Sobre el acuerdo en Ecopetrol

Editorial

El pasado 26 de mayo, con la firma del acuerdo entre el gobierno y la Unión Sindical Obrera, USO, se dio fin no sólo a la huelga, iniciada el 22 de abril, sino a un conflicto que se prolongó por 18 meses, desde cuando el sindicato presentó su pliego de peticiones y la empresa un contrapliego orientado a arrasar la convención colectiva de trabajo y ese fortín histórico del sindicalismo colombiano, medida insoslayable para que el gobierno de Uribe Vélez entregara la ingente riqueza nacional de hidrocarburos al saqueo, sin tasa ni medida, de los monopolios imperialistas.

Al hacer el balance del año y medio de forcejeos, aparece un verdadero desastre para los intereses nacionales y de la clase obrera. En tan breve lapso, el régimen sacó avante una serie de medidas que significan el peor retroceso en el manejo del valioso recurso natural desde cuando el obrerismo, a mediados de la pasada centuria, con el apoyo de las amplias masas patrióticas, le arrancara a la Tropical Oil Company la Concesión De Mares y naciera la Empresa Colombiana de Petróleos.

El “Plan de Desarrollo, 2002-2006, hacia un Estado comunitario”, aprobado en el primer semestre de 2003, colmó de ventajas a los monopolios internacionales así: impulsó la prórroga de los contratos de asociación hasta que se agoten los yacimientos y acelerar los de producción incremental; les abrió las redes estatales de transporte, almacenamiento e importación de derivados del petróleo y las de gas y los proyectos más promisorios de Ecopetrol, como el Plan Maestro de Cartagena, consistente en modernizar la refinería; hizo aún más laxas las normas para expedir licencias ambientales; so pretexto de “asegurar el cubrimiento de la demanda interna”, les ofreció comprar el gas que extraen de nuestro subsuelo a precios internacionales; de igual forma, determinó incrementar el precio de los otros combustibles hasta alcanzar la cotización que estos tienen en los países industrializados, lo que constituye una de las cargas más infames que pesan sobre los hombros de las mayorías pobres, de los sectores medios y de los productores nacionales.

Pero esto no le pareció suficiente al adalid de los pura sangre. El 26 de junio del año pasado, mediante el decreto 1760, escindió de Ecopetrol su activo más valioso: “la administración integral de las reservas de hidrocarburos de propiedad de la nación”, para trasladárselo a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, un grupúsculo de agentes de las multinacionales que tendrá a su cargo entregarles a éstas el gas y los 47 mil millones de barriles potenciales de crudo de las cuencas sedimentarias del país. A Ecopetrol la transformó en una sociedad por acciones, lo cual allana el camino de su privatización, y le encomendó la menuda tarea de competir “en pie de igualdad” con las grandes petroleras, cuyos valores individuales superan el producto nacional de la inmensa mayoría de los países del Tercer Mundo.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos se apresuró a formular la “concesión moderna”, que exime a los consorcios del deber que tenían de explorar, explotar y compartir la producción con Ecopetrol, les prolongó el término de los contratos de tal manera que nada revertirá a la Nación y les autorizó a manejar a su antojo las diversas fases del negocio. (Ver: Notas Obreras “La casa está barata, este es el momento para entrar”).

Semejantes atentados requerían una respuesta decidida. La batalla impuesta por el régimen no podía escamotearse, fueran cuales fueren sus resultados finales. Había de recurrirse a la rica herencia de lucha atesorada por los petroleros desde las contiendas germinales de los años veintes del siglo pasado, dirigidas por Raúl Eduardo Mahecha. La USO, en su VI Asamblea Nacional, efectuada entre el 13 y el 16 de noviembre de 2002, mediante la Declaración de Fusagasugá, autorizó a la Junta Directiva Nacional a declarar la hora cero de la huelga “cuando las circunstancias y el momento político sean convenientes, como respuesta a las políticas gubernamentales y las imposiciones del imperialismo (…) el contrapliego patronal, el tribunal de arbitramento (…) y cualquier amenaza que atente contra la estabilidad de Ecopetrol como Empresa estatal”.

Quienes hacemos parte del Consejo Editorial de Notas Obreras hemos sostenido una posición crítica sobre el cumplimiento de ese mandato de la Asamblea de los proletarios del petróleo (Un recuento más detallado se puede consultar en Carta al Comité Ejecutivo Central del Moir pgs. 31 a 53). La dirección sindical, a nuestro entender, adoptó una táctica de apaciguamiento que les dio incontables ventajas a los enemigos del país y la llevó a dejar pasar las mejores “circunstancias y momentos políticos” para el inicio de la huelga. Desde el comienzo de las difíciles negociaciones trastabilló. A cambio de nada planteó enormes concesiones. Ya desde diciembre de 2002, la USO aceptó que el gobierno llevara a la mesa el contrapliego; luego, ofreció aceptar algunos puntos planteados en éste, como que los trabajadores nuevos fueran enganchados sin las condiciones de seguridad social vigentes en Ecopetrol y que el capital privado ingresara en “actividades de la industria” que le estaban vedadas por la convención. Con posterioridad aceptó negociar sobre todo el contrapliego.

El gobierno, por el contrario, endurecía cada vez más su posición. Desde el comienzo trató con mano de hierro las acciones sindicales: militarizó permanentemente los principales centros de producción, estableció un régimen laboral policíaco y reprimió brutalmente las jornadas de protesta. Vencidos los términos de la negociación directa, ordenó la conformación del tribunal de arbitramento que meses después habría de dictar el laudo, que echó por tierra la negociación directa y demolió la convención.

En materia de política petrolera lo más grave ya había sucedido, cuando el gobierno dictó, el 26 de junio, el fatídico decreto 1760. No cabe duda de que durante los días que precedieron la expedición de esta norma, se conjugaron las “circunstancias y momentos políticos” más favorables y perentorios para comenzar la huelga. Mencionemos algunas: al filtrarse el borrador del 1760, que se expediría en uso de las facultades extraordinarias que habrían de vencerse el 27 de junio, se produjo una verdadera conmoción nacional. El diario El Tiempo, puntualizó: “Se buscaría el marchitamiento de la petrolera estatal ya que se le quitaría la carne del negocio”, y reprodujo la reacción de la jefatura de la USO: “Ante una determinación como esta, a los trabajadores no nos queda otra salida que la huelga”. El gobierno vaciló. El ministro de Minas afirmó que no se pasaría de los borradores, porque estos no contaban con el aval del presidente; sin embargo, un día después, el primer mandatario ordenó liquidar a Telecom, medida que también había prometido no tomar. Esta decisión acrecentó la ira entre los empleados estatales, golpeados por los despidos masivos y el cierre de entidades. A estos trabajadores la inminente pelea petrolera les insuflaría ánimo para resistir la arremetida oficial, y ellos a su vez reforzarían la batalla petrolera. Además, ésta contaba con amplio apoyo del pueblo de Barranca, del clero y otras autoridades de la región y de vastos sectores nacionales. Existía la ventaja de que el tribunal de arbitramento estaba apenas conformándose: la convención se mantenía intocada. Es decir, no se habían concretado los desmanes contra los recursos del país, Ecopetrol y los trabajadores.

La USO convocó una Asamblea Nacional Extraordinaria de Delegados, en la cual, contra toda previsión, en vez de ordenar la inmediata parálisis, le ratificó al gobierno los ofrecimientos de “flexibilizar” la convención, le endosó un minucioso documento con recomendaciones sobre la administración de Ecopetrol, en el que ni siquiera exigió lo único indispensable en ese momento: que Uribe archivara el proyectado decreto, el contrapliego y el tribunal.

Finalmente, luego de casi un año de promulgado el decreto 1760, de cerca de seis meses de proferido el laudo arbitral, confirmado luego por la Corte Suprema de Justicia, la Junta Directiva Nacional de la USO, en reunión celebrada en Barranca el 17 y 18 de abril, declaró una vez más que, en cualquier momento declararía la hora cero, para la que estaba autorizada desde noviembre de 2002. Anticipándose a la huelga el régimen militarizó las principales instalaciones; desde el lunes 19 los uniformados comenzaron a impedir el acceso y a desalojar a los trabajadores de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena y de otros centros claves de producción. La USO señaló que con estas medidas, “en la práctica”, el propio gobierno paralizaba la empresa (Frente Obrero, Llamamiento de la Unión Sindical Obrera a los colombianos, Barrancabermeja 22 de abril de 2004). Sólo entonces, el jueves 22, los directivos dieron la orden del comienzo del cese de actividades. Los proletarios que habían vivido el aplazamiento sucesivo de esta decisión crucial, salieron, sin embargo, decididos a enfrentar la batalla.

En respuesta al conflicto, Uribe mostró una vez más su carácter dictatorial. El movimiento, que no buscó paralizar la producción, fue rápidamente declarado ilegal y, con base en ello, se despidieron más de 250 trabajadores, incluidos los principales directivos del sindicato; varios obreros terminaron encarcelados y judicializados, para lo cual se destacaron a Barrancabermeja funcionarios de la Fiscalía General de la Nación quienes, actuando desde la sede de la compañía, demostraron cómo es que funciona la supuesta independencia de los poderes en la democracia oligárquica; los huelguistas y su familias fueron sometidos a constantes asedios, amenazas y provocaciones por parte de agentes del régimen. Ante semejante panorama despótico un dirigente de la huelga afirmó: “En el país se puede hacer una huelga política nacional sin tragedias, como una lucha democrática” (Portafolio, El conflicto laboral entre Ecopetrol y la USO terminó en ‘tablas’, mayo 27 de 2004). Mucho parece que es lo contrario. En la Colombia actual cualquier protesta es un crimen y, como lo demuestra esta experiencia, los insumisos tienen que pagar cara su osadía.

La pelea culminó, como ya se dijo, el 26 de mayo, con la firma de un acuerdo que no contiene ninguna ganancia ni para la industria petrolera colombiana ni para los trabajadores. Cierto que la correlación de fuerzas ampliamente desfavorable al obrerismo no permitió dar al traste con la política oficial. No obstante, es fundamental que los trabajadores, aun en condiciones desventajosas, salgan a denunciar y a enfrentar las medidas de los enemigos de la nación. Derrotados o victoriosos los proletarios que se levantan constituyen un valioso ejemplo para los oprimidos, sin el cual jamás será posible el logro de reivindicaciones ni mucho menos la transformación revolucionaria de la sociedad. Por esta razón la huelga en la industria del petróleo merece la aprobación de la clase obrera y el pueblo.

El acta de acuerdo entre el gobierno y la USO

El primer punto del pacto firmado por la USO, la CUT y el gobierno, referente a política petrolera, consigna que: “Durante el presente Gobierno, se garantiza el carácter estatal de ECOPETROL S.A. en el marco de su naturaleza jurídica de sociedad pública por acciones, por lo que la misma, no será privatizada ni liquidada”. Empero, entre la declaración altisonante y la cruda realidad hay un profundo abismo. El pacto refrenda la naturaleza jurídica de sociedad pública por acciones de la petrolera estatal, carácter que le había dado el decreto 1760. La propia USO sostuvo siempre que esto era, de por sí, un peldaño hacia la privatización, dado que la empresa quedaba regida por las normas del Código de Comercio, que le dan poder omnímodo a la asamblea de accionistas y prevé, además, que si la participación accionaria del Estado baja del 90%, debe abrirse a los inversionistas. Con este propósito, la administración de Ecopetrol viene montando diversas maniobras, entre ellas, la de ofrecerles acciones a los trabajadores y jubilados a través del fondo de pensiones. Aparte de pretender feriar la empresa de esta manera se monta el tinglado para asfixiarla. Como lo señalara el análisis “El dilema de la política petrolera”, aparecido en El Espectador del 30 de mayo, se busca marchitar la compañía, como sucedió con el Seguro Social y Telecom, puesto que se le impedirá emprender proyectos de exploración y explotación, los cuales serán asignados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos a las multinacionales. Para decirlo brevemente, bajo la férula del 1760 no habrá Ecopetrol que sobreviva.

La USO también reivindica haber firmado que el gobierno “expedirá el Decreto Reglamentario del Decreto Ley 1760 del 26 de junio 2003, cuyo contenido tendrá una aclaración específica, que una vez finalizados los contratos de asociación o sus extensiones que hoy en día están vigentes, los bienes muebles e inmuebles así como los derechos sobre la producción se mantendrán en cabeza de ECOPETROL S.A.”. El artículo 11 del 1760 establece que los derechos de producción y bienes que reviertan al Estado al finalizar los contratos vigentes de exploración y explotación harán parte del patrimonio y recursos de la ANH. Claro que la solidez de una petrolera jamás la podrán garantizar los sobrantes de los grandes consorcios; sin embargo, es un hecho que Ecopetrol viene sobreviviendo de su participación en los contratos de asociación y de las reversiones, por lo que este acuerdo podría considerarse como un éxito relativo, ya que, al menos, le prolongaría los estertores. Esto que aparece como una conquista se vuelve fútil, si se tiene en cuenta que la misma USO aceptó que se prolonguen las asociaciones vigentes, fórmula que hará que no haya pozo rentable que revierta a Ecopetrol. El compromiso reza: “En el caso de las extensiones de los contratos de Asociación la administración de ECOPETROL S.A. presentará a la USO la metodología, el modelo y los datos con los cuales se soportarán las decisiones que se tomarán al respecto. Así mismo, el Sindicato presentará sus opiniones y observaciones sobre los modelos, metodología y datos utilizados para que sean estudiados por ECOPETROL S.A.” (resaltado nuestro). Con esto la USO abandona un criterio que había sostenido hasta la víspera de la parálisis, cual era el de rechazar sin ambages las prórrogas de los contratos. Ahora las acepta, a cambio de que se escuchen sus opiniones sobre “datos”, “metodologías” y “modelos”. ¿Qué sentido tiene hablar de que los yacimientos reviertan a Ecopetrol si, con las extensiones que ahora se convalidan, apenas le retornarán los huecos? ¿Es acaso sensato abrir semejante boquete cuando Uribe ya extendió a la Chevron-Texaco el contrato del gas de Ballena en la Guajira y a la Occidental los de crudo de Cravo Norte (Caño Limón) y Sabana de Torres, y ha comunicado que hará lo mismo con Cusiana, Cupiagua y otros más que deberían revertir a la Nación en los próximos años?

Otro aspecto que venía siendo objeto de debate nacional era el del futuro de la Refinería de Cartagena. La discusión no se centraba en si se ampliaría o no la capacidad de refinación, a lo cual aparentemente nadie se oponía, sino en si para ello era necesario “atraer” “la mayor participación privada posible”, como se consignó en el Plan de Desarrollo, o venderla, mira pregonada por la alta burocracia estatal. El sindicato repudiaba la venta y planteaba que el proyecto debía financiarse totalmente por el Estado para no abrirle el paso a la privatización. Los ávidos inversionistas se relamen por apoderarse de este bien no sólo por su producción de combustibles, sino porque su modernización podría convertirlo en un rentable proveedor de insumos para las industrias petroquímica y de coque, que está planeado desarrollar en la Costa Atlántica. Al respecto el convenio dice: “El gobierno garantiza que desarrollará el Plan Maestro de la refinería de Cartagena, para ampliar la capacidad de refinación de 75 mil barriles a 140 mil barriles por día”. Es la simple repetición de las frases del Plan de Negocios de Ecopetrol 2002 – 2006, pero no se ven por parte alguna las reivindicaciones básicas que sobre esto defendía la USO, es decir, que no se enajene la valiosa planta y que el proyecto lo haga el Estado.

Otro de los apartados sobre política petrolera señala: “Para garantizar un mayor recobro de las reservas de los Campos La Cira – Infantas y Casabe la Empresa podrá hacer uso de las modalidades de contratación de servicios y/o inversión, que a su criterio sean los más convenientes. La operación y el mantenimiento de los Campos estarán a cargo de la Empresa”. Se aduce que este punto detendrá la entrega de los campos que son propiedad exclusiva de Ecopetrol a firmas particulares. ¿Por qué no se mencionan los campos de Cantagallo, Apiay, Tibú, Cicuco y Orito que la USO venía denunciando que se encontraban en la misma situación de los arriba mencionados? ¿Aceptar que la empresa haga uso “de las modalidades de contratación de servicios y/o inversión, que a su criterio sean las más convenientes” no es abrir paso a que se sigan entregando los campos de Ecopetrol a “inversionistas” que obtienen grandes ganancias al presentar, como novedades para extraer “producción incremental”, técnicas y procesos ya de sobra conocidos por el personal de la empresa, como lo había desenmascarado la USO? No sobra mencionar que, en una entrevista reciente, el senador Hugo Serrano Gómez, experto en el tema petrolero, calificó de “conquista simbólica” el hecho de que Ecopetrol siga explotando La Cira – Infantas, campo en el cual nació la compañía .

También se convino que el sindicato y Ecopetrol cabildearán conjuntamente ante el Ministerio de Hacienda para lograr la “autonomía financiera” de la empresa. La misma declaración de buenas intenciones, sin ninguna garantía, que se viene proclamando a lo largo de los años. El Ministerio de Hacienda, agente directo del FMI, no tomará por las buenas ninguna medida favorable a los intereses nacionales, tampoco lo hará el Parlamento uribista.

En cuanto a la ignominiosa exigencia del FMI y las multinacionales de subir los precios internos de los combustibles —a lo cual llaman cínicamente “eliminación de los subsidios”— hasta alcanzar los de los países industriales, que tienen ingresos per cápita veinte veces superiores al nuestro, se convino: “hacer un ejercicio conjunto (…) tendiente a eliminar ese cargo de las cuentas de la empresa”. El único “ejercicio” que cabe es el de desmontar esa patraña, rechazar las alzas y sostener erguidamente, como lo había hecho la USO, que las subsidiadas y beneficiarias reales de las alzas, que le cuestan hambre y lágrimas al pueblo, son Shell, Mobil, Texaco y Esso que obtienen escandalosas ganancias monopolizando la distribución mayorista y ya casi también la minorista de combustibles. Son estos saqueadores el verdadero cargo que hay que eliminar de las cuentas de la empresa y de la nación.

El descalabro laboral

El 9 de diciembre pasado el tribunal de arbitramento desmanteló la casi totalidad de la convención: no aumentó los salarios para el 2003; eliminó la estabilidad; dejó, según la expresión de la USO, “en el limbo” la normatividad sobre las actividades de la industria —pero la empresa la “aterrizó”, mediante el decreto 3164, de febrero de este año, que, con base en el laudo, le abrió las puertas de par en par a la subcontratación en áreas hoy atendidas por ella—; se pronunció incluso sobre aspectos que no fueron presentados en el pliego ni denunciados por Ecopetrol, lo cual es vedado por la ley a este tipo de organismos. Para colmo, la Corte Suprema de Justicia, al responder a la demanda de anulación interpuesta por la USO, no sólo ratificó lo actuado por el tribunal sino que le exigió pronunciarse sobre algunos temas que mantuvo intactos. El sindicato se limitó a consignar una reserva inocua sobre su derecho a seguir entablando acciones jurídicas contra la declaratoria de ilegalidad de la huelga y el ominoso laudo arbitral.

En cuanto a los trabajadores temporales, destacamento clave de las luchas de los petroleros, un grupo de ellos, contratados a término fijo a partir del 1º de enero de 2002, será vinculado a término indefinido en fecha que la patronal definirá motu proprio, lo que le permitirá datar los contratos con posterioridad al laudo, con el fin de negarles las mínimas garantías aún en pie para los operarios antiguos de planta. Además, no los amparará el régimen de la convención en seguridad social sino que se les someterá al azote de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. Se aceptó también una suerte de plan de retiro voluntario pensionando a quienes ya tenían el derecho, otorgando una pensión anticipada y proporcional a otros e indemnizando a los demás, quedando todo esto sujeto a conciliarse individualmente ante el Ministerio de la Protección Social, para cerrarle la posibilidad a cualquier reclamación futura de estas personas que, durante su vinculación con la empresa, disfrutaban de los beneficios de la convención. Este retiro masivo y “voluntario” se suma al de los 1.000 trabajadores desvinculados por la compañía en los 17 meses anteriores al paro.

En cuanto a los despedidos por el cese de actividades, entre quienes se hallan los principales directivos del sindicato, se aceptó su retiro de Ecopetrol, ya que la mayoría de ellos quedan cubiertos por los requisitos pactados para pensionarse, plena o proporcionalmente. Los que no, serán sometidos a un tribunal ad hoc que definirá si se quedan o no en Ecopetrol.

Hecho el análisis del convenio del 26 de mayo, no quedan claras las ventajas de haberlo firmado. Ante la necesidad de levantar la huelga era, sin embargo, indispensable, mantener las siguientes banderas, consignadas al menos en los desacuerdos:

• La derogatoria del decreto 1760, en vez de pedir que se reglamentara.
• La condena a las prórrogas de los contratos de asociación con las multinacionales, no ayudar a confeccionarlas.
• El rechazo a la naturaleza de sociedad pública por acciones que se le dio a Ecopetrol.
• El repudio al sistema de subcontratar, lo mismo que a la inversión privada en los campos propios de la empresa y en las refinerías.
• La protesta franca contra el alza de los combustibles.
• La defensa cerrada de la convención.

Notas Obreras plantea este análisis como una modesta contribución al debate sobre las enseñanzas del reciente conflicto petrolero, con la seguridad de que el proletariado y el pueblo aprenderán tanto de sus derrotas como de sus victorias, y que su espíritu combativo no se doblegará hasta alcanzar sus objetivos revolucionarios.

Junio 7 de 2004