anuncio del gobierno de que presentaría la reforma al sistema de pensiones en diciembre de ese año, y por la presión de numerosos sectores, entre ellos el Comité Nacional Con las Pensiones No y Salarios Digno, adujeron que el paro debería ser para el 2020, pues, según ellas, no había condiciones en el 2019. Buscaban, entonces, no una movilización para frenar las reformas oficiales, sino para darles cristiana sepultura a los derechos conculcados. Solo hasta el 4 de octubre de 2019, en el Encuentro Nacional de Emergencia, las centrales se comprometieron con el paro nacional, que se convocó para el 21 de noviembre, fecha que ellas mismas sugirieron. En el evento del 4 de octubre, numerosos asistentes las conminaron a que se comprometieran con un paro de verdad y no “un paro de paro”.

No obstante el compromiso adquirido, los dirigentes de esas agremiaciones se esforzaron en que no hubiera bloqueo de vías ni parálisis de la producción, sino solamente marchas. Esperaban que todo acabara el día 21, pero la ciudadanía respondió de manera multitudinaria; era tan grande la inconformidad que, a pesar de lo tardío y tibio de la convocatoria, la jornada fue gigantesca, contundente.

Incapaces de comprender la magnitud de la conmoción social, los dirigentes de las centrales obreras dieron por finalizado el movimiento ya los días 21 y 22 de noviembre. En distintas ocasiones han manifestado que toda actividad debe ser autorizada por el Comité Nacional de Paro cuando lo que se necesita es estimular resueltamente la iniciativa creadora del pueblo. La jornada del 21 de enero no fue tampoco iniciativa del Comité, sino que este tuvo que plegarse de nuevo y aceptarla cuando esta ya estaba en curso. Así, han continuado acaparando el centro de decisión, pero apaciguando. 

Su política de contemporización los llevó a incumplir el compromiso de exigir que el salario mínimo fuera al menos igual al costo de la canasta familiar, y en cambio, pedir míseros dos mil doscientos treinta pesos de aumento diario. No se trata de si en esta ocasión se iba a lograr el justo incremento, sino de darle a la lucha popular objetivos de largo alcance, de no limitar la discusión a veinte mil pesos, sino a armar las mentes con la idea de que su esforzada labor diaria debe retribuirle al menos lo suficiente para vivir y sostener a la familia. Claudicaron así en un propósito fundamental: no hay tal equidad ni justicia social en un país en el cual la gente labora día y noche y, sin embargo, vive en una pavorosa miseria. Este tipo de recules desmoralizan, debilitan y fragmentan.

Pero la mayoría del Comité Nacional de Paro, en vez de corregir sus graves yerros, los acentúa. En los trece puntos iniciales del pliego figuró de manera categórica que el régimen debe desmontar el Esmad, fuerza bárbara de represión que ha asesinado a numerosos luchadores a lo largo y ancho del país. Ello no obstante, un numeroso grupo de dirigentes del Comité Nacional de Paro rodeó desvergonzadamente a la alcaldesa cuando anunciaba su protocolo para justificar las agresiones de la repudiada fuerza policial, traicionando así una reivindicación tan anhelada por la juventud colombiana, vanguardia de esta lucha. De inmediato, Claudia López recibió las calurosas felicitaciones de los senadores Álvaro Uribe y Jorge Enrique Robledo. ¿Es de esa manera cómo se piensa proteger la unidad que tanto se pregona? Y la cosa ha ido de mal en peor. Reconocidos voceros del Comité Nacional de Paro piden capturas y más capturas de “vándalos”, adjetivo con el que el uribismo estigmatiza a los luchadores populares. Lo que urge es levantar la voz para denunciar la matanza diaria de gentes trabajadoras que reclaman tierras, paz, respeto a sus derechos, protección a los bosques y a las aguas. En realidad, ¿cuál es la fuente permanente de violencia en nuestra sociedad? ¿El régimen y los explotadores o las personas laboriosas y los jóvenes?

No podemos desconocer que muchos de estos desatinos tienen que ver con el hecho de que una parte considerable de los miembros del Comité Nacional de Paro son seguidores del senador Jorge Enrique Robledo y han procurado ajustar los objetivos y los métodos de lucha a los intereses de la candidatura presidencial de dicho dirigente político.

El senador Robledo, dada su edad, ve en las elecciones del 2022 la última ocasión de realizar su sueño dorado de llegar a la Presidencia de la República, por eso se apresuró a lanzarse como candidato con casi tres años de anticipación y a utilizar el presente movimiento nacional como plataforma de sus aspiraciones y las de numerosos de sus copartidarios que anhelan ocupar butacas en el Senado o en la Cámara de Representantes. Enceguecido por semejante afán, desdeña el daño que le pueda causar su proceder a esta gesta nacional. Es evidente que utilizarla con fines electorales dinamita la unidad, tan necesaria en el momento.

Pero lo más grave consiste en que los objetivos políticos del senador son antagónicos con los del movimiento popular. Robledo dice: “no voy a estatizar nada de la economía colombiana”. Resulta que precisamente una de las motivaciones primordiales de la grande y prolongada protesta popular se origina en las privatizaciones llevadas a cabo a lo largo de los últimos treinta años. Es el caso de la salud, por ejemplo. La Ley 100 de 1993 la convirtió en un negocio que sacrifica a diario vidas y bienestar de los pacientes, todo para garantizar el lucro de las EPS. La salud, pues, no será “estatizada” en la eventual presidencia de Robledo, se mantendrá como un negocio de unos pocos. Él tiene derecho a defender ese punto de vista, de hecho, son muchos los partidos y jefes políticos y empresariales que lo comparten. El problema consiste en que sus pupilos se han empeñado en que en el pliego de los 104 puntos no se incluya de manera clara y tajante la eliminación de las EPS, pero esta es, quizás, la reivindicación más ampliamente sentida por la población colombiana. La renuncia a ella le puede servir a las aspiraciones del senador, pero lesiona la unidad y la proyección del paro nacional. No porque alcanzar este propósito esté al alcance de la mano, sino porque los fundamentos de esta oleada de rebeldía consisten en pelear por objetivos de largo plazo que minen los cimientos de las políticas de mercado que vienen sometiendo más y más a las mayorías a la miseria y a la desesperanza. Las solas metas de corto plazo no son suficientes para al empuje actual de los inconformes, que batallan por soluciones no superficiales, sino profundas a sus angustias.

La gente ha constatado que los fondos privados de pensiones, AFP, criaturas de la misma Ley 100, la han despojado de sus ahorros de décadas y no le han permitido obtener una mesada ni siquiera de sobrevivencia, mientras que los grandes grupos financieros, como, Aval y Empresarial Antioqueño, propietarios de Porvenir y Protección, respectivamente, se han apoderado, gracias a las cotizaciones de millones de asalariados, de una porción harto considerable de la economía nacional y se han convertido en unos de los principales acreedores del fisco. La crisis del sistema pensional colombiano estriba en que las AFP reciben las cuotas de millones de asalariados y pagan apenas a cien mil pensionados, en tanto que Colpensiones tiene que abonar mesadas a más de un millón trescientos mil personas con apenas unos dos millones de afiliados. El sistema de ahorro individual constituye una estafa para los cotizantes y un potosí para los banqueros. Pero el senador da todas las seguridades de que las pensiones también se mantendrán en manos de los magnates de las finanzas, en la economía de mercado, de la cual él es un gladiador. No es de extrañar, pues, que sus seguidores hayan logrado, con marrullas de toda índole, que en el pliego no se incluyera la eliminación de los fondos privados de pensiones, golpe tremendo a los millones de seres que aspiran a poner fin a ese negocio infame.

El doctor Robledo no disimula su simpatía por el gran capital y por el financiero en particular, al que le atribuye un potencial enorme para transformar la sociedad. Dice que se propone lograr un gran pacto nacional para crear riqueza con los empresarios pequeños, medianos y grandes. Para él, estos y los pequeños pueden trabajar de consuno, lo que desconoce la realidad cotidiana de que el pez grande devora al pequeño. Volvamos a sus palabras: “Esto con un fuerte respaldo del sector financiero a este proceso de crear riqueza” (Ibid.). De manera que los tiburones del Grupo Aval, Empresarial Antioqueño, Gilinski, Bolívar (Davivienda) BBVA, Santodomingo, Ardila Lülle y demás son aliados del gran pacto nacional que plantea Robledo. Ello riñe con la lucha que libra el pueblo colombiano, puesto que son estos grupos, aliados con los banqueros foráneos y las multinacionales, quienes azuzan la rebaja de salarios, el pago inferior al mínimo para los jóvenes, la eliminación de las prestaciones sociales y la privatización de todas las empresas y actividades estatales. Han sido ellos los principales beneficiados de las privatizaciones, y por ello Robledo les garantiza que no va a estatizar nada. Anotemos que las loas a los linces del agio no son ideas originales del jefe polista, ya que el neoliberalismo no es otra cosa que la máxima libertad de movimiento a los bancos y especuladores.

Con respecto a las empresas de servicios públicos podríamos señalar también que su enajenación ha significado un descalabro para los habitantes, las ciudades y el país; así lo demuestran los casos de Electricaribe y la Triple A. Dicho de manera breve, el estallido social que comenzó el 21 de noviembre tiene su causa profunda en el rechazo a las privatizaciones, que el senador Robledo promete mantener; ahí estriba el antagonismo entre sus programa y la actual efervescencia popular.

Reconozcamos, eso sí, que la labor de Jorge Enrique Robledo para demostrarles a los magnates que ya hace mucho se arrepintió de sus descarríos izquierdistas de juventud le ha dado frutos muy jugosos para el impulso a su bandería. Tanto que los medios de comunicación de los grupos Santo Domingo (Caracol TV y Blu Radio, por ejemplo), del Grupo Gilinski (Semana), del Ardila Lülle (RCN) entrevistan casi exclusivamente a los seguidores del dicho personaje, con los que los promueven como los voceros de la protesta “civilizada”, característica que llevan al extremo hasta trocar las expresiones públicas de malestar en algo inocuo, esterilizado. Algunos grupos, como Gilinski (Semana), Telefónica, Movistar y Coca Cola premiaron a la ACREES, Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles como mejores líderes de 2019 y Alejandro Santos declara a dos de sus dirigentes símbolos de la lucha estudiantil. ¿Será que la constante y generalizada promoción que la gran prensa hace de los seguidores de Robledo es algo puramente casual?

Sea de ello lo que fuere, por coincidencia o pacto, el robledismo impone que las marchas y “paros” se constituyan en desfiles ordenados, alegres y coloridos y morigera las reivindicaciones para que no pongan en riesgo la economía de mercado y los negocios, y los dueños de estos le retribuyen abriéndole páginas y micrófonos, cámaras y programas.

Posiciones semejantes se imponen de la manera más antidemocrática en los comités de paro, y los jefes de las centrales amenazan permanentemente con retirarse si no se aceptan sin chistar sus “consensos”. La orientación general del movimiento procede de acuerdos alcanzados en no se sabe dónde, y son indiscutibles. Lo único sobre lo que se puede opinar es sobre las cosas operativas más elementales, y las relatorías de las reuniones son manipuladas para no dejar pasar aquellas opiniones inconvenientes o inoportunas para los que se consideran los dueños del movimiento. La grosera antidemocracia debilita a diario la unidad y enfrasca en discusiones que desgastan. Cosa irónica, los eventos nacionales, supuestamente los que garantizan la mayor concurrencia de opiniones y análisis, son los más amarrados y amordazados.

Por fortuna, cada día crece el número de organizaciones y personas que rechazan las inconsecuencias aludidas y se crean las condiciones para formar un amplio bloque que defienda posiciones capaces de sacar el movimiento del atasco en que se encuentra. Y que los autoproclamados dueños de la unidad no vengan con el cuento de que es divisionismo reunirse para exponer y defender con vigor puntos de vista críticos. Todo lo contrario, el debate constituye requisito previo para alcanzar la conjunción de voluntades.

Al tiempo que internamente el movimiento popular vive estas dificultades, el gobierno, envalentonado, se prepara, como ya lo dijimos, para seguir adelante con las más lesivas reformas. El momento es crucial: o se corrigen los yerros de tanta monta o se echará a perder una oportunidad histórica única.

Llamamos, en consecuencia, de manera fraternal a todos los sectores a la más amplia unidad alrededor de las siguientes tareas y conductas:

1. Preparar un paro cívico nacional indefinido.
2. Mantener con firmeza las reivindicaciones primordiales como el desmonte del Esmad, la eliminación de las AFP y de las EPS. La contratación directa y a término indefinido; no más impuestos para los asalariados y el pueblo, sino para los magnates y grandes empresas. Sostener la exigencia de que el salario minimo alcance en un breve lapso el costo de la canasta familiar. Rechazar categóricamente la llamada concertación y la pretensión del gobierno de que las lesivas reformas se lleven a la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, las centrales deben comprometerse a no aceptar semejante celada. Es imperioso ampliar el movimiento a los pequeños y medianos comerciantes, que van a ser vapuleados con el impuesto Simple y a las personas que serán excluidas del Sisben o se les impondrán contribuciones onerosas; a los usuarios de servicios públicos y de vivienda, a quienes les van a quitar los subsidios. Aquí mencionamos solo aquellas banderas que se han querido dejar de lado.
3. Funcionamiento democrático de los comités de paro
4. Que el movimiento no se constituya en plataforma de ninguna campaña electoral

Alrededor de estos planteamientos deberá consolidarse un sólido bloque que defienda la unidad del movimiento tanto dentro como fuera del Comité de Paro, desnude con seriedad y franqueza las inconsecuencias, y se vincule con denuedo a las amplias masas, que aborrecen la política oficial, están dispuestas a luchar contra ella y urgen una dirección firme e incansable. ¡Qué no se pierda la oleada popular!