Si Clara López estuviera contra la privatización de la ETB, retiraría el proyecto del Concejo

El cronograma para el remate de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB, expuesto por Juan Manuel Santos en el acto de nombramiento de Clara López Obregón como alcaldesa, se ha venido cumpliendo al pie de la letra. Como se recordará, el mandatario en esa ocasión le comunicó al país que había acordado cinco puntos con la presidenta del Polo; dentro de ellos, uno consistente en que la alcaldesa ad hoc, Cristina Plazas Michelsen, secretaria del Consejo de Ministros, presentaría, el 10 de junio en horas de la mañana, el proyecto de acuerdo de privatización, y, en ceremonia posterior, en esa misma fecha, se posesionaría la recién designada, quien suscribió tal procedimiento retorcido: “Me comprometo, señor Presidente, a los cinco puntos que usted ha reseñado.”

Bajo esos auspicios, el proyecto, numerado 172 de 2011, empezó a hacer curso en el Concejo Distrital. La presidenta de la Corporación, María Victoria Vargas, nombró ponentes a los ediles Edward Arias, del Partido Verde; Laureano García, del Polo, y Andrés Felipe Arbeláez, del movimiento Mira. Además, definió la agenda de los debates, proceso que culminará el 29 de julio. Ya algunos medios de comunicación han hecho cábalas, las cuales, como es lógico, auguran la aprobación indefectible del proyecto; basta tener en cuenta la abrumadora mayoría de la Unidad Nacional en el Cabildo, ayudada por la inconsecuencia de la Administración y de la jefatura del Polo.

Prosiguiendo la farsa iniciada el día de su escogencia, en el discurso de posesión, la nueva Alcaldesa —que seguirá en funciones hasta el 31 de diciembre dada la imputación de cargos por varios delitos que le hará la Fiscalía al suspendido alcalde Samuel Moreno— señaló con la mayor frescura:

“No apoyaré ningún paso para dar en concesión al sector privado los colegios distritales ni para privatizar la Universidad Distrital o la red hospitalaria pública de nuestra ciudad y mucho menos una empresa que forma parte del patrimonio de los bogotanos como es la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá.

“En la mañana de hoy se ha presentado a consideración del Concejo de Bogotá por parte de la Alcaldesa Ad Hoc, Cristina Plazas, un proyecto de acuerdo para autorizar la enajenación de la participación accionaria del Distrito en esa empresa pública. Me propongo impulsar el más amplio debate público sobre este tema…

“Creo que este debate y el esfuerzo concienzudo sobre este tema nos dará luces sobre como debemos proceder frente a esta disyuntiva del proyecto que ha respaldado el Gobierno nacional y las iniciativas de nuestros concejales en sentido contrario, como corresponde en el régimen democrático pluralista y deliberante que es nuestra ciudad y nuestra República.”

Por más que traten de enredarla, es fácil desenmarañar la farsa. Primero, Santos le impuso al Polo, o al menos a una parte de él, para nombrar Alcaldesa a su Presidenta, que despejara el camino de la privatización de la ETB; segundo, la señora López y sus conmilitones aceptaron la deshonrosa condición y fraguaron, con el tahúr de Palacio, un “mecanismo” que les permitiera lavarse las manos. Para completar la burla, la sobrina de Alfonso López Michelsen, exhibe semejante patraña como muestra de las excelsitudes republicanas y democráticas que nos rigen.

Tres días después de posesionada, Clara López le concedió una entrevista nocturna a la emisora radial RCN. Allí, en la penumbra, manifestó con mayor claridad su verdadera posición. Lo primero que aclaró, como disputándose el honor, fue que “el proyecto de acuerdo que presentó la alcaldesa ad hoc, fue el mismo que dejó preparado el alcalde Samuel Moreno Rojas”; es lo que se llama una confesión de excepcional sinceridad: Moreno adelantaba el negociado de la ETB a ciencia y paciencia de la dirección polista, y ésta no se inmutaba. En cuanto a la manipulación del precio de las acciones por parte de los especuladores financieros, les restó importancia: “Bajó la acción, pero es que había subido. La acción volvió a su mismo nivel de antes que se hubiera generado la expectativa del socio estratégico. Hay que echar el cuento completo porque ahí, en esencia, el valor patrimonial de la empresa no ha variado.” Continuó:

“La verdad es que aquí hay que hacer un debate público muy amplio y es el que yo me propongo propiciar con la presentación que hizo la doctora Cristina Plazas del proyecto de acuerdo al Concejo de Bogotá (…) Yo pertenezco a un partido que tiene una concepción distinta del modelo económico y del desarrollo social del país y, en principio, no somos amigos de la privatización de lo público. Pero el hecho de que uno en principio sostenga una tesis de esa naturaleza no le exime ni de pensar ni de hacer su propio criterio según las realidades concretas de cada caso en particular, y eso es lo que yo me propongo hacer con la ETB (…) Yo creo que es sano, es muy sano un debate público en que se cotejen las distintas posiciones y las distintas posibilidades para que acertemos en el diagnóstico del presente de la empresa y en los escenarios de esa empresa futura, ya sea bajo el escenario del proyecto que presentó la doctora Plazas con el beneplácito del gobierno nacional, y que había dejado preparado el alcalde Samuel Moreno, ya sea bajo un escenario de signo contrario (…) Aquí hay distintas posturas, respetables, hay que analizarlas, y yo creo que un debate público lo que garantiza es que busquemos una salida, si no concertada, por lo menos en que todos estemos conscientes qué decisión estamos tomando sobre uno de los patrimonios públicos más importantes que tiene la Capital de la República.”

He ahí la vitanda posición de la “oposición democrática”. Hace tres meses le pidió a su copartidario Moreno Rojas que no presentara la norma, pero hoy le parece el súmmum de la democracia que el Concejo la debata. La Alcaldesa y su partido, en principio, no están con la privatización, lo que no obsta para tener la mente abierta, según las realidades concretas, a opciones de signo contrario. Para su convicción pluralista, toda actitud es igualmente sana y respetable: la defensa del patrimonio público o la subasta del mismo; la salvaguardia de la soberanía o la claudicación nacional; denunciar a Santos o compincharse con él por un plato de lentejas.

Pretendiendo salir de la sin salida, con una reedición impenitente de la actitud asumida ante el nieto del General, el Comité Ejecutivo polista —que no criticó el compromiso venal pactado con Santos, lo cual los hace cómplices de éste—, “exhortó” a la Alcaldesa, el 13 de junio, a retirar del Concejo el proyecto de acuerdo, en razón de las denuncias hechas ante distintos “órganos de control” sobre las irregularidades con las acciones lo “que puede significar un importante detrimento patrimonial para el Distrito” —de lo cual discrepa doña Clara, como ya se mencionó—; declaración que elude plantear el rechazo frontal a la privatización y que ni siquiera se atreve a fijar un plazo perentorio para el retiro, como lo exigen las circunstancias; y mucho menos le anuncia alguna clase de sanción en caso de no someterse al considerado ruego.

De ahí en adelante, atrapados entre el previsible desastre electoral, que confían poder disminuir con lo que falta ejecutar del presupuesto y los movimientos burocráticos, y una decisión que les quema las manos, los distintos grupos y dirigentes del PDA han actuado cada vez más erráticamente. El senador Robledo, por ejemplo, no ha permitido que le disputen el puesto de alcahuete mayor que tuvo frente a los hermanos Moreno Rojas. Ha evadido su obligación de adelantarle un debate político a la Alcaldesa, con el expediente oportunista de ubicar la responsabilidad exclusivamente en Santos; no se le ha escuchado ni ha escrito una sola frase que conmine a aquella al retiro de la lesiva propuesta, lo cual soslaya pregonando que ha impetrado a rodo demandas en superintendencias y contralorías y juzgados. Peor aún, dejando ver la endeblez de sus fementidas posiciones, planteó: “Que Santos retire su presión indebida para privatizar la ETB, por lo menos hasta que la Super aclare si hay delincuentes tras el negocio”. Significativa coincidencia con su archirrival Gustavo Petro quien, hace unos años, en Estados Unidos, les advirtió, con sentida preocupación a las trasnacionales de los juegos de suerte y azar cómo sus intereses se veían afectados por la preeminencia de algunas mafias colombianas en ese negocio. Por lo demás, la contumacia de Robledo en evadir la denuncia pública de la estratagema indica que si hubo alguien que debió enterarse previamente de los pormenores del acuerdo Santos-López, ése fue el tan ponderado senador del ala radical.

Algunos directivos del Polo, principalmente miembros del Cabildo, diferenciándose de la sinuosa actitud robledista, han recabado en que retirar el proyecto es la piedra de toque frente a la privatización. Jaime Caicedo en misiva a la Alcaldesa expresó: “es necesario que usted proceda a retirar el proyecto de acuerdo No. 172 de 2011 ya que es abiertamente contrario a dicho programa de gobierno [el del PDA]” y en twitter: “De no retirar el proyecto de venta de la ETB @LpezClara sería la responsable política de una acción contraria al ideario del PDA.” Por otro lado, la agencia de noticias Notiagen reportó que:

“Los propios compañeros de partido de Clara López como el concejal Fernando Rojas le recriminan que no ha sido capaz de retirar el proyecto de acuerdo ni de suspender las sesiones extraordinarias del Concejo de Bogotá que son las salidas legales que tiene para frenar la privatización de ETB. También le recriminan que «no ha sentido violada su condición de alcaldesa» ya que existe otra alcaldesa que puede sancionar un acuerdo. Según Rojas, «Clara López ha sido inferior a la responsabilidad que por escrito le hemos colocado la bancada de concejales del Polo ya que si este proyecto de acuerdo llega a pasar en el primer y segundo debate y llega a sanción, también a ella le pertenece, no puede escurrir el bulto allí». Fernando Rojas también reprocha a Clara López que tampoco ha sido capaz de alegar que le han usurpado sus funciones y no puede seguir admitiendo eso.”

En medio de esto, el Comité Ejecutivo Nacional del PDA se reunió el 20 de junio e hizo público, el 22, un comunicado en el que anuncia “una serie de acciones” en defensa de la ETB, que “el gobierno de Juan Manuel Santos se empeña en privatizar”: “Demandar jurídicamente las actuaciones de la alcaldesa ad hoc Cristina Plazas Michelsen”; disponer “las acciones pertinentes que posibiliten la convocatoria de un plebiscito”, para que la ciudadanía decida sobre la enajenación; y convocar “para el próximo jueves 14 de julio una gran movilización en contra de la venta de la ETB (…) para protestar por esta medida de claro tinte neoliberal del gobierno de Santos que se está inmiscuyendo en el gobierno de la capital de la República, desconociendo el Plan de Desarrollo de la administración del Polo.” Resaltan en esta decisión el cambio de la del 13 de junio, pues se abandona el pedido de retirar el proyecto del Concejo; y el estilo taimado de proceder: Clara López, para lavarse las manos, conviene con Santos que la señora Plazas presente el proyecto de acuerdo y ella en trueque recibe la Alcaldía; después, el Partido de la agraciada encausa, no a los artífices del convenio venal, sino a quien nombran para ejecutarlo.

El fondo de la “serie de acciones” consiste en enfangar a la población en el lodazal de la “democracia participativa”, para eludir la adopción de una política sencilla y directa: que la Alcaldesa retire el proyecto ipso facto so pena de ser sancionada incluso con la expulsión, como propusieron hacerlo con Samuel Moreno los congresistas Wilson Arias, Iván Cepeda y Alexander López, amparados en una resolución tomada por la dirección amarilla en febrero anterior, cuando aquél se disponía a presentar el plan que hoy hace curso. Ahora resulta que los aplicados alumnos de Carlos Gaviria, los prosélitos del Estado Social de Derecho, encontraron el bálsamo para procurar salir indemnes de la encrucijada: “la convocatoria de un plebiscito”, una componenda que, de hecho, les permite a las mayorías del Cabildo aprobar la privatización y a los polistas dejar la constancia de que hicieron lo posible por evitarla.

Sucede que el bufete Ejecutivo Nacional se cuida arteramente de mencionar, por ejemplo, que dentro del ordenamiento que nos rige, los plebiscitos los convoca exclusivamente el Presidente de la Republica, es decir, el neoliberal que se está inmiscuyendo en el gobierno de la ciudad. Que si se recurre a la llamada consulta popular para que el pueblo conteste sí o no a una pregunta sobre si se enajena la empresa, ella deberá pasar por el Concejo (santista) para que dictamine sobre la conveniencia de efectuarla, y la decisión que tome es de obligatorio acatamiento por el Ejecutivo local. Empero, si los abogadiles directivos quisieron referirse a un referendo de iniciativa popular, que sí puede convocarlo una autoridad local, se tendrá que pasar por un viacrucis: la elaboración de un proyecto jurídicamente idóneo, por ejemplo, si es “aprobatorio” o “revocatorio”; la inscripción del comité promotor; la recolección de cientos de miles de firmas con el lleno del formato por el propio firmante; la puesta a consideración del Registrador de esos apoyos para que decida si se satisficieron o no los requisitos; y, ahí sí, si todo sale bien, luego de términos, reposiciones y apelaciones, someter la pregunta al pueblo. Para entonces, habrán pasado meses y meses, el Concejo habrá aprobado la subasta y, quien quita, ésta puede haberse ya efectuado. Puede ser que los jurisconsultos de la izquierda, estén pensando simplemente en una tinterillada, para ellos genial: permitir que pase la medida y luego montar, sin apuros, la consulta para derogarla. ¡En fin, toda una cantinflada!

Señores de la dirección del Polo, déjense de leguleyismos, no consideren que su militancia es tonta. Exíjanle a la Alcaldesa de su partido el retiro inmediato del proyecto del Concejo, al precio que sea; si no lo hace, sanciónenla ejemplarmente; lo demás, es un vil engaño.